CSJ - STC20855-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20855-2026 Radicación n.º 41001-22-14-000-2026-00394-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia de 24 de septiembre de 2026 proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro de la acción de tutela promovida por Cesar Tulio Olaya Arenas contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tuluá, asunto al cual se vincularon los partícipes en el reivindicatorio n.° 2018-00136.

ANTECEDENTES

1. El accionante reclamó la protección de sus derechos fundamentales « al debido proceso (art. 29 C.P.), acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 229 y 228 C.P.), tutela judicial efectiva, prevalencia del derecho sustancial, igualdad procesal y seguridad jurídica», que consideró vulnerados por la autoridad judicial accionada.Radicación n.º 41001-22-14-000-2026-00394-01

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2. En síntesis, adujo que el juicio reivindicatorio se promovió en su contra por John James Giraldo Agudelo y correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tulúa, despacho que emitió sentencia de 30 de marzo de 2022 que accedió a las pretensiones de su contraparte y le ordenó

correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tulúa, despacho que emitió sentencia de 30 de marzo de 2022 que accedió a las pretensiones de su contraparte y le ordenó restituir el bien inmueble. Afirmó que conoció del proceso cuando se inició el trámite de entrega del inmueble. Por tanto, promovió incidente de nulidad por indebida notificación.

Elevó sendos reproches al trámite incidental otorgado por el despacho, afirmando que el mismo nunca fue decidido de fondo, que se modificó su objeto , que se utilizó la conciliación como presupuesto para decidir la nulidad y se le impuso una carga procesal improcedente. En lo relevante, se quejó de los autos siguiente autos: el que decretó el desistimiento tácito del incidente de nulidad (30 oct. 2025); el que ordenó reanudar la diligencia de entrega del inmueble dada la terminación del incidente (15 ene. 2026); el que negó la reposición (23 jun. 2026) y el que declaró improcedente la apelación contra el auto anterior (22 jul. 2026).

3. Por lo anterior, solicitó dejar sin efectos los autos cuestionados y reanudar el trámite de incidente de nulidad.

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tuluá informó que, mediante auto de 30 de octubre de 2025, terminó por desistimiento tácito los incidentes promovidos,Radicación n.º 41001-22-14-000-2026-00394-01 3 luego de que el accionante desatendiera el requerimiento de

terminó por desistimiento tácito los incidentes promovidos,Radicación n.º 41001-22-14-000-2026-00394-01 3 luego de que el accionante desatendiera el requerimiento de notificar a los sujetos citados. Precisó que el recurso de reposición se formuló extemporáneamente contra la providencia de 15 de enero de 2026, que dispuso continuar la diligencia de entrega y no resolvió sobre la terminación de aquellos trámites. Agregó que rechazó por improcedente la apelación interpuesta directamente contra el auto que decidió la reposición. Solicitó declarar improcedente el amparo por incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.

2. John James Giraldo Agudelo , demandante en el juicio cuestionado, sostuvo que el accionante no interpuso los recursos contra el auto de 30 de octubre de 2025 y pretendía inducir en error al juez constitucional al atribuir la terminación del incidente a la providencia de 15 de enero de

2026. Asimismo, destacó el tiempo t ranscurrido hasta la presentación de la tutela.

3. El curador ad litem de tres personas vinculadas denegar las pretensiones del amparo.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva declaró improcedente la salvaguarda por incumplimiento de los requisitos de la subsidiariedad e inmediatez por no agotarse los recursos procedentes contra el auto de 30 de octubre de 2025 y dejar transcurrir un plazo superior al jurisprudencialmente razonable.Radicación n.º 41001-22-14-000-2026-00394-01 4

el auto de 30 de octubre de 2025 y dejar transcurrir un plazo superior al jurisprudencialmente razonable.Radicación n.º 41001-22-14-000-2026-00394-01 4

IMPUGNACIÓN

La interpuso el promotor del amparo insistiendo en sus argumentos y pretensiones de instancia. Precisó que agotó todos los recursos procedentes y que la inmediatez debía considerarse desde el auto de 22 de julio de 2026, último proveído cuestionado.

CONSIDERACIONES

1. La Sala ratificará la declaratoria de improcedencia del amparo porque es evidente la desatención del presupuesto de la inmediatez, como pasa a explicarse. Esta circunstancia hace innecesario examinar los demás presupuestos de procedibilidad, entre ellos, la subsidiariedad, aun cuando también se encuentr e incumplido.

