CSJ - STC21141-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21141-2026 Radicación n.º 11001-02-30-000-2026-00302-00 (Aprobado en sesión extraordinaria del veintisiete de octubre de dos mil veintiséis)

Bogotá D.C, veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Esta acción de tutela se radicó el 3 de marzo de 2026 y mediante auto ATC1557-2026 de 23 de junio de 2026 la Sala de Conjueces aceptó los impedimentos manifestados por los Magistrados Francisco Ternera Barrios, Martha Patricia Guzmán Álvarez y Fernando Augusto Jiménez Valderrama. En consecuencia, los separó del conocimiento del presente asunto y dispuso la remisión del expediente a la suscrita Magistrada.

Advertido lo anterior, decide la Corte la acción de tutela instaurada por Hernando Torres Gaitán contra la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, extensiva a la Sala de Casación Penal de estaRadicación n.° 11001-02-30-000-2026-00302-00 2

Corporación, así como a las autoridades, partes e intervinientes dentro de la acción de tutela bajo el radicado 11001-02-04-000-2025-00947-00 (01).

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

El accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y defensa técnica, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada, con ocasión de la

El accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y defensa técnica, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada, con ocasión de la sentencia STC8757 -2025 del 11 de junio de 2025, al considerar que incorporó una afirmación inexistente sobre la designación de abogado de oficio dentro del proceso administrativo No. 047-2022 y omitió verificar la existencia del expediente virtual de esa actuación.

Como hechos relevantes se establecen los siguientes:

Hernando Torres Gaitán promovió acción de tutela contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, alegando que las decisiones proferidas dentro de las acciones de tutela con radicados 2024-00379 y 2025-00007 desconocieron sus derechos fundamentales, al no advertir las presuntas irregularidades del proceso administrativo adelantando ante la Comisaria Permanente de Familia Turno 2 de Ibagué, por violencia intrafamiliar No. 047-2022, relacionadas con la inexistencia del expediente virtual, la ausencia de defensa técnica y la permanencia de las medidas de protección impuestas en su contra.Radicación n.° 11001-02-30-000-2026-00302-00 3

En consecuencia, solicitó dejar sin efectos esas decisiones, ordenar la entrega del expediente virtual No. 047-2022, la realización de una nueva audiencia, verificar la legalidad de las medidas de protección y, de encontrarse vicios sustanciales, declarar la nulidad del procedimiento.

El 6 de mayo de 2025 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente el amparo

la legalidad de las medidas de protección y, de encontrarse vicios sustanciales, declarar la nulidad del procedimiento.

El 6 de mayo de 2025 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente el amparo al considerar que el accionante no acreditó la existencia de fraude o de irregularidades graves que permitieran superar el principio de cosa juzgada constitucional.

Impugnada esa decisión, el 11 de junio de 2025 la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia STC8757-2025, la confirmó al considerar que el actor pretendía reabrir un debate constitucional ya resuelto, sin q ue se configuraran las circunstancias excepcionales para promover una tutela contra otra de la misma naturaleza ni se cumpliera el requisito de subsidiariedad.

El promotor acude a esta acción de tutela al estimar que la sentencia STC8757 -2025 incurrió en un defecto fáctico, porque atribuyó al Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué haber informado que dentro del proceso admini strativo n.º 0472022 se le designó un abogado de oficio, pese a que, según afirma, esa manifestación no obra en la sentencia del 14 de enero de 2025 ni fue realizada por ese despacho,Radicación n.° 11001-02-30-000-2026-00302-00 4

circunstancia que habría incidido en la decisión de negar el amparo.

Además, reprocha que la autoridad accionada no hubiera verificado la existencia del expediente virtual o registro audio-video de dicha actuación antes de resolver el

circunstancia que habría incidido en la decisión de negar el amparo.

Además, reprocha que la autoridad accionada no hubiera verificado la existencia del expediente virtual o registro audio-video de dicha actuación antes de resolver el amparo.

En consecuencia, pretende que se deje sin efectos la sentencia STC8757-2025, se ordene la revisión excepcional del proceso administrativo No. 047 -2022, se declare la nulidad de lo actuado desde su inicio y se levanten las medidas de protección impuestas en su contra.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia realizó un relato sucinto de las actuaciones adelantadas en el trámite cuestionado y señaló que su decisión «se ajustó a los supuestos fácticos expuestos por Hernando Torres Gaitán en la demanda».

