CSJ - STC21148-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21148-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06252-00 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Se resuelve la acción de tutela instaurada por Astrid Fernanda Cantor Varela contra la Sala de Casación Penal de esta Corporación, extensiva a todas las autoridades, partes e intervinientes en el proceso penal 11001310700620170000501.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

La accionante solicitó al juez constitucional dejar sin efecto la sentencia SP238-2026 del 24 de abril de 2026, mediante la cual la Sala de Casación Penal dispuso no casar el fallo del 27 de octubre de 2022, por el que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia de primer grado que condenó a la tutelante y aRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06252-00 2

otros a 72 meses de prisión, tras hallarlos culpables del delito de concierto para delinquir agravado. En consecuencia, pidió que se ordene a la autoridad accionada que profiera una nueva «sentencia de reemplazo» en la que subsane los defectos en los que presuntamente incurrió, y ordene su absolución.

De manera subsidiaria, solicitó que se declare la nulidad de toda la actuación penal y que se le conceda la prisión domiciliaria.

subsane los defectos en los que presuntamente incurrió, y ordene su absolución.

De manera subsidiaria, solicitó que se declare la nulidad de toda la actuación penal y que se le conceda la prisión domiciliaria.

La gestora aduce que, al proferir la sentencia cuestionada, la Sala de Casación Penal omitió valorar que el delegado de la Fiscalía que adelantó el proceso penal en su contra carecía de competencia para ello, en la medida en que, de conformidad con la resolución emitida el 2 de marzo de 2010, el Vicefiscal General de la Nación ordenó compulsar copias para que los hechos objeto de investigación ocurridos en el año 2005 fueran investigados bajo la ley 906 de 2004. A su juicio, el delegado del ente acusador que conoció del proceso «extendió tramposamente» el marco fáctico hasta octubre de 2005 para burlar la prescripción de la acción penal.

Señala que entre 2010 y 2016 la Fiscalía la marginó de la investigación, pues recolectó pruebas «a [sus] espaldas» sin garantizarle el acceso al expediente, sin citarla a la diligencia de ampliación de indagatoria y sin notificarla debidamente del cierre de la investigación ni de la resolución de acusación, lo que cercenó su derecho deRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06252-00 3

defensa. Afirma que, para maquillar esa presunta situación de indefensión, se le asignó un defensor de oficio que calificó de «inoperante».

Además, a su juicio, los jueces de instancia y la Sala accionada aplicaron en su caso un estándar prohibido,

situación de indefensión, se le asignó un defensor de oficio que calificó de «inoperante».

Además, a su juicio, los jueces de instancia y la Sala accionada aplicaron en su caso un estándar prohibido, propio de la responsabilidad objetiva, toda vez que fue condenada por su pertenencia al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), sin que se individualizara su aporte a los fines delictivos del concierto.

También atribuye a la Sala de Casación Penal un desconocimiento de su propio precedente, en tanto mediante sentencia SP1188-2025 absolvió a su excompañero de trabajo con base en el mismo expediente, y exigió prueba del aporte individual y doloso, lo que no ocurrió en su caso.

Por último, reprocha que la providencia objeto de censura haya incurrido en múltiples yerros de valoración probatoria, particularmente, en la apreciación de las declaraciones de varios de sus pares que daban cuenta únicamente de su presencia física en la oficina y descartaban que en 2004 la accionante hubiere contribuido a la realización de los hechos investigados. También cuestiona las conclusiones de los jueces de instancia sobre la forma en que opera la cadena de mando en la organización de la que hizo parte.

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOSRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06252-00

4

El despacho de la Sala de Casación Penal que fungió como ponente de la sentencia criticada relacionó las actuaciones surtidas e indicó que resolvió la totalidad los cargos planteados en la demanda de casación con base en el

4

El despacho de la Sala de Casación Penal que fungió como ponente de la sentencia criticada relacionó las actuaciones surtidas e indicó que resolvió la totalidad los cargos planteados en la demanda de casación con base en el principio de limitación y el carácter rogado del recurso de casación. Se remitió a las consideraciones esgrimidas en el proveído cuestionado y señaló que la sentencia SP1188-2025 que invoca el accionante versó sobre el delito de tortura y no sobre concierto para delinquir.

La Fiscalía 11 delegada ante la Corte Suprema de Justicia defendió la legalidad de la sentencia cuestionada y advirtió que no se configuró ningún yerro que torne procedente la tutela contra providencia judicial.

El Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá recapituló la actuación y afirmó que las inconformidades de la accionante ya fueron planteadas en el curso del proceso penal y zanjadas por las autoridades competentes, sin que la tutela constituya una instancia adicional para reabrir debates.

El apoderado de la accionante en el proceso cuestionado coadyuvó las pretensiones en similares términos

CONSIDERACIONES

Esta Sala tiene decantado que «el mecanismo de amparo constitucional no está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos aRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06252-00 5

quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar

5

quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia» (CSJ STC2270-2025, entre otras). En este orden, se negará el resguardo, comoquiera que la determinación censurada es razonable y no revela defecto alguno.

