CSJ - STC21152-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21152-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06322-00 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Se decide la acción de tutela promovida por Javier Hernán Calderón Gordillo contra la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, trámite extensivo a las partes e intervinientes en el proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso radicado 11001-31-10-001-202300213-01.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

El accionante reclama la protección de sus derechos fundamentales que estima vulnerados con la sentencia del 18 de septiembre de 2026, mediante la cual la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá confirmó suRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06322-00 2 declaración como cónyuge culpable y la cuota alimentaria fijada a su cargo, y habilitó un trámite incidental de reparación a favor de su excónyuge.

Del expediente se evidencia que Beisy Marcela Rojas Clavijo demandó la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso que contrajo con el convocante el 18 de marzo de 2000. Invocó las causales 1, 2, 3 y 8 del artículo 154 del Código Civil, pidió que se declarara culpable al demandado y se le condenara a suministrarle alimentos

marzo de 2000. Invocó las causales 1, 2, 3 y 8 del artículo 154 del Código Civil, pidió que se declarara culpable al demandado y se le condenara a suministrarle alimentos equivalentes al 30 % de su salario.

El Juzgado Treinta y Cuatro de Familia de Bogotá, mediante proveído del 8 de julio de 2025, decretó la cesación de efectos civiles por las causales 3 y 8, declaró al demandado cónyuge culpable por la causal 3 relativa al maltrato, declaró disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal y le impuso una cuota alimentaria del 25 % de su mesada pensional a favor de la demandante.

Javier Hernán Calderón Gordillo apeló, cuestionó que fuera declarado cónyuge culpable, así como la fijación de la cuota alimentaria. El Tribunal, mediante sentencia del 18 de septiembre de 2026, confirmó la decisión de primea instancia y habilitó una vía incidental especial de reparación con el fin de que la demandante, si así lo considera, solicite la tasación de los perjuicios causados.

El accionante reprocha al Tribunal una valoración probatoria desigual, porque considera que restó mérito a losRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06322-00 3 testigos por desconocer la intimidad de la pareja, mientras atribuyó a sus hijos conocimiento directo de la relación, sin distinguir sus percepciones de los relatos maternos o sus inferencias. Cuestiona que los registros psicológicos de 2005 sustentaran un patrón permanente de violencia, sin considerar que también lo describen como «amoroso y responsable»

distinguir sus percepciones de los relatos maternos o sus inferencias. Cuestiona que los registros psicológicos de 2005 sustentaran un patrón permanente de violencia, sin considerar que también lo describen como «amoroso y responsable»

Adicionalmente, cuestiona que se omitiera su comunicación del 23 de septiembre de 2019 a la Defensoría del Pueblo sobre las amenazas que habrían motivado su salida del país, y que el enfoque de género se utilizara para reforzar la prueba de la violencia que debía demostrarse. Añade que la cuota alimentaria del 25 % se fijó sin valorar su capacidad económica ni la obligación con su hijo Juan Esteban, quien afirma continúa estudiando, y que el incidente de reparación se fundó en una violencia no demostrada.

Por ello, solicita dejar sin efectos la sentencia del 18 de septiembre de 2026 y ordenar una nueva que valore uniformemente las pruebas. Pide, además, dejar sin efectos la habilitación del incidente de reparación o supeditarlo al nuevo fallo.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Treinta y Cuatro de Familia de Bogotá remitieron el expediente del proceso de cesación de efectos civiles deRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06322-00 4 matrimonio religioso y la información relativa a las partes de este.

CONSIDERACIONES

La Corte negará el amparo porque la sentencia del 18 de septiembre de 2026, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, es razonable.

este.

CONSIDERACIONES

La Corte negará el amparo porque la sentencia del 18 de septiembre de 2026, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, es razonable.

En primer lugar, el accionante cuestiona que la convivencia de sus hijos con la pareja se tomara como conocimiento directo de toda la relación. Sin embargo, el tribunal no acogió esas declaraciones de manera genérica, sino que identifico los episodios que cada uno presenció. De Johan David destaco la escena ocurrida en los Estados Unidos en la que el accionante se refirió a su madre en términos despectivos, y de Javier Santiago, que su padre la mandaba a callar, elevaba la voz ante cualquier opinión suya, se opuso a que ella trabajara y le exigió rendir cuentas de cada gasto, aun desde el exterior. Así lo consignó:

«Adicionalmente, Johan David dio cuenta de la agresión verbal presenciada directamente por él, en hecho ocurrido en los Estados Unidos, durante el cual su padre se dirigió a su progenitora en términos despectivos, expresándole: “No sea bruta, no diga eso”, situación que motivó la inmediata intervención del propio testigo para exigirle respeto. (…) Adicionalmente, relató que, aun cuando el demandado residía en los Estados Unidos, ejercía un estricto control sobre los gastos del hogar, al punto de exigir explicaciones detalladas sobre el destino de los recursos enviados, situación que llevó al testigo a afirmar que su madre debía rendir cuentas por prácticamente cualquier gasto que realizara».

