CSJ - STC21140-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21140-2026 Radicación n.º 11001-02-30-000-2025-01221-01 (Aprobado en sesión extraordinaria del veintisiete de octubre de dos mil veintiséis)

Bogotá D.C, veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación del fallo proferido por la Homóloga de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 11 de noviembre de 2025, en la acción de tutela instaurada por Hernando Torres Gaitán, en contra de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, extensiva al magistrado Fernando Augusto Jiménez Valderrama y a las Salas de Casación Laboral y Penal de esta Corte y demás autoridades, partes e intervinientes en la acción de tutela con radicado 11001-02-05-000-202501602-00.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTESRadicación n.º 11001-02-30-000-2025-01221-01

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El accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada, con ocasión de la falta de respuesta de fondo a la solicitud presentada el 17 de junio de 2025.

En sustento de lo anterior, narró que promovió una acción de tutela contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, con el propósito de que se dejaran sin efecto decisiones adoptadas en unas acciones de

En sustento de lo anterior, narró que promovió una acción de tutela contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, con el propósito de que se dejaran sin efecto decisiones adoptadas en unas acciones de tutela determinadas, se ordenara la entrega del expediente virtual 047-2022 y se dispusiera la realización de una nueva audiencia.

Indicó que dicha acción constitucional fue declarada improcedente en primera instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y que esa decisión fue confirmada por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de esta Corporación mediante la sentencia STC8757-2025.

Señaló que, posteriormente, presentó una solicitud dirigida a esta última autoridad para que informara si dentro de ese trámite había solicitado copia del expediente virtual 047-2022 y, en caso afirmativo, le remitiera dicho archivo, así como los documentos que sustentaban la afirmación contenida en el fallo, según la cual se le había designado un abogado de oficio.Radicación n.º 11001-02-30-000-2025-01221-01 3 Explicó que, al no obtener una respuesta de fondo a tales requerimientos, promovió una nueva acción de tutela que fue resuelta por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante providencia STL13225-2025 del 4 de agosto de 2025, en la que se negó el amparo solicitado.

Precisó que persistía la vulneración de sus derechos fundamentales, por cuanto la información requerida no le había sido suministrada.

En consecuencia, pretende que se ordene a la autoridad accionada responder de fondo la solicitud presentada el 17

Precisó que persistía la vulneración de sus derechos fundamentales, por cuanto la información requerida no le había sido suministrada.

En consecuencia, pretende que se ordene a la autoridad accionada responder de fondo la solicitud presentada el 17 de junio de 2025, remitir copia del expediente virtual 0472022 y de los documentos relacionados con la afirmación según la cual se le designó un abogado de oficio dentro de dicho trámite, así como abstenerse de incurrir en nuevas dilaciones u omisiones frente a los requerimientos formulados.

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADA

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia informó que el expediente correspondiente a la acción constitucional radicada 1100102-04-000-2025-00947-01 fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión y se encuentra bajo custodia de esa autoridad. Asimismo, señaló que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante.Radicación n.º 11001-02-30-000-2025-01221-01 4

Por su parte, la Homóloga de Casación Laboral realizó un recuento de lo sucedido en el referido amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

La Sala de Casación Penal de esta Corporación declaró improcedente el amparo al concluir que operaba la cosa juzgada constitucional, toda vez que la misma controversia ya había sido analizada y resuelta dentro de la acción de tutela radicada 11001-02-05-000-2025-01602-00, en la que

juzgada constitucional, toda vez que la misma controversia ya había sido analizada y resuelta dentro de la acción de tutela radicada 11001-02-05-000-2025-01602-00, en la que se estudiaron los mismos hechos, pretensiones y autoridades involucradas.

El accionante impugnó dicha determinación al sostener que no se configuraba la cosa juzgada constitucional, pues persistía la omisión de suministrarle la información solicitada sobre el expediente 047 -2022 y la presunta designación de un abogado de oficio. Agregó que el juez de primera instancia omitió valorar las circunstancias sobrevinientes y el perjuicio que, en su criterio, le ocasionaba la falta de entrega de dicha información.

