CSJ - STC21163-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21163-2026 Radicación nº 13001-22-13-000-2026-00718-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

ANOTACIÓN PRELIMINAR

De conformidad con el Acuerdo n° 034 de esta Corporación y con el fin de cumplir los mandatos que propenden por la protección de la intimidad y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, en providencia paralela a esta, los nombres de las partes comprendidas en este asunto serán omitidos a fin de evitar la divulgación real de sus datos.

Advertido lo anterior, decide la Corte la impugnación del fallo proferido el 1 de octubre de 2026 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, en la acción de tutela instaurada por Andrés contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Turbaco, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de fijación de cuota de alimentos No. 13836-31-84-001-202X-XXXXX-00.Radicación nº 13001-22-13-000-2026-00718-01 2

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

El actor, por conducto de apoderada judicial, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada con ocasión de la sentencia del 29 de mayo de

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada con ocasión de la sentencia del 29 de mayo de 2026, mediante la cual, dentro del proceso de alimentos promovido en su contra por Paola, lo condenó al pago de alimentos a sus hijos en cuantía equivalente al 15% de sus ingresos por cada uno y decretó el embargo de su salario.

En consecuencia, pidió (i) dejar sin efectos esa sentencia y lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda; (ii) ordenar al juzgado rehacer la actuación desde la notificación de dicha providencia; y (iii) subsidiariamente, dejar sin efectos la sentencia y disponer que, previo decreto y práctica de pruebas, se profiera una nueva decisión debidamente motivada.

Como hechos relevantes se destacan los siguientes:

Paola promovió demanda de fijación de alimentos contra el accionante, en favor de Mateo y José, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Turbaco. La demanda fue admitida el 26 de marzo de 2026.Radicación nº 13001-22-13-000-2026-00718-01 3

El 15 de abril siguiente, el juzgado remitió la demanda y el auto admisorio a las direcciones electrónicas xxxxxxx3@gmail.com y xxxxm@hotmail.com, para efectos de la notificación prevista en el artículo 8 de la Ley 2213 de

2022. El demandado no contestó la demanda.

El 29 de mayo de 2026, el despacho profirió sentencia

xxxxxxx3@gmail.com y xxxxm@hotmail.com, para efectos de la notificación prevista en el artículo 8 de la Ley 2213 de

2022. El demandado no contestó la demanda.

El 29 de mayo de 2026, el despacho profirió sentencia escrita con fundamento en el parágrafo 3 del artículo 390 del Código General del Proceso. Consideró acreditada la capacidad económica del demandado a partir de una certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de España, relativa a su vinculación laboral con MXXXX S.A., y de un desprendible de pago de mayo de 2025. En consecuencia, fijó una cuota alimentaria equivalente al 15 % de sus ingresos para cada hijo y, ante la falta de prueba sobre el cumplimiento de la obligación, decretó el embargo del 50 % de su salario y ordenó al empleador efectuar los descuentos correspondientes a los porcentajes establecidos.

El accionante atribuyó al juzgado dos defectos. El primero, de carácter procedimental, por haber adelantado y decidido el proceso sin vincularlo debidamente. Explicó que había perdido el acceso a la cuenta xxxxx3@gmail.com, circunstancia que la demandante conocía, y que su dirección electrónica vigente era axxxxxo@gmail.com, la cual él mismo despacho conocía y utilizaba en el proceso de cesación de efectos civiles que promovió contra aquella. Añadió que en el estado mediante el cual se publicó la sentencia figuraba otraRadicación nº 13001-22-13-000-2026-00718-01 4

persona como demandado y que solo tuvo conocimiento del fallo cuando la demandante lo aportó a ese otro proceso.

estado mediante el cual se publicó la sentencia figuraba otraRadicación nº 13001-22-13-000-2026-00718-01 4

persona como demandado y que solo tuvo conocimiento del fallo cuando la demandante lo aportó a ese otro proceso.

El segundo, por defecto fáctico y falta de motivación, pues sostuvo que la sentencia no estableció el monto de sus ingresos, sus cargas económicas, las necesidades particulares de cada alimentario, la capacidad contributiva de la madre ni las circunstancias de José como beneficiario mayor de edad. Cuestionó, además, que el juzgado no explicara cómo llegó a los porcentajes fijados y que hubiera ordenado el embargo sin prueba del incumplimiento de la obligación, pese a que venía realizando aportes periódicos a sus hijos.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

Paola, sostuvo que el accionante recuperó el acceso a la cuenta xxxx3@gmail.com el 5 de agosto de 2025, como lo demostrarían las alertas de seguridad de Google que aportó, y que esa es la misma dirección informada en la demanda de alimentos. Aportó, además, la constancia de que a dicha dirección se remitió, el 22 de abril de 2026, la citación a la audiencia de conciliación ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Indicó que en el proceso obraba un comprobante de nómina del demandado, del cual podían establecerse sus ingresos, así como documentos sobre las necesidades de los alimentarios.

