CSJ - STC21172-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21172-2026 Radicación nº 05001-22-10-000-2026-00509-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

ANOTACIÓN PRELIMINAR

De conformidad con el Acuerdo n° 034 de esta Corporación y con el fin de cumplir los mandatos que propenden por la protección de la intimidad y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, en providencia paralela a esta, los nombres de las partes comprendidas en este asunto serán omitidos a fin de evitar la divulgación real de sus datos.

Advertido lo anterior, decide la Corte la impugnación del fallo proferido el 23 de septiembre de 2026 por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín, en la acción de tutela instaurada por Andrés contra el Juzgado Sexto de Familia y la Comisaría Once de Familia, ambos de Medellín, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en elRadicación nº 05001-22-10-000-2026-00509-01 2

proceso administrativo de restablecimiento de derechos No.

2-0033XXX-2X-000.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

El actor solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia, a la protección integral de la familia y a la vivienda digna, así como de los derechos

El actor solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia, a la protección integral de la familia y a la vivienda digna, así como de los derechos prevalentes de sus hijas menores de edad. Consideró que las autoridades convocadas los vulneraron con ocasión de la sentencia del 14 de agosto de 2026, mediante la cual el Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Medellín homologó las decisiones de la Comisaría Once de Familia de esa ciudad, que ordenaron el reintegro de las niñas, junto con su madre, al apartamento que él ocupa y, en consecuencia, su retiro del inmueble.

Por lo anterior, pidió (i) dejar sin efectos esa sentencia en lo relacionado con la orden de entrega del inmueble y su desalojo; (ii) ordenar al juzgado emitir una nueva decisión en la que valore el registro en video de las cámaras de seguridad de la copropiedad, las condiciones habitacionales de las niñas y la manifestación de su hija Y.A.A., aplique el test de proporcionalidad y examine la procedencia de medidas alternativas menos gravosas; y (iii) ordenar a la Comisaría abstenerse de ejecutar la entrega hasta que se profiera la nueva providencia.Radicación nº 05001-22-10-000-2026-00509-01 3

Del escrito de tutela y sus anexos se destacan los siguientes hechos:

El accionante y Andrea, madre de sus hijas M.A.A. y Y.A.A., adelantan ante el Juzgado Doce de Familia de Oralidad de Medellín un proceso declarativo de existencia de unión marital de hecho y sociedad patrimonial, cuya

El accionante y Andrea, madre de sus hijas M.A.A. y Y.A.A., adelantan ante el Juzgado Doce de Familia de Oralidad de Medellín un proceso declarativo de existencia de unión marital de hecho y sociedad patrimonial, cuya demanda fue admitida el 11 de julio de 2025.

En diciembre de 2024, las niñas y su madre dejaron el apartamento XXX de la Urbanización Portón de Galicia, donde residía la familia, debido a una remodelación. Desde entonces habitan una vivienda arrendada, mientras que el tutelante regresó al apartamento el 25 de abril de 2025.

El 11 de noviembre de 2025, Andrea denunció ante la Comisaría Once de Familia de Medellín hechos de violencia intrafamiliar atribuidos al accionante. El 29 de diciembre siguiente, esa autoridad inició un proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor de las niñas.

En audiencia del 11 de mayo de 2026, la Comisaría declaró que ambos progenitores vulneraron los derechos de M.A.A. y Y.A.A. al ambiente sano y a la integridad personal. Ratificó el cuidado personal a cargo de la madre, ordenó terapias y dispuso el reintegro de las niñas, en compañía de ella, al apartamento XXX. Para cumplir esta última medida, el accionante debía retirarse del inmueble y entregar las llaves.Radicación nº 05001-22-10-000-2026-00509-01 4

Por conducto de apoderada judicial, el accionante interpuso recurso de reposición únicamente contra esa orden. Mediante resolución del 26 de mayo de 2026, la Comisaría repuso parcialmente su decisión y amplió a tres

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Por conducto de apoderada judicial, el accionante interpuso recurso de reposición únicamente contra esa orden. Mediante resolución del 26 de mayo de 2026, la Comisaría repuso parcialmente su decisión y amplió a tres meses el plazo para la entrega, que fijó, a más tardar, para el 11 de agosto de 2026.

El 10 de junio de 2026, la apoderada alegó que la orden de entrega desconocía los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, pues los informes del equipo interdisciplinario no evidenciaban que las niñas carecieran de condiciones habitacionales adecuadas. También señaló que sobre el inmueble existía una controversia patrimonial paralela y que la Comisaría no explicó por qué resultaban insuficientes otras alternativas menos gravosas.

