CSJ - STC21181-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21181-2026 Radicación n.º 86001-22-08-002-2026-00155-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación del fallo proferido el 25 de septiembre de 2026 por la Sala Única del Tribunal Superior de Mocoa, en la acción de tutela instaurada por Segundo Esteban Fajardo Narváez contra los Juzgados Civil del Circuito y Primero Civil Municipal de esa ciudad , extensiva a las partes e intervinientes en el proceso reivindicatorio radicado bajo el número 86001-40-03-0012013-00014-00.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

El accionante solicita dejar sin efectos los autos del 19 de mayo, 22 de junio y 3 de agosto de 2026, mediante los cuales el juzgado del circuito accionado confirmó enRadicación n.º 86001-22-08-002-2026-00155-01

2 apelación, respectivamente, la negativa de la petición de nulidad (25 nov. 2025), del decreto de unas pruebas pedidas en la oposición a la entrega del inmueble (6 abr. 2026) y de la procedencia de esta última (6 may. 2026), dentro del proceso reivindicatorio No. 2013-00014-00 instaurado por Flor Marina Medina Chamorro frente a Segundo Isaac Romo Yela.

la procedencia de esta última (6 may. 2026), dentro del proceso reivindicatorio No. 2013-00014-00 instaurado por Flor Marina Medina Chamorro frente a Segundo Isaac Romo Yela.

Manifiesta que en el referido trámite el juzgado municipal accionado dictó sentencia el 21 de mayo de 2025, accediendo a las pretensiones y ordenando la entrega material del inmueble, decisión que afecta el terreno sobre el cual ejerce una posesión propia, autónoma y material desde el año 1993.

Señala que nunca fue demandado, citado ni oído en ese proceso, que compareció el 16 de septiembre de 2025, cuando se adelantaba la diligencia de entrega, para formular oposición como tercero poseedor y solicitar la suspensión de la actuación, y que en esa misma fecha pidió la nulidad de lo actuado al considerar que la ejecución del fallo comprometía su situación posesoria y que no había tenido la oportunidad de ejercer sus derechos de defensa y contradicción.

Indica que, en auto del 25 de noviembre de 2025, el despacho de conocimiento negó la nulidad, determinación confirmada por el juzgado del circuito el 19 de mayo de 2026 bajo el argumento que la protección de su eventual derecho como tercero poseedor debía discutirse en el trámite de la oposición.Radicación n.º 86001-22-08-002-2026-00155-01

3 Expone que, en proveído del 6 de abril de 2026, respaldado en segunda instancia el 22 de junio del año en curso, el juzgado negó el decreto de unas pruebas necesarias

3 Expone que, en proveído del 6 de abril de 2026, respaldado en segunda instancia el 22 de junio del año en curso, el juzgado negó el decreto de unas pruebas necesarias para demostrar que el espacio sobre el cual se pretendía ejecutar la sentencia podía no corresponder al predio reivindicado (estudio multitemporal, dictamen pericial topográfico y prueba por informe dirigida al Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC).

Afirma que el 6 de mayo de 2026 se negó la oposición con sustento en una valoración fragmentaria e insuficiente de las pruebas documentales y testimoniales recaudadas, entre ellas la promesa de compraventa del 16 de junio de 1993, el acta de entrega anticipada del 30 de junio de ese año y las declaraciones relacionadas con el origen, la ubicación y el ejercicio de la posesión.

En el trámite de la presente tutela, el convocante expresó que el 11 de septiembre de 2026 se llevó a cabo la entrega del inmueble objeto del proceso reivindicatorio censurado.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

El juzgado civil del circuito precisó que no se configuró la causal de indebida integración del contradictorio, pues la acción reivindicatoria se dirigió contra quien fue identificado como poseedor del inmueble, y que acceder a la solicitud del tercero durante la etapa de ejecución desconocería l os principios de preclusión, seguridad jurídica y cosa juzgada.Radicación n.º 86001-22-08-002-2026-00155-01

4 En cuanto a las pruebas solicitadas y a la oposición a

principios de preclusión, seguridad jurídica y cosa juzgada.Radicación n.º 86001-22-08-002-2026-00155-01

4 En cuanto a las pruebas solicitadas y a la oposición a la entrega, anotó que el trámite previsto en el artículo 309 del Código General del Proceso tiene por objeto acreditar la posesión actual, autónoma e independiente sobre el bien cuya entrega se ordenó, y no reabrir el debate sobre su identidad, ubicación o linderos, definidos en el proceso reivindicatorio.