En réplica, el accionante precisó que la controversia no

comprobante de nómina del demandado, del cual podían establecerse sus ingresos, así como documentos sobre las necesidades de los alimentarios.

En réplica, el accionante precisó que la controversia no radica en establecer si la cuenta xxxxx3@gmail.com existía oRadicación nº 13001-22-13-000-2026-00718-01 5

había sido recuperada técnicamente, sino en determinar si la utilizaba efectivamente para abril de 2026. Agregó que los argumentos expuestos en la contestación no subsanan la falta de motivación de la sentencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

El Tribunal declaró improcedente el amparo por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Consideró que el accionante cuenta con la solicitud de nulidad prevista en los artículos 133 y siguientes del Código General del Proceso para cuestionar la indebida notificación ante el juez natural, sin que hubiera acreditado haber acudido a ese mecanismo ni demostrado la existencia de alguna circunstancia excepcional que justificara la intervención del juez constitucional.

El accionante impugnó y sostuvo que el Tribunal se equivocó al limitar el estudio de la controversia a la presunta indebida notificación, pues la tutela también contenía un reproche autónomo contra la sentencia del 29 de mayo de 2026, por defecto fáctico y falta de motivación, que exigía un examen independiente de subsidiariedad y sobre el cual no hubo pronunciamiento. Señaló que tampoco se resolvió la pretensión subsidiaria, formulada para el evento de que no se accediera a retrotraer la actuación.

examen independiente de subsidiariedad y sobre el cual no hubo pronunciamiento. Señaló que tampoco se resolvió la pretensión subsidiaria, formulada para el evento de que no se accediera a retrotraer la actuación.

Insistió, además, en que la subsidiariedad respecto del cuestionamiento a la notificación debía examinarse a partirRadicación nº 13001-22-13-000-2026-00718-01 6

de las circunstancias concretas del caso, pues solo conoció el proceso después de dictada la sentencia.

CONSIDERACIONES

Se confirmará la decisión impugnada, conforme a las razones que se exponen a continuación.

Circunscrita la Sala a los argumentos de la impugnación, se advierte que el tutelante cuestiona dos aspectos: uno de forma, relativo a la indebida notificación del auto admisorio de la demanda de alimentos, y otro de fondo, referido a la valoración probatoria y la motivación de la sentencia del 29 de mayo de 2026, los cuales ameritan un estudio por separado, como pasa a realizarse.

Frente a la censura sobre la nulidad por indebida notificación.

En la impugnación, el accionante insiste en que la subsidiariedad debía examinarse a partir de las circunstancias concretas del caso, pues solo conoció el proceso después de dictada la sentencia, y pidió que se analizara ese requisito «atendiendo a esa circunstancia y no únicamente a la existencia abstracta de la causal de nulidad prevista en el artículo 133 del CGP».

Del expediente se corrobora que, si bien se dictó

analizara ese requisito «atendiendo a esa circunstancia y no únicamente a la existencia abstracta de la causal de nulidad prevista en el artículo 133 del CGP».

Del expediente se corrobora que, si bien se dictó sentencia el 29 de mayo de 2026, dentro del proceso de fijación de cuota de alimentos, del cual el tutelante alega noRadicación nº 13001-22-13-000-2026-00718-01 7

haber sido debidamente notificado, lo cierto es que, tuvo conocimiento de la existencia del proceso y de la sentencia a partir, según indica, de la contestación de la demanda presentada por la contraparte el 12 de junio de 2026, en el proceso de cesación de efectos civiles promovido por el en contra de su expareja.

Con posterioridad, y con fundamento en esa misma sentencia que condenó al tutelante a suministrar alimentos en favor de sus hijos por un 15% de sus ingresos mensuales para cada uno, la demandante promovió ante el juzgado accionado el proceso ejecutivo de alimentos con radicado nº. 13836-31-84-001-2026-XXXXX-00. Allí se libró mandamiento de pago el 17 de septiembre de 2026, esto es, antes de la presentación de esta acción constitucional (22. Sept. 2026), el cual se le notificó el 30 de septiembre siguiente al correo electrónico que él mismo tutelante identifica como vigente.

Ese es, precisamente, el escenario que el ordenamiento jurídico prevé para que el tutelante alegue la falta de notificación.

