CSJ - STC20871-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20871-2026 Radicación n° 13001-22-13-000-2026-00640-01 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Resuelve la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 10 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por Edwin Javier Valero Rodríguez contra los Juzgados Séptimo Civil del Circuito y Tercero Civil Municipal, ambos de la citada ciudad, trámite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes en las acciones de tutela con rad. 2026-00248-00 y 2026-00823-00.

ANTECEDENTES

1. El actor reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a laRad. n° 13001-22-13-000-2026-00640-01 2 administración de justicia , presuntamente conculcados por las autoridades accionadas.

2. En síntesis , expuso que es delegado de la Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral – Coosalud; asegura que, pese a su calidad no fue vinculado a las acciones constitucionales referidas en líneas anteriores, que las promovieron , de un lado, Margarita de la Cruz Ortega Valdez y otras personas, y del otro Mercedes Margarita Nieto Polo y otros, ambas contra la citada cooperativa y la

acciones constitucionales referidas en líneas anteriores, que las promovieron , de un lado, Margarita de la Cruz Ortega Valdez y otras personas, y del otro Mercedes Margarita Nieto Polo y otros, ambas contra la citada cooperativa y la Superintendencia de Economía Solidaria.

Señala que en el asunto con rad. 2026-00823-00 el Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartagena concedió el amparo reclamado y anuló los resultados electorales exclusivamente en la Zona Electoral No. 2 ; frenó además la instalación de la Asamblea General de Delegados hasta tanto se repitiera tal elección; mientras que, en el segundo trámite, identificado con rad. 2026-00248-00 el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de la citada urbe ordenó la entrega material, contable, financiera y administrativa de la cooperativa en un plazo inminente de cinco días hábiles a los miembros de la Asamblea General de Delegados vigente como máximo órgano de administración, o en su defecto, a la persona que estos deleguen.

Indica que no existe justificación para paralizar la entidad, pues los reclamos provenían de una minoría circunscrita a la referida urbe, mientras que los delegados electos en las demás zonas alcanzaban el 51% requerido paraRad. n° 13001-22-13-000-2026-00640-01 3 convocar y sesionar válidamente; asimismo, sostiene que los despachos accionados incurrieron en defectos fácticos y procedimentales al omitir la valoración integral de las pruebas e ignorar los derechos de representación de la mayoría de los asociados.

despachos accionados incurrieron en defectos fácticos y procedimentales al omitir la valoración integral de las pruebas e ignorar los derechos de representación de la mayoría de los asociados.

3. Solicita entonces, «DEJAR SIN EFECTOS » las sentencias de fechas 31 y 26 ambas de agosto de 2026, para que en su lugar se «rehaga» la actuación y las 2 autoridades profieran la decisión que en derecho corresponda.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El Agente Especial de la Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral - COOSALUD, de un lado, coadyuvó las pretensiones del amparo, y del otro, advirtió sobre la imposibilidad jurídica de ejecutar armónicamente los fallos referidos, dada la antinomia entre la imposibilidad de instalar el nuevo órgano de delegados 2026 -2029 —tras anularse las elecciones en la Zona 2— y la orden de entregar la administración a una asamblea saliente cuyo periodo 2022-2025 ya venció; agregó además que la allá accionante Amparo Montiel Arroyo informó ante el Juzgado del Circuito que no formuló tal amparo.

2. La Juez Municipal convocada precisó que al accionante no se le conculcó el debido proceso, toda vez que fue oportunamente vinculado y notificado en calidad de tercero con interés legítimo dentro de la acción constitucional referida.Rad. n° 13001-22-13-000-2026-00640-01

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3. La Superintendencia de la Economía Solidaria insistió en la necesidad de decretar las medi das cautelares

referida.Rad. n° 13001-22-13-000-2026-00640-01 4

3. La Superintendencia de la Economía Solidaria insistió en la necesidad de decretar las medi das cautelares solicitadas por el inconforme.

4. El Juez del Circuito accionado informó que la decisión criticada obedeció a la configuración de un defecto sustantivo por la aplicación mecánica de reglas de inhabilidad sobre los asociados en mora, destacando que se salvaguardó la vinculación de terceros mediante comunicaciones ordenadas a la administración de la cooperativa.

5. Pedro Antonio Lamadrid Pájaro afirmó que en la Asamblea General Extraordinaria de Delegados llevada a cabo el 31 de agosto de 2026 se adoptaron decisiones trascendentales de dirección transitoria y representación legal sin haberse garantizado las convocatorias con las antelaciones estatutarias debidas, afectando la conformación democrática de la entidad.