En sentencia del 14 de agosto de 2026, el Juzgado Sexto de Familia de Medellín homologó lo decidido por la Comisaría. Consideró que las niñas habían salido del apartamento debido a la remodelación y que el accionante regresó sin que mediara consenso. Tuvo en cuenta, además, que ellas manifestaron arraigo con esa vivienda y su deseo de volver, por lo que concluyó que la medida era necesaria, razonable y proporcionada. Agregó que el accionante cuenta con estabilidad laboral e ingresos y que lo resuelto no impide la decisión que adopte el juez que conoce del proceso de unión marital de hecho.Radicación nº 05001-22-10-000-2026-00509-01 5

El tutelante atribuyó a la sentencia de homologación un

la decisión que adopte el juez que conoce del proceso de unión marital de hecho.Radicación nº 05001-22-10-000-2026-00509-01 5

El tutelante atribuyó a la sentencia de homologación un defecto fáctico, por no valorar el video de las cámaras de seguridad de la copropiedad, que, a su juicio, demuestra que la denunciante provocó el altercado, ni requerir a la Comisaría el expediente completo. También cuestionó que se desconocieran las condiciones adecuadas en las que las niñas residían con su madre y que se valorara de manera fragmentada la manifestación de Y.A.A., quien expresó su deseo de regresar al inmueble. Alegó, además, un defecto de motivación, porque el juzgado no aplicó el test de proporcionalidad, descartó sin análisis las medidas alternativas y sustentó su decisión en la capacidad salarial del accionante, así como un defecto sustantivo por violación directa de los artículos 29, 42 y 44 de la Constitución. Por su parte, a la Comisaría le reprochó no haber remitido el expediente completo al juez de homologación.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

El juzgado accionado informó que el 15 de julio de 2026 devolvió el expediente a la Comisaría para que lo organizara y completara. Una vez recibido, avocó conocimiento el 28 de julio siguiente y, el 14 de agosto, profirió la sentencia de homologación con fundamento en las piezas procesales y en el interés superior de las niñas. Añadió que el 21 de agosto devolvió las diligencias a la autoridad administrativa.

homologación con fundamento en las piezas procesales y en el interés superior de las niñas. Añadió que el 21 de agosto devolvió las diligencias a la autoridad administrativa.

La comisaría accionada explicó que la orden de reintegro se sustentó en los informes del equipo interdisciplinario y en las manifestaciones de las niñas, y queRadicación nº 05001-22-10-000-2026-00509-01 6

fue homologada en su integridad. Sostuvo, además, que los cuestionamientos del accionante corresponden a los mismos que planteó en el trámite de homologación. Agregó que, durante el seguimiento del 10 de septiembre de 2026, el equipo interdisciplinario advirtió la necesidad de continuar vigilando el cumplimiento de las medidas.

La vinculada Andrea, por conducto de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad del amparo. Señaló que el reintegro no se ordenó por una carencia habitacional, sino por el arraigo de las niñas con el inmueble, del que salieron debido a la remodelación promovida por el accionante. Manifestó que asume tanto las cuotas del crédito hipotecario como el arriendo de la vivienda que actualmente ocupan.

El Procurador 145 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres de Medellín indicó que el accionante ya acudió al mecanismo de homologación y que la tutela no puede utilizarse como una tercera instancia. Añadió que la decisión cuestionada no luce arbitraria, pues busca garantizar la prevalencia del derecho de las niñas a una vida libre de violencia.

mecanismo de homologación y que la tutela no puede utilizarse como una tercera instancia. Añadió que la decisión cuestionada no luce arbitraria, pues busca garantizar la prevalencia del derecho de las niñas a una vida libre de violencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

El Tribunal negó el amparo al considerar que el juzgado examinó los informes del equipo interdisciplinario, las visitas domiciliarias, las entrevistas a los progenitores y las manifestaciones de las niñas acerca de su arraigo con elRadicación nº 05001-22-10-000-2026-00509-01 7

inmueble. A su juicio, la autoridad judicial explicó que la medida pretendía garantizar su estabilidad habitacional y emocional, sin definir los derechos patrimoniales sobre el bien.

