CSJ - STC21153-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21153-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06224-00 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Se decide la acción de tutela promovida por Fredy Hernán López Aristizábal contra la contra la Sala CivilFamilia del Tribunal Superior de Manizales y el Juzgado Tercero de Familia de Manizales, trámite extensivo a las partes e intervinientes en el proceso de liquidación de sociedad conyugal radicado 17001-31-10-003-2025-0037100.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

El accionante reclama la protección de sus derechos fundamentales que considera vulnerados con el auto del 4 de agosto de 2026 por medio del cual el tribunal convocadoRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06224-00 2 confirmó la decisión que excluyó del inventario la totalidad de los pasivos que denunció en el proceso de liquidación de sociedad conyugal promovido en su contra por Ilba Doris Cardona Ortíz.

En el expediente se evidencia que, la sociedad conyugal estuvo vigente entre el 5 de agosto de 2022 y el 26 de junio de 2025. Admitida la demanda de liquidación el 20 de agosto de 2025, la demandante inventarió un inmueble ubicado en Marulanda, Caldas, una camioneta y dos motocicletas, sin

de 2025. Admitida la demanda de liquidación el 20 de agosto de 2025, la demandante inventarió un inmueble ubicado en Marulanda, Caldas, una camioneta y dos motocicletas, sin relacionar pasivos. El demandado denunció varias obligaciones a favor de entidades financieras, comerciales y de servicios, así como una deuda con un familiar respaldada en una letra de cambio. Ante las objeciones, el Juzgado ofició al Banco Agrario para establecer si los créditos se invirtieron en el inmueble y requirió al demandado para que aportara los títulos ejecutivos correspondientes.

En audiencia de 8 de julio de 2026, el Juzgado declaró fundadas las objeciones de la demandante y fijó el pasivo social en cero, porque, pese al requerimiento, solo se aportaron extractos, estados de cuenta y certificaciones, mas no los títulos ejecutivos exigidos por el artículo 501 del Código General del Proceso. También excluyó la letra de cambio por haberse suscrito antes del matrimonio y acogió el avalúo de la camioneta propuesto por la demandante.

Al resolver la apelación, el Tribunal confirmó la decisión mediante auto de 4 de agosto de 2026. Aunque reconoció que existían documentos sobre algunas obligaciones, incluida laRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06224-00 3 respuesta del Banco Agrario que acreditaba el desembolso de un crédito destinado a la siembra de café en el predio El Porvenir, consideró que no suplían los títulos exigidos para incluir los pasivos. Agregó que los acreedores no comparecieron a la audiencia y que el juez no debía suplir la

un crédito destinado a la siembra de café en el predio El Porvenir, consideró que no suplían los títulos exigidos para incluir los pasivos. Agregó que los acreedores no comparecieron a la audiencia y que el juez no debía suplir la inactividad probatoria del demandado, por lo que resultaba innecesario examinar el carácter social de las deudas.

El accionante reprocha que el Tribunal excluyera los pasivos por falta de títulos ejecutivos, sin valorar individualmente las pruebas ni explicar su insuficiencia, especialmente frente a la respuesta del Banco Agrario. Alega defecto fáctico, motivación insuficiente y exceso ritual manifiesto, pues los pagarés estarían en poder de los acreedores. Añade que se omitió examinar el carácter social de las deudas, pese a incluirse en el activo bienes relacionados con ellas.

En consecuencia, solicita dejar sin efecto el auto de 4 de agosto de 2026, respecto de los pasivos, y ordenar al Tribunal resolver nuevamente la apelación, con valoración individual de las obligaciones y, de ser procedente, de su carácter social.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

La Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Manizales sostuvo que el auto del 4 de agosto de 2026, mediante el cual confirmó la decisión sobre las objeciones a los inventarios y avalúos, cuenta con sustento normativo yRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06224-00 4 jurisprudencial. Señaló que la discrepancia de criterios jurídicos no justifica, por sí sola, la intervención del juez

4 jurisprudencial. Señaló que la discrepancia de criterios jurídicos no justifica, por sí sola, la intervención del juez constitucional. Informó que el expediente fue devuelto al juzgado de origen el 16 de septiembre siguiente y remitió el enlace de la actuación.

El Juzgado Tercero de Familia de Manizales remitió el expediente del proceso.

CONSIDERACIONES

El amparo será negado porque el auto del 4 de agosto de 2026 proferido por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Manizales es razonable.

