CSJ - STC20865-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado ponente

STC20865-2026 Radicación nº 11001-22-10-000-2026-01981-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de XXXX el 8 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por G.C.G. contra el Juzgado Segundo de Familia de XXXX y la Comisaría Segunda de Familia de XXXX , trámite al cual fueron vinculados los intervinientes en la medida de protección MP XXX-2025 R.U.G. XXX-2025 (rad. n.º 2025 -XXXXX de sede jurisdiccional de consulta).

ANOTACIÓN PRELIMINAR

En aras de garantizar la protección a la intimidad de la menor de edad involucrada en el presente asunto, en esta providencia los nombres de las partes serán reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgación real de susRad. n° 11001-22-10-000-2026-01981-01 2 datos, que será el publicable para todos los efectos de conformidad con el artículo 1° del Acuerdo nº 034 del 16 de diciembre de 2020 de esta Sala de Casación Civil.

ANTECEDENTES

1. El solicitante, por intermedio de apoderado judicial, invocó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de

ANTECEDENTES

1. El solicitante, por intermedio de apoderado judicial, invocó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, defensa y libertad de expresión presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas.

2. Del escrito inicial y los anexos se extrae que el 11 de diciembre de 2025 la Comisaría Segunda de Familia de XXXX declaró que G.C.G. incumplió la medida de protección definitiva MP XXX -2025, que esa misma autoridad dictó el 30 de julio de 2025 en favor de M.L.R.P. y de la hija común, y lo sancionó con multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, decisión que el Juzgado Segundo de Familia de XXXX, confirmó en grado jurisdiccional de consulta (9 jun. 2026).

El accionante afirmó que con esas decisiones se incurrió en defecto fáctico y en violación del debido proceso. Lo anterior, porque (i) el juzgado apreció « de manera sesgada y descontextualizada la prueba recaudada » y, a partir de frases aisladas de sus correos, concluyó que «existe una desproporción entre la necesidad de comunicación por temas de la menor y la frecuencia de los mensajes recibidos »; (ii) omitió el contexto familiar, el memorial que aportó el 11 de diciembre de 2025 y el concepto de la Procuraduría XXXX Judicial II de Familia;Rad. n° 11001-22-10-000-2026-01981-01 3 (iii) valoró «hechos ocurridos con posterioridad» a los denunciados,

y el concepto de la Procuraduría XXXX Judicial II de Familia;Rad. n° 11001-22-10-000-2026-01981-01 3 (iii) valoró «hechos ocurridos con posterioridad» a los denunciados, sobre los cuales no rindió descargos; y (iv) pasó por alto el «uso abusivo e instrumental de los mecanismos de protección a la mujer» por parte de M.L.R.P.

3. Infiere la Sala, por no decirse expresamente, que lo realmente pretendido por el actor es que se deje sin efecto la providencia de 9 de junio de 2026, proferida por el Juzgado Segundo de Familia de XXXX, y la decisión de 11 de diciembre de 2025, emitida po r la Comisaría Segunda de

Familia de XXXX.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El Juzgado Segundo de Familia de XXXX precisó que la sanción cuestionada corresponde al primer incumplimiento, distinto de un segundo, sancionado con arresto. Afirmó que sus decisiones fueron motivadas y garantizaron el debido proceso del incidentado.

Pidió declarar improcedente el amparo frente al primer incumplimiento, pues ya fue objeto de la acción de tutela rad. n.º 2025-XXXXX, y negarlo frente al segundo.

2. La Comisaría Segunda de Familia de XXXX pidió negar el amparo porque en la audiencia de 29 de septiembre de 2025 el accionante rindió descargos, en los que él mismo objetó que la incidentante aludiera a hechos posteriores al 12 de agosto, y que ambas partes aportaron pruebas.

de 2025 el accionante rindió descargos, en los que él mismo objetó que la incidentante aludiera a hechos posteriores al 12 de agosto, y que ambas partes aportaron pruebas.

