CSJ - STC20870-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20870-2026 Radicación n.° 85001-22-08-000-2026-10239-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Sala la impugnación formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Única del Tribunal Superior de Yopal el pasado 28 de agosto de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por Angélica Saidee Villalobos Bernal contra el Juzgado Primero de Familia de l Circuito de la misma ciudad ; trámite al cual fueron vinculados las autoridades, partes e intervinientes dentro de la liquidación de sociedad patrimonial n.° 2022-00469-00.

ANTECEDENTES

1. La actora, a través de apoderado judicial, reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, presuntamente quebrantados por la autoridad judicial convocada.Rad. n.° 85001-22-08-000-2026-10239-01

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2. En sustento de su pretensión, expuso lo siguiente:

2.1. Ante el Juzgado Primero de Familia de Yopal promovió contra Alexis Gregorio López Ortiz el proceso de liquidación de sociedad patrimonial n.° 2022 -00469-00. En la audiencia de inventarios y avalúos del 10 de julio de 2024, la parte demandada pidió incluir en el pasivo social dos

liquidación de sociedad patrimonial n.° 2022 -00469-00. En la audiencia de inventarios y avalúos del 10 de julio de 2024, la parte demandada pidió incluir en el pasivo social dos obligaciones a favor de Emiro Núñez Mesa y Ciro Devia Gómez, por $120.000.000 y $60.000.000, respectivamente. Frente a esa solicitud, su apoderado objetó por ausencia de soportes, y el despacho excluyó provisionalmente dichas partidas y decretó los testimonios de los presuntos acreedores para que allegaran los títulos correspondientes.

2.2. En la continuación de la diligencia, celebrada el 8 de mayo de 2025, el juzgado excluyó de manera definitiva esas acreencias ante la falta de acreditación de su existencia.

2.3. Por auto del 13 de febrero de 2026 , la autoridad requirió a las partes para que, en el término de cinco días, se pronunciaran sobre las deudas del proceso y las certificaciones financieras incorporadas, plazo que venció el 23 de febrero sin intervención alguna.

2.4. El apoderado del demandado radicó, el 9 y el 12 de marzo de 2026, escritos titulados «solicitud de certificación» , orientados a acreditar las obligaciones con particulares ya excluidas. Según la promotora, esos escritos fueron extemporáneos y se presentaron sin la remisión simultáneaRad. n.° 85001-22-08-000-2026-10239-01 3 a la contraparte que exige el artículo 6 de la Ley 2213 de

2022. Aunque el despacho negó esa petición por improcedente, luego corrió traslado de una solicitud de

3 a la contraparte que exige el artículo 6 de la Ley 2213 de

2022. Aunque el despacho negó esa petición por improcedente, luego corrió traslado de una solicitud de adición de inventarios fundada en las mismas acreencias.

2.5. Mediante auto del 26 de marzo de 2026, el juzgado reiteró que, conforme al acta del 8 de mayo de 2025, dichas obligaciones habían sido excluidas.

2.6. Pese a lo anterior, en el numeral segundo del auto del 8 de mayo de 2026, notificado por estado el 11 siguiente, el despacho dispuso «[a]probar en todas sus partes el inventario y avalúos adicional, en lo relacionado con los créditos de particulares» . A juicio de la interesada, esa determinación validó pasivos por $180.000.000 carentes de soporte y reabrió un debate precluido, con lo cual incurrió en defectos fáctico y procedimental.

2.7. Por último, adujo que, vencida la oportunidad para recurrir esa providencia, carece de otro medio de defensa dentro del proceso de origen.

3. Con fundamento en lo expuesto, solicitó amparar los derechos invocados, dejar sin efecto el numeral segundo del auto del 8 de mayo de 2026 y ordenar al Juzgado Primero de Familia de Yopal que, en el término de cuarenta y ocho horas, profiera una providencia de reemplazo que mantenga la exclusión definitiva de las deudas atribuidas a Emiro

Núñez Mesa y Ciro Devia Gómez.Rad. n.° 85001-22-08-000-2026-10239-01 4

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

la exclusión definitiva de las deudas atribuidas a Emiro Núñez Mesa y Ciro Devia Gómez.Rad. n.° 85001-22-08-000-2026-10239-01 4

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. El Juzgado Primero de Familia del Circuito de Yopal negó los hechos 13 y 14 de la demanda. Precisó que los créditos de Emiro Núñez Mesa y Ciro Devia Gómez no forman parte del pasivo, pues en la parte motiva del auto del 8 de mayo de 2026 advirtió que ese i nventario adicional se circunscribe a los créditos de los particulares relacionados en el acta del 10 de julio de 2024.

2. Alexis Gregorio López Ortiz, por intermedio de apoderado, pidió declarar improcedente el amparo. Sostuvo que la acreencia nunca fue aprobada y que, en todo caso, la accionante no utilizó los recursos ni la nulidad disponibles en el proceso.

3. En réplica al informe del juzgado, la actora insistió en que Núñez Mesa y Devia Gómez son los únicos acreedores particulares del proceso. Por eso, según ella, el numeral segundo del auto sí incluyó esas obligaciones en el pasivo.

FALLO IMPUGNADO

La Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal declaró improcedente el amparo al concluir que la tutelante incumplió el requisito de subsidiariedad. Consideró que contra el auto del 8 de mayo de 2026 procedían los recursos de reposición y apelación, que la actora noRad. n.° 85001-22-08-000-2026-10239-01 5

que contra el auto del 8 de mayo de 2026 procedían los recursos de reposición y apelación, que la actora noRad. n.° 85001-22-08-000-2026-10239-01 5 interpuso, como ella misma reconoce en la demanda. Agregó que tampoco expuso una circunstancia excepcional que justificara esa omisión.

IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la decisión e insistió en la procedencia del amparo.

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de carácter residual y subsidiario, toda vez que solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juez excepcional, con el fin de restablecer el orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial a saber:

(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios deRad. n.° 85001-22-08-000-2026-10239-01 6

una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios deRad. n.° 85001-22-08-000-2026-10239-01 6 defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión ius fundamental que alega en sede de tutela ; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv ) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela (C.C., C-590/05 y SU-813/07) Resalta la Sala.

De igual forma, superadas las anteriores exigencias, es imprescindible que se haya configurado alguno de los defectos específicos, esto es, sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constitución.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la tutela resulta procedente para cuestionar el numeral segundo del auto del 8 de mayo de 2026, que aprobó el inventario y avalúos adicional en lo relacionado con los créditos de particulares, o si su examen se frustra a nte el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, al no haberse interpuesto los recursos procedentes frente a esa decisión.

3. La subsidiariedad por incuria

si su examen se frustra a nte el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, al no haberse interpuesto los recursos procedentes frente a esa decisión.

3. La subsidiariedad por incuria

La acción de tutela se rige por el presupuesto de subsidiariedad y, en consecuencia, resulta improcedente cuando el actor omite el uso oportuno de los medios deRad. n.° 85001-22-08-000-2026-10239-01 7 defensa dispuestos a su alcance, pues de otra manera se convertiría en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminaría cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental.

En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido:

(…) [S]i [se] incurrió en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensión de recurrir tal actuación por esta vía extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido diseñado para rescatar términos derrochado s, - pues los mismos son perentorios e improrrogables, (…) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervención del Juez constitucional en tanto no está dentro de la órbita de su competencia suplir la incuria , los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituyó la tutela (…) (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituyó la tutela (…) (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 0024101; ratificada en STC de 2 mar. 2011, rad. 2010000380-01.)

Igualmente ha referido que:

[N]o basta, entonces, que la determinación adoptada por el operador jurídico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que también es necesario establecer si la presunta afectación puede ser superada por los medi os ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si éstos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente . La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jurídico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del artículo 86 de la Const itución Política, en concordancia con el numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 (ver entreRad. n.° 85001-22-08-000-2026-10239-01 8 otras STC5331 -2014; STC5341 -2014; STC6001 -2014) Resalta la Sala.

4. Caso concreto

La actora pretende dejar sin efecto el numeral segundo del auto del 8 de mayo de 2026, mediante el cual el Juzgado Primero de Familia de Yopal aprobó el inventario y avalúos

Resalta la Sala.

4. Caso concreto

La actora pretende dejar sin efecto el numeral segundo del auto del 8 de mayo de 2026, mediante el cual el Juzgado Primero de Familia de Yopal aprobó el inventario y avalúos adicional en lo relacionado con los créditos de particulares.

Sin embargo, contra ese proveído procedían los recursos de reposición y apelación. Aquellos eran los medios idóneos para plantear ante el juez natural los mismos reproches que ahora trae a la tutela. Pese a que la decisión le fue notificada por estado el 11 de mayo de 2026, la gestora la dejó ejecutoriar sin recurrirla, como ella misma lo reconoce en el escrito inicial.

Esa omisión no puede trasladarse al juez constitucional ni habilitar el examen de fondo del amparo, pues la acción de tutela no suple la incuria de la parte ni reabre las oportunidades que se dejaron precluir.

Y a nada distinto conducen los argumentos de la impugnación, pues ninguno de ellos explica por qué la censora dejó de recurrir el proveído del 8 de mayo de 2026, presupuesto indispensable para que la tutela pueda abrirse paso frente a decisiones proferidas en ejercicio de función jurisdiccional.Rad. n.° 85001-22-08-000-2026-10239-01 9 A lo anterior se añade que no se advierte un perjuicio irremediable que torne imperiosa la intervención inmediata del juez de tutela, comoquiera que no se acreditó circunstancia concreta que revista «las características de gravedad, inminencia y

irremediable que torne imperiosa la intervención inmediata del juez de tutela, comoquiera que no se acreditó circunstancia concreta que revista «las características de gravedad, inminencia y apremio de la intervención del Juez Constitucional» (CSJ STC793-2021; reiterado en STC3196-2022), entendidas como «la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmed iata de los derechos constitucionales fundamentales» (CSJ STC723 -2021; reiterado en STC31962022). En el punto, la afectación invocada es de orden patrimonial y se circunscribe a la conformación del pasivo social, sin que se aportara elemento alguno que demuestre su inminencia.

Así las cosas, el cuestionamiento que ahora plantea la demandante no proviene de un proceder arbitrario de la autoridad, sino de su propia inactividad, pues en un asunto que admitía los recursos de reposición y apelación, la acción constitucional no suple los medios ordinarios ni reabre las oportunidades que la parte dejó precluir.

Sobre el punto, cabe reiterar: «si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jurídico, - como aquí ocurrió -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (…)» (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en STC4781-2018, STC7002ocurrió -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (…)» (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en STC4781-2018, STC70022015, 4 jun. rad 00076 -01, STC11348 -2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01).Rad. n.° 85001-22-08-000-2026-10239-01 10

5. En consecuencia, de conformidad con lo expuesto, se confirmará la sentencia impugnada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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