CSJ - STC21159-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21159-2026 Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02753-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación del fallo proferido el 15 de septiembre de 2026 por la Sala de Casación Penal, en la acción de tutela instaurada por Julie Paola Ramírez Daza contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar y el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso penal radicado bajo el número 20001-60-01231-202000933-01.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

La accionante solicita dejar sin efecto el auto del 4 de agosto de 2026, mediante el cual el Tribunal convocado confirmó el proveído del 24 de junio del mismo año, emitidoRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02753-01

2 por el juzgado accionado, en lo que respecta a la negativa de excluir los «elementos derivados» de unas imágenes de WhatsApp y a la inadmisión como prueba de un dictamen pericial informático y del testimonio de quien lo elaboró, dentro del proceso penal No. 2020-00933-01 que cursa en contra suya y de otras personas.

Manifiesta que, durante la audiencia preparatoria, la defensa solicitó excluir treinta y seis (36) capturas de

dentro del proceso penal No. 2020-00933-01 que cursa en contra suya y de otras personas.

Manifiesta que, durante la audiencia preparatoria, la defensa solicitó excluir treinta y seis (36) capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp extraídos del teléfono celular de Jeorgy Fabián Pabón Pacheco, por considerar que se obtuvieron mediante una intromisión ilegítima en sus comunicaciones privadas.

Señala que el juzgado acogió esa solicitud y excluyó los pantallazos, decisión que fue confirmada por el Tribunal. Sin embargo, cuestiona que las autoridades judiciales no extendieran la regla de exclusión a las pruebas obtenidas posteriormente, entre ellas interceptaciones telefónicas, búsquedas selectivas en bases de datos, análisis de vínculos e informes financieros, pese a que, a su juicio, era necesario establecer si existía un nexo causal entre esos elementos y la información obtenida ilícitamente.

Aduce que el juzgado negó la petición de habilitar un escenario de contradicción para acreditar la relación entre la fuente ilícita y las pruebas derivadas, y que el Tribunal aplicó las excepciones de fuente independiente, descubrimiento inevitable y vínculo atenuado sin reconstruir de maneraRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02753-01

3 concreta el origen de la información que dio lugar a las actuaciones investigativas posteriores.

Añade que el hecho que algunas personas hubieran formulado denuncias o que las diligencias investigativas contaran con control judicial, no demuestra, por sí solo, que los «elementos derivados» tengan un origen autónomo

actuaciones investigativas posteriores.

Añade que el hecho que algunas personas hubieran formulado denuncias o que las diligencias investigativas contaran con control judicial, no demuestra, por sí solo, que los «elementos derivados» tengan un origen autónomo respecto de los pantallazos excluidos; y que existieron inconvenientes en la audiencia preparatoria para verificar y controvertir los análisis efectuados por los investigadores de la Fiscalía.

Censura la inadmisión del informe y el testimonio del ingeniero Jorge Alexander Arenas Giraldo, perito informático propuesto por la defensa para examinar la autenticidad, integridad, trazabilidad y metodología de tratamiento de la evidencia digital, por cuanto, afirma, el Tribunal estimó que la defensa podía controvertir esos aspectos mediante el contrainterrogatorio de los investigadores de la Fiscalía o acudir al experto como asesor técnico, sin que declarara como perito.

Alega que esas alternativas expresadas por la Colegiatura no reemplazan la posibilidad de presentar una opinión científica independiente, por lo que la decisión produjo un desequilibrio entre las capacidades probatorias de la Fiscalía y las de la defensa.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOSRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02753-01

4 El Tribunal accionado remitió el expediente electrónico del proceso debatido, y el juzgado hizo un recuento de las actuaciones desplegadas en dicho trámite.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

La Sala de Casación Penal negó el amparo argumentando que el proveído censurado es razonable, pues

actuaciones desplegadas en dicho trámite.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

La Sala de Casación Penal negó el amparo argumentando que el proveído censurado es razonable, pues el Tribunal examinó la solicitud de exclusión de las pruebas derivadas de los pantallazos de WhatsApp y concluyó que la defensa no precisó cuáles órdenes, solicitudes, controles judiciales o resultados investigativos surgieron directamente de esa información, ni explicó por qué esta había sido indispensable para adelantar cada una de las actuaciones posteriores, incumpliendo así con la carga de demostrar el nexo causal requerido para extender la regla de exclusión, conforme al artículo 455 del Código de Procedimiento Penal.

Añadió que la inadmisión del testimonio y del informe pericial obedeció a que el peritaje informático no guardaba una relación útil y directa con los hechos jurídicamente relevantes, pues no estaba dirigido a introducir un hallazgo científico nuevo o autónomo sobre los dispositivos originales, sino a cuestionar la metodología empleada por los investigadores estatales.