Agregó que en la audiencia de 19 de noviembre de 2025 se decretaron y trasladaron las pruebas con intervención deRad. n° 11001-22-10-000-2026-01981-01 4 los apoderados, y que el accionante contó con nueva apoderada para la lectura del fallo. Precisó que el concepto del Ministerio Público no era vinculante para la autoridad decisoria.

3. El Centro Zonal XXXX del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informó que el único correo autorizado para recibir notificaciones judiciales es

notificaciones.judiciales@icbf.gov.co.

SENTENCIA DE PRIMER GRADO

El tribunal a quo negó el amparo, al considerar que se garantizó la defensa del accionante y que las pruebas se valoraron conforme a las reglas de la sana crítica.

LA IMPUGNACIÓN

La interpuso el actor, quien reiteró los cargos del escrito inicial y adujo que el tribunal « confunde las impugnaciones en trámite, pues resuelve dos actuaciones totalmente diferentes », al referirse al segundo incidente de incumplimiento, en el que se impuso arresto de treinta días y que es objeto de otra acción de tutela.

Agregó que la decisión del a quo « no guarda relación con el objeto de la impugnación y mucho menos realiza un examen detallado de los medios de prueba allegados », además de « omitir el pronunciamiento de los actos inconstitucionales detallados».

Agregó que la decisión del a quo « no guarda relación con el objeto de la impugnación y mucho menos realiza un examen detallado de los medios de prueba allegados », además de « omitir el pronunciamiento de los actos inconstitucionales detallados».

CONSIDERACIONESRad. n° 11001-22-10-000-2026-01981-01

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1. Relevancia constitucional – Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado que la acción de tutela no procede, por regla general, contra providencias judiciales. Así lo impone el respeto por la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía e independencia de quien administra justicia, principios que impedirían convertir el amparo en un recurso adicional para reabrir controversias ya definidas por el juez natural.

Únicamente de manera excepcional, cuando la decisión judicial lesiona derechos fundamentales, resulta admisible el amparo, bajo la condición de que se acrediten los requisitos de carácter general, que habilitan el estudio de la solicitud, y otros específicos o materiales, que autorizan la prosperidad de la protección (CC C-590 de 2005).

El primero de los requisitos generales es la relevancia constitucional, presupuesto que antecede a cualquier consideración de fondo y opera como verdadera compuerta de acceso al examen del amparo.

Su razón de ser es delimitar el ámbito propio del juez constitucional frente al del juez ordinario: al primero le corresponde la guarda de la Constitución y de los derechos fundamentales, no la revisión del acierto legal de las

Su razón de ser es delimitar el ámbito propio del juez constitucional frente al del juez ordinario: al primero le corresponde la guarda de la Constitución y de los derechos fundamentales, no la revisión del acierto legal de las decisiones. Por ello la Corte Constitucional le ha atribuido tres finalidades concretas, al precisar que se trata de un requisito que persigue:Rad. n° 11001-22-10-000-2026-01981-01 6

«(i) asegurar que la tutela no sea utilizada para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela a cuestiones que afecten directamente los derechos fundamentales; y (iii) evitar que la tutela se convierta en una tercera instan cia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces » (CC SU573 de 2019, SU-128 de 2021).

La Corte Constitucional explica que la relevancia constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales », de suerte que, para verificarla, el juez debe analizar:

«(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos

derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales» (CC SU-215 de 2022, SU-134 de 2022).

De la jurisprudencia expuesta deriva una regla que gobierna este asunto: la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental.

La Corte ha sido enfática en que la mención de un derecho no confiere, por sí sola, trascendencia constitucional a una controversia que continúa siendo de estirpe legal y/o probatorio. En consecuencia, la sola invocación de derechos fundamentales como el d ebido proceso o el acceso a la administración de justicia no habilita, per se, la intervención del juez constitucional.Rad. n° 11001-22-10-000-2026-01981-01 7 Finalmente, este requisito no obra de manera aislada, su estudio solo se aborda una vez superadas la inmediatez y la subsidiariedad, presupuestos que le anteceden. Verificados en este caso, el análisis se concentra en la relevancia, cuya ausencia, según pa sa a exponerse, sella la improcedencia del amparo.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Corte establecer si la solicitud de amparo satisface los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en particular, el de relevancia constitucional.

