CSJ - STC21158-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21158-2026 Radicación n.º 50001-22-13-000-2026-00362-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación del fallo proferido el 17 de septiembre de 2026 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Villavicencio, en la acción de tutela promovida por Jhon James Cañaveral Carrillo, quien afirma actuar como apoderado de Luz Nidia Ávila Rodríguez, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Acacías y el Juzgado Promiscuo Municipal de San Luis de Cubarral (Meta), con vinculación de las partes e intervinientes dentro del proceso de pertenencia con radicado No. 50223-40-89-001-202200087-00.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

Para la protección de los derechos fundamentales de su representada al debido proceso, igualdad, acceso a laRadicación nº 50001-22-13-000-2026-00362-01 2

administración de justicia, el accionante solicita dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida el 28 de mayo de 2026 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Acacías y la sentencia anticipada de primera instancia emitida el 6 de noviembre de 2026 por el Juzgado Promiscuo de San Luis de Cubarral; y en consecuencia, que se declare

mayo de 2026 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Acacías y la sentencia anticipada de primera instancia emitida el 6 de noviembre de 2026 por el Juzgado Promiscuo de San Luis de Cubarral; y en consecuencia, que se declare la nulidad de todo lo actuado en el proceso declarativo de pertenencia, «inclusive a partir de la diligencia de inspección judicial, para que se retrotraiga el trámite a dicha etapa procesal» y se decreten, practiquen y valoren las pruebas testimoniales y la acreditación de la Junta de Acción Comunal (JAC).

En sustento de su solicitud, informó que, el 6 de noviembre de 2025, el Juzgado Promiscuo de San Luis de Cubarral profirió sentencia anticipada dentro del proceso declarativo de pertenencia que promovió su representada contra los herederos determinados e indeterminados de Ana Elvia Alfonso Alfonso, mediante la cual negó la pretensiones, al considerar demostrada la falta de legitimación en la causa por activa, dado que «no hay una prueba sólida de la interversión del título de la demandante, quien durante el tiempo de posesión alegada se presentó como mera tenedora del predio y no como dueña». Dicha decisión fue apelada por la parte demandante y confirmada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Acacías mediante sentencia del 28 de mayo de 2026.

El accionante considera que los despachos accionados incurrieron en un defecto procedimental absoluto y fáctico, ya que se dictó sentencia anticipada sin realizarse la

sentencia del 28 de mayo de 2026.

El accionante considera que los despachos accionados incurrieron en un defecto procedimental absoluto y fáctico, ya que se dictó sentencia anticipada sin realizarse la audiencia inicial y sin practicar las pruebas, entre ellas, laRadicación nº 50001-22-13-000-2026-00362-01 3

inspección judicial que considera obligatoria en procesos de pertenencia.

Asimismo, reprocha que la sentencia de primer grado se fundamentó en «dos circunstancias que no han sido debatidas ni mucho menos probadas». Como primera, señaló el contrato de arrendamiento suscrito el 31 de enero de 2007, tomado del proceso de restitución No. 2023-00048-00, promovido en contra de su representada, cuyas pretensiones de la demanda, según indicó, fueron negadas. Como segunda, mencionó la demanda de reconocimiento de mejoras formulada por aquella, respecto de la cual afirmó que fue desistida por su representada, sin que se hubiera trabado la litis.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

El Juzgado Civil del Circuito de Acacías (Meta) solicitó no conceder la tutela porque se pretende reabrir una discusión probatoria y jurídica ya superada dentro del proceso ordinario, lo cual desborda el carácter excepcional y subsidiario de este mecanismo.

El Juzgado Promiscuo Municipal de San Luis de Cubarral manifestó que su decisión se encuentra debidamente sustentada en el numeral tercero del artículo 278 del Código General del Proceso, al constatar que se

subsidiario de este mecanismo.

El Juzgado Promiscuo Municipal de San Luis de Cubarral manifestó que su decisión se encuentra debidamente sustentada en el numeral tercero del artículo 278 del Código General del Proceso, al constatar que se cumplía con una de las tres hipótesis exigidas para su procedencia, esto es, la carencia de legitimación por activa, por lo tanto, estima que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante.Radicación nº 50001-22-13-000-2026-00362-01 4

El vinculado Luis Henry Suárez Alfonso y su apoderado aseguran que la accionante siempre ostentó la calidad de tenedora del bien, más no de poseedora. Estiman como muestra de ello las demandas por mejoras que presuponen la relación de arrendamiento y la existencia de cosa juzgada, dada la sentencia proferida el 22 de agosto de 2024 dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado No. 202300048-00, en el cual se reconoció la existencia, originalidad y autenticidad del contrato de arrendamiento suscrito en 2006 por él y su hermano José Raúl Suárez Alfonso (q.e.p.d.).

El vinculado Moisés Barón Franco, en calidad de curador ad litem de las personas indeterminadas en el proceso de pertenencia, manifestó que se atiene a lo que en derecho corresponda y se pruebe.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

El Tribunal Superior de Villavicencio declaró improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa, pues pese al requerimiento efectuado al

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

El Tribunal Superior de Villavicencio declaró improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa, pues pese al requerimiento efectuado al abogado, aquel no allegó poder especial con el lleno de los requisitos enfatizados por la jurisprudencia en sede constitucional, pues el memorial adjunto no contiene la descripción fáctica reprochable (acción u omisión), las decisiones judiciales objeto de fustigación ni la referencia al accionado Juzgado Civil del Circuito de Acacías (Meta).

