CSJ - STC20877-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20877-2026 Radicación n.º 73001-22-13-000-2026-00384-01 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida el 5 de agosto de 2026 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro de la tutela promovida por Wilmar Rodolfo Lozano Parga, contra el Juzgado Primero Civil Municipal de la misma ciudad ; trámite al cual fueron vinculados el Juzgado Quinto Civil d el mismo circuito judicial , la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Policía Nacional y la Superintendencia de Salud, así como las partes e intervinientes en la tutela n.° 2024-00743-00.

ANTECEDENTES

1. El accionante reclamó la protección de su s derechos fundamentales a la dignidad humana, el debidoRad. n.º 73001-22-13-000-2026-00384-01

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proceso, al patrimonio, la igualdad y el buen nombre , presuntamente vulnerados por las autoridades involucradas.

2. En lo relevante para el asunto, se extracta que, Wilmar Rodolfo Lozano Parga ocupó el cargo de gerente zonal Tolima en la Nueva EPS desde el 23 de noviembre de 2013 hasta el 3 de octubre de 2025.

Wilmar Rodolfo Lozano Parga ocupó el cargo de gerente zonal Tolima en la Nueva EPS desde el 23 de noviembre de 2013 hasta el 3 de octubre de 2025.

El actor señaló que desde el 2017 fue inscrito en la Cámara de Comercio de Ibagué como administrador de la sede de la Nueva EPS ubicada en esa ciudad, periodo de tiempo en que distintos usuarios promovieron acciones de tutela en contra de la Compañía, asuntos en los que salieron avante las súplicas y distintos despachos judiciales emitieron órdenes en favor del derecho a la salud.

Reseñó que, debido a la estructura organizacional de la Nueva EPS, centralizada principalmente en Bogotá, no le fue posible dar cumplimiento oportuno a las órdenes impartidas en los fallos judiciales. Por tal razón, se promovieron en su contra diversos incidentes de desacato que culminaron con la imposición de sanciones por incumplimiento y, consecuentemente, con el inicio de 156 procesos de cobro coactivo por un valor total de $755.861.340,33.

Advirtió que mediante resolución del 30 de diciembre de 2025, la Dirección Seccional del Consejo Superior de la Judicatura decretó el embargo y posterior secuestro de los bienes inmuebles que se encuentran a su nombre, así comoRad. n.º 73001-22-13-000-2026-00384-01

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de las cuentas bancarias , así las cosas, pese a que su contrato laboral con la empresa terminó desde el 3 de octubre de 2025 , sigue vinculado a los procesos de tutela contra Nueva EPS y no le han otorgado las solicitudes de

de las cuentas bancarias , así las cosas, pese a que su contrato laboral con la empresa terminó desde el 3 de octubre de 2025 , sigue vinculado a los procesos de tutela contra Nueva EPS y no le han otorgado las solicitudes de inaplicación de las sanciones de arresto y multa.

3. A través de auto del 24 de junio de 2026, el Consejo de Estado inadmiti ó la acción y requirió al accionante que individualizara los procesos de tutela respecto de los cuales formulaba cuestionamientos, la autoridad judicial accionada, el número de radicación del respectivo proceso y la sentencia o providencia objeto de cuestionamiento.

Presentado el escrito de subsanación, en auto del 8 de julio de 2026, la autoridad dispuso el desglose de la demanda y sus anexos , luego abrió cuadernos separados para cada uno de los procesos cuestionados , así cada actuación fue sometida a reparto y tramitada de forma independiente.

4. Allegado el asunto de la referencia a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, le correspondió conocer si en el trámite del incidente de desacato de la tutela n.° 2024-00743-00 se vulneraron las prerrogativas del tutelante.

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. El Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagué remitió el enlace del expediente, relacionó las actuaciones a su cargoRad. n.º 73001-22-13-000-2026-00384-01

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y resaltó que mediante auto del 3 de marzo de 2026 resolvió

el enlace del expediente, relacionó las actuaciones a su cargoRad. n.º 73001-22-13-000-2026-00384-01

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y resaltó que mediante auto del 3 de marzo de 2026 resolvió la solicitud de inaplicación de la sanción impuesta mediante sentencia del 19 de diciembre de 2024.