Tal y como se reseñó, mediante la sentencia SP2382026 del 24 de abril de 2026, la Sala de Casación Penal decidió no casar la providencia del 27 de octubre de 2022 por medio de la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena impuesta a la accionante en primera instancia, consistente en 72 meses de prisión, como coautora del punible de concierto para delinquir agravado.

En el fallo atacado, la Sala homóloga penal recordó preliminarmente los hechos que fueron objeto de la resolución de acusación, así como las actuaciones procesales adelantadas. Luego, reseñó individualmente los reparos formulados por cada uno de los recurrentes, entre ellos los del apoderado de la tutelante que coinciden parcialmente con los esbozados en sede constitucional. En efecto, en dicho apartado consignó que, en la sustentación del recurso, el defensor de la accionante formuló cinco (5) cargos, todos dirigidos a solicitar la nulidad de lo actuado, en esencia, por falta de competencia del fiscal que adelantó la instrucción y por violación al derecho de defensa. Además, recordó que, mientras estaba en estudio el recurso de casación, el abogado allegó una solicitud de prescripción de la acción

falta de competencia del fiscal que adelantó la instrucción y por violación al derecho de defensa. Además, recordó que, mientras estaba en estudio el recurso de casación, el abogado allegó una solicitud de prescripción de la acción penal.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06252-00 6

Teniendo en cuenta la anterior consideración y tras revisar la providencia cuestionada, se advierte que el análisis que brindó la Sala de Casación Penal respecto de la situación de la aquí gestora no versó sobre aspectos sustanciales ni sobre su responsabilidad penal, sino que consistió en un estudio del cómputo del término de prescripción de la acción penal, así como de las actuaciones procesales que, a juicio del defensor, adolecen de vicios que ameritan anular y retrotraer la actuación. Lo anterior por cuanto ese fue el objeto de los reparos ventilados en la sustentación del recurso extraordinario.

En este orden de ideas, las censuras mediante las cuales la actora del presente resguardo cuestionó en sede constitucional la presunta aplicación de estándares de responsabilidad objetiva en su contra, el desconocimiento de la sentencia SP1188-2025 y la valoración probatoria efectuada por los jueces de instancia respecto de las declaraciones de varios de sus excompañeros resultan a todas luces improcedentes. Ello, pues no fueron puestas de presente ante el juez natural de la causa por medio de los instrumentos idóneos que la ley consagra para tal efecto.

En ese sentido, como dichos cuestionamientos desatienden el principio de subsidiariedad, esta Sala Especializada centrará su atención en los aspectos por los cuales la autoridad accionada despachó desfavorablemente

En ese sentido, como dichos cuestionamientos desatienden el principio de subsidiariedad, esta Sala Especializada centrará su atención en los aspectos por los cuales la autoridad accionada despachó desfavorablemente las solicitudes de prescripción de la acción penal y nulidad, por falta de competencia y violación al derecho de defensa, ya que fue ese el objeto del debate propiciado por la defensaRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06252-00 7

de la tutelante a través del recurso extraordinario y vuelven a ser objeto de reproche por esta senda. Los argumentos que no fueron ventilados en casación no serán objeto de análisis en este resguardo.

1. De la prescripción de la acción penal

Luego de explicar detalladamente la forma en la que opera el fenómeno prescriptivo para el delito de concierto para delinquir y la aplicación de lo normado en el artículo 86 del Código Penal y el artículo 14 de la ley 890 de 2004, la Sala de Casación Penal señaló que el límite previsto en esas disposiciones se cumpliría el 3 de mayo de 2026. Ello, pues al resultado del cómputo del término debían sumarse cuatro (4) meses y cinco (5) días correspondientes al lapso durante el cual se tramitaron dos recusaciones ante los jueces de instancia, tiempo durante el cual se suspende el término prescriptivo de conformidad con el artículo 108 de la Ley 600 de 2000.

Entonces, refulge con claridad que, al proferir la sentencia del 24 de abril de 2026, la Sala de Casación Penal realizó un análisis detallado y motivado en el que descartó la prescripción de la acción penal, con base en la normativa

Entonces, refulge con claridad que, al proferir la sentencia del 24 de abril de 2026, la Sala de Casación Penal realizó un análisis detallado y motivado en el que descartó la prescripción de la acción penal, con base en la normativa aplicable a las conductas objeto de investigación y la documentación que reposa en el expediente. En verdad, lo pretendido por la accionante es reabrir un debate en sede constitucional que ya fue zanjado por el órgano de cierre de la justicia penal, sin que demuestre la incursión de la SalaRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06252-00 8

accionada en el defecto endilgado respecto del raciocinio desplegado en torno a la prescripción de la acción.

