CSJ - STC21170-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21170-2026 Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02786-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación del fallo proferido el 17 de septiembre de 2026 por la Sala de Casación Penal, en la acción de tutela instaurada por Luis Alberto Rojas Flórez, mediante apoderado judicial, contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRDT) - Dirección Territorial Apartadó, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso de justicia y paz radicado bajo el número 110016000253200681099.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

El accionante solicita ordenar a la UAEGRDT adelantar las actuaciones administrativas posteriores al inicio delRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02786-01

2 estudio formal de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), hasta culminar esa etapa, incluida la inscripción de la medida de protección del predio y la comunicación a terceros, con aplicación del enfoque diferencial y de los principios de flexibilidad e inversión de la carga de la prueba.

También pide ordenar a la Sala de Justicia y Paz del

protección del predio y la comunicación a terceros, con aplicación del enfoque diferencial y de los principios de flexibilidad e inversión de la carga de la prueba.

También pide ordenar a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal accionado, quien conoce del proceso de justicia y paz No. 2006-81099 adelantado frente a Hebert Veloza García, coordinar con la UAEGRDT y la jurisdicción especializada en restitución de tierras la armonización de las medidas cautelares sobre el inmueble, con miras a facilitar su entrega material una vez se profiera la sentencia de restitución.

Manifiesta que el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), en la Resolución No. 0885 del 13 de abril de 1987, le adjudicó la parcela 153 ubicada en el municipio de Turbo, departamento de Antioquia.

Describe que, aunque el 20 de octubre de 2004 se protocolizó la venta del predio a Luis Alfonso Gutiérrez Sánchez, suscribió dicho acto bajo coacción , y que el inmueble fue posteriormente englobado en un folio de matrícula inmobiliaria de mayor extensión.

Indica que el 8 de noviembre de 2013, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, al interior del referido proceso de justicia y paz No. 2006-81099, decretóRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02786-01

3 las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre las parcelas 152 y 153.

Menciona que el 25 de abril de 2018 presentó ante la

3 las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre las parcelas 152 y 153.

Menciona que el 25 de abril de 2018 presentó ante la UAEGRTD una solicitud de inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), sin que, para la fecha de radicación de la tutela, se hubiera resuelto de fondo.

Señala que la UAEGRTD, mediante Resolución RD 00825 del 12 de agosto de 2025, lo incluyó en el grupo de prelación correspondiente a hombres cabeza de hogar y agricultores, sin embargo, lo registraron como una persona de 42 años pese a que tiene 66.

Expone que a través de la Resolución RD 00833 del 15 de agosto de 2025, la Unidad ordenó el inicio del estudio formal de su petición de inclusión en el registro de tierras, no obstante, el trámite no ha culminado.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

El Tribunal accionado expuso que, dentro del proceso de justicia y paz No. 2006-81099, el 8 de noviembre de 2013 decretó las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre las parcelas 152 y 153, a solicitud del Fiscal 37 de la Subunidad Élite de Persecución de Bienes para la Reparación a las Víctimas, inmuebles que se encontraban englobados bajo el folio de matrícula inmobiliaria No. 034-60848.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02786-01

4 Anotó que en ese mismo proveído dejó los bienes a

matrícula inmobiliaria No. 034-60848.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02786-01

4 Anotó que en ese mismo proveído dejó los bienes a disposición de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), para su administración y custodia hasta que se definiera su destino en sentencia.

Destacó que, aunque en esa Corporación se adelantan actuaciones contra Hebert Veloza García respecto del inmueble objeto de la tutela, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso de justicia y paz No. 2013-00282, decretó la extinción del derecho de dominio mediante fallo del 1º de octubre de 2025 (rad. 2013-00282), con ocasión del ofrecimiento efectuado por el postulado (Hebert Veloza García) para la reparación de las víctimas.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá contestó que, al interior del proceso de justicia y paz No. 2013-00282 adelantado contra Hebert Veloza García y otros treinta y cuatro desmovilizados de los Bloques Calima y Bananero de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, profirió sentencia el 1º de octubre de 2025 decretando la extinción del derecho de dominio sobre el bien identificado con el folio No. 034-60848.