2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagué señaló que en auto del 24 de enero de 2025 confirmó la decisión del 19 de diciembre de 2024 emitida por el juzgado accionado, a través de la cual lo sancionó por incumplimiento de las órdenes de tutela emitidas en el rad. n.° 2024-00743-01.

3. El director seccional de la Administración Judicial de Ibagué solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, alegó que, el Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagué comunicó a la oficina de cobro coactivo de su entidad la providencia que ordenó la sanción de multa en contra de gestor, dependencia que en cumplimiento de sus funciones inició el procedimiento de cobro coactivo.

4. La Policía Nacional solicitó su exclusión del trámite alegando que no se encuentra dentro de sus funciones modificar, revocar, suspender, inaplicar o dejar sin efectos las decisiones adoptadas por los Jueces de la República dentro de los incidentes de desacato.

5. La Superintendencia Nacional de Salud solicitó la negativa del amparo por ausencia de vulneración de su parte, subsidiariamente, solicitó que se conceda su desvinculación.Rad. n.º 73001-22-13-000-2026-00384-01

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negativa del amparo por ausencia de vulneración de su parte, subsidiariamente, solicitó que se conceda su desvinculación.Rad. n.º 73001-22-13-000-2026-00384-01

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ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué concedió el resguardo tras determinar que, si bien mediante auto del 3 de marzo de 2026 se inaplicó la sanción por desacato impuesta en contra de Wilmar Rodolfo Lozano Parga, y que mediante oficio del 24 de julio de 2026 informó a la oficina de cobro coactivo dicha determinación, en todo caso no comunicó al comandante de la Policía Nacional la inaplicación de la sanción de arresto.

En consecuencia, amparó el derecho fundamental al debido proceso de l tutelante y ordenó al Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagué que, dentro del término de 48 horas, procediera a comunicarle la inaplicación de la sanción ordenada en providencia del 3 de marzo de 2026 a todas las autoridades encargadas de ejecutar las sanciones impuestas en el desacato.

IMPUGNACIÓN

La interpu so la vinculada Nueva EP S alegando que, aunque se informó a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué que se inaplicó la sanción impuesta en el desacato n.° 2024-00743-01, el a quo constitucional omitió ordenarle terminar el proceso de cobro coactivo no. 73001129000020250051100, o el que llegare a

impuesta en el desacato n.° 2024-00743-01, el a quo constitucional omitió ordenarle terminar el proceso de cobro coactivo no. 73001129000020250051100, o el que llegare a corresponder, derivado de la multa que se está inaplicando.Rad. n.º 73001-22-13-000-2026-00384-01

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CONSIDERACIONES

1. De conformidad con los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, en línea de principio, la acción instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantarían los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución

Política.

En lo relativo a la procedencia del mecanismo constitucional frente a decisiones proferidas en el trámite incidental, la Corte Constitucional ha decantado que la determinación que cierra dicha instancia es susceptible de ser cuestionada por el mismo sendero en el cual tuvo origen, desde que se encuentren afectados derechos fundamentales, y en especial cuando el juez natural « se extralimita en el cumplimiento de sus funciones…vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanción arbitraria » ( Sentencia Constitucional T-1113/05).

En línea con lo anterior, ese Tribunal en sentencia SU034 del 3º de mayo de 2018 consolidó los criterios frente la procedencia del amparo contra providencias que definen el

Constitucional T-1113/05).

En línea con lo anterior, ese Tribunal en sentencia SU034 del 3º de mayo de 2018 consolidó los criterios frente la procedencia del amparo contra providencias que definen el incidente de desacato, así:Rad. n.º 73001-22-13-000-2026-00384-01

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1. La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso. ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración [de] una de las causales específicas

(defectos). iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio.

2. En el asunto particular, corresponde a la Corte establecer si con las órdenes emitidas en el incidente de desacato n.° 2024-00743-00 se vulneraron los derechos fundamentales d el promotor del resguardo , pues este censura que lo sigan vinculando con una acción de tutela que se promovió contra la Nueva EPS, en la que se le impuso multa y orden de arresto, siendo que su vinculación con

fundamentales d el promotor del resguardo , pues este censura que lo sigan vinculando con una acción de tutela que se promovió contra la Nueva EPS, en la que se le impuso multa y orden de arresto, siendo que su vinculación con dicha empresa terminó el 3 de octubre de 2025.