6. Darly Moscote Gutíerrez quien adujo representar los intereses de Margarita de la Cruz Ortega Valdez y otros se opuso a la protección reclamada con sustento en que el actor no se vio afectado por la decisión de la Juez Municipal comoquiera que su elección correspondió a la Zona Electoral 5.; en escrito separado Carlos Orozco Tatis indicó apoderar a Evelis Ester Arnedo Moreno, Zanellys Malcofra Ariza Arnedo y «los 43 asociados coadyuvantes de la Cooperativa Coosalud » se también advirtió que el reclamo resulta improcedente.Rad. n° 13001-22-13-000-2026-00640-01

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y «los 43 asociados coadyuvantes de la Cooperativa Coosalud » se también advirtió que el reclamo resulta improcedente.Rad. n° 13001-22-13-000-2026-00640-01 5

7. Yuly Rosio Sepúlveda y Mery Esparza Castillo solicitan medidas cautelares urgentes alegando la nulidad e ilegalidad de la asamblea celebrada el 31 de agosto de 2026, señalando que en ella participaron personas cuya inhabilidad se encontraba cuestionada y d esconociendo los preceptos del Estatuto Social.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

El Tribunal constitucional de primera instancia negó el amparo solicitado, de un lado, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad en relación con el asunto que conoció el Juzgado del Circuito , pues la queja en cuanto a la falta de vinculación de manera alguna se ha expuesto, y por el otro, respecto del asunto que conoce el homólogo Municipal, de manera alguna apreció la vulneración pues se notificó del auto admisorio.

IMPUGNACIÓN

La parte accionante la presentó y reiteró, en esencia, los argumentos expuestos en el escrito de tutela ; agregó que existía plena nulidad de las actuaciones debido a lo manifestado por la señora Arroyo en cuanto informó que de manera alguna promovió la acción de tutela ahora cuestionada.

CONSIDERACIONESRad. n° 13001-22-13-000-2026-00640-01

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1. La Corte Constitucional, en sentencia SU -627 fechada el 1º de octubre de 2015, consolidó los criterios

CONSIDERACIONESRad. n° 13001-22-13-000-2026-00640-01

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1. La Corte Constitucional, en sentencia SU -627 fechada el 1º de octubre de 2015, consolidó los criterios dispuestos desde el año 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acción de tutela frente a una controversia suscitada con ocasión de un trámite de igual naturaleza, de la siguiente manera:

4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cu ando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii ) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales deRad. n° 13001-22-13-000-2026-00640-01 7 procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en

incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que hab ría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.

2. Tras realizar el examen correspondiente a la demanda de tutela instaurada por Edwin Javier Valero Rodríguez, se revela sin asomo de duda que la solicitud debe desestimarse, habida cuenta que su objetivo es atacar la sentencias proferidas el 26 y 31 de agosto de 2026 por los Juzgados Tercero Civil Municipal y Séptimo Civil del Circuito ambos de Cartagena , dentro de otra s acciones de idéntica naturaleza que se promovieron contra la Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral – Coosalud con rad. y 2026-00823-00 y 2026-248-00, respectivamente.

Sin embargo, e sta situación configura la causal de improcedencia consagrada en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 comoquiera que no se evidencia la ocurrencia de las hipótesis previstas en el punto 4.6.2.2. de la providencia citada líneas atrás para autorizar, de manera excepcionalísima, la intervención de un

se evidencia la ocurrencia de las hipótesis previstas en el punto 4.6.2.2. de la providencia citada líneas atrás para autorizar, de manera excepcionalísima, la intervención de un segundo juez de tutela, pues las temáticas relacionadas con la valoración probatoria o en últimas la interpretación de los estatutos de la mentada Cooperativa de manera algunaRad. n° 13001-22-13-000-2026-00640-01 8 guardan relación con los escenarios previstos por el precedente aludido.

3. Por otro lado, téngase en cuenta además, que la jurisprudencia constitucional ha insistido en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el señalado mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de la misma naturaleza el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, toda vez que con ese fin el legislador diseñó la impugnación y la revisión eventual ante la Corte Constitucional, último escenario donde la parte interesada podrá, en caso de no ser seleccionado el dossier, acudir al recurso de insistencia previsto en el artículo 33 del citado decreto 1, para suplicar a dicha Corporación su escogencia, únicos mecanismos procesales que pueden interponerse o solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto.

