CSJ - STC21180-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21180-2026 Radicación n.º 11001-22-03-000-2026-03790-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026). Resuelve la Corte la impugnación del fallo del 9 de septiembre del 2026 emitido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en la acción de tutela promovida por Fabián Enrique Muñoz Patiño contra el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá, C y O Administración Jurídica S.A.S. y Olga Teresa García Rojas; extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso ejecutivo con radicado n° 11001-31-03-036-2024-00596-00.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

El accionante solicita que ordene a la secuestre en el proceso cuestionado abstenerse «de ingresar materialmenteRadicación no 11001-22-03-000-2026-03790-01

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al Apartamento 501 y a los garajes Nos. 12 y 13 del EDIFICIO SAVVY HAUS P.H.» hasta que se resuelva el incidente de restitución al tercero po seedor presentado por este. Asimismo, pide que se ordene a los accionantes abstenerse de realizar cualquier actuación que altere o modifique la situación material de dichos bienes.

De la demanda constitucional y el expediente cuestionado se desprenden los siguientes hechos:

Asimismo, pide que se ordene a los accionantes abstenerse de realizar cualquier actuación que altere o modifique la situación material de dichos bienes.

De la demanda constitucional y el expediente cuestionado se desprenden los siguientes hechos:

Bancolombia S.A. promovió demanda ejecutiva contra Daniel Felipe Muñoz Patiño, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá. El 12 de noviembre de 2024, dicho despacho libró mandamiento de pago y decretó el embargo de los inmuebles hipotecados, identificados con los folios de matrícula inmobiliaria n.º 50N20873059, 50N-20873027 y 50N-2087302, correspondientes al apartamento 501 y a los garajes nº 12 y 13 del edificio Savvy Haus P.H. El 31 de marzo de 2025 se ordenó seguir adelante la ejecución ante el silencio del demandado, por lo que decretó la subasta de los bienes embargados.

El 14 de julio de 2025, el juzgado accionado decretó el secuestro del apartamento y los garajes, para lo cual libró despacho comisorio. El 4 de mayo de 2026 se llevó a cabo la diligencia, en la que se declararon legalmente secuestrados los bienes objeto de la medida cautelar y se designó como secuestre a la empresa C y O Administración Jurídica S.A.S. En el curso de la diligencia, el apoderado de Edith SocorroRadicación no 11001-22-03-000-2026-03790-01

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Patiño, madre del demandado, formuló oposición, la cual fue

En el curso de la diligencia, el apoderado de Edith SocorroRadicación no 11001-22-03-000-2026-03790-01

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Patiño, madre del demandado, formuló oposición, la cual fue rechazada en esa misma oportunidad.

Una vez devuelto el despacho comisorio, el expediente ingresó nuevamente al juzgado accionado el 12 de junio de

2026. Más adelante, el tutelante presentó incidente de restitución al tercero poseedor respecto de los bienes inmueble secuestrados, señalando ser tercero poseedor de estos desde el 2021 y no haber estado en la diligencia de secuestro.

El accionante adujo que, al momento de la presentación de la acción de tutela, no había sido resuelto el incidente promovido. No obstante, recibió llamadas de Olga Teresa García Rojas señalando actuar como secuestre dentro del proceso referido le «manifestó que debía desocupar el inmueble y que tenía la intención de ingresar al Apartamento 501, retirar los bienes y enseres que se encuentran en su interior y disponer del inmueble para entregarlo en arrendamiento».

Desde esa perspectiva, el interesado sostuvo que estas manifestaciones configuran una amenaza inminente, pues la actuación de la secuestre desconocía la existencia de una controversia judicial pendiente de resolución respecto de su condición de tercero poseedor, la cual debía tramitarse conforme al procedimiento previsto en el artículo 309 del Código General del Proceso. Además, señaló que, si bien seRadicación no 11001-22-03-000-2026-03790-01

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conforme al procedimiento previsto en el artículo 309 del Código General del Proceso. Además, señaló que, si bien seRadicación no 11001-22-03-000-2026-03790-01

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encontraba fuera del país, esa circunstancia no implicaba el abandono del inmueble en el que habitaba.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

La titular del despacho accionado manifestó que asumió recientemente el cargo y que el juzgado enfrenta una situación de congestión estructural. Asimismo, efectuó un breve recuento de los hechos y remitió el enlace del expediente digital.