Indicó que la sentencia se encuentra en trámite de segunda instancia ante la Sala de Casación Penal, debido a las apelaciones interpuestas por dos representantes de víctimas, concedidos en el efecto suspensivo , y que el

Indicó que la sentencia se encuentra en trámite de segunda instancia ante la Sala de Casación Penal, debido a las apelaciones interpuestas por dos representantes de víctimas, concedidos en el efecto suspensivo , y que el accionante ni su apoderado formularon recurso.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02786-01

5 Enfatizó que deviene improcedente la petición de armonizar las medidas cautelares decretadas sobre el inmueble con el procedimiento de restitución de tierras, por cuanto las medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo impuestas el 8 de noviembre de 2013 quedaron resueltas con la sentencia del 1º de octubre de 2025, que definió la situación jurídica del bien.

Agregó que el pedimento consistente en que esa Corporación realice labores de coordinación con la jurisdicción especializada en restitución de tierras excede las competencias que le fueron asignadas por la Ley 975 de 2005, pues las pretensiones de restitución corresponden a una jurisdicción especializada y diferenciada.

La UAEGRTD precisó que en la Resolución RD 00833 del 15 de agosto de 2025 ordenó iniciar el estudio formal de la solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) presentada por Luis Alberto Rojas Flórez el 25 de abril de 2018.

Señaló que la ausencia de una decisión definitiva no implica, por sí sola, una conducta omisiva atribuible a la entidad, pues la culminación de la etapa administrativa requiere actuaciones técnicas, sociales, jurídicas y

2018.

Señaló que la ausencia de una decisión definitiva no implica, por sí sola, una conducta omisiva atribuible a la entidad, pues la culminación de la etapa administrativa requiere actuaciones técnicas, sociales, jurídicas y catastrales dirigidas a establecer la identificación física y jurídica del inmueble, las circunstancias de los hechos victimizantes, la conformación del núcleo familiar y la eventual existencia de terceros con derechos o interesesRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02786-01

6 sobre el predio; y que, para agotar esto, programó una diligencia de identificación predial mediante métodos indirectos para el 24 de septiembre de 2026, y que, si esta no permite identificar el inmueble, se gestionará una intervención en terreno proyectada entre el 12 y el 16 de octubre de 2026.

Expuso que también están pendientes actuaciones del componente social, relacionadas con la identificación del núcleo familiar y de las personas que eventualmente puedan tener derechos o intereses en el trámite, que estableció un cronograma para desarrollar las actuaciones pendientes y proyectó adoptar la decisión administrativa sobre la solicitud durante noviembre del año 2026, y que, mediante oficio No. 202622900876341 del 15 de septiembre de 2026 le informó al accionante sobre el estado del trámite, las actuaciones realizadas, las actividades pendientes y la programación prevista.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

La Sala de Casación Penal negó el amparo argumentando, frente a los reclamos dirigidos contra la

realizadas, las actividades pendientes y la programación prevista.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

La Sala de Casación Penal negó el amparo argumentando, frente a los reclamos dirigidos contra la UAEGRTD, que el hecho que hayan transcurrido más de ocho años desde que se radicó la solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) no constituye una mora administrativa injustificada, porque conforme al artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, el término para decidir se contabiliza una vez culmine la microfocalización de las zonas ,Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02786-01

7 actividades que se encuentran en curso y que demandan una serie de actuaciones técnicas, sociales, jurídicas y administrativas que son complejas.

En cuanto a la solicitud de armonizar las medidas cautelares y facilitar la entrega del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 034-60848, planteada frente al Tribunal convocado, puntualizó que no se cumple el requisito de subsidiariedad porque el accionante debe promover ante esa Magistratura el incidente de oposición de terceros previsto en el artículo 17C de la Ley 975 de 2005 para pedir el levantamiento de las medidas y hacer valer sus derechos.

La parte actora impugnó, indicó que no cuestionaba «la decisión relacionada con el Tribunal Superior de Medellín», sino únicamente la negativa de la salvaguarda en relación con la UAEGRTD, y expresó que aún no se ha resuelto la

La parte actora impugnó, indicó que no cuestionaba «la decisión relacionada con el Tribunal Superior de Medellín», sino únicamente la negativa de la salvaguarda en relación con la UAEGRTD, y expresó que aún no se ha resuelto la solicitud de inscripción en el RTDAF, lo cual mantiene su situación en un estado de indefinición pese a que es un sujeto de especial protección constitucional por tener 66 años, ser víctima de desplazamiento, estar inscrito en el Registro Único de Víctimas y ser agricultor y jefe de hogar.

