CSJ - STC21144-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21144-2026 Radicación n.º 11001-02-30-000-2025-01113-01 (Aprobado en sesión extraordinaria del veintisiete de octubre de dos mil veintiséis)

Bogotá D.C, veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación del fallo proferido el 24 de noviembre de 2025 por la Sala de Decisión de Tutelas n.° 3 de la Sala de Casación Penal , en la acción de tutela instaurada por Carlos Alberto Verano Núñez contra las Salas de Casación Civil, Agraria y Rural y Laboral de esta Corporación, extensiva a la Sala de Casación Penal, al Juzgado Veinte Penal del Circuito de Bogotá, a la Sala Penal del Tribunal Superior de esta misma ciudad y a todas las autoridades, partes e intervinientes en el trámite constitucional 11001-02-03-000-2025-00850-00/01, y en el proceso penal radicado 11001600004920130166500/01.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTESRadicación n.° 11001-02-30-000-2025-01113-01

2

El pretensor solicitó al juez constitucional dejar sin efecto los fallos de tutela STC2930-2025 y STL5043-2025 adoptados por las Salas de Casación Civil, Agraria y Rural, y Laboral, respectivamente , pues considera que las autoridades accionadas omitieron realizar un análisis de los cargos formulados contra la sentencia de casación que

adoptados por las Salas de Casación Civil, Agraria y Rural, y Laboral, respectivamente , pues considera que las autoridades accionadas omitieron realizar un análisis de los cargos formulados contra la sentencia de casación que ratificó en parte su condena. En consecuencia, pretende que se les ordene proferir una nueva decisión de tutela en la que se pronuncien de fondo «sobre los cargos sustanciales planteados».

De la petición de amparo constitucional y los informes rendidos por las autoridades vinculadas se desprende lo siguiente:

En la causa penal que se adelantó en contra del señor Verano Núñez (rad. 11001600004920130166500/01), el Juzgado Veinte Penal del Circuito de Bogotá lo conde nó -en sentencia del 3 de agosto de 2018a la pena principal de 92 meses de prisión, al hallarlo responsable de los delitos de hurto agravado por la confianza en grado de tentativa , en concurso con falsedad en documento privado y fraude procesal. En la misma determinación le negó la suspensión condicional de la pena y le concedió la prisión domiciliaria.

La decisión fue apelada y posteriormente modificada parcialmente por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, pues en providencia del 3 de marzo de 2020 declaró la prescripción del delito de falsedad en documento privadoRadicación n.° 11001-02-30-000-2025-01113-01 3

y reajustó la pena impuesta, fijándola en 82 meses de prisión. En lo demás, dejó incólume la sentencia de primera instancia.

Inconforme con la segunda condena, el apoderado del

3

y reajustó la pena impuesta, fijándola en 82 meses de prisión. En lo demás, dejó incólume la sentencia de primera instancia.

Inconforme con la segunda condena, el apoderado del tutelante interpuso el recurso extraordinario de casación, el cual fue desatado el 29 de enero de 2025 por la Sala de Casación Penal en la sentencia CSJ SP075-2025. En ese fallo, la Sala homóloga penal casó la condena de segundo grado, absolvió al procesado del delito de hurto agravado por la confianza en grado de tentativa y redosificó la pena , fijándola en 72 meses de prisión.

Frente a la anterior determinación, el señor Verano Núñez impulsó acción de tutela (rad. 11001-02-03-0002025-00850-00). Esta Sala, mediante sentencia CSJ STC2930-2025, negó el amparo , al estimar razonable la decisión cuestionada y tras concluir que varios de los reclamos elevados en sede de tutela no fueron esbozados en la demanda de casación. Esta resolución fue posteriormente confirmada por la Sala de Casación a través del proveído STL5043-2025 del 2 de abril de 2025.

