CSJ - STC21157-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21157-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-04034-00 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Esta acción de tutela se radicó el 14 de junio de 2026 y mediante auto ATC3007-2026 del 20 de octubre de 2026, la Sala de Conjueces aceptó los impedimentos manifestados por los magistrados Martha Patricia Guzmán Álvarez y Francisco Ternera Barrios, en consecuencia, los separó del conocimiento y dispuso devolver el expediente al despacho de la magistrada ponente.

Advertido lo anterior, decide la Corte la acción de tutela instaurada por Carlos Enrique Quintero Solano, mediante apoderado judicial, contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a las partesRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-04034-00 2

e intervinientes en el proceso de resolución de contratos radicado 41001-31-03-003-2013-00285-00.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

El accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por las autoridades accionadas por dos razones: i) porque levantaron las medidas cautelares y negaron decretar otras

El accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por las autoridades accionadas por dos razones: i) porque levantaron las medidas cautelares y negaron decretar otras nuevas, decisiones que fueron confirmadas mediante los autos del 16 de abril de 2026 y ii) porque el juzgado omitió liquidar las condenas impuestas en la sentencia SC1942023.

Como hechos relevantes se establecen los siguientes:

Carlos Enrique Quintero Solano promovió un proceso de resolución de contratos de arrendamiento y pago de perjuicios contra Francisco Sefair López y Carlos Romano Sefair López, cuyas pretensiones negó el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva el 8 de noviembre de 2018, al declarar probado el «incumplimiento exclusivo del actor».

El 29 de junio de 2021 la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva declaró no probadas las excepciones, pero mantuvo la negativa de lasRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-04034-00 3

pretensiones porque no se cumplió la condición suspensiva de los contratos ni se acreditaron los perjuicios.

El 18 de julio de 2023 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia SC1942023, casó esa decisión y, en sede de instancia, revocó el fallo del juzgado, declaró la terminación de los contratos por incumplimiento de los arren dadores y ordenó las restituciones correspondientes.

También fijó los parámetros para liquidar los intereses

fallo del juzgado, declaró la terminación de los contratos por incumplimiento de los arren dadores y ordenó las restituciones correspondientes.

También fijó los parámetros para liquidar los intereses y la indexación y dispuso que el juzgador de instancia verificara que su sumatoria no excediera el límite de usura de cada período mensual.

El 9 de julio de 2024 el demandante presentó para «consideración y revisión» del juzgado una liquidación de las condenas, que anunció elaborada « conforme a los parámetros establecidos por la misma Corte».

El 24 de octubre de 2024 el juzgado rechazó la liquidación presentada por el demandante, porque las condenas eran en concreto y no se había solicitado su ejecución, también levantó las medidas cautelares, al advertir que transcurrieron los 30 días siguientes a la ejecutoria del auto de obedecimiento al superior sin que se promoviera ese trámite.

Inconforme, Carlos Enrique Quintero Solano formuló reposición y, subsidiariamente, apelación, argumentandoRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-04034-00 4

que correspondía al juzgado actualizar las condenas antes de que pudiera solicitar su ejecución y que el levantamiento de las cautelas lo privaba de garantías para cobrarlas, sin embargo, el juzgado mantuvo la decisión y concedió la alzada.

El 10 de marzo de 2025 el actor solicitó nuevas medidas cautelares sobre los inmuebles de los demandados para garantizar el pago de las condenas.

El 19 de marzo de 2025 el despacho negó la solicitud

alzada.

El 10 de marzo de 2025 el actor solicitó nuevas medidas cautelares sobre los inmuebles de los demandados para garantizar el pago de las condenas.

El 19 de marzo de 2025 el despacho negó la solicitud porque no existía ejecución en curso, decisión que aquel apeló alegando que el artículo 590 del Código General del Proceso permitía decretarlas por contar con sentencia favorable y que la falta de ejecución obedeció a que el juzgado no había liquidado las condenas conforme a lo ordenado en casación.

El 16 de abril de 2026 el Tribunal confirmó el auto del 24 de octubre de 2024, al considerar que la sentencia de casación ya contenía condenas en concreto y que el cálculo de los intereses y la indexación debía realizarse dentro de su ejecución, por lo que el demandante debía solicitar ese trámite sin esperar una liquidación previa del juzgado, también avaló el levantamiento de las cautelas porque no pidió ejecutar el fallo dentro del término legal.

En otra providencia de la misma fecha, confirmó el auto del 19 de marzo de 2025, que negó las nuevas medidas cautelares, al explicar que el proceso declarativo habíaRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-04034-00 5

terminado y que, para decretarlas, el demandante debía solicitar la ejecución de la sentencia, sin esperar que el juzgado liquidara previamente las condenas, pues estas ya se habían impuesto en concreto.