De la lectura de la providencia cuestionada, se observa que, contrario a lo afirmado por el accionante, el Tribunal sí examinó los documentos aportados. Relacionó las obligaciones denunciadas y sus soportes, incluidas las certificaciones del Banco Agrario y la respuesta de esa entidad sobre el crédito n.° 72501834005 0531, desembolsado para la siembra de café en el predio El Porvenir.

Reconoció que existían elementos demostrativos de algunas obligaciones, pero precisó que la controversia no recaía sobre su existencia material, sino sobre el cumplimiento de los requisitos del artículo 501 del Código General del Proceso para incorporarlas al pasivo social.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06224-00 5 Explicó que la norma permite incluir las obligaciones que consten en título que preste mérito ejecutivo y no sean objetadas, las que, sin reunir esa condición, sean aceptadas expresamente en la audiencia y los créditos de los acreedores que concurran a ella. Sin embargo, constató que la

que consten en título que preste mérito ejecutivo y no sean objetadas, las que, sin reunir esa condición, sean aceptadas expresamente en la audiencia y los créditos de los acreedores que concurran a ella. Sin embargo, constató que la demandante objetó las partidas, los acreedores no comparecieron y el demandado, pese al requerimiento del Juzgado, no aportó los títulos correspondientes.

Por ello, concluyó que los certificados de saldo, extractos, estados de cuenta y demás constancias no satisfacían esa exigencia, incluida la información del Banco Agrario sobre la destinación del crédito, pues «ninguno de esos documentos corresponde al título constitutivo de la obligación ni satisface la carga que la propia norma procesal impone para la inclusión del pasivo cuando existe controversia respecto de su reconocimiento».

Así las cosas, la exclusión de las obligaciones no obedeció a una falta de valoración individual, sino a que ninguna cumplía los requisitos legales para su incorporación, conclusión que el Tribunal sustentó en los documentos examinados.

Tampoco se advierte exceso ritual manifiesto pues la exigencia de un título que preste mérito ejecutivo está prevista expresamente en el artículo 501 del Código General del Proceso para las obligaciones objetadas que no sean aceptadas en audiencia. Además, el Tribunal explicó que suRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06224-00 6 exclusión del inventario no impedía a los acreedores reclamarlas en el proceso correspondiente.

En cuanto a la actividad probatoria oficiosa, la autoridad convocada señaló que el demandado tuvo la oportunidad de aportar los títulos y fue requerido

reclamarlas en el proceso correspondiente.

En cuanto a la actividad probatoria oficiosa, la autoridad convocada señaló que el demandado tuvo la oportunidad de aportar los títulos y fue requerido expresamente para ello, sin cumplir esa carga. Por tanto, estimó que no correspondía al juez suplir su inactividad probatoria, razonamiento que tampoco resulta arbitrario.

Frente al carácter social de las deudas, el Tribunal no desconoció el criterio de esta Sala, sino que precisó que la presunción de sociabilidad de las obligaciones contraídas durante el matrimonio no exime de cumplir los requisitos del artículo 501 previamente citado. De ahí que considerara innecesario examinar ese aspecto, una vez establecida la improcedencia de su inclusión en el inventario.

De este modo, la providencia cuestionada respondió los reparos de la apelación con razones fundadas en la norma aplicable, el material probatorio y la conducta procesal del demandado. Que el accionante discrepe de esa interpretación no significa que la decisión sea arbitraria, incurra en defecto fáctico o carezca de motivación. Como ya ha señalado de manera pacífica esta Corporación:

«independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, la reseñada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque éste pueda ser susceptible de otra

de hecho, la reseñada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque éste pueda ser susceptible de otra exégesis; (...)» (CSJ STC, 18 mar. 2010, exp. 00367-00,Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06224-00 7 reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01,

STC18355-2025, STC19258-2025, STC1375-2026 y

STC863-2026).

Por otra parte, los cuestionamientos relativos a la letra de cambio por $35.000.000 y a la imposibilidad de obtener los pagarés no superan el requisito de subsidiariedad. El accionante no controvirtió en la apelación la exclusión de aquella por haberse suscrito antes del matrimonio, ni planteó que los pagarés solo podían obtenerse una vez canceladas las obligaciones, pues se limitó a afirmar que no habían podido recaudarse. No puede, entonces, acudir a la tutela para introducir argumentos que omitió ante el juez natural.

Por las razones expuestas, se negará el amparo solicitado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución, resuelve NEGAR la tutela instaurada por Fredy Hernán López Aristizábal.

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control

Constitución, resuelve NEGAR la tutela instaurada por Fredy Hernán López Aristizábal.

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de no impugnarse esta resolución.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06224-00 8

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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