A juicio del gestor, las Salas accionadas, al proferir los respectivos fallos de tutela al interior del radicado 202500850-00/01, realizaron un «pronunciamiento superficial» de los cargos formulados en sede constitucional contra la sentencia SP075-2025. En ese sentido, precisó que las sentencias de tutela cuestionadas no examinaron de fondo

00850-00/01, realizaron un «pronunciamiento superficial» de los cargos formulados en sede constitucional contra la sentencia SP075-2025. En ese sentido, precisó que las sentencias de tutela cuestionadas no examinaron de fondo las alegaciones por la s cuales el accionante expuso suRadicación n.° 11001-02-30-000-2025-01113-01 4

ausencia de responsabilidad penal por aplicación del numeral 2° del artículo 32 del Código Penal , la indebida aplicación del principio de in dubio pro reo, la incorporación irregular de pruebas documentales tales como «la fotocopia del cheque 56057754» o los sesenta «folios del proceso civil 2012-0430» cuya valoración también fue omitida en sede de casación, y por último , el defecto sustantivo en el que incurrió la Sala de Casación Penal al confirmar la condena por el delito de fraude procesal.

Además de reiterar los cargos expuestos en la primera demanda de tutela, el accionante atribuyó nuevas censuras a las autoridades que conocieron del proceso penal adelantado en su contra bajo el radicado 2013-01665-00/01. Alegó que la Sala de Casación Penal cometió un defecto fáctico al confirmar la condena impuesta por el delito de fraude procesal, toda vez que fundamentó su decisión en que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá libró mandamiento de pago tras haber sido inducido en error por el tutelante, sin que haya entrado a analizar el contexto de todo el proceso ejecutivo ni haya verificado si el presunto engaño «persistía al momento de la sentencia de casación» . Sumado a lo anterior, aseveró que el auto por el cual se libró

el tutelante, sin que haya entrado a analizar el contexto de todo el proceso ejecutivo ni haya verificado si el presunto engaño «persistía al momento de la sentencia de casación» . Sumado a lo anterior, aseveró que el auto por el cual se libró el mandamiento de pago , que además en su contenido no expresaba el radicado del proceso ejecutivo, fue incorporado de manera irregular al proceso , pues, a su juicio , no figuró en la acusación y no se decretó como prueba.

Adicionalmente, abogó por la configuración de una causal de nulidad, en la medida en que el juez que lo condenóRadicación n.° 11001-02-30-000-2025-01113-01 5

en primera instancia debió haberse apartado del caso , pues fue el mismo que con anterioridad a la sentencia, conoció y resolvió una solicitud de preclusión en la que tuvo contacto con varios elementos materiales probatorios sobre los cuales fundamentó la primera condena.

El gestor aseveró que la presente acción de tutela es procedente por cuanto no se produjo el fenómeno de la cosa juzgada constitucional en tanto en el proceso de tutela anterior, los juzgadores omitieron examinar de fondo las censuras ventiladas . En suma, manifestó que al haber formulado nuevos cargos que no hicieron parte del escrito inicial, la vulneración de sus derechos fundamentales persiste, lo que lo habilita para interponer una segunda acción de tutela.

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS

La Sala de Casación Laboral remitió la decisión de tutela emitida dentro del radicado 11001 -02-03-000-202500850-01, advirtiendo que en ella no se evidenciaba

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS

La Sala de Casación Laboral remitió la decisión de tutela emitida dentro del radicado 11001 -02-03-000-202500850-01, advirtiendo que en ella no se evidenciaba vulneración alguna de los derechos fundamentales del accionante ni la configuración de una cosa j uzgada fraudulenta que justificara la procedencia de la acción constitucional contra providencias de la misma naturaleza.

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural remitió el enlace de acceso al expediente de la acción de tutela con radicado 11001-02-03-000-2025-00850-00.Radicación n.° 11001-02-30-000-2025-01113-01 6

La Sala de Casación Penal -vinculada al trámitedescartó la configuración del defecto señalado y precisó que el accionante acude al resguardo constitucional como si fuera una instancia adicional de supervisión a la corrección jurídica de la declaratoria de responsabilidad penal. Solicitó negar el amparo.

El apoderado judicial de Carlos Alberto Verano Núñez indicó que su mandato se circunscribió al proceso penal y no se hizo extensivo a la presente demanda de tutela, por lo que no formuló manifestación alguna sobre la misma.

La Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia reclamó la improcedencia del amparo, al considerar que en el presente asunto se materializó el fenómeno jurídico de la cosa juzgada constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

La Sala de Casación Penal declaró improcedente el

que en el presente asunto se materializó el fenómeno jurídico de la cosa juzgada constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

La Sala de Casación Penal declaró improcedente el resguardo, al considerar que la acción se dirigía contra una providencia judicial de igual naturaleza, sin que se hubiera alegado ni acreditado la configuración de una cosa juzgada fraudulenta, única hipótesis que, en los términos de la sentencia CC SU-627 de 2015, habilita excepcionalmente el estudio de un nuevo amparo frente a un fallo de tutela. Agregó que «no se expone la concurrencia de alguna situación de fraude, sino que se reitera la inconformidad frente a un asunto que ya fue objeto de estudio, con la intención de generar un nuevo debate, respecto a lo que en su criterio debióRadicación n.° 11001-02-30-000-2025-01113-01 7

ser la correcta interpretación de las autoridades en ese otro asunto constitucional».

Advirtió, asimismo, que la improcedencia del amparo se acentúa si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional el 26 de junio de 2025 decidió excluir de revisión el proceso constitucional que por esta senda cuestiona el accionante, por lo que , al fijarse estado el 14 de julio siguiente para comunicar dicha decisión, el expediente hizo tránsito a cosa juzgada constitucional.

El accionante impugnó . Señaló que la sentencia de primer grado incurrió en un defecto por omisión y ausencia de motivación al no pronunciarse de manera «expresa, razonada y sustancial» sobre los cargos formulados contra

El accionante impugnó . Señaló que la sentencia de primer grado incurrió en un defecto por omisión y ausencia de motivación al no pronunciarse de manera «expresa, razonada y sustancial» sobre los cargos formulados contra los fallos constitucionales anteriores, «desconociendo el estándar reforzado de protección constitucional en materia penal». Afirmó que el juzgador de primera instancia erró al explicar que la acción de tutela contra providencias de idéntica naturaleza procede exclusivamente cuando se demuestra una situación de fraude o engaño, lo que a su juicio constituye una confusión entre «el estándar típico del delito de fraude procesal» y «el estándar constitucional de control judicial por vía de tutela». Aseveró que en el caso sub examine las providencias cuestionadas no han hecho tránsito a cosa juzgada, toda vez que no se pronunciaron de fondo sobre los cargos planteados, tal como lo explicó la Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 2015. Por lo demás, reiteró las censuras que viene ventilando desde la primera solicitud de amparo.Radicación n.° 11001-02-30-000-2025-01113-01 8

Adicionalmente, por medio de correo electrónico enviado a la Sala de Casación Penal el 19 de enero de 2026, el accionante expuso que la sentencia penal «quedó plenamente ejecutoriada el 29 de enero de 2025», por lo que el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio expidió el oficio EP -O-46826 en el que informó la existencia de una

ejecutoriada el 29 de enero de 2025», por lo que el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio expidió el oficio EP -O-46826 en el que informó la existencia de una orden de captura vigente en contra del señor Verano Núñez, sin que el proceso se haya asignado a los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Esta situación, según el impugnante, generó un perjuicio irremediable consistente en una eventual «captura intramural int empestiva», lo que desconocería que la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Veinte Penal del Circuito de Bogotá le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria.

CONSIDERACIONES

Se confirmará la decisión que declaró improcedente e l amparo invocado, porque obedece a un asunto de aquellos denominados «tutela contra tutela», sin que se advierta configurada alguna causal que permita justificar su procedencia.