La convocada impugnó reiterando los planteamientos de la tutela.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02753-01

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CONSIDERACIONES

La Corte confirmará el fallo ante la razonabilidad de la decisión de inadmitir como prueba el dictamen pericial informático y el testimonio de quien lo elaboró, y por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad en relación con la negativa de excluir las pruebas derivadas de las imágenes de WhatsApp que fueron excluidas.

1. Razonabilidad.

informático y el testimonio de quien lo elaboró, y por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad en relación con la negativa de excluir las pruebas derivadas de las imágenes de WhatsApp que fueron excluidas.

1. Razonabilidad.

De forma preliminar, es necesario anotar que se centrará la atención en la providencia emitida por el Tribunal accionado el 4 de agosto de 2026, comoquiera que a través de esta se zanjó la controversia (CSJ STC11097 -2026, STC14023-2026, STC15258-2026 y STC18079-2026, entre otras).

Puntualizado lo anterior, se anuncia que el amparo no prosperará porque la determinación controvertida es razonable, de modo que no se evidencia un ejercicio arbitrario de la función judicial que habilite la intervención del juez constitucional, circunstancia que excluye la prosperidad del ruego.

La Magistratura accionada señaló que la inadmisión del dictamen pericial informático y del testimonio de Jorge Alexander Arenas Giraldo debía mantenerse, porque la defensa no justificó suficientemente la utilidad de incorporar un nuevo experto al juicio oral, pues aunque se indicó queRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02753-01

6 su intervención permitiría controvertir la metodología empleada por los investigadores de la Fiscalía, particularmente en relación con los análisis de vínculos, las interceptaciones telefónicas, los metadatos y la cadena de custodia de la evidencia digital, ello no demostraba la necesidad de una prueba pericial autónoma.

Mencionó que el mecanismo adecuado para discutir la

interceptaciones telefónicas, los metadatos y la cadena de custodia de la evidencia digital, ello no demostraba la necesidad de una prueba pericial autónoma.

Mencionó que el mecanismo adecuado para discutir la idoneidad, la trazabilidad, los metadatos y las conclusiones de los investigadores de la Fiscalía era el contrainterrogatorio, de conformidad con los artículos 393, 417 y 418 de la Ley 906 de 2004, y que le correspondía a la defensa confrontar directamente los fundamentos metodológicos de los expertos de cargo y poner de manifiesto las falencias que advirtiera.

Destacó que tampoco estaba acreditada la utilidad de la prueba bajo la figura del dictamen de refutación, por cuanto la defensa conocía los informes de Policía Judicial y los elementos digitales descubiertos, de modo que, si pretendía cuestionarlos, debía estructurar su crítica técnica a través del contrainterrogatorio, en lugar de aportar un dictamen limitado a emitir opiniones sobre el análisis oficial. Veamos:

«(…) la defensa técnica (…) se limitó a sostener que la pertinencia de la probanza aludida recae sobre la necesidad de controvertir, verificar y evaluar la metodología de la evidencia digital, esto es, los análisis link, interceptaciones telefónicas y cadena de custodia, que pretende incorporar el ente persecutor, sin que tal justificación haya logrado acreditar la utilidad procesal de incorporar un nuevo experto al juicio oral en tales condiciones.

En este contexto, no se observa que el peritaje informático aludido guarde una relación útil y directa con los hechos jurídicamenteRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02753-01

En este contexto, no se observa que el peritaje informático aludido guarde una relación útil y directa con los hechos jurídicamenteRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02753-01

7 relevantes que rodean las presuntas conductas atribuidas a los procesados, pues la postulación probatoria de la defensa no se orientó a introducir un hallazgo científico nuevo o autónomo sobre los dispositivos originales, sino que limitó el objeto de su pericia a fungir como un instrumento de crítica y revisión del trabajo metodológico ya realizado por los investigadores del Estado.

En ese orden de ideas, la Sala debe desestimar los argumentos de los recurrentes, toda vez que el ordenamiento procesal penal otorga herramientas suficientes a la defensa para restar credibilidad a la prueba incorporada por la Fiscalía sin necesidad de saturar el debate con elementos probatorios repetitivos o inútiles. El escenario natural para cuestionar la idoneidad, la trazabilidad, los metadatos o las conclusiones de los analistas e investigadores del ente acusador es el contrainterrogatorio , conforme a las previsiones de los artículos 393, 417 y 418 de la Ley 906 de 2004.» (Subrayas ajenas al texto).

Así las cosas, se concluye que el auto reprochado es razonable, pues se sustentó en argumentos que no constituyen una transgresión abrupta enmendable por esta vía, toda vez que la Colegiatura confirmó la inadmisión del dictamen pericial informático y del testimonio porque la parte interesada no acreditó la utilidad de esa prueba en los términos exigidos por la normativa penal.

Por lo tanto, se estima que en realidad existió una

dictamen pericial informático y del testimonio porque la parte interesada no acreditó la utilidad de esa prueba en los términos exigidos por la normativa penal.

