CSJ - STC20861-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20861-2026 Radicación n.° 08001-22-13-000-2026-00868-01 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 9 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por Gerardo Vecino Villareal , contra el Juzgado Catorce Civil del Circuito de la misma ciudad , trámite al cual fueron vinculadas las partes y los intervinientes en el ejecutivo con n° 2021-00081-00.

ANTECEDENTES

1. El actor acude al presente mecanismo en busca de la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, defensa y «PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL », que considera quebrantados por la autoridad jurisdiccional convocada.Rad. n.° 08001-22-13-000-2026-00868-01

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2. En síntesis , expuso que Soporte Crítico Ltda. promovió en su contra el litigio referido, trámite en el cual, pese a que el 9 de mayo de 2022 se ordenó la suspensión del proceso hasta el 30 de junio del mismo año, el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla, en desconocimiento de que desde la última fecha la ejecutante no actuó de manera

proceso hasta el 30 de junio del mismo año, el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla, en desconocimiento de que desde la última fecha la ejecutante no actuó de manera alguna, el 12 de agosto de 2024, reanudó de oficio la controversia.

Señala que, aunque interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación co ntra esa decisión, pues dada la inactividad procesal de la parte durante más de 2 años debió decretarse la terminación por desistimiento tácito, la Juez convocada, mantuvo incólume su determinación y negó la alzada, circunstancia que asegura lesiona las pr errogativas superiores invocadas.

3. Por lo anterior pretende dejar sin valor ni efecto el auto de fecha 13 de agosto de 2026, y que en consecuencia se ordene al Juzgado convocado emita una nueva decisión que atienda sus reparos.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. La Juez convocada relacionó las actuaciones que conoció del asunto objeto de análisis.

2. La Clínica Primero de Mayo Integral S.A.S., vinculada a la presente acción, coadyuvó las pretensiones del accionante.Rad. n.° 08001-22-13-000-2026-00868-01

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ACTUACIÓN DE INSTANCIA

El Tribunal constitucional de primera instancia negó la protección reclamada con sustento en que

el proveído emitido por el Juzgado accionado no contiene defecto alguno, habida cuenta de que, si bien la suspensión decretada por auto del 9 de mayo de 2022 fue solamente hasta el 30 de junio de

el proveído emitido por el Juzgado accionado no contiene defecto alguno, habida cuenta de que, si bien la suspensión decretada por auto del 9 de mayo de 2022 fue solamente hasta el 30 de junio de ese año, lo cierto es que con posterioridad a ello el Juzgad o no dispuso la continuidad del trámite ni resolvió sobre la notificación por conducta concluyente de los demandados, aspecto que debía decidirse mediante auto, conforme al artículo 301 del Estatuto Procesal, según el cual corresponde al juez, una vez verificado que la parte manifestó conocer la providencia en escrito que lleve su firma, tenerla por notificada por desde la fecha de presentación de dicho escrito.

IMPUGNACIÓN

La parte accionante la presentó y reiteró, en esencia, los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

CONSIDERACIONES

1. En el caso bajo estudio se observa que el actor dirige su reclamo contra el proveído proferido el 13 de agosto de 2026 por medio del cual el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla resolvió mantener incólume el auto de fecha 12 de agosto de 2024 que reanudó la controversia y negó la concesión de la alzada en el proceso ejecutivo con rad. 2021 -00081-01; pues en sentir del actor dada la inactividad procesal de su contraparte, debió decretarse la terminación del litigio por desistimiento tácito.Rad. n.° 08001-22-13-000-2026-00868-01

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2. De la revisión realizada a la queja constitucional y a las piezas procesales incorporadas al expediente por el

terminación del litigio por desistimiento tácito.Rad. n.° 08001-22-13-000-2026-00868-01 4

2. De la revisión realizada a la queja constitucional y a las piezas procesales incorporadas al expediente por el despacho judicial que conoce del asunto, desde ya se anticipa que la Sala confirmará la decisión de primer grado que negó la protección reclamada , comoquiera que resulta improcedente, habida cuenta del incumplimiento del requisito de la subsidiariedad por incuria.

3.1. En efecto, del examen del expediente digital y con vista en la queja objeto de estudio, encuentra la Corte que la presente acción no supera el análisis de procedibilidad antedicho, en tanto que, la parte actora en una conducta manifiestamente negligente omitió formular los recursos de reposición y en subsidio queja q ue procedían contra el proveído del que ahora se duele en los términos del artículo 352 del Código General del Proceso, medios de censura idóneos por su naturaleza para plantear los argumentos en los cuales soporta su inconformidad.

Nótese que el desacuerdo del accionante frente al auto que ordenó la reanudación del proceso radica en que, a su juicio, el trámite debió culminar por desistimiento tácito ante la inactividad de su contraparte durante el interregno fijado. En ese sentido, la solicitud de reposición perseguía en últimas la terminación del litigio en los términos del artículo 317 ibidem, norma que en el literal e) de su numeral 2.º dispone que «la providencia que lo niegue será apelable en el efecto devolutivo». En consecuencia, la decisión cuestionada sí

317 ibidem, norma que en el literal e) de su numeral 2.º dispone que «la providencia que lo niegue será apelable en el efecto devolutivo». En consecuencia, la decisión cuestionada sí admitía el recurso de alzada y, ante su denegatoria, resultabaRad. n.° 08001-22-13-000-2026-00868-01 5 procedente la queja para habilitar el examen de la materia por parte del superior funcional.

Entonces, como el gestor desperdició el instrumento previsto para discutir la providencia de la que hoy se duele, provocó que la tutela perseguida por la particular temática resulte improcedente por irrespetar la residualidad que aquí impera. Recuérdese qu e no se puede acudir al amparo constitucional «(…) en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposición oportuna de los medios de resguardo diseñados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acción de tutela (…)» (STC9227-2022; reiterado en STC5536-2026).

4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la sentencia controvertida.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil , Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley , resuelve CONFIRMAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotadas.

Comuníquese por el medio más expedito lo aquí resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad,

autoridad de la ley , resuelve CONFIRMAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotadas.

Comuníquese por el medio más expedito lo aquí resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.Rad. n.° 08001-22-13-000-2026-00868-01 6

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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