El 6 de mayo de 2026 la misma colegiatura declaró improcedente la súplica formulada contra el auto que

juzgado liquidara previamente las condenas, pues estas ya se habían impuesto en concreto.

El 6 de mayo de 2026 la misma colegiatura declaró improcedente la súplica formulada contra el auto que confirmó la providencia del 24 de octubre de 2024, porque ese recurso no procedía contra decisiones que resolvieron apelaciones.

El promotor acudió al amparo porque, según su interpretación de la sentencia de casación, el juzgado debía calcular primero los intereses y la indexación para establecer cuánto le debían los demandados, por lo que consideró que no podía solicitar la ejecución mientras el despacho no realizara esa labor.

Explicó que presentó una liquidación para facilitar ese cálculo, no para promover la liquidación de una condena en abstracto y cuestionó que el despacho la rechazara y levantara las medidas cautelares por no haber solicitado una ejecución que, en su criterio, dependía de aquella actuación previa.

En cuanto a la negativa de decretar nuevas cautelas, alegó que el artículo 590 del Código General del Proceso permitía ordenarlas por contar con sentencia favorable, y reprochó al Tribunal haber confirmado ambas decisiones, dejando sin garantías el pago de las condenas.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-04034-00 6

En consecuencia, pidió dejar sin efectos las providencias de primera y segunda instancia, decretar las medidas cautelares solicitadas y ordenar al juzgado cumplir lo dispuesto en la sentencia de casación.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del

medidas cautelares solicitadas y ordenar al juzgado cumplir lo dispuesto en la sentencia de casación.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva contestó que las decisiones se fundamentaron en los argumentos del recurrente y las normas aplicables, recordó que la súplica se declaró improcedente e informó que el expediente se devolvió al juzgado de origen el 15 de mayo de 2026.

Por su parte, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva explicó que el actor no pidió oportunamente ejecutar la sentencia, carga necesaria para conservar las cautelas e iniciar el trámite ejecutivo, y afirmó que las decisiones respetaron los parámetros de la sentencia SC194-2023, sin que la tutela pudiera utilizarse para replantear el debate resuelto por las autoridades ordinarias.

CONSIDERACIONES

De entrada, se anuncia la denegación del amparo constitucional. La acción de tutela no fue concebida para replicar la actividad de los administradores de justicia, dada la autonomía e independencia que caracteriza la función judicial, así como la presunción de acierto y legalidad que ampara sus decisiones. Sin embargo, «en los precisos casosRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-04034-00 7

en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico si el afectado no cuenta con otro medio de protección

en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico si el afectado no cuenta con otro medio de protección judicial» (CSJ STC9877-2018, reiterada, entre otras, en STC11566-2026).

Aunque el accionante cuestionó las decisiones de ambas instancias, el examen se centrará en los dos autos del 16 de abril de 2026, proferidos por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, pues definieron las controversias sobre la liquidación de las condenas y las medidas cautelares.

Revisadas esas providencias, se advierte que contienen fundamentos razonables que impiden la intervención constitucional, por las razones que pasan a exponerse.

Rechazo de la liquidación y levantamiento de las medidas cautelares

En la primera decisión, el Tribunal confirmó el auto del 24 de octubre de 2024, que rechazó la liquidación presentada por el demandante y levantó las medidas cautelares, al considerar que no se había solicitado la ejecución de la sentencia de casación.

Para resolver el argumento según el cual correspondía al juzgado calcular previamente los intereses y la indexación, explicó que los parámetros fijados por la Corte noRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-04034-00 8

modificaron la naturaleza concreta de las condenas ni sustituyeron la iniciativa del acreedor para ejecutarlas.

En ese sentido, precisó:

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modificaron la naturaleza concreta de las condenas ni sustituyeron la iniciativa del acreedor para ejecutarlas.

En ese sentido, precisó:

«Debe aclararse que, aunque la Corte Suprema de Justicia en la sentencia condenatoria fijó parámetros para el cálculo de intereses e indexación, ello no convierte la condena en abstracta; se trata de condenas en concreto, cuya liquidación debe efectuarse dentro del trámite ejecutivo y busca evitar la superación de la tasa de usura, mas no ampliar los términos legales ni reemplazar la exigencia de solicitar la ejecución dentro del plazo previsto».

También explicó que la liquidación no podía tramitarse sin que existieran solicitud de ejecución, mandamiento de pago y orden de seguir adelante con ella, y señaló que «la liquidación no suple la solicitud de ejecución, ni habilita al juez para actuar de oficio».

En cuanto a las cautelas, el Tribunal aplicó los artículos 590 y 597 del Código General del Proceso y constató que, después del auto de obedecimiento al superior del 29 de agosto de 2023, transcurrió un lapso superior a once meses sin que el demandante solicitara la ejecución.