CONSIDERACIONES

La Corte, circunscrita al reparo expuesto en la impugnación, confirmará el fallo dado que en la actualidad no se observa una vulneración de los derechos fundamentales invocados.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02786-01

8 En efecto, si bien el convocante radicó la petición de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) el 25 de abril de 2018, esto es, hace más de ocho años, lo cierto es que la UAEGRTD, a través de la Resolución RD 00833 del 15 de agosto de 2025, ordenó iniciar el estudio formal de esa solicitud, acto en el cual, para ese propósito, se dispuso adelantar diversas actuaciones dirigidas a establecer las condiciones físicas y jurídicas del inmueble, verificar los hechos y argumentos expuestos por el solicitante y recaudar l os elementos necesarios para decidir sobre la procedencia de la inscripción.

En particular, la entidad ordenó identificar y

jurídicas del inmueble, verificar los hechos y argumentos expuestos por el solicitante y recaudar l os elementos necesarios para decidir sobre la procedencia de la inscripción.

En particular, la entidad ordenó identificar y georreferenciar el predio objeto de reclamación, gestionar la inscripción de la medida de protección en el registro inmobiliario, comunicar el inicio del trámite al interesado y a los terceros que pudieran tener derechos o intereses sobre el inmueble, así como recaudar información documental y probatoria ante distintas autoridades y entidades públicas.

También dispuso adelantar las gestiones necesarias para inspeccionar el predio, verificar sus condiciones físicas y ambientales, identificar a quienes eventualmente pudieran tener derechos sobre él y establecer la conformación del núcleo familiar relacionado con la solicitud. A ello se sumaron las órdenes de obtener información registral y catastral, verificar la eventual existencia de otras solicitudes de restitución respecto del mismo inmueble y efectuar las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de losRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02786-01

9 funcionarios y de las personas involucradas en las diligencias de campo.

La amplitud de las medidas adoptadas permite advertir que el estudio formal no se agota en la revisión de los documentos aportados por el interesado ni en la verificación aislada de los hechos que expuso. Por el contrario, comprende actividades de carácter registral, catastral, técnico, social y jurídico, cuyo desarrollo está encaminado a individualizar el inmueble, esclarecer las circunstancias relevantes para la reclamación y establecer si concurren los

comprende actividades de carácter registral, catastral, técnico, social y jurídico, cuyo desarrollo está encaminado a individualizar el inmueble, esclarecer las circunstancias relevantes para la reclamación y establecer si concurren los presupuestos legales para disponer su inscripción en el RTDAF.

La decisión administrativa que se adoptará requiere, por tanto, recaudar y contrastar información proveniente de distintas fuentes, así como verificar la situación del predio y de las personas que pudieran resultar concernidas por el procedimiento.

Además, mediante comunicación del 15 de septiembre de 2026, enviada al correo electrónico del interesado en esa misma fecha, la UAEGRTD le informó el estado de la solicitud en comento y precisó que se encontraba en la etapa administrativa de inicio del estudio formal.

En ese oficio relacionó las actuaciones adelantadas, entre ellas, la ampliación de los hechos realizada por el solicitante el 7 de septiembre de 2025, la implementación del enfoque diferencial y la determinación del orden de prelaciónRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02786-01

10 mediante la Resolución RD 00825 del 12 de agosto de 2025, así como la orden de comunicar el inicio del trámite respecto del predio (5 dic. 2025).

La aquí accionada también explicó las dificultades técnicas encontradas para identificar el inmueble mediante métodos indirectos, pues la información registral, catastral y cartográfica disponible no ofrecía elementos suficientes para establecer con certeza su ubicación, configuración y linderos, debido a la ausencia de antecedentes registrales confiables y

métodos indirectos, pues la información registral, catastral y cartográfica disponible no ofrecía elementos suficientes para establecer con certeza su ubicación, configuración y linderos, debido a la ausencia de antecedentes registrales confiables y a la falta de referencias claras que permitieran delimitarlo a partir de fuentes secundarias.