Esta acción de tutela se radicó el 16 de octubre de 2025 y en el trámite de segunda instancia ante esta Sala, mediante auto ATC1190-2026 de 19 de mayo de 2026, la Sala de Conjueces aceptó los impedimentos manifestados por los Magistrados Martha Patricia Guzmán Álvarez, Hilda González Neira , Fernando Augusto Jiménez Valderrama y Francisco Ternera Barrios. En consecuencia, los separó delRadicación n.º 11001-02-30-000-2025-01221-01 5 conocimiento del presente asunto y dispuso la remisión del expediente a la suscrita Magistrada.

CONSIDERACIONES

Circunscrita la Corte a los argumentos expuestos en la impugnación, se anticipa la confirmación de la decisión censurada, al encontrarse configurado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, como pasa a explicarse.

Circunscrita la Corte a los argumentos expuestos en la impugnación, se anticipa la confirmación de la decisión censurada, al encontrarse configurado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, como pasa a explicarse.

Dicha figura se configura cuando existe identidad de partes, de causa y objeto entre las dos tutelas que se comparan y, además, se ha surtido la revisión eventual de lo decidido ante la Corte Constitucional . Sobre el particular, dicha Corporación en la sentencia SU128-2024 puntualizó:

«La cosa juzgada es una institución que garantiza la seguridad jurídica y el debido proceso, al otorgarle a las decisiones judiciales “el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas”. En materia de tutela, los fallos hacen tránsito a cosa juzgada cuando esta Corporación se pronuncia sobre una determinada tutela mediante una decisión de fondo o a través de un auto que notifica que la tutela no fue seleccionada. Así, la cosa juzgada constitucional se configura cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de un fallo de tutela y entre ambos hay identidad jurídica de partes, objeto y causa. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en la Sentencia SU027 de 2021, a pesar de que en un caso concurra la identidad departes, objeto y causa, la cosa juzgada puede desvirtuarse cuando surjan circunstancias excepcionales, como puede serlo la ocurrencia de hechos nuevos».

Descendiendo al presente asunto , se advierte que Hernando Torres Gaitán acude a la acción de tutela reprochando la falta de respuesta a la solicitud presentada el

excepcionales, como puede serlo la ocurrencia de hechos nuevos».

Descendiendo al presente asunto , se advierte que Hernando Torres Gaitán acude a la acción de tutela reprochando la falta de respuesta a la solicitud presentada el 17 de junio de 2025, así como la no entrega del expedienteRadicación n.º 11001-02-30-000-2025-01221-01 6 virtual 047 -2022 y de la información relacionada con la presunta designación de un abogado de oficio dentro de dicho trámite.

No obstante, se observa que tales reproches ya fueron analizados dentro de la acción de tutela radicada 11001-0205-000-2025-01602-00, promovida por el mismo accionante contra la misma autoridad. En esa oportunidad, la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, mediante sente ncia STL13225-2025 del 4 de agosto de 2025, negó el amparo al concluir que la autoridad convocada había emitido un pronunciamiento sobre la solicitud del 17 de junio de 2025 y que las demás inconformidades debían plantearse ante la Corte Constitucional.

Dicha determinación fue confirmada el 10 de octubre de 2025 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente, fue excluida de revisión por la Corte Constitucional1.

1https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=2&expediente=T11686700&li sta=datosExpedientes_1781720944883Radicación n.º 11001-02-30-000-2025-01221-01 7

Pese a ello, el libelista promovió una nueva acción

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Pese a ello, el libelista promovió una nueva acción constitucional sustentada en los mismos hechos y dirigida, en esencia, a obtener un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud presentada el 17 de junio de 2025. Si bien en la impugnación alegó la persisten cia de la vulneración y la existencia de circunstancias sobrevinientes, tales planteamientos no introducen un elemento fáctico o jurídico novedoso que justifique reabrir una controversia ya definida, sino que constituyen una reiteración de las mismas inconformidades que fueron objeto de análisis y decisión en la sentencia CSJ STL13225-2025.