Destacó que el apoderado del opositor manifestó que el inmueble objeto de la sentencia no era exactamente el mismo sobre el cual su representado ejercía la posesión, expresión que valoró como confesión judicial, que la promesa de compraventa y el acta de entrega de l año 1993 no demostraban la continuidad y actualidad de la posesión, y que los testimonios presentaron imprecisiones sobre las condiciones del predio, por lo que coligió que no se acreditó la posesión exigida para que prosperara la oposición.

El juzgado civil municipal contestó que las providencias reprochadas están ajustadas a derecho y no vulneran las garantías esenciales invocadas.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

El Tribunal negó el amparo argumentando que los proveídos debatidos estaban suficientemente motivados y no incurrieron en los defectos alegados. Respecto de la nulidad procesal, indicó que la posesión del inmueble por parte de Segundo Isaac Romo Yela al momento de trabarse la litis

proveídos debatidos estaban suficientemente motivados y no incurrieron en los defectos alegados. Respecto de la nulidad procesal, indicó que la posesión del inmueble por parte de Segundo Isaac Romo Yela al momento de trabarse la litis estaba respaldada por la inspección judicial, los testimoniosRadicación n.º 86001-22-08-002-2026-00155-01

5 y la demanda de pertenencia formulada en reconvención, sin que el accionante hubiera intervenido oportunamente en el proceso.

En cuanto a las pruebas, estimó razonable negar el estudio multitemporal, el dictamen pericial topográfico y la prueba por informe al IGAC, por estar dirigidos a cuestionar la identidad y los linderos del inmueble, asuntos definidos en el proceso reivindicatorio, y consideró justificado prescindir de dos testimonios porque el opositor no acreditó debidamente su citación, pese a que se le concedió un término para hacerlo.

Frente a la negativa de la oposición, sostuvo que esta se fundó en una valoración conjunta de las pruebas, las cuales no probaron una posesión autónoma y actual del accionante sobre el terreno objeto de entrega.

El convocante impugnó reiterando los planteamientos de la tutela.

CONSIDERACIONES

La Corte centrará la atención en las providencias emitidas por el juzgado civil del circuito accionado el 19 de mayo, 22 de junio y 3 de agosto de 2026, comoquiera que a través de estas se zanjó la controversia (CSJ STC14023emitidas por el juzgado civil del circuito accionado el 19 de mayo, 22 de junio y 3 de agosto de 2026, comoquiera que a través de estas se zanjó la controversia (CSJ STC140232026, STC15258-2026 y STC18079-2026, entre otras).Radicación n.º 86001-22-08-002-2026-00155-01

6 Puntualizado lo anterior, se anuncia que el amparo no prosperará porque las decisiones controvertidas son razonables, de modo que no se evidencia un ejercicio arbitrario de la función judicial que habilite la intervención del juez constitucional, circunstancia que excluye la prosperidad del ruego, como pasa a explicarse.

Auto del 19 may. 2026 (desestimó la nulidad).

El juzgado expuso que la acción se dirigió correctamente contra Segundo Isaac Romo Yela, quien, según las pruebas recaudadas durante los más de doce años del trámite del proceso, ejercía la posesión material del inmueble , conclusión que se sustenta en la confesión judicial derivada de la demanda de reconvención por prescripción adquisitiva formulada por el demandado, la inspección judicial en la que se constató su posesión y los testimonios practicados.

Agregó que Segundo Esteban Fajardo Narváez , accionante en la salvaguarda, no compareció ni acreditó derecho alguno durante ese período y solo intervino el 16 de septiembre de 2025, con ocasión de la diligencia de entrega, para alegar su condición de poseedor.