2. De la nulidad por falta de competencia de la Fiscalía que tramitó el proceso penal cuestionado

Frente a este punto, la actora censura que la Fiscalía 11 delegada ante la Corte Suprema, que tramitó en un primer momento el proceso, perdió competencia con ocasión de la resolución del 2 de marzo de 2010, emitida por el Vicefiscal General de la Nación. No obstante, como lo señaló la Magistratura accionada, de acuerdo con las pautas de la ley 600 de 2000 y su propia jurisprudencia, «la competencia de la Fiscalía General de la Nación es general, y las asignaciones internas o especializadas no afectan, per se, la validez de los actos de instrucción, salvo cuando se trate de asuntos expresamente exceptuados, como ocurre con los procesos contra aforados».

Seguidamente, descartó que el asunto bajo estudio

actos de instrucción, salvo cuando se trate de asuntos expresamente exceptuados, como ocurre con los procesos contra aforados».

Seguidamente, descartó que el asunto bajo estudio fuera de aquellos que involucran algún aforado y citó la Resolución 02090 del 28 de mayo de 2009, por la cual el Fiscal General de la Nación revistió de facultades al despacho delegado para conocer de los hechos que tuvieron lugar en el caso del DAS, aun cuando a ellos no concurrieran sujetos que gozaran de fuero.

En esos términos y dando aplicación a la normativa pertinente, la Sala de Casación Penal desvirtuó el reproche de la tutelante sobre la falta de competencia de la Fiscalía 11Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06252-00 9

delegada ante la Corte Suprema para adelantar la instrucción en su contra. Cosa distinta es que la gestora disienta de dicha conclusión, lo que no torna lo allí resuelto en una decisión antojadiza o arbitraria que amerite la intervención del juez de tutela.

3. De la nulidad por violación al derecho de defensa

Por último, al abordar la censura sobre la alegada situación de indefensión presentada durante la fase de instrucción, la autoridad judicial accionada recapituló la actuación procesal y afirmó que la procesada fue vinculada mediante indagatoria el 24 de noviembre de 2009, diligencia en la que nombró a su apoderado de confianza.

Señaló que el cierre de la investigación respecto de ella y otros coprocesados tuvo lugar el 4 de diciembre de 2015 en

en la que nombró a su apoderado de confianza.

Señaló que el cierre de la investigación respecto de ella y otros coprocesados tuvo lugar el 4 de diciembre de 2015 en presencia de un defensor de oficio que le fue asignado, tras la imposibilidad de ubicarla en los datos que había brindado desde su vinculación. Además, indicó que en el expediente obra constancia de que se había citado a los procesados para que concurrieran «al enteramiento personal del pliego de cargos».

Luego, recordó la Sala convocada la trascendencia del derecho de defensa y precisó que dicha garantía no implica un «deber estatal de imponer una estrategia defensiva activa o exitosa, ni elimina el margen de autonomía técnica del defensor, ni la carga mínima de diligencia que también recae sobre el procesado una vez válidamente vinculado». Por ello,Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06252-00 10

como la vinculación de la ahora accionante se surtió en debida forma en la diligencia del 24 de noviembre de 2009, con posterioridad a esa actuación desplegó actos de defensa material y, años después, se le proveyó un defensor de oficio, encontró inexistente el estado de indefensión denunciado.

De ahí que para esta instancia constitucional tampoco se abra paso el desconocimiento del derecho de defensa alegado. En verdad, como se reseñó líneas atrás, la Sala homóloga penal analizó expresamente los cargos plasmados en la sustentación del recurso de casación y los contrastó con las actuaciones surtidas en la fase instructiva de la

alegado. En verdad, como se reseñó líneas atrás, la Sala homóloga penal analizó expresamente los cargos plasmados en la sustentación del recurso de casación y los contrastó con las actuaciones surtidas en la fase instructiva de la causa cuestionada, para concluir con claridad que la procesada fue debidamente vinculada al asunto y estuvo en posibilidad de ejercer su derecho de defensa en las oportunidades correspondientes.

En este orden de ideas, no se encuentra acreditado ninguno de los defectos endilgados a la providencia criticada. Lo que en realidad existe es una disparidad de criterios en torno a la apreciación de las circunstancias del caso y a la hermenéutica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego, en tanto no se puede «imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica valoración probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes» (CSJ STC10939-2021, STC12501-2022, reiterada en STC15424-2022).

En definitiva, se negará la protección implorada.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06252-00 11

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución, resuelve NEGAR la tutela instada por Astrid Fernanda Cantor Varela contra la Sala de Casación Penal de esta Corporación.

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este

Constitución, resuelve NEGAR la tutela instada por Astrid Fernanda Cantor Varela contra la Sala de Casación Penal de esta Corporación.

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de no impugnarse esta resolución.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(En comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06252-00

12

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: 848EE184EB4879650AB682063D9BAE0F25336F4646469EB954DF45E12AF9904C

en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: 848EE184EB4879650AB682063D9BAE0F25336F4646469EB954DF45E12AF9904C Documento generado en 2026-10-30