Así las cosas , la presente acción de tutela resulta improcedente, pues los cuestionamientos planteados por el actor ya fueron analizados y resueltos en un fallo previo que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional. Además, no se advierte la existencia de hechos nuevos o circunstancias excepcionales que justifiquen reabrir el debate, razón por la cual se impone confirmar la decisión impugnada.Radicación n.º 11001-02-30-000-2025-01221-01 8 Además, la conducta desplegada por el accionante configura temeridad, pues el accionante volvió a acudir al mecanismo constitucional para controvertir un asunto que ya había sido definid o en sede de tutela, sin exponer una razón objetiva que justificara un nuevo examen, en los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

mecanismo constitucional para controvertir un asunto que ya había sido definid o en sede de tutela, sin exponer una razón objetiva que justificara un nuevo examen, en los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

En ese sentido, esta Sala considera necesario adoptar una medida dirigida a prevenir la reiteración de la conducta advertida por Hernando Torres Gaitán. Por ello, se ordenará al convocante abstenerse de promover nuevas acciones de tutela fundadas en los mismos hechos, partes y pretensiones que ya fueron objeto de pronunciamiento en la sentencia STL13225-2025 y en la presente decisión.

Así las cosas , se advierte que el incumplimiento de dicha orden podrá dar lugar a la imposición de las sanciones legales a que haya lugar por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia , que actúa como autoridad en primera instancia, entre ellas, la prevista en el numeral 1° del artículo 58 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, 270 de 1996, que dispone lo siguiente:

«ARTÍCULO 58. MEDIDAS CORRECCIONALES. Los Magistrados, los Fiscales y los Jueces tienen la facultad correccional, en virtud de la cual pueden sancionar a los particulares, en los siguientes casos:

1.Cuando el particular les falte al respeto con ocasión del servicio o por razón de sus actos oficiales o desobedezca órdenes impartidas por ellos en ejercicio de sus atribuciones legales(...)» (Negrillas fuera de texto).Radicación n.º 11001-02-30-000-2025-01221-01 9

impartidas por ellos en ejercicio de sus atribuciones legales(...)» (Negrillas fuera de texto).Radicación n.º 11001-02-30-000-2025-01221-01 9 Lo anterior, en concordancia con el artículo 60 ibídem, conforme al cual:

«Cuando se trate de un particular, la sanción correccional consistirá, según la gravedad de la falta, en multa hasta de diez salarios mínimos mensuales. Contra las sanciones correccionales sólo procede el recurso de reposición, que se resolverá de plano»

En suma, se confirmará la sentencia de primera instancia, pero por las razones aquí expuestas.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia proferida por la Homóloga de Casación Penal de esta Corporación el 11 de noviembre de 2025.

Adicionalmente, ORDENAR a Hernando Torres Gaitán que se abstenga de promover nuevas acciones de tutela sustentadas en los mismos hechos, partes y pretensiones que ya fueron objeto de pronunciamiento en la sentencia STL13225-2025, confirmada el 10 de octubre de 2025 por la Sala de Casación Penal de esta Corporación y en la presente decisión, so pena de la imposición de la multa a la que se refieren los artículos 58 y 60 de la Ley 270 de 1996, así como de las consecuencias previstas en el inciso final del artículo

decisión, so pena de la imposición de la multa a la que se refieren los artículos 58 y 60 de la Ley 270 de 1996, así como de las consecuencias previstas en el inciso final del artículo 25 y en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.Radicación n.º 11001-02-30-000-2025-01221-01 10 Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a los participantes por el medio más expedito y remítase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

Magistrada

VIVIANA ANDREA CORTÉS URIBE

Conjuez

ALBA MARÍA RUEDA VÁSQUEZ

Conjuez (Con impedimento)

HERNANDO HERRERA MERCADO

Conjuez