Al respecto, la Sala ha precisado lo siguiente:

Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garantía, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acción de tutela,

Al respecto, la Sala ha precisado lo siguiente:

Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garantía, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acción de tutela, también lo es que la selección se materializa a través del procedimiento previsto en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que ‘[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave’, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto ‘dentro de los quince días calendario siguientes a la fecha de notificación por estado del auto de la Sala de Selección’ (Artículo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992) . (CSJ

1 Regulado en el Acuerdo No. 05 de 1992 (Reglamento de la Corte Constitucional), unificado y actualizado mediante Acuerdo No. 02 de 2015.Rad. n° 13001-22-13-000-2026-00640-01 9 STC, 7 nov. 2012, exp . 20141 -00, reiterada, entre otras, en

STC6714-2023 y STC16697-2023).

4. De otra parte, de cara a la queja relacionada con la indebida vinculación a los trámites cuestionados que se enrostra a los Juzgados convocados, basta advertir que la misma deviene improcedente por incumplir con el requisito de la subsidiariedad.

la indebida vinculación a los trámites cuestionados que se enrostra a los Juzgados convocados, basta advertir que la misma deviene improcedente por incumplir con el requisito de la subsidiariedad.

En efecto se arriba a tal conclusión, pues de los medios de prueba incorporados al presente asunto y el informe que allegaron los despachos accionados, que se entiende se rindió bajo la gravedad de juramento de acuerdo al inciso 3º del artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, se evidencia que el actor, de manera alguna ha acudido a exponer esa puntual temática en l os procesos criticados a través de las figuras conducentes y pertinentes que el Código General del Proceso prevé para tal efecto , sin que resulta aceptable anticipar cualquier tipo de pronunciamiento por parte del Juez natural, quien prima facie es la autoridad competente para atender las inconformidades aludidas.

Esta Corporación ha predicado, al respecto, lo siguiente:

(…) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideración, pretextando la supuesta violación de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos estén siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protección, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa (…) que el ordenamiento jurídico ha contemplado, sino cuando carezca de éstas (CSJ STC, 28 oct.Rad. n° 13001-22-13-000-2026-00640-01

herramientas de defensa (…) que el ordenamiento jurídico ha contemplado, sino cuando carezca de éstas (CSJ STC, 28 oct.Rad. n° 13001-22-13-000-2026-00640-01 10 2011, rad. 00312 -01, reiterada en STC6904 -2020, STC90222021 y STC5391-2022, entre otras)

5. Finalmente, en cuanto refiere a lo acaecido en el trámite con rad. 2026 -00248-00 y lo que allí manifestó Amparo Montiel Arroyo en cuanto que no fue la persona que promovió el amparo , circunstancia que solo se pus o de presente al interponer el recurso de impugnación contra el fallo de primer grado y que refiere a un tema diferente a lo planteado en el escrito inicial de tutela, el que en su oportunidad se corrió traslado a los accionados , se advierte que, dicha queja no puede ser analizada en esta sede, por cuanto, se trata de hechos nuevos respecto de los cuales los juzgados convocados y los vinculados no pudieron defenderse en su debida oportunidad, en tanto que la particular temática no fue puesta desde el inicio en consideración en el presente debate, para que se ejerciera su derecho de contradicción, motivo por el cual ahora no pueden ser sorprendidos con una decisión al respecto, pues, así se les desconocería también su garantía ius fundamental al debido proceso.

En relación con los aspectos inéditos que son expuestos en la impugnación de los fallos de tutela de primer grado, esta Sala ha sostenido que, si bien:

es cierto que en sede de tutela, está establecida la facultad – deber

En relación con los aspectos inéditos que son expuestos en la impugnación de los fallos de tutela de primer grado, esta Sala ha sostenido que, si bien:

es cierto que en sede de tutela, está establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el trámite ante él ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresión o amenaza de los bienes jurídicos superiores (…) También lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que ésta tampoco es extraña a las reglas del debido proceso, entre lasRad. n° 13001-22-13-000-2026-00640-01 11 cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (ver hace poco en CSJ STC4035-2021).

5. Finalmente, no resulta viable la salvaguarda de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable al accionante, comoquiera que no allegó prueba para acreditarlo, sin que sea suficiente para ello la mera expresión

de su existencia, dado que:

no se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las características de gravedad, inminencia y apremio de la intervención del Juez Constitucional (CSJ STC20392020, reiterada hace poco en STC4335-2026).

6. Corolario de lo expuesto, se ratificará lo resuelto en primera instancia.

DECISIÓN

2020, reiterada hace poco en STC4335-2026).

6. Corolario de lo expuesto, se ratificará lo resuelto en primera instancia.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR la sentencia objeto de impugnación.

Comuníquese por el medio más expedito lo aquí resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.Rad. n° 13001-22-13-000-2026-00640-01 12

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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