En efecto, la crítica del tutelante se dirige contra las sentencias CSJ STL5043-2025 del 2 de abril de 2025, proferida por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, a través de la cual confirmó la determinación CSJ STC2930-2025 del 6 de marzo de 2025 en la que esta Sala negó el amparo pretendido por el aquí accionante, trasRadicación n.° 11001-02-30-000-2025-01113-01 9

considerar que la sentencia SP075-2025 del 29 de enero de 2025 -por la que se resolvió el recurso de casación interpuesto por el accionante contra la condena del Tribunal

9

considerar que la sentencia SP075-2025 del 29 de enero de 2025 -por la que se resolvió el recurso de casación interpuesto por el accionante contra la condena del Tribunal de Bogotá - abordó la cuestión de manera razonable. La censura reside, en lo medular, en que dichas sentencias de tutela no realizaron un estudio de fondo de los cargos formulados por el accionante por los cuales expuso su ausencia de responsabilidad penal, demostró la indebida aplicación del in dubio pro reo y denunció otras presuntas irregularidades ocurridas en desarrollo del proceso penal 2013-01665.

No obstante, resulta pertinente señalar que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, sólo es factible examinar los ruegos que se enfilan contra otra acción de tutela, cuando «se omite la integración del contradictorio o la notificación de las personas con interés jurídico para intervenir», ya que, de otro modo, «se abriría la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornaría eterna la definición del primer fallo» (CSJ STC 31 jul. 2020, rad. 2020-01471-00). Asimismo, en los casos en que la providencia definitiva sea producto de «cosa juzgada fraudulenta», situación que se predica cuando son cumplidas formalmente todas las etapas procesales, y así se logra materializar una solución «fraudulenta» que traduce un perjuicio ilícito para terceros y la comunidad.

En este orden de ideas, es claro que el reproche del tutelante se circunscribe a una diferencia de criterio respecto

materializar una solución «fraudulenta» que traduce un perjuicio ilícito para terceros y la comunidad.

En este orden de ideas, es claro que el reproche del tutelante se circunscribe a una diferencia de criterio respecto del discernimiento que las Salas de Casación Civil y LaboralRadicación n.° 11001-02-30-000-2025-01113-01 10

otorgaron al caso, de modo que el contexto descrito no se ajusta a ninguno de los supuestos excepcionales que posibilitan la procedencia de la salvaguarda -esto es, falta de notificación, indebida integración del contradictorio o cosa juzgada fraudulenta-, lo cual torna inadmisible el estudio de fondo que se reclama.

En verdad, la argumentación planteada por el gestor en el escrito inicial es una reiteración de su interpretación propia del asunto y de sus discrepancias con la motivación de la sentencia de casación, que, entre otras cosas, casó de oficio la sentencia para absolverlo del delito de hurto agravado por la confianza en grado de tentativa. Por el contrario, no concentra esfuerzos en revelar una situación de fraude en las decisiones de tutela censuradas, presupuesto indispensable para la procedencia de la acción de tutela contra fallos de esa naturaleza constitucional.

Además, si se tiene en cuenta que el expediente T11187323 fue excluido de revisión por la Corte Constitucional el 26 de junio de 2025 -decisión fijada en estado del 14 de julio de 2025se refuerza la improcedencia del amparo, toda vez que las sentencias de tutela censuradas hicieron tránsito a cosa juzgada.

estado del 14 de julio de 2025se refuerza la improcedencia del amparo, toda vez que las sentencias de tutela censuradas hicieron tránsito a cosa juzgada.

Ahora bien, en lo que concierne a la supuesta orden de captura vigente en contra del accionante , conviene precisar que se trata de una temática que no fue abordada en el primer trámite constitucional cuestionado, ni en el escrito de tutela inicial, de modo que esta Sala no puede pronunciarseRadicación n.° 11001-02-30-000-2025-01113-01 11

sobre aquella, so pena de desconocer el derecho de defensa de las autoridades accionadas y vinculadas.

De esta manera, se confirmará la decisión impugnada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley CONFIRMA la sentencia del 24 de noviembre de 2025 proferida por la Sala de Decisión de Tutelas n.° 3 de la Sala de Casación Penal.

Se ordena a las autoridades vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Const itucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ MagistradaRadicación n.° 11001-02-30-000-2025-01113-01 12

ANTONIO AGUSTÍN ALJURE SALAME

Conjuez

VIVIANA ANDREA CORTÉS URIBE

Conjuez

JAIME HUMBERTO TOBAR ORDOÑEZ

Conjuez