Solo de superarse ese examen habría lugar a estudiar el fondo, esto es, si el Juzgado Segundo de Familia de XXXX

tutela contra providencias judiciales y, en particular, el de relevancia constitucional.

Solo de superarse ese examen habría lugar a estudiar el fondo, esto es, si el Juzgado Segundo de Familia de XXXX incurrió en los defectos endilgados al confirmar la sanción por incumplimiento de la medida de protección MP XXX2025, con la consiguiente lesi ón de los derechos fundamentales invocados.

3. Caso concreto – La providencia cuestionada

Preliminarmente, habrá de indicarse que la Sala se ocupará de analizar el pronunciamiento del Juzgado Segundo de Familia de XXXX de 9 de junio de 2026, que en grado jurisdiccional de consulta confirmó la multa impuesta por la Comisaría Segunda de Familia de XXXX, en tanto fue la decisión que de manera definitiva resolvió el asunto.Rad. n° 11001-22-10-000-2026-01981-01 8 Por tanto, la sanción de arresto impuesta por un segundo incumplimiento, a la que se refirieron el juzgado accionado y el a quo, no es objeto de este análisis.

Se anticipa que la Sala confirmará la negativa del amparo, pues en la providencia cuestionada no se advierte irregularidad alguna que imponga la injerencia del juez constitucional, comoquiera que el asunto sometido a su consideración no reviste relevancia constitucional, según se pasa a exponer:

3.1. El promotor dirige el amparo contra la providencia que confirmó la multa de dos salarios mínimos por el incumplimiento de la medida de protección dictada en favor de M.L.R.P., sin embargo, en esencia, su inconformidad recae

3.1. El promotor dirige el amparo contra la providencia que confirmó la multa de dos salarios mínimos por el incumplimiento de la medida de protección dictada en favor de M.L.R.P., sin embargo, en esencia, su inconformidad recae sobre la manera como el Juzgado Segundo de Familia de XXXX valoró los correos y mensajes que remitió a la denunciante.

Según los apartes que el propio actor transcribe, el juzgado tuvo en cuenta, entre otros, los correos de 11 y 13 de agosto y de 5 de septiembre de 2025, así como el mensaje de WhatsApp de 11 de agosto de 2025, y a partir de ellos concluyó:

«Una vez analizado el material probatorio por parte de este despacho judicial resulta evidente la existencia de desacuerdos entre las partes respecto de los asuntos económicos concernientes a la hija en común, donde el señor G.C.G., de manera repetitiva y sistemática remite a la accionante mensajes vía Gmail, si bien es cierto aparentemente se mencionan temas relacionados con la NNA, evidencia la suscrita que existe una desproporción entre la necesidad de comunicación por temas de la menor y la frecuencia de los mensajes recibidos»Rad. n° 11001-22-10-000-2026-01981-01 9

El actor, en cambio, sostiene que esas comunicaciones eran respetuosas, que buscaban resolver asuntos relativos a su hija y que debían leerse en el contexto del conflicto familiar. Es esa ponderación de la prueba la que pretende revertir por vía de tutela.

3.2. En primer lugar, lo que en realidad pretende el tutelante es que el juez constitucional dirima una

familiar. Es esa ponderación de la prueba la que pretende revertir por vía de tutela.

3.2. En primer lugar, lo que en realidad pretende el tutelante es que el juez constitucional dirima una controversia de apreciación del acervo probatorio y de aplicación de normas legales.

