CSJ - STC21133-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21133-2026 Radicación nº 11001-02-03-000-2026-00159-00 (Aprobado en sesión extraordinaria del veintiséis de octubre de dos mil veintiséis)

Bogotá D.C, veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Resuelve la Corte la acción de tutela que César Augusto Orejuela Cáceres le promovió a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Once de Familia de esa ciudad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el trámite de incumplimiento de medida de protección No. 2820-2023 y consulta de la multa que allí se impuso (2024-451).

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

El actor pide dejar sin efectos la decisión del 1° de abril de 2026, mediante la cual el juzgado accionado confirmó la multa que le impuso la Comisaría Tercera de Familia deRadicación nº 11001-02-03-000-2026-00159-00 2

Bogotá, por el incumplimiento de las medidas de protección conferidas a su expareja, María Cecilia Reyna Carrasco. Aduce, en esencia, que el juzgado lo sancionó con fundamento en el fallo que el Tribunal convocado expidió el 20 de marzo de 2025 a favor de María Cecilia Reyna Carrasco, en la tutela que ella formuló contra ese despacho,

Aduce, en esencia, que el juzgado lo sancionó con fundamento en el fallo que el Tribunal convocado expidió el 20 de marzo de 2025 a favor de María Cecilia Reyna Carrasco, en la tutela que ella formuló contra ese despacho, bajo el radicado 11001-22-10-000-2025-00030-00. Destaca que ello es así porque mediante ese mandato se invalidó la decisión a través de la cual el juzgado, inicialmente, revocó la multa que le impuso la Comisaría por el incumplimiento de las medidas de protección conferidas a su favor (12 sep. 2024), y en su lugar, le ordenó expedir una nueva determinación.

Señala que la multa cuestionada lesiona sus derechos porque en ella «se reprodujeron las consideraciones genéricas e indeterminadas emitidas por la Sala de Familia de Familia del Tribunal de Bogotá en [dicho fallo de tutela], en las que se concluyó que existió incumplimiento de la Medida de Protección 2023 -2820 de [su] parte». Lo anterior, en contravención del fallo de tutela dictado el 23 de mayo de 2025 por esta Corporación (STC7562-2025), que confirmó el emitido por el Tribunal, ya que allí no se le inculpó de cometer actos de violencia, sino que se consideró que «‘el juez accionado en el ámbito de la independencia y autonomía que le asiste , realice el análisis que correspondiente, teniendo en cuenta la totalidad de los medios de prueba, sin que ello implique a través de esta providencia, que se fije una posición en relación con las conclusiones queRadicación nº 11001-02-03-000-2026-00159-00 3

teniendo en cuenta la totalidad de los medios de prueba, sin que ello implique a través de esta providencia, que se fije una posición en relación con las conclusiones queRadicación nº 11001-02-03-000-2026-00159-00 3

aquel deba sacar en tal sentido , el fallo’» (el destacado es original del texto citado).

Precisa que su expareja ha «instrumentalizado» la sanción controvertida para despojarlo de los derechos que tiene como padre de la hija que tiene en común, ya que para sustentar la demanda de custodia que le promovió ante el Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogotá (rad. 11001-3110-031-2024-00557-00), invocó «los supuestos hechos de violencia protagonizados por el suscrito en el trámite de la Medida de Protección 2023 -2820 y, particularmente en el trámite de incumplimiento de la misma».

Finalmente, sostiene que la acción cumple con el presupuesto de inmediatez, pues supo que el juzgado confirmó la multa el 8 de julio de 2025, cuando la Comisaría vinculada lo requirió para su pago, y la presentó la tutela el 19 de diciembre de ese año.

Por lo anterior, solicita:

DEJAR SIN EFECTOS el fallo proferido el 1 de abril de 2025notificado el 8 de julio de 2025 - por el JUZGADO 11 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, dentro del trámite de incumplimiento de la medida de protección 2023 -2820, así como las demás actuaciones sur tidas con posterioridad en dicho trámite. En su

DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, dentro del trámite de incumplimiento de la medida de protección 2023 -2820, así como las demás actuaciones sur tidas con posterioridad en dicho trámite. En su lugar, ORDENARLE al JUZGADO 11 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ que emita una sentencia de reemplazo en la que (i) garantice mi derecho fundamental al debido proceso al valorar las pruebas y (ii ) motive debidamente su decisión al surtir el gradoRadicación nº 11001-02-03-000-2026-00159-00 4

jurisdiccional de consulta, sin que ello implique desconocer su independencia y autonomía y sin que se reproduzcan las conclusiones sobre el sentido de la decisión emitidas por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SALA DE FAMILIA en la se ntencia de tutela de primera instancia del 20 de marzo de 2025, la cual nunca quedó ejecutoriada.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

El Tribunal, el juzgado y la comisaría de familia convocados remitieron copia del expediente de tutela (202500030-00, de la consulta de la multa impuesta al accionante (2024-451-00), y del incumplimiento de las medidas de protección cuestionada (2820-2023).