Sobre el particular, el artículo 134 del Código General del Proceso establece que la nulidad por indebida notificación

Ese es, precisamente, el escenario que el ordenamiento jurídico prevé para que el tutelante alegue la falta de notificación.

Sobre el particular, el artículo 134 del Código General del Proceso establece que la nulidad por indebida notificación «(...) podrá también alegarse en la diligencia de entrega o como excepción en la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades» (énfasis añadido).Radicación nº 13001-22-13-000-2026-00718-01 8

El mismo precepto agrega que «[d]ichas causales podrán alegarse en el proceso ejecutivo, incluso con posterioridad a la orden de seguir adelante con la ejecución, mientras no haya terminado por el pago total a los acreedores o por cualquier otra causa legal».

Así, para cuando formuló la tutela, el accionante ya conocía la sentencia de alimentos y contra él cursaba la ejecución en la que podía plantear la irregularidad que aquí reprocha, sin que obre actuación suya en ese proceso, siendo ese el escenario donde corresponde al juez natural determinar si la notificación del auto admisorio se practicó en debida forma.

Frente al reproche por indebida valoración probatoria y falta de motivación.

El tutelante también reprocha que el Tribunal no examinara los defectos que atribuyó a la sentencia, pues, a su juicio «(...) aun si se aceptara íntegramente la conclusión de primera instancia según la cual la nulidad procesal debía agotarse antes de acudir a tutela (...), de allí no se desprendía, sin un análisis adicional, la improcedencia del cargo autónomo

primera instancia según la cual la nulidad procesal debía agotarse antes de acudir a tutela (...), de allí no se desprendía, sin un análisis adicional, la improcedencia del cargo autónomo dirigido contra la motivación y soporte probatorio de la sentencia».

Lo primero que debe advertirse es que este reproche es consecuencial al anterior. Los aspectos cuya valoración echa de menos, como el monto real de sus ingresos, sus obligaciones económicas, los aportes que afirma haberRadicación nº 13001-22-13-000-2026-00718-01 9

efectuado y la capacidad económica de la progenitora, no fueron debatidos en el proceso por su falta de comparecencia, por lo que, de prosperar la nulidad que puede alegar en la ejecución, se rehará la actuación y el accionante tendrá la oportunidad de contestar la demanda, aportar y solicitar pruebas y controvertir los aspectos de la sentencia que ahora cuestiona.

Sin embargo, tampoco observa la Corte los yerros que denuncia en la sentencia del 29 de mayo de 2026.

Al respecto, conviene inicialmente precisar que las discrepancias sobre la interpretación de las normas o la valoración probatoria no configuran, por sí solas, una vía de hecho.

Como lo ha señalado esta Corte,

«[I]ndependientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, la reseñada providencia consigna, en suma, un criterio

de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, la reseñada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque éste pueda ser susceptible de otra exégesis; (...)» (CSJ, STC 18 mar. 2010, exp. 00367-00, reiterada en STC1375-2026, STC863-2026 y STC14073-2026).

En el presente asunto, el despacho accionado tuvo por acreditado el vínculo de parentesco con los registros civiles de nacimiento. Dio por probada la necesidad de los alimentarios con los soportes de gastos allegados con la demanda (copia de recibos de servicios públicos, facturas deRadicación nº 13001-22-13-000-2026-00718-01 10

transporte escolar y gastos de mercado) y con la matrícula en educación superior de uno de los hijos.

También encontró demostrada la capacidad económica del demandado con la certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de España y su desprendible de nómina, sin que existiera prueba de otras cargas alimentarias a su cargo, señalado que:

«En cuanto a la capacidad en el alimentante, figura dentro del Dossier documento expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social de XXX, donde consta que el señor Andrés figura como empleado de la empresa XXXX S.A (Folio 039 Archivo Digital 010). En mismo sentido, también se avizora desprendible de pago a fecha del mes de mayo de 2025 (Folio 039 Archivo Digital 010)»

como empleado de la empresa XXXX S.A (Folio 039 Archivo Digital 010). En mismo sentido, también se avizora desprendible de pago a fecha del mes de mayo de 2025 (Folio 039 Archivo Digital 010)»

A partir de esos elementos fijó una cuota del 15 % de sus ingresos para cada hijo y, al no estar acreditado el cumplimiento de la obligación, dispuso el embargo con fundamento en los artículos 129 y 130 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Se trata de una decisión sustentada en las pruebas obrantes en el expediente y en las normas aplicables, que no se advierte arbitraria ni caprichosa.

En consecuencia, se confirmará el fallo de primera instancia.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y porRadicación nº 13001-22-13-000-2026-00718-01 11

autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia proferida el 1 de octubre de 2026 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena.

Se ordena a las autoridades vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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