Agregó que la falta de valoración del video no tuvo incidencia decisiva, porque el trámite de homologación no buscaba establecer quién provocó el altercado y la orden de reintegro no se sustentó exclusivamente en ese episodio. Estimó, además, que la providencia justificó suficientemente la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida, aunque no hubiera desarrollado formalmente ese análisis. Por último, precisó que los documentos posteriores a la homologación, relacionados con el seguimiento de las medidas, pueden ser valorados por la autoridad administrativa en esa etapa o al resolver una solicitud de modificación.

El accionante impugnó y reiteró sus cuestionamientos sobre la valoración de la manifestación de su hija, la falta de aplicación del test de proporcionalidad y la ponderación

administrativa en esa etapa o al resolver una solicitud de modificación.

El accionante impugnó y reiteró sus cuestionamientos sobre la valoración de la manifestación de su hija, la falta de aplicación del test de proporcionalidad y la ponderación sustentada en su capacidad económica. Además, alegó hechos nuevos.

CONSIDERACIONES

Circunscrita al estudio de la impugnación, la Corte confirmará el fallo impugnado, por las razones que pasan a explicarse.Radicación nº 05001-22-10-000-2026-00509-01 8

El accionante reprocha la sentencia del 14 de agosto de 2026, mediante la cual el juzgado accionado homologó la orden de la comisaría que dispuso el reintegro de sus hijas, en compañía de su madre, al apartamento que él ocupa, y en consecuencia, su entrega por parte del tutelante.

Examinada esa providencia, no se advierte que sea arbitraria o carezca de fundamento. En primer lugar, debe señalarse que los cuestionamientos que ahora fórmula el accionante coinciden, en esencia, con los expuestos por su apoderada al sustentar la solicitud de homologación el 10 de junio de 2026. En esa oportunidad sostuvo que, a su parecer, la medida no satisfacía los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, carecía de respaldo en el expediente, desconocía la existencia de una controversia patrimonial paralela sobre el inmueble y omitía considerar alternativas menos gravosas. Todos esos aspectos fueron examinados por el despacho accionado.

La autoridad judicial para resolver examinó el acta de

patrimonial paralela sobre el inmueble y omitía considerar alternativas menos gravosas. Todos esos aspectos fueron examinados por el despacho accionado.

La autoridad judicial para resolver examinó el acta de verificación de derechos y la entrevista al accionante del 20 de noviembre de 2025, las entrevistas a M.A.A. del 20 de noviembre de 2025 y del 12 de marzo de 2026, así como la visita domiciliaria del 10 de abril de 2026. A partir de esas pruebas, estableció que las niñas habían salido del inmueble debido a una remodelación y que el accionante regresó sin que mediara consenso.

También tuvo en cuenta que las menores manifestaron arraigo con esa vivienda, a la que identifican como su hogarRadicación nº 05001-22-10-000-2026-00509-01 9

y un lugar seguro, así como su deseo de regresar. Con fundamento en esas circunstancias, concluyó que la medida era necesaria, razonable y proporcionada, atendiendo a su interés superior. Precisó, además, que el proceso de restablecimiento de derechos no es la vía para ventilar asuntos patrimoniales entre los progenitores y que lo decidido no impide el pronunciamiento que adopte el juez del proceso de unión marital de hecho sobre los derechos de las partes sobre el inmueble.

Tampoco se observa que el juzgado hubiera valorado de manera fragmentada la manifestación de Y.A.A, pues transcribió íntegramente su respuesta y señaló que:

«(...) según informe de visita domiciliaria realizado por la trabajadora social adscrita a la Comisaría de Familia, con fecha

manera fragmentada la manifestación de Y.A.A, pues transcribió íntegramente su respuesta y señaló que:

«(...) según informe de visita domiciliaria realizado por la trabajadora social adscrita a la Comisaría de Familia, con fecha del 10 de abril de 2026, durante el ejercicio, las menores de edad precisaron respecto a su arraigo con el inmueble en comento, lo siguiente: M,: "Me acostumbré a tener dos casas, aunque en la casa familiar tengo mi cama, mi escritorio, clóset y todo, y eso que casi no llevo ropa porque cuando estoy allá casi no salgo y en esta me queda cerca el colegio”

Y,: "P. ¿Cómo te sientes viviendo en esta casa?

R. más o menos porque casi no duermo, tengo muchas pesadillas, donde sueño que me matan a mi y a mi mamá y estoy durmiendo en la cama de mi mamá.