Con fundamento en lo anterior, descartó que se hubiera configurado una indebida integración del contradictorio,

septiembre de 2025, con ocasión de la diligencia de entrega, para alegar su condición de poseedor.

Con fundamento en lo anterior, descartó que se hubiera configurado una indebida integración del contradictorio, pues la demanda reivindicatoria se promovió contra quien ostentaba la posesión material del bien, conforme a los artículos 946, 950 y 952 del Có digo Civil. Por ello, no encontró acreditada la causal de nulidad invocada.Radicación n.º 86001-22-08-002-2026-00155-01

7 Resaltó que la aparición de un tercero después de ejecutoriada la sentencia no podía invalidar retroactivamente lo actuado durante más de doce años ni afectar la cosa juzgada, pues admitir esa posibilidad permitiría que cualquier persona alegara posteriormente la posesión del inmueble para obtener la nulidad de un proceso concluido, en contravía de los principios de preclusión, seguridad jurídica y estabilidad de las decisiones judiciales.

Auto del 22 jun. 2026 (negó el decreto de pruebas en el trámite de la oposición a la entrega del inmueble).

El despacho señaló que el dictamen pericial topográfico fue pedido por el opositor con el propósito de demostrar la supuesta sobreposición de linderos, el desplazamiento cartográfico del polígono objeto de entrega y la existencia de cercos y cultivos que, según afirmó el opositor, evidenciaban el ejercicio de su posesión.

Mencionó que esos argumentos no desvirtuaban la decisión apelada, porque la finalidad del dictamen no era acreditar la posesión material del opositor, sino cuestionar la

el ejercicio de su posesión.

Mencionó que esos argumentos no desvirtuaban la decisión apelada, porque la finalidad del dictamen no era acreditar la posesión material del opositor, sino cuestionar la identidad física y cartográfica del predio cuya entrega se había ordenado en la sentencia reivindicatoria.

Explicó que la delimitación e identificación del inmueble habían sido materia de decisión en el proceso a través de la sentencia de instancia y estaban amparadas por el principio de cosa juzgada, y que el artículo 309 del Código General del Proceso circunscribe el debate probatorio del trámite de laRadicación n.º 86001-22-08-002-2026-00155-01

8 oposición a la demostración de la posesión material, sin contemplar la revisión de aspectos cartográficos, catastrales o de identificación del bien ya definidos en el fallo.

En relación con prueba documental por informe solicitada al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), destinada a obtener el expediente administrativo, el plano topográfico base y el método de levantamiento empleado para generar el certificado de coordenadas del folio de matrícula inmobiliaria No. 440-7364 en el año 2024, advirtió que su finalidad coincidía con la de la experticia denegada, pues buscaba controvertir la actuación catastral del IGAC y cuestionar la identificación técnica del polígono que debía entregarse, en lugar de demostrar la posesión del opositor.

Auto del 3 ago. 2026 (negó la oposición).

El juzgado mencionó que el opositor insistía en que el bien cuya entrega se ordenó en la sentencia no correspondía

Auto del 3 ago. 2026 (negó la oposición).

El juzgado mencionó que el opositor insistía en que el bien cuya entrega se ordenó en la sentencia no correspondía materialmente al terreno que afirmaba poseer y cuestionaba que no se hubieran practicado las pruebas técnicas solicitadas al IGAC, sin embargo, el trámite de oposición regulado en el Estatuto Procesal tiene por objeto establecer si quien se opone ejerce la posesión sobre el bien materia de entrega, de manera que la prueba de esa situación debe recaer precisamente sobre el inmueble comprendido en la orden judicial.Radicación n.º 86001-22-08-002-2026-00155-01

9 Indicó que el juez de primera instancia había constatado la identidad técnica del inmueble mediante el plano predial catastral y la intervención de las partes.