Esa explicación no luce arbitraria, pues distinguió entre la verificación del cálculo encomendada al juzgado y la solicitud necesaria para iniciar la ejecución, sin desconocer los intereses y la indexación reconocidos por la Corte.

En efecto, en la sentencia SC194-2023 del 18 de julio de 2023, la Corte dispuso:Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-04034-00 9

En efecto, en la sentencia SC194-2023 del 18 de julio de 2023, la Corte dispuso:Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-04034-00 9

«Sexto. La liquidación de intereses y de indexación posterior a la fecha indicada en este proveído, deberá hacerse con sujeción a los parámetros que se dejaron consignados en esta providencia y a los mandatos contenidos en los artículos 283 y 284 del Código General del Proceso.

Séptimo. El juzgador de instancia, al realizar el cálculo de intereses e indexación, verificará que la sumatoria de estos conceptos en cada período mensual, considerando la suma histórica, no exceda el límite de usura para cada período, so pena de reducirlo a éste».

Esas órdenes establecieron los parámetros del cálculo y su control por el juzgado, sin exigir que se efectuara antes de solicitar la ejecución, por lo que resultó razonable entender, como lo hizo el Tribunal, que esa labor debía cumplirse dentro del trámite promovido por el acreedor.

Bajo esa interpretación, el deber de impulsar el proceso no relevaba al demandante de solicitar la ejecución ni autorizaba al despacho para iniciarla de oficio, de modo que la ausencia de una liquidación previa no justificaba la falta de esa petición.

Tampoco la falta de liquidación de las costas impedía solicitar la ejecución de las condenas, pues el inciso segundo del artículo 306 del Código General del Proceso permite iniciar ese trámite sin esperar que concluya la liquidación de aquellas.

Así, la colegiatura respondió al reproche sobre el

solicitar la ejecución de las condenas, pues el inciso segundo del artículo 306 del Código General del Proceso permite iniciar ese trámite sin esperar que concluya la liquidación de aquellas.

Así, la colegiatura respondió al reproche sobre el incumplimiento del fallo de casación y sustentó el rechazo de la liquidación y el levantamiento de las cautelas en una interpretación que no luce arbitraria ni antojadiza, sin que elRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-04034-00 10

desacuerdo del actor justifique la intervención constitucional.

Negativa de nuevas medidas cautelares

En la segunda providencia, el Tribunal confirmó el auto del 19 de marzo de 2025, que negó las nuevas medidas cautelares solicitadas por el demandante, porque el proceso declarativo había concluido y no existía ejecución en curso.

Frente al argumento fundado en el artículo 590 del Código General del Proceso, reconoció que esa disposición autorizaba cautelas ante una sentencia favorable, pero explicó que su conservación estaba vinculada a la promoción oportuna de la ejecución, de modo que aquella circunstancia no bastaba para decretar otras nuevas después de terminado el proceso.

Al respecto, indicó que «en ese escenario, no resulta jurídicamente viable decretar nuevas medidas cautelares en un proceso declarativo culminado, con sentencia y en ausencia de un proceso ejecutivo».

La colegiatura también examinó la afirmación de que la falta de ejecución obedeció a la omisión del juzgado en actualizar las condenas, y explicó que la sentencia determinó las obligaciones y fijó las bases para calcular los intereses y

La colegiatura también examinó la afirmación de que la falta de ejecución obedeció a la omisión del juzgado en actualizar las condenas, y explicó que la sentencia determinó las obligaciones y fijó las bases para calcular los intereses y la indexación, cuya liquidación debía efectuarse una vez promovida la ejecución.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-04034-00 11

Ese razonamiento tampoco luce arbitrario ni antojadizo, pues identificó el estado del proceso y explicó por qué la sentencia favorable no autorizaba decretar nuevas cautelas sin que el acreedor solicitara su ejecución, con lo cual respondió al argumento central de la apelación.

En este contexto, lo advertido fue una diferencia de criterios sobre la oportunidad del cálculo y las cargas necesarias para obtener las medidas cautelares, sin que ello justifique la intervención constitucional, por lo que se negará el amparo solicitado.

Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que el demandante puede promover la ejecución de la sentencia y solicitar las medidas cautelares que estime procedentes, conforme a los artículos 306 y 599 del Código General del Proceso, de manera que el levantamiento de las cautelas anteriores y la negativa de otras nuevas no le cierran la posibilidad de obtener el pago de las condenas mediante el trámite correspondiente.

Por lo previamente expuesto, se negará el amparo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la protección invocada

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la protección invocada por Carlos Enrique Quintero Solano.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-04034-00 12

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a los participantes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de no impugnarse esta resolución.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Con impedimento) (Comisión de servicios)

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

(Con impedimento)Firmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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