Por esa razón, programó una jornada de identificación predial mediante métodos indirectos para el 24 de septiembre de 2026 con el propósito de agotar las herramientas disponibles antes de acudir a una intervención directa en el terreno. Sobre este punto, la UAEGRTD señaló que, si la diligencia programada no permitía alcanzar la identificación requerida, gestionaría una visita técnica al inmueble proyectada entre el 12 y el 16 de octubre de 2026.

En cuanto al componente social, la entidad indicó que permanecía pendiente recopilar, verificar y analizar la información necesaria para establecer la conformación del núcleo familiar relacionado con la solicitud, para lo cual debía acudir, entre otros elementos, a registros civiles de nacimiento y defunción, documentos de identificación y demás soportes que permitieran determinar los vínculos familiares y las personas que eventualmente pudieran tenerRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02786-01

11 derechos o intereses en el trámite. A partir de la información obtenida, correspondería identificar y caracterizar ese núcleo familiar y ampliar los hechos cuando resultara necesario para precisar las circunstancias de los hechos victimizantes y la relación de sus integrantes con el predio.

Así mismo, relacionó como actuaciones pendientes, en

familiar y ampliar los hechos cuando resultara necesario para precisar las circunstancias de los hechos victimizantes y la relación de sus integrantes con el predio.

Así mismo, relacionó como actuaciones pendientes, en el ámbito administrativo, la solicitud ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la inscripción de la medida de protección, la obtención de las carpetas registrales correspondientes a los folios de matrícula inmobiliaria n.º 034-60848 y 034-17164, la comunicación a terceros y la adopción de la decisión de fondo.

Destacó que, una vez culminadas esas actividades y recaudados los elementos técnicos, jurídicos y sociales necesarios para el análisis integral del asunto, estimaba adoptar la decisión sobre la solicitud de inscripción durante noviembre de 2026.

Puestas de ese modo las cosas, observa la Sala que las actuaciones desplegadas por la UAEGRTD a partir de la expedición de la Resolución RD 00833 del 15 de agosto de 2025 son idóneas para procurar resolver de fondo la solicitud de inscripción en el RTDAF, pues están encaminadas a obtener los elementos nece sarios para establecer la identificación física y jurídica del inmueble, verificar los hechos que sustentan la reclamación, determinar quiénes podrían ostentar derechos o intereses relacionados con elRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02786-01

12 predio y recaudar la información indispensable para adoptar una determinación fundada.

En ese contexto, sin desconocer el tiempo transcurrido desde la presentación de la solicitud, la valoración de la situación actual no puede descansar exclusivamente en la

12 predio y recaudar la información indispensable para adoptar una determinación fundada.

En ese contexto, sin desconocer el tiempo transcurrido desde la presentación de la solicitud, la valoración de la situación actual no puede descansar exclusivamente en la fecha de radicación, comoquiera que también se deben considerar lo descrito en precedencia en punto a que la entidad inició formalmente el estudio, ha adelantado actuaciones relacionadas con los hechos de la reclamación y estableció un plan para completar las verificaciones técnicas, sociales, registrales y jurídicas requeridas.

Dichos elementos permiten advertir que, en la actualidad, no está acreditada una inactividad actual que permita atribuirle a la UAEGRTD una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el accionante.

En la materia, la jurisprudencia ha sostenido:

«La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervención del juez de tutela, ellos son, «(i) …que la c uestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión iusfundamental que alega en sede de tutela;

ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v)Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02786-01

13 que no se trate de sentencias de tutela» (CC C -590/05; SU813/07).

Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los señalados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado exponga una situación en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser así, el amparo no puede prosperar.» (Subrayas fuera del texto) (CSJ STC2750-2025, reiterada en STC7968 -2026, STC12261-2026 y STC16144-2026, entre otras).

En conclusión, al no encontrarse probada una vulneración actual de las garantías fundamentales cuya protección se reclama frente a la UAEGRTD, se confirmará la sentencia controvertida.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por

sentencia controvertida.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia dictada por la Sala de Casación Penal el 17 de septiembre de 2026, por las razones expuestas.

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a los participantes por el medio más expedito y remítase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASERadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02786-01

14

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto

Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: 8AF0B3FF45D8644521E2C01579F4AB41D26DBA3A7E88C18D17D5BFDD5FE5D7E7

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