En efecto, sus reproches recaen sobre el alcance que el juzgado dio a los mensajes, el contexto familiar que en su criterio se omitió, el memorial de 11 de diciembre de 2025 y el marco temporal de los hechos objeto del incidente. Se trata, en su integridad, de cuestiones de estricta legalidad y apreciación de las pruebas, definidas por el juez natural en el grado jurisdiccional de consulta.

De donde se extrae que, no se debate aquí una cuestión que comprometa la interpretación o el alcance de la Constitución, sino la forma como la autoridad accionada ponderó la prueba y calificó la conducta del incidentado.

Que la solicitud reitere ante esta Corporación argumentos que ya fueron planteados en el trámite incidental, como el relativo a los hechos posteriores a la solicitud de 12 de agosto de 2025, confirma que el amparo se emplea como una tercera instancia para reabrir un debateRad. n° 11001-22-10-000-2026-01981-01 10 agotado, cometido ajeno a la naturaleza de este instrumento iusfundamental.

A lo anterior no obsta la invocación de la libertad de expresión y del principio de igualdad, cuya sola cita no confiere relevancia constitucional. Otro tanto ocurre con la omisión que atribuye respecto del concepto de la

iusfundamental.

A lo anterior no obsta la invocación de la libertad de expresión y del principio de igualdad, cuya sola cita no confiere relevancia constitucional. Otro tanto ocurre con la omisión que atribuye respecto del concepto de la Procuraduría XXXX Judicial II de F amilia y con el alegado uso abusivo de los mecanismos de protección, reproches que apuntan a la misma discusión probatoria.

3.3. En segundo lugar, la consecuencia jurídica que se desprende de la providencia cuestionada, esto es, la multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, es la que el ordenamiento prevé para esta clase de controversias.

En efecto, según el artículo 7º de la ley 294 de 1996, modificado por el canon 4º de la ley 575 de 2000, el incumplimiento de las medidas de protección da lugar, «por la primera vez, [a] multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales, convertibles en arresto».

Entonces, como la sanción impuesta corresponde al mínimo legal, esa determinación, contrastada con la Carta Política, no resulta por sí misma lesiva de derecho fundamental alguno, pues no hace más que extraer las consecuencias que el legislador dispuso par a el primer incumplimiento de una medida de protección.Rad. n° 11001-22-10-000-2026-01981-01 11 3.4. Y en tercer lugar, no se acredita una afectación desproporcionada de derechos fundamentales que confiera trascendencia constitucional al asunto.

Según lo informaron la Comisaría Segunda de Familia de XXXX y el a quo, el incidentado compareció al trámite,

desproporcionada de derechos fundamentales que confiera trascendencia constitucional al asunto.

Según lo informaron la Comisaría Segunda de Familia de XXXX y el a quo, el incidentado compareció al trámite, rindió descargos, estuvo asistido por abogado y pudo aportar y controvertir pruebas. A ello se suma que la sanción es de carácter pecuniario y corresponde al mínimo previsto en la ley.

Lo que subyace es una simple diferencia de criterio frente a la valoración de la autoridad accionada, a la cual el actor se limita a oponer la propia.

Insiste la Sala en que la mera invocación del debido proceso o del acceso a la administración de justicia, sin demostración de una afectación desproporcionada, no confiere por sí sola relevancia constitucional a una controversia que sigue siendo legal. De este modo, lo perseguido no es la guarda de un derecho fundamental, sino la apertura de una tercera instancia, cometido ajeno a la acción de tutela.

4. Conclusión

En definitiva, como la decisión cuestionada no constituye una actuación arbitraria susceptible de corrección por esta vía excepcional, pues lo que en el fondo pretende el actor es anteponer su criterio al de la autoridad judicial accionada, y al carecer el asunto de relevanciaRad. n° 11001-22-10-000-2026-01981-01 12 constitucional, se confirmará el fallo impugnado, por las razones aquí expuestas.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por

razones aquí expuestas.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva.

Comuníquese por medio idóneo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y remítase oportunamente la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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