Por su parte, Bancolombia S.A. y Olga Teresa García Rojas expusieron las razones para desestimar el resguardo constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

El Tribunal declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pues el incidente de restitución al tercero poseedor continúa en trámite y el accionante no puso en conocimiento del juez de la ejecución las presuntas irregularidades atribuidas a la secuestre. Asimismo, consideró que no se acreditó un perjuicio irremediable, dado que los actos que motivaron la solicitud de protección no se habían materializado.

El promotor impugnó el fallo, reiteró sus argumentos iniciales y señaló que no pretende sustituir la decisión del juez natural en el incidente, sino que invoca la acción comoRadicación no 11001-22-03-000-2026-03790-01

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iniciales y señaló que no pretende sustituir la decisión del juez natural en el incidente, sino que invoca la acción comoRadicación no 11001-22-03-000-2026-03790-01

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mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en tanto no cuenta con otra vivienda.

CONSIDERACIONES

Se confirmará el fallo impugnado, toda vez que no se cumplió el requisito de subsidiariedad, como se explicará a continuación.

Al respecto, revisado el expediente se observa que el 2 de septiembre de 2026, apenas 2 días después de presentada esta acción (31 ago. 2026), el juzgado accionado incorporó la diligencia de secuestro y ordenó ingresar «al despacho para decidir lo que en derecho corresponda frente al incidente de restitución de tercero poseedor», por lo que se advierte un actuar apresurado del accionante, en tanto acudió a la acción constitucional cuando el incidente que promovió apenas surtía su trámite ordinario, el cual aún no ha finalizado y es en este en el que se decidirá si el accionante ostenta o no la calidad de poseedor.

Sumado a ello, del informe rendido por la autoridad judicial accionada se desprende que la nueva titular asumió el cargo a partir del 17 de julio de 2026 y encontró el despacho en un estado de congestión estructural, para cuya atención el Consejo Superior de la Judicatura asignó un cargo transitorio de descongestión, circunstancias particulares que explican que el incidente promovido por el

despacho en un estado de congestión estructural, para cuya atención el Consejo Superior de la Judicatura asignó un cargo transitorio de descongestión, circunstancias particulares que explican que el incidente promovido por el accionante aún se encuentre en trámite y que, dado elRadicación no 11001-22-03-000-2026-03790-01

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carácter subsidiario y residual de la tutela, impiden al juez constitucional anticiparse a la decisión del juez natural.

Con todo, esta Sala no advierte que el accionante haya acudido al juez natural para exponer sus inconformidades frente a las actuaciones que, según afirma, ha desplegado la secuestre, ni para poner de presente la urgencia de las medidas que pretende obtener por vía constitucional. En cambio, acudió directamente al amparo, sin acudir previamente a la autoridad competente para plantear las irregularidades que ahora pretende someter al conocimiento del juez de tutela, lo que desconoce el carácter residual y subsidiario de este mecanismo.

En consecuencia, no se satisfizo el carácter subsidiario del sendero supralegal. En ese contexto, recuerde que la jurisprudencia tiene decantado que:

«(…) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideración, pretextando la supuesta violación de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos estén siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo

asunto sometido a su consideración, pretextando la supuesta violación de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos estén siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protección, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jurídico ha contemplado, sino cuando carezca de éstas» (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC8897-2017, STC10432-2017 y STC6904-2020, entre otras).

Ahora, en lo relativo al perjuicio irremediable, del paginario no se extrae prueba de un «menoscabo irreparable al que hace referencia, ni lo narrado denota una gravedad yRadicación no 11001-22-03-000-2026-03790-01

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urgencia de tal entidad que conlleve a que se pasen por alto los trámites, procesos y procedimientos establecidos por el legislador» (CSJ STC11816-2018, citada en STC1415-2021).

En ese contexto, se confirmará la decisión impugnada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, resuelve CONFIRMAR la sentencia del 9 de septiembre del 2026 emitido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control

resuelve CONFIRMAR la sentencia del 9 de septiembre del 2026 emitido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTARadicación no 11001-22-03-000-2026-03790-01

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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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