A esos relatos se sumó la declaración del propio

detalladas sobre el destino de los recursos enviados, situación que llevó al testigo a afirmar que su madre debía rendir cuentas por prácticamente cualquier gasto que realizara».

A esos relatos se sumó la declaración del propio accionante, de la que se dedujo, que era el quien definía elRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06322-00 5 lugar de su esposa en el hogar. Al respecto, consideró la autoridad accionada que «Aunque el demandado afirma que era su cónyuge quien administraba y dirigía el hogar, de su propia declaración se desprende que era él quien imponía las decisiones dirigidas a instrumentalizar a su esposa reduciéndola a los trabajos domésticos».

Tampoco se advierte que el Tribunal haya medido con estándares distintos a los de las pruebas de la demandante y las del accionante. El criterio que aplicó a todos los testigos fue el mismo, el conocimiento directo de la vida de la pareja.

Los hijos convivieron con sus padres durante años, mientras que la madre del accionante admitió que casi no iba a la casa de la pareja y Luis Enrique García Cobos reconoció que no escuchaba las conversaciones que el accionante sostenía con su familia. De este último, además, la Sala accionada si tuvo en cuenta lo que presenció durante la estadía de la familia en su vivienda, y lo valoró como corroboración de la «fractura de la relación». Sobre el alcance de los testimonios señalo:

«Como se observa, los testimonios de Liz Alicia Gordillo Guzmán, Sandra Echaverría García y Chiquinquirá Parada Segura no aportan certeza ni conocimiento de los hechos que se relatan por

de los testimonios señalo:

«Como se observa, los testimonios de Liz Alicia Gordillo Guzmán, Sandra Echaverría García y Chiquinquirá Parada Segura no aportan certeza ni conocimiento de los hechos que se relatan por el demandado, para desvirtuar lo acreditado por la parte actora; tal como se desprende de sus dichos, no tuvieron una participación constante en la cotidianidad de la convivencia matrimonial y, por ende, carecieron de la posibilidad de percibir de manera directa los acontecimientos que tenían lugar en la esfera privada de la pareja. (…) Por su parte, los hijos de las partes, testigos convocados por la demandante, convivieron durante años con las partes y, por ello, tuvieron conocimiento directo de la dinámica familiar, lo que les permitió relatar hechos ocurridos en la intimidad del hogar».Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06322-00 6 En cuanto a los registros psicológicos de enero de 2005, no se evidencia que se haya valorado solo en lo desfavorable al demandado, como él aduce. El tribunal confronto de manera expresa la lectura que este hizo de ellos en apelación, centrada en que allí se le describió como un esposo amoroso y responsable, y advirtió que ese mismo documento da cuenta del «conflicto» con el que la demandante intentaba no involucrar a su primogénito, y de un cónyuge «altamente celoso».

Tampoco empleó esos registros como prueba autónoma de un patrón de violencia de veinte años, sino como un indicio de la veracidad del relato de la demandante, por haber

celoso».

Tampoco empleó esos registros como prueba autónoma de un patrón de violencia de veinte años, sino como un indicio de la veracidad del relato de la demandante, por haber sido elaborados mucho antes de que existiera el pleito. Así lo explico:

«Descripción de la que, si bien el apelante pretende allí centrar la atención únicamente en que fue “un buen esposo, amoroso, pendiente de mí y de los niños", ello comporta una lectura fragmentada de la prueba, por cuanto, deja de lado que la demandante refirió que intenta no involucrar a su primogénito en el “conflicto”. (…) Para la Sala, la existencia de registros clínicos elaborados aproximadamente dieciocho años antes de la presentación de la demanda constituye un indicio particularmente significativo de veracidad, pues demuestra que los conflictos y agresiones referidos por la demandante anteceden ampliamente el inicio de esta controversia judicial».

La falta de denuncias, medidas de protección o antecedentes, que el accionante echa de menos, también fue considerada por la Sala accionada, que explicó por qué no le restaba suficiencia a la prueba recaudada:

«(…) la circunstancia de que la a quo haya dado crédito a los testimonios de los hijos de las partes y al dicho de la propia demandante para declarar cónyuge culpable a Javier HernánRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06322-00 7 Calderón Gordillo (…), sin que existieran pruebas documentales adicionales como denuncias ante las autoridades competentes o antecedentes disciplinarios o judiciales, no puede calificarse como una inadecuada valoración probatoria, pues, en ejercicio de su

7 Calderón Gordillo (…), sin que existieran pruebas documentales adicionales como denuncias ante las autoridades competentes o antecedentes disciplinarios o judiciales, no puede calificarse como una inadecuada valoración probatoria, pues, en ejercicio de su discreta autonomía, podía la juez de primer grado formar libremente su convencimiento conforme al análisis de las pruebas recaudadas, con sujeción a las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia».