Inconforme con la decisión, el accionante impugnó argumentando que, «a pesar de haber aportado poder para actuar dentro del proceso de la acción constitucional, elRadicación nº 50001-22-13-000-2026-00362-01 5

honorable despacho del magistrado no valoró lo expuesto dentro del escrito de tutela, ni las pruebas que se aportaron por parte de la accionante y los accionados y demás vinculados», allegó el mismo poder inicial y reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial.

CONSIDERACIONES

Circunscrita la Corte a los motivos de la impugnación, confirmará la decisión recurrida, pues el accionante pese a haber sido requerido para ello, no aportó poder especial que cumpliera con las especificaciones exigidas. Esta omisión impide tener por acreditada la legitimación en la causa por activa.

En tal sentido, cabe resaltar que los artículos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para el ejercicio de este remedio excepcional la existencia de «un

activa.

En tal sentido, cabe resaltar que los artículos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para el ejercicio de este remedio excepcional la existencia de «un interés que legitime [la] intervención» del promotor, que se predica, como lo ha dicho esta Corporación, de la persona a quien se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. De suerte que «(…) ningún tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso». (CSJ STC15280-2024)

En el presente asunto, Jhon James Cañaveral Carrillo, promovió este mecanismo en calidad de apoderado de Luz Nidia Ávila Rodríguez, con el propósito de obtener la protección de los derechos fundamentales de ésta última que consideró vulnerados. Sin embargo, no aportó un poderRadicación nº 50001-22-13-000-2026-00362-01 6

especial con el cumplimiento de los requisitos exigidos por esta Corporación, que lo facultara a intervenir en representación de su poderdante en esta acción constitucional.

Mediante auto del 4 de septiembre de 2026, el Tribunal de primera instancia admitió la acción constitucional y requirió al apoderado para que, en el término de un (1) día, allegara el correspondiente mandato, en los siguientes términos:

«SEXTO: REQUERIR a Jhon James Cañaveral Carrillo para que aporte poder especial con sujeción a las exigencias jurisprudenciales1».

allegara el correspondiente mandato, en los siguientes términos:

«SEXTO: REQUERIR a Jhon James Cañaveral Carrillo para que aporte poder especial con sujeción a las exigencias jurisprudenciales1».

Dentro del trámite, el apoderado allegó el siguiente poder:

1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural. Sentencia STC-2937 de 4 de marzo de 2026. 11001-02-04-000-2025-03180-01. M. P. Dr. JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO. Cfr. «(…) en ese sentido, el mandato debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisión, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situación fáctica concreta que origina la tutela (…)”.Radicación nº 50001-22-13-000-2026-00362-01 7

De lo anterior se desprende que, como bien lo estimó el Tribunal a quo, el poder que obra en el expediente no contiene las especificaciones señaladas por esta Corporación. Particularmente, no identifica al accionado Juzgado Civil del Circuito de Acacías, ni el acto, la omisión o la providencia que originaba el litigio, de modo que no se permite identificar la situación concreta que motivaba la tutela.

Sobre este aspecto puntual, esta Sala en sentencia STC10721-2023 estableció que:

«Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por

permite identificar la situación concreta que motivaba la tutela.

Sobre este aspecto puntual, esta Sala en sentencia STC10721-2023 estableció que:

«Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez y para un fin específico. En ese sentido, el mandato debe contener en forma clara y expresa i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisión, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situación fáctica concreta que origina la tutela.

2.4.5. La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimación en la causa por activa y, por tanto, la tutela es improcedente.

3. En esos términos y dada la relevancia del asunto, la Sala deja sentada su postura, en aras de garantizar que quienes concurran a las acciones de tutela estén legitimados en la causa, cuestión que resulta ser de la mayor importancia, pues no puede perderse de vista que esta busca la protección inmediata de los derechos que son inherentes a una persona y no a un tercero».

Con la impugnación tampoco se allegó un poder subsanado ni se acreditó que se hubiera corregido las falencias advertidas por el juez constitucional de primer grado. En consecuencia, subsiste el defecto de representación señalado en el fallo impugnado, lo que impide a la Sala pronunciarse de fondo sobre las pretensionesRadicación nº 50001-22-13-000-2026-00362-01 8

representación señalado en el fallo impugnado, lo que impide a la Sala pronunciarse de fondo sobre las pretensionesRadicación nº 50001-22-13-000-2026-00362-01 8

invocadas, pues no se acreditó que el accionante estuviera legitimado para solicitar la protección de los derechos fundamentales de un tercero.

Así las cosas, se recuerda que los derechos que puedan resultar lesionados con ocasión del proceso cuestionado pertenecen a quienes allí ostentan la calidad de partes o intervinientes y no a sus posibles apoderados judiciales, quienes de ninguna manera actúan ante la jurisdicción en defensa de atributos propios, sino en ejercicio de la postulación que les asiste. De allí que, para el caso concreto, no se demuestra circunstancia alguna que permita colegir la lesión a los derechos superlativos del impulsor.

Por consiguiente, se confirmará la sentencia impugnada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia del 17 de septiembre de 2026 proferida por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Villavicencio.

Se ordena a las autoridades vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítaseRadicación nº 50001-22-13-000-2026-00362-01 9

constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítaseRadicación nº 50001-22-13-000-2026-00362-01 9

el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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