CSJ - STC21150-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21150-2026 Radicación nº 11001-02-03-000-2026-06328-00 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela instaurada por Danny Mauricio Zapata Moreno contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga y el Juzgado Noveno de Familia de esa ciudad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de divorcio No. 68001-31-10009-2025-00084-01.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

La parte actora deriva la lesión de sus derechos fundamentales del auto del 3 de marzo de 2026, mediante el cual el Tribunal accionado confirmó el proveído del 12 de mayo de 2025 emitido por el juzgado convocado, que fijó una cuota alimentaria provisional de $3.500.000 mensuales a suRadicación nº 11001-02-03-000-2026-06328-00 2

cargo y en favor de Andrea Torres Roberto y del nasciturus, y decretó el embargo de su salario y cesantías, dentro del proceso de divorcio No. 2025-00084-01 interpuesto por la prenombrada.

Señala que la decisión cuestionada estableció una cuota alimentaria desproporcionada, sustentada en desprendibles de nómina del año 2024, documentos que no reflejan sus ingresos actuales.

prenombrada.

Señala que la decisión cuestionada estableció una cuota alimentaria desproporcionada, sustentada en desprendibles de nómina del año 2024, documentos que no reflejan sus ingresos actuales.

Indica que pese a reconocerse la incertidumbre sobre su capacidad económica, no se dispuso la práctica de pruebas de oficio ni se exigieron certificaciones laborales actualizadas para determinar sus ingresos reales, y que no se ponderaron sus obligaciones de manutención respecto de su madre adulta mayor y de otro hijo, circunstancias que comprometen su mínimo vital y el de las personas que dependen económicamente de él.

Manifiesta que la información salarial y financiera aportada por la demandante fue obtenida sin su autorización ni orden judicial para levantar la reserva, y que no se efectuó un control sobre la licitud de esos documentos.

Añade que se le ha impedido conocer y establecer vínculos afectivos con su hija desde su nacimiento, afectándose su derecho a la paternidad y al régimen de visitas.Radicación nº 11001-02-03-000-2026-06328-00 3

En consecuencia, para la protección de sus garantías esenciales solicita (i) dejar sin efectos la providencia censurada y ordenar una nueva valoración de su capacidad económica, con práctica de pruebas de oficio y atendiendo a sus obligaciones; (ii) disponer que se efectúe el control de licitud de la información salarial aportada por la demandante y evitar reportes en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), y (iii) establecer provisionalmente un régimen de visitas que garantice el contacto y la construcción

licitud de la información salarial aportada por la demandante y evitar reportes en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), y (iii) establecer provisionalmente un régimen de visitas que garantice el contacto y la construcción de vínculos afectivos con su hija.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

El Tribunal accionado expuso que el proveído del 3 de marzo de 2026 está debidamente motivado y sustentado en las disposiciones legales y en los precedentes jurisprudenciales aplicables.

La Defensoría de Familia de la Regional Santander refirió que no se cumple con el requisito de la inmediatez, pues la salvaguarda se presentó un año y cinco meses después de la emisión del auto del 12 de mayo de 2025.

Andrea Torres Roberto, demandada en el proceso debatido y vinculada a la tutela, expresó que no se satisface el presupuesto de inmediatez en relación con la determinación del 12 de mayo de 2025, y que hay ausencia de subsidiariedad porque el accionante controvirtió la cuota alimentaria mediante los recursos ordinarios, promovió una demanda de regulación de alimentos y visitas y solicitó laRadicación nº 11001-02-03-000-2026-06328-00 4

reducción de la cuota provisional dentro del proceso de familia, sin obtener decisiones favorables.

CONSIDERACIONES

De forma preliminar, se advierte que la acción de tutela se negará toda vez que no cumplen los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, como pasa a explicarse.

1. Inmediatez.

El auto reprochado fue proferido por el Tribunal

De forma preliminar, se advierte que la acción de tutela se negará toda vez que no cumplen los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, como pasa a explicarse.