3. Con base en lo expuesto , una vez examinada la queja constitucional a la luz de las piezas procesales aportadas al expediente, anuncia la Corte que confirmará la determinación de primer grado que concedió el amparo por los motivos que a continuación se exponen.

3.1. Verificado el expediente con radicado n.° 202400743-00, correspondiente a una acción de tutela promovidaRad. n.º 73001-22-13-000-2026-00384-01

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por María Erlinda Cañón de Cardona en contra de Nueva EPS, se constató que el Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagué, a través de auto del 3 de marzo de 2026 resolvió inaplicar la sanción impuesta a Wilmar Rodolfo Lozano Parga, en calidad de gerente, mediante providencia del 19 de diciembre de 2024 , consistente en un arresto por 1 día y multa equivalente a 1 salario mínimo legal mensual vigente, decisión que fue confirmada en sede de consulta por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagué.

Para adoptar tal determinación el estrado judicial inició por recordar que «la Corte Constitucional ha reiterado que una de las consecuencias derivadas del trámite incidental, es la imposición de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia. Su auténtico

por recordar que «la Corte Constitucional ha reiterado que una de las consecuencias derivadas del trámite incidental, es la imposición de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia. Su auténtico propósito es lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada. De suerte que no persigue reprender al renuente por el peso de la sanción en sí misma, sino que esta debe entenderse como una forma de reconvención para que aquél encauce su conducta hacia el cumplimiento, y así lograr la eficacia de la acción impetrada y, con ella, la reivindicación de los derechos quebrantados».

Igualmente relacionó la necesidad de concurrencia de los factores objetivos y subjetivos, para concluir que:

En ese entendido, no es suficiente para imponer una sanción por desacato que se haya inobservado el plazo concedido para la atención de la orden concedida, sino que debe acreditarse la negligencia o la completa renuencia en acatarla por la persona encargada de su cumplimiento.

No obstante, el incidentado se encuentra ante una imposibilidad jurídica y administrativa frente al cumplimiento de la orden de tutela. Esto por cuanto terminó su vinculación contractual con la entidad a la cual le fue dirigida la orden constitucional.Rad. n.º 73001-22-13-000-2026-00384-01

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Puestas de este modo las cosas, la sanción impuesta por esta célula judicial resulta ineficiente para garantizar el cumplimiento del fallo de tutela, por lo que se inaplicará la misma.

Posteriormente, se evidenció que, mediante el Oficio

Puestas de este modo las cosas, la sanción impuesta por esta célula judicial resulta ineficiente para garantizar el cumplimiento del fallo de tutela, por lo que se inaplicará la misma.

Posteriormente, se evidenció que, mediante el Oficio 1771 del 24 de julio de 2026, el juzgado informó a la oficina de cobro coactivo la inaplicación de la sanción; sin embargo, no comunicó dicha decisión a la autoridad de policía. Por consiguiente, hay lug ar a conceder el amparo en el sentido de ordenar al juzgado accionado que informe a la Policía Nacional que no procede la orden de arresto por 1 día impuesta previamente.

Lo anterior, con el fin de garantizar que todas las autoridades involucradas en la imposición de la sanción posteriormente levantada tengan conocimiento de la nueva situación jurídica del expediente y, de esta manera, evitar la materialización de una medid a que actualmente carece de vigencia.

3.2. Ahora bien, a partir de los argumentos formulados en impugnación por Nueva EPS, en su calidad de vinculada, corresponde a la Corte establecer, si el mandato de tutela emitido por el Tribunal en el fallo de primera instancia resulta insuficiente de cara a la salvaguarda de los derechos fundamentales invocados por el accionante.