2. El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la inmediatez, con el que se busca impedir que se desnaturalice el trámite de la tutela, en tanto la protección que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneración o amenaza actual.

Al respecto, ya se encuentra decantado que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuación que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales, como lo ha dicho esta Sala:Radicación n.º 41001-22-14-000-2026-00394-01 5 En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acción pública, precisa señalar que así como la Constitución Política,

5 En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acción pública, precisa señalar que así como la Constitución Política, impone al Juzgador el deber de brindar protección inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber recíproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia (ordinal 7, artículo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acción constitucional, puede tomarse, ora como síntoma del carácter dudoso de la lesión o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como señal de aceptación a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesión o amenaza del derecho fundamental.

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por término razonable para la interposición de la acción el de seis meses. (CSJ, STC, 29 abr 2009, rad. 2009 -00624-00, recientemente en STC17149-2025).

Este presupuesto adquiere relevancia cuando la censura se circunscribe a una providencia judicial y su análisis requiere mayor rigor, ya que lo que eventualmente se desvirtuaría serían principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y de contera la autonomía e independencia judicial. Esa es la postura reiterada de esta

Corte:

En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinación judicial acusada y el reclamo

independencia judicial. Esa es la postura reiterada de esta

Corte:

En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinación judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que éste último no pierda su razón de ser, convirtiéndose, subsecuentemente , en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y legítimos intereses de terceros . (CSJ, STC10554-2018 reiterando STC12196-2014).

3. En el caso en concreto, el accionante pretende dejar sin efectos los autos de 30 de octubre de 2025, 15 deRadicación n.º 41001-22-14-000-2026-00394-01 6 enero, 23 de junio y 22 de julio de 2026. Sin embargo, la salvaguarda constitucional fue presentada el 10 de septiembre de 2026, esto es, más de diez meses después del primero proveído cuestionado y cerca de ocho meses luego del segundo auto.

Recuérdese que la interposición de recursos normativamente inadmisibles o improcedentes que pretendan revivir un debate ya clausurado no altera necesariamente el análisis sobre la inmediatez, como ocurre en el caso en concreto, por lo que los autos de 23 de junio y 22 de julio de 2026 no modifican la improcedencia referida.

En efecto, en el auto de 23 de junio se negó el recurso de reposición contra el auto de 15 de enero de 2026 tras considerar que el accionante no elevó ninguna censura

En efecto, en el auto de 23 de junio se negó el recurso de reposición contra el auto de 15 de enero de 2026 tras considerar que el accionante no elevó ninguna censura contra ese proveído , más allá de indicar que no era dable continuar la diligencia de entrega sino hasta que se resolviera de fondo su solicitud de nulidad pues el desistimiento tácito decretado no era correcto. Por ello, el juzgado advirtió que «es claro para el despacho que la inconformidad de quien acude al recurso de reposición no deriva de manera directa contra el auto que enuncia como violatorio de su derecho al debido proceso, sino de una decisión emitida el 30 de octubre de 2025 ». Es decir, materialmente el recurso se dirigió contra el auto de 30 de octubre de 2025, que ya había cobrado ejecutoria. De forma similar, en el auto de 22 de julio de 2026 se declaró la improcedencia de la apelación interpuesta.Radicación n.º 41001-22-14-000-2026-00394-01 7 Aunado a lo anterior, lo cierto es que los reproches expuestos en sede constitucional se dirigen materialmente contra el auto de 30 de octubre de 2025 . En ese sentido, si el tutelante consideraba que dichas determinaciones vulneraban sus prerrogativas, debió acudir al resguardo de manera tempestiva, pero no lo hizo dentro del término señalado como prudente por la jurisprudencia constitucional, conforme los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada , sin que la interposición de recursos improcedentes altere dicho análisis.

4. En definitiva, como se superó el término

constitucional, conforme los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada , sin que la interposición de recursos improcedentes altere dicho análisis.

4. En definitiva, como se superó el término considerado como prudencial para acudir a la salvaguarda, ese sólo criterio resulta suficiente para ratificar la improcedencia del amparo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.Radicación n.º 41001-22-14-000-2026-00394-01 8

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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