1. Inmediatez.

El auto reprochado fue proferido por el Tribunal accionado el 3 de marzo de 2026, decisión notificada en estado electrónico el día siguiente, y la tutela se radicó el 9 de octubre del mismo año, es decir, transcurrió entre ambas fechas un término superior al de seis (6) meses al que alude la jurisprudencia como razonable y proporcional para que la persona que se crea afectada en sus derechos fundamentales acuda a esta herramienta constitucional.

Además, el actor no alegó y menos probó a qué obedeció la tardanza en acudir a esta herramienta extraordinaria, así como tampoco acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez constitucional como mecanismo transitorio.

En la materia, esta Sala ha sostenido que:

«(…) a este sendero debe acudirse dentro de los seis (6) meses siguientes a la vulneración denunciada. Es decir, debe intentarse «en un plazo que no puede superar el semestre contado a partir deRadicación nº 11001-02-03-000-2026-06328-00 5

la actuación que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales (…)». De lo contrario, el juez constitucional no podrá descender al fondo del reclamo supralegal y, en consecuencia, deberá declararlo improcedente» (STC4730-2025, reiterado en STC2433-2026, STC15250-2026 y STC16138-2026, entre otras).

descender al fondo del reclamo supralegal y, en consecuencia, deberá declararlo improcedente» (STC4730-2025, reiterado en STC2433-2026, STC15250-2026 y STC16138-2026, entre otras).

2. Subsidiariedad.

Las solicitudes formuladas por el convocante en el escrito de tutela, consistentes en realizar un control de licitud de la información salarial aportada por la demandante, evitar reportes en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), y establecer un régimen de visitas provisional con su menor hija, deben ser planteadas ante el juez que conoce del proceso controvertido, pues el amparo es un mecanismo subsidiario y residual que no está previsto para desplazar las herramientas ordinarias de defensa que las partes tienen a su alcance, ni para sustituir al fallador natural en los pronunciamientos que le corresponde adoptar en el marco de sus competencias.

Sobre el particular, la jurisprudencia ha expuesto:

«4.2. Se reitera entonces que al juez excepcional le está prohibido atribuirse facultades que no le corresponden para desatar de fondo el asunto, en tanto que ello sólo se habilita cuando la parte interesada ya se dirigió ante la autoridad competente para exponer su requerimiento y no obtuvo respuesta, o la misma fue desfavorable en términos de arbitrariedad, o también cuando se encuentra incurso en dilación injustificada para pronunciarse, circunstancias estas que no se cumplen en el caso que nos ocupa.

Al respecto, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido, «en tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los

dilación injustificada para pronunciarse, circunstancias estas que no se cumplen en el caso que nos ocupa.

Al respecto, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido, «en tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial de protección es, por excelencia, elRadicación nº 11001-02-03-000-2026-06328-00 6

proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipotética vulneración de sus derechos fundamentales, si gozó y aún cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (…). Por lo demás, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, según la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le está vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (…) para que de una manera rápida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reitérase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera específica señale la ley (…)» (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 2009-00312-01, citada entre otras muchas en STC7399-2024, STC8448-2024 y STC16067-2024). (Se subraya).

También ha indicado que «no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisión que por competencia debe

STC7399-2024, STC8448-2024 y STC16067-2024). (Se subraya).

También ha indicado que «no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisión que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas válidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocería el carácter residual de esta senda y las normas de orden público, que son de obligatoria aplicación, con la consiguiente alteración de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa» (CSJ STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-00, citada entre otras en STC2745-2024, STC7413-2024 y STC8448-2024).» (CSJ. STC12566-2025, reiterada en STC11537-2026, STC13492-2026 y STC20118-2026) (Negrillas fuera del texto).

Puestas así las cosas, se desestimará el auxilio ante la ausencia de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República deRadicación nº 11001-02-03-000-2026-06328-00 7

Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la tutela instaurada por Danny Mauricio Zapata Moreno.

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este

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Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la tutela instaurada por Danny Mauricio Zapata Moreno.

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de no impugnarse esta resolución.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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