Preliminarmente, recuérdese que la acción de tutela es una institución extraordinaria que consagró la Constitución de 1991 para proteger los derechos fundamentales de lasRad. n.º 73001-22-13-000-2026-00384-01

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personas, de lesiones o amenazas de vulneración por parte

una institución extraordinaria que consagró la Constitución de 1991 para proteger los derechos fundamentales de lasRad. n.º 73001-22-13-000-2026-00384-01

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personas, de lesiones o amenazas de vulneración por parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por un particular; se trata de un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales ordinarios que establece la ley y en ese sentido no es posible convertirla en una institución procesal alternativa o supletoria.

Más allá de la especial naturaleza del resguardo constitucional, resulta claro que al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos básicos de ciertos actos procesales, como es el caso de la legitimación en la causa, ya sea por activa o por pasiva, así como la debida representación y, particularmente, en ejercicio del derecho de postulación, el interés jurídico para recurrir.

En el presente trámite, pronto se advierte que no concurre en Nueva EPS algún interés jurídico concreto para impugnar la decisión, entendido éste como la facultad de la parte para oponerse a la providencia que es contraria a sus pretensiones, intereses o le irroga un perjuicio.

En efecto, no es posible inferir del fallo criticado un agravio concreto a la impugnante, principalmente porque las aspiraciones de l c onvocante fueron acogidas al ordenar al estrado convocado que comunicara a todas las autoridades involucradas en el incidente de desacato, la inaplicación de

agravio concreto a la impugnante, principalmente porque las aspiraciones de l c onvocante fueron acogidas al ordenar al estrado convocado que comunicara a todas las autoridades involucradas en el incidente de desacato, la inaplicación de la sanción impuesta a Wilmar Rodolfo Lozano Parga; decisiónRad. n.º 73001-22-13-000-2026-00384-01

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que, a juicio de la Corte, se muestra suficiente para proteger las garantías fundamentales que fueron invocadas.

Entonces, al obtener se la resolución del asunto de acuerdo con lo solicitado, la mencionada EPS no se encontraba legitimada recurrir el fallo, pues dicho interés surge a partir del perjuicio provocado con la decisión judicial al sujeto que la impugna, lo que, se reitera, no ocurrió en este asunto, ya que la decisión de primera instancia concedió lo pretendido por el accionante y no impactó en medida alguna a la sociedad impugnante.

Lo que se denota, es que la vinculada pretende a través de este medio que se dicten órdenes que no fueron pedidas en el escrito inaugural, específicamente que se ordene a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué que termine con el proceso de cobro coactivo que surgió de la sanción ya inaplicada , pese a que el tutelante acudió pretendiendo principalmente que se ordenara la inaplicación de las sanciones proferidas en las diligencias de desacato promovidas en su contra.

Por lo anterior, se evidencia una alteración en el objeto del debate planteado inicialmente , sin tener en cuenta el principio de congruencia aplicable por remisión normativa a

de las sanciones proferidas en las diligencias de desacato promovidas en su contra.

Por lo anterior, se evidencia una alteración en el objeto del debate planteado inicialmente , sin tener en cuenta el principio de congruencia aplicable por remisión normativa a este tipo de actuaciones, pretend iendo el estudio de nuevos puntos que no fueron debatidos en la primera instancia y frente a los cuales no puede entrar a pronunciarse la Sala, toda vez que esto quebrantaría el derecho de defensa de losRad. n.º 73001-22-13-000-2026-00384-01

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involucrados, a pesar de que, como se dijo, ya se zanjó y se otorgó lo solicitado.

Finalmente, se hace necesario destacar que con relación a este tipo de situación la Sala ha indicado:

(…) es cierto que, en sede de tutela, está establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el trámite ante él ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresión o amenaza de los bienes jurídicos superiores… También lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, comoquiera que ésta tampoco es extraña a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa . (Citada en STC14922-2017 y reiterada entre otras en STC14941-2018).

4. De ese modo, por lo expuesto se impone confirmar el veredicto reprochado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando

4. De ese modo, por lo expuesto se impone confirmar el veredicto reprochado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto por un medio eficaz, y en oportunidad, envíense las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisión.Rad. n.º 73001-22-13-000-2026-00384-01

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JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: 22C59F890155891422F7D3E94B4258EF9542142BEC939B67AE5FA044007E01E3

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