La comunicación dirigida a la Defensoría del Pueblo el 23 de septiembre de 2019 fue incluida entre los documentos que el Tribunal consideró ajenos al debate. Su falta de valoración específica no incide en la decisión, pues las amenazas que habrían motivado la salida del país podrían explicar la separación, pero no desvirtúan los ultrajes y el trato acreditados como fundamento de la causal tercera. Ese documento guardaba relación con la causal segunda, descartada en primera instancia, y no con la que sustentó la declaratoria de culpa.

Por otro lado, de la sentencia se desprende que el enfoque de género no suplió la falta de prueba. El Tribunal acreditó los hechos con los testimonios de los hijos, los registros psicológicos y la declaración del accionante, y acudió a esa perspectiva para contextualizar la violencia ocurrida en la intimidad del hogar. Su conclusión se sustentó en las pruebas, no en dicho enfoque.

La STC043-2024 invocada por el accionante no resulta determinante para el sub examine. En esa oportunidad, la Corte dejó sin efectos una sentencia porque el Tribunal tuvo por probada la violencia psicológica sin examinar los roles de

La STC043-2024 invocada por el accionante no resulta determinante para el sub examine. En esa oportunidad, la Corte dejó sin efectos una sentencia porque el Tribunal tuvo por probada la violencia psicológica sin examinar los roles de la pareja, acudió a indicios sin identificar sus hechosRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06322-00 8 indicadores y valoró desigualmente testimonios que estaban en las mismas condiciones de conocimiento.

Aquí, en cambio, el Tribunal no presumió la vulnerabilidad de la demandante por el hecho de ser mujer, sino que la estableció a partir de su dependencia económica, la oposición del accionante a que trabajara y el control de los gastos del hogar. Tampoco presumió la violencia, la sustentó en los hechos presenciados por los hijos y en la declaración del propio accionante, mientras que los registros psicológicos de 2005 sirvieron como indicio de credibilidad del relato, por haberse elaborado dieciocho años antes del litigio. Además, los testigos no estaban en iguales condiciones, pues los hijos convivieron con la pareja y presenciaron los hechos, mientras que los de descargo admitieron desconocer su intimidad. Por tanto, la valoración probatoria respetó el criterio de igualdad exigido en ese precedente.

Frente a los alimentos, el Tribunal atendió el reparo que se le planteó. Tuvo por demostrada la necesidad de la demandante porque está desempleada, no se probó que percibía la renta del inmueble social y las ayudas de sus hijos son esporádicas, y para fijar el monto consideró la obligación del accionante con su hijo Juan Esteban, que fue

demandante porque está desempleada, no se probó que percibía la renta del inmueble social y las ayudas de sus hijos son esporádicas, y para fijar el monto consideró la obligación del accionante con su hijo Juan Esteban, que fue precisamente lo que este echo de menos en la apelación, junto con su pensión y sus ingresos en los Estados Unidos.

Así lo razonó:

«(…) tales recursos no acreditan capacidad económica suficiente para atender de manera autónoma sus necesidades básicas, especialmente si se considera la ausencia de aportes permanentesRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06322-00 9 por parte del demandado y el carácter esporádico de las ayudas suministradas por sus hijos (…) Ahora, en cuanto al monto, la a quo los tasó en el 25 % de lo devengado por el demandado en su mesada pensional, suma razonable si se tiene en cuenta que, en efecto, con la declaración juramentada de su hijo Juan Esteban Calderón Sanabria del año 2023, refiere que su papá le reconoce una cuota alimentaria mensual de $600.000 y en junio y diciembre le da una cuota adicional por igual valor, así como que responde por gastos adicionales, sin precisarlos ni acreditarse por el demandado».

Así las cosas, se concluye que la providencia cuestionada examinó cada uno de los reparos de la apelación, valoró las pruebas y explicó las razones por la que confirmo la culpa del accionante y la cuota alimentaria, de modo que lo que plantea el convocante es una lectura distinta del mismo acervo probatorio, que no habilita la

apelación, valoró las pruebas y explicó las razones por la que confirmo la culpa del accionante y la cuota alimentaria, de modo que lo que plantea el convocante es una lectura distinta del mismo acervo probatorio, que no habilita la intervención del juez constitucional, pues esta Sala ha reiterado que:

«independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, la reseñada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque éste pueda ser susceptible de otra exégesis; (...)» (CSJ STC, 18 mar. 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01,

STC18355-2025, STC19258-2025, STC1375-2026 y

STC863-2026).

Finalmente, tampoco procede dejar sin efectos la habilitación del incidente de reparación, pues el accionante sustenta ese reproche en los supuestos defectos probatorios que llevaron a declarar la violencia, los cuales no se advierten. Además, la habilitación no constituye una condena indemnizatoria y será en ese trámite donde podrá controvertir los perjuicios que se reclamen.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06322-00 10 Por las razones expuestas, se negará el amparo solicitado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

10 Por las razones expuestas, se negará el amparo solicitado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución, resuelve NEGAR la tutela instaurada por Javier Hernán Calderón Gordillo.

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de no impugnarse esta resolución.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMARadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06322-00

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ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto

Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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