P. ¿Cuál es tu ligar seguro y por qué?

R. La casa donde está mi papá porque vivo 7 años y tengo todas mis cosas allá, tengo mi escritorio.

P. ¿Te gustaría regresar a ese lugar seguro?

R. sí me gustaría, y con mis dos papás.”

(...)

Lo aquí reseñado, contrario a lo esgrimido por la recurrente, da cuenta de que existen suficientes pruebas, incluyendo las propias afirmaciones del progenitor, en las que se evidencia que, las menores de edad fueron desacomodadas de suRadicación nº 05001-22-10-000-2026-00509-01 10

lugar de habitación bajo la premisa de que se realizaría una remodelación al inmueble, sin embargo, de manera no

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lugar de habitación bajo la premisa de que se realizaría una remodelación al inmueble, sin embargo, de manera no consensuada, el señor Andrés, decidió ser el primero en ingresar al mismo e instalarse, situación que no es ajena al conflicto familiar que conlleva a la apertura del proceso de restablecimiento de derechos, como quiera que las NNA continúan soportando las consecuencias del actuar premeditado del padre, quien privilegió su propia comodidad a la de sus hijas, sustentando su actuar en el hecho de haber recibido un préstamo por parte de su empleador para la remodelación de la vivienda y la situación económica de la madre de las menores de edad, a pesar de que, tal como suficientemente se ha decantado, han manifestado su arraigo y sentido de pertenencia, anhelando regresar a dicho lugar para establecer allí su residencia.» (Énfasis añadido).

Por otra parte, en cuanto a la referencia sobre la estabilidad laboral e ingresos del tutelante que realizó el despacho accionado, está se constituyó como un argumento complementario para descartar la afectación que alegaba a su estabilidad habitacional y no el fundamento de la medida. En cuanto a la integridad del expediente, se advierte que, mediante auto del 15 de julio de 2026, el juzgado lo devolvió a la comisaría para que incorporara la totalidad de las piezas del proceso de restablecimiento de derechos y solo avocó conocimiento una vez lo recibió nuevamente.

Así las cosas, resulta evidente que las inconformidades planteadas por el accionante evidencian, en esencia, una discrepancia con la valoración probatoria efectuada por el

conocimiento una vez lo recibió nuevamente.

Así las cosas, resulta evidente que las inconformidades planteadas por el accionante evidencian, en esencia, una discrepancia con la valoración probatoria efectuada por el juzgado y con las conclusiones que este extrajo de ella, mas no la existencia de una decisión arbitraria o carente de fundamento fáctico y jurídico.

En ese aspecto, esta Corte ha recordado que:Radicación nº 05001-22-10-000-2026-00509-01 11

«[I]ndependientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, la reseñada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque éste pueda ser susceptible de otra exégesis; (...)» (CSJ, STC 18 mar. 2010, exp. 00367-00, reiterada en STC1375-2026, STC863-2026)

Finalmente, los reproches introducidos por el impugnante en esta instancia, relacionados con el auto del 28 de septiembre de 2026, el seguimiento de las medidas y la diferencia de ingresos con la progenitora, no fueron planteados en el escrito de tutela (presentada el 10 de septiembre de 2026), razón por la cual no pueden ser examinados en esta oportunidad, dada su novedad.

Al respecto, ha señalado esta sala que:

«[r]especto de las circunstancias que expuso la impugnante ante

examinados en esta oportunidad, dada su novedad.

Al respecto, ha señalado esta sala que:

«[r]especto de las circunstancias que expuso la impugnante ante esta Corporación (…) no puede pronunciarse esta Colegiatura, pues se trata de hechos nuevos, no mencionados en el libelo constitucional, por lo que sobre tales aspectos el accionado no ha tenido oportunidad de contradicción. Por tanto, un estudio por la Corte implicaría la vulneración del debido proceso y del derecho de defensa de la autoridad criticada. Sobre el particular, la Sala ha indicado que: (…) es cierto que en sede de tutela, está establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el trámite ante él ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresión o amenaza de los bienes jurídicos superiores (…) También lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que ésta tampoco es extraña a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa» (CSJ STC5618-2020 reiterada en STC30032026, entre otras).

Por lo expuesto, se confirma el fallo impugnado.

DECISIÓNRadicación nº 05001-22-10-000-2026-00509-01 12

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2026 por la Sala de Familia del Tribunal

Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2026 por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín.

Se ordena a las autoridades vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: D98D971BB87C16E21D601E8862A88E18B0E4191E80E160A02AB8F5AB10B25937

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