Por lo tanto, se estima que en realidad existió una disparidad de criterios en torno a la apreciación de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermenéutica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede « imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica valoración probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes» (CSJ STC11097-2026, STC15258-2026 y STC18079-2026, entre otras).Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02753-01

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2. Subsidiariedad.

En lo que respecta a la negativa de excluir las pruebas derivadas de las imágenes de WhatsApp, decisión avalada en el aludido auto del 4 de agosto de 2026, no se satisface el presupuesto de subsidiariedad.

En efecto, ese específico reproche no apunta a cuestionar, como sí ocurrió con el dictamen informático y el testimonio que vienen de relacionarse, el cercenamiento de una solicitud probatoria, cuya discusión quedaría zanjada en la audiencia preparatoria.

Por el contrario, la inconformidad planteada por la convocante recae sobre el origen de los medios de conocimiento aludidos (pruebas derivadas de las imágenes de WhatsApp), la forma en como fueron recolectados, y la eventual vulneración a sus derechos fundamentales derivada

Por el contrario, la inconformidad planteada por la convocante recae sobre el origen de los medios de conocimiento aludidos (pruebas derivadas de las imágenes de WhatsApp), la forma en como fueron recolectados, y la eventual vulneración a sus derechos fundamentales derivada de la valoración de pruebas que tilda de ilícitas.

Sobre el particular, téngase en cuenta la sentencia CSJ SP2928-2024, en la cual la Sala de Casación Penal precisó que la discusión sobre la licitud y legalidad de la prueba es transversal a la actuación:

«69.- Si bien la audiencia preparatoria es el escenario natural en el cual se decantan las discusiones relacionadas con la exclusión, nada impide que, cuando la causa que afecta la legalidad del medio de prueba se genera o revela durante su práctica, se aplique la referida consecuencia en fases posteriores -como la sentencia-. Incluso el control acerca de la licitud y legalidad de la prueba se ha aplicado en sede extraordinaria de casación (CSJ AP29012019, rad. 55136), al punto que existe una causal para encuadrarRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02753-01

9 este tipo de vicios en el numeral 3° del artículo 181 del C.P.P., por manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia -violación indirecta de la ley sustancial, por error de derecho, por falso juicio de legalidad-.

70.- Igualmente, en materia de impugnación, donde se busca un debate amplio para garantizar la doble conformidad, se ha examinado la legalidad de los medios de prueba practicados en el

falso juicio de legalidad-.

70.- Igualmente, en materia de impugnación, donde se busca un debate amplio para garantizar la doble conformidad, se ha examinado la legalidad de los medios de prueba practicados en el juicio oral y público (CSJ SP1356-2024, rad. 58598). En suma, el debido proceso probatorio es transversal y su reivindicación no está sujeta a una única etapa procesal, se trata en últimas de la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales» (citada en la STC19316-2026).

Así las cosas, la accionante cuenta con escenarios idóneos para plantear la inconformidad en comento (presunta ilicitud e ilegalidad de la prueba), como lo son la oposición a la incorporación probatoria en las audiencias de juicio oral, los alegatos de conclusión y, de ser el caso, el recurso de apelación y el recurso extraordinario de casación contra la sentencia.

En este orden, tampoco se advierte la configuración de un perjuicio irremediable derivado del decreto de las pruebas cuestionadas por la censora, toda vez que en el proceso penal que se encuentra en curso y sin sentencia existen los instrumentos aptos para conjurar el eventual ingreso de un medio de convicción que se repute ilícito o ilegal, lo que descarta la urgencia que justificaría la injerencia anticipada del juez de tutela.

Esta Sala, en la sentencia STC10999-2026, reiterada en STC19316-2026, resolvió un caso de similares contornos en igual sentido. Ello, por cuanto resulta claro que no

del juez de tutela.

Esta Sala, en la sentencia STC10999-2026, reiterada en STC19316-2026, resolvió un caso de similares contornos en igual sentido. Ello, por cuanto resulta claro que no corresponde al juez de tutela decidir sobre la legalidad oRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02753-01

10 licitud de determinado medio de prueba incorporado a una actuación penal en curso, dentro de la cual las partes cuentan con múltiples oportunidades y medios defensivos para atacar el elemento ilícito, que al tenor del artículo 29 de la Constitución, « es nul[o] de pleno de derecho ».

En consecuencia, como la providencia debatida es razonable frente a la inadmisión del dictamen informático y el testimonio del perito, y toda vez que no se cumple con el requisito de subsidiariedad en punto de la decisión de no excluir las pruebas derivadas de las imágenes de WhatsApp, se confirmará el fallo constitucional de primera instancia.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia dictada por la Sala de Casación Penal el 15 de septiembre de 2026, por las razones expuestas.

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a los participantes por el medio más expedito y remítase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a los participantes por el medio más expedito y remítase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASERadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02753-01

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JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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