Destacó que el apoderado del opositor expresó durante la diligencia que el inmueble ordenado en la sentencia no era exactamente el mismo sobre el cual su representado ejercía la posesión y afirmaba ser propietario, declaración que constituye una confesión judicial en los términos del artículo 193 del Código General del Proceso, pues el abogado contaba con facultades expresas para confesar y sus manifestaciones, al referirse a un hecho adv erso a los intereses de su representado y directamente relacionado con el litigio, le eran oponibles.

Por lo anterior, coligió que, si el propio apoderado reconocía que el predio poseído por su mandante no coincidía con el que debía entregarse , la oposición carecía de fundamento, al faltar la correspondencia material exigida para su procedencia.

reconocía que el predio poseído por su mandante no coincidía con el que debía entregarse , la oposición carecía de fundamento, al faltar la correspondencia material exigida para su procedencia.

Áñadió que la identidad entre el bien perseguido por el demandante y el poseído por el demandado había sido objeto de debate y verificación durante los más de doce años de trámite del proceso reivindicatorio, que culminó con una sentencia estimatoria respecto del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 440-7364, y enfatizó que la identificación del predio se apoyó en el plano predial catastral elaborado por el IGAC, frente al cual las partes no formularonRadicación n.º 86001-22-08-002-2026-00155-01

10 objeciones, así como en la inspección judicial practicada con presencia del demandado y su apoderado.

En ese orden, la autoridad judicial refirió que la individualización material y jurídica del bien estaba amparada por el principio de cosa juzgada, y que el incidente de oposición no podía utilizarse para reabrir una discusión ya concluida.

Posteriormente, coligió que los medios de convicción aportados por el interesado no permitían acreditar la posesión actual, autónoma e independiente exigida para la prosperidad de la oposición, pues los testimonios provenían de personas vinculadas por parentesco o afinidad con él o con el demandado en el proceso, y presentaban imprecisiones sobre aspectos relevantes como la delimitación del predio, la existencia de cercas, la frecuencia y continuidad de la explotación y el estado actual del inmueble. Veamos, a modo de ejemplo:

imprecisiones sobre aspectos relevantes como la delimitación del predio, la existencia de cercas, la frecuencia y continuidad de la explotación y el estado actual del inmueble. Veamos, a modo de ejemplo:

«(…) En particular, el testigo Henry Ramiro Fajardo Narváez reconoció no haber trabajado en el predio desde hacía aproximadamente quince (15) años, con lo cual su declaración no resulta idónea para acreditar una posesión actual.

El testigo Jesús Hermes Romo Yela, al ser interrogado sobre el estado actual del predio, fue evasivo y manifestó no poder dar cuenta de su situación presente.»

Respecto de la valoración de las pruebas documentales arrimadas, el despacho precisó que la promesa de compraventa no constituía título traslaticio de dominio ni de posesión, mientras que el acta de entrega anticipada soloRadicación n.º 86001-22-08-002-2026-00155-01

11 podía acreditar el inicio de una eventual posesión en el año 1993, mas no su continuidad hasta la diligencia, pues el artículo 309 ejusdem exige demostrar una posesión actual:

«(…) En relación con la pretendida eficacia probatoria del contrato de promesa de compraventa del 16 de junio de 1993 y del acta de entrega anticipada del 30 de junio de 1993, este despacho comparte el análisis del a quo en el sentido de que precisó que el contrato de promesa de compraventa, conforme al artículo 1611 del Código Civil, no constituye título traslaticio de dominio ni de posesión, sino un negocio preparatorio que genera exclusivamente la obligación de celebrar un contrato futuro, y el acta de entrega

contrato de promesa de compraventa, conforme al artículo 1611 del Código Civil, no constituye título traslaticio de dominio ni de posesión, sino un negocio preparatorio que genera exclusivamente la obligación de celebrar un contrato futuro, y el acta de entrega anticipada, por su parte, si bien contiene manifestaciones de voluntad relativas a la tradición de la posesión, solamente podría acreditar, en el mejor de los casos, un punto de partida de una eventual situación posesoria en el año 1993.

Sin embargo, tales documentos no demuestran la continuidad, permanencia y vigencia de la