CONSIDERACIONES

La Corte declarará improcedente el resguardo, toda vez que no se cumplen con los requisitos que habilitan la tutela frente a una actuación del mismo linaje, como pasa a exponerse.Radicación n.° 11001-02-30-000-2026-00302-00 5

1. La acción de tutela, en principio, no procede para controvertir decisiones emitidas en asuntos de similares contornos, salvo cuando se advierta la falta de integración del contradictorio, indebida notificación, «cosa juzgada fraudulenta», y, además se cumplan con « los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales », esto es, el de legitimación en la causa, inmediatez, y subsidiariedad. Lo que se justifica,

fraudulenta», y, además se cumplan con « los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales », esto es, el de legitimación en la causa, inmediatez, y subsidiariedad. Lo que se justifica, porque de otro de modo, « se abriría la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornaría eterna la definición del primer fallo».

Así lo ha precisado esta Corporación, siguiendo, además, las directrices trazadas por la Corte Constitucional en la sentencia SU -627 de 2015 (STC528-2026,  STC63932024, STC1962 -2026, entre otras). En STC1962 -2026 puntualizó:

«[d]e acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación solo es factible examinar los ruegos que se enfilan contra otra acción de tutela, cuando en el procedimiento agotado se desconozca de manera flagrante la garantía «al debido proceso, por omitir vincular a interesados o indebida notificación de las partes» (CSJ, STC4314-2018, CSJ, STC9088 -2019, CSJ, STC868 -2021, CSJ, STC2841-2021), «siempre y cuando se cumplan las exigencias generales de procedencia de este mecanismo» (CSJ, STC178242025).

También se admite en los casos en los que la providencia definitoria sea producto de «cosa juzgada fraudulenta», situación que se predica cuando son cumplidas formalmente todas las etapas procesales, logrando materializar una solución «fraudulenta» que tra duce un perjuicio ilícito para terceros y la comunidad».

que se predica cuando son cumplidas formalmente todas las etapas procesales, logrando materializar una solución «fraudulenta» que tra duce un perjuicio ilícito para terceros y la comunidad».

2. En el presente asunto, el resguardo es improcedente, ya que no se cumplen con las hipótesis que habilitan en este asunto la intervención constitucional. Aunque el accionanteRadicación n.° 11001-02-30-000-2026-00302-00

6

invoca la existencia de fraude, los señalamientos formulados no estructuran los elementos propios de la « cosa juzgada fraudulenta», ni se dirigen a cuestionar la indebida integración del contradictorio o la falta de notificación, sino que recaen sobre el contenido y alcance de lo resuelto en la sentencia de tutela censurada.

En concreto, el convocante sostiene que la sentencia STC8757-2025 incurrió en defecto fáctico por no verificar la existencia del expediente virtual del proceso administrativo No. 047 -2022 y por atribuir al Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Cont rol de Garantías de Ibagué una manifestación sobre la designación de un abogado de oficio que, según afirma, no fue realizada por ese despacho.

Sin embargo, tales cuestionamientos no desvirtúan la razón central de la providencia censurada, pues la improcedencia del amparo (en aquella ocasión) no se fundó en tener por acreditada la existencia de un defensor de oficio ni del expediente virtual, sino en que la acción se dirigía contra una decisión de tutela anterior, sin que se configuraran las circunstancias excepcionales que permiten controvertir una providencia de la misma naturaleza,

ni del expediente virtual, sino en que la acción se dirigía contra una decisión de tutela anterior, sin que se configuraran las circunstancias excepcionales que permiten controvertir una providencia de la misma naturaleza, supuesto que nuevamente se presenta en este trámite.

Adicionalmente, se observa que mediante auto del 28 de agosto de 20251 la Corte Constitucional excluyó de revisión el fallo atacado, circunstancia que consolidó el fenómeno de

1 Según lo verificado en el portal web de Consulta de Procesos de la Rama JudicialRadicación n.° 11001-02-30-000-2026-00302-00 7

cosa juzgada constitucional respecto de las determinaciones allí adoptadas, lo que veda a esta Sala reabrir el debate por vía de una nueva acción de tutela , como se muestra a continuación:

3. Así las cosas, el resguardo se declarará improcedente.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve DECLARAR IMPROCEDENTE la protección invocada por Hernando Torres Gaitán.

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a los participantes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de no impugnarse esta resolución.

constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a los participantes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de no impugnarse esta resolución.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASERadicación n.° 11001-02-30-000-2026-00302-00 8

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

Magistrada

ALBA MARÍA RUEDA VÁSQUEZ

Conjuez

CARMENZA MEJÍA MARTÍNEZ

Conjuez

ANTONIO PABÓN SANTANDER

Conjuez