CONSIDERACIONES

1. De forma preliminar, la Sala precisa que la acción satisface el presupuesto de inmediatez, pues, como lo afirma el tutelante, solo pudo instaurarla después del 8 de julio de ese año cuando conoció que el juzgado convocado el 1° de abril de anterior confirmó la multa impuesta por la Comisaría

el tutelante, solo pudo instaurarla después del 8 de julio de ese año cuando conoció que el juzgado convocado el 1° de abril de anterior confirmó la multa impuesta por la Comisaría Tercera de Familia de Bogotá. En efecto, r evisada la actuación adelantada ante el juzgado, se advierte que la resolución reprochada sólo se la notificó a la Comisaría de Familia, y ésta, el 8 de julio, tan pronto fue devuelta la actuación le ordenó al actor que sufragara la multa, como se observa a continuación:Radicación nº 11001-02-03-000-2026-00159-00 5

Pues bien, d esde el 8 de julio de 2025 hasta la presentación del resguardo, en diciembre 19 de 2025, han transcurrido cinco (5) meses y once (11) días , es decir, unRadicación nº 11001-02-03-000-2026-00159-00 6

tiempo inferior al semestre que la Sala ha estimado razonable para su promoción.

2. Dicho lo anterior, la Sala advierte que, en todo caso, el resguardo es improcedente, comoquiera que el accionante puede alegar la problemática que exhibe ante el Tribunal convocado, a través del impulso de un incidente desacato, o mediante la solicitud del cumplimiento del fallo STC75622025, en los términos de los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 , por ser las herramientas previstas por el ordenamiento jurídico para obtener el cumplimiento de un mandato constitucional.

Nótese que el actor se queja de que el juzgado

2591 de 1991 , por ser las herramientas previstas por el ordenamiento jurídico para obtener el cumplimiento de un mandato constitucional.

Nótese que el actor se queja de que el juzgado convocado, al cumplir con la orden de tutela dictada por la Sala de Familia de Familia del Tribunal de Bogotá, no se haya ajustado a los lineamientos trazados por la Corte en la sentencia STC7562-2025. Aduce que el despacho reprodujo los argumentos expuestos en el fallo de tutela de primera instancia, en el que se afirmó que ejerció violencia psicológica contra su expareja, pese a que debía considerar los esbozados en segundo grado, en donde se precisó que la tutela debía abrirse paso porque la revocatoria de la multa no fue debidamente motivada y, por ende, debía realizar el «análisis que correspondiente, teniendo en cuenta la totalidad de los medios de prueba, sin que ello implique a través de esta providencia, que se fije una posición en relación con las conclusiones que aquel deba sacar en tal sentido, el fallo’».

Frente al punto, esta Corporación ha señalado:Radicación nº 11001-02-03-000-2026-00159-00 7

«(...) frente al incumplimiento de una orden impartida con ocasión de un fallo constitucional, procede el desacato, y no otra protección de igual naturaleza, puesto que se convertiría en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un trámite de «raigambre constitucional», máxime cuando entratándose de la acción de tutela, esta solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para conocer los

llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un trámite de «raigambre constitucional», máxime cuando entratándose de la acción de tutela, esta solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para conocer los instrumentos jurídicos previstos para tal efecto » (CSJ STC, 2 jul. 2014, rad. 01204-00, reiterado en STC12611-2025) (STC33702026).

Asimismo, se ha puntualizado:

[s]i alguna inconformidad presenta la actora frente al trámite de la mencionada tutela o consideran que no se ha dado cumplimiento a la orden allí impartida, puede acudir al incidente desacato previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, o bien impulsar el cumplimiento.

(…)

Sobre el particular, no se olvide que, aunque su trámite no es excluyente, el incidente de desacato y el trámite de cumplimiento se diferencian entre sí, como lo no ha señalado la Corte

Constitucional:

«Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte ha sintetizado las diferencias entre ambos instrumentos de la siguiente manera: (i) el cumplimiento es obligatorio en tanto hace parte de la garantía constitucional, mientras que el desacato es incidental porque se trata de un instrumento disciplinario de creación legal; (ii) la responsabilidad exigida para el cumplimiento es objetiva, la exigida para el desacato es subjetiva ; (iii) el cumplimiento es de oficio, aunque puede ser impulsado por el interesado o por el Ministerio Público, mientras que el desacato es a petición de la parte interesada; y (iv) el trámite del cumplimiento no es un

oficio, aunque puede ser impulsado por el interesado o por el Ministerio Público, mientras que el desacato es a petición de la parte interesada; y (iv) el trámite del cumplimiento no es un prerrequisito para el desacato, ni el trámite del desacato es la vía para el cumplimiento, puesto que son dos mecanismos procesales distintos, ya que puede ocurrir que a través del trámite deRadicación nº 11001-02-03-000-2026-00159-00 8

desacato se logre el cumplimiento, pero esto no significa que la tutela no cumplida sólo tenga como alternativa este incidente ».1 (STC3370-2026).

3. Entonces, toda vez que el interesado tiene a su alcance otros mecanismos para defender sus derechos, el resguardo carece de subsidiariedad y, por ende, es improcedente.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve DECLARAR IMPROCEDENTE la acción instaura por César Augusto Orejuela Cáceres.

Se ordena a las autoridades vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Const itucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

el expediente a la Corte Const itucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

1 Corte Constitucional, auto 508 de 2018, sección 1.4.Radicación nº 11001-02-03-000-2026-00159-00 9

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

Magistrada

JOHN FREDY IBÁÑEZ DÍAZ

Conjuez

ALBA MARÍA RUEDA VÁSQUEZ

Conjuez

JHON ALEXANDER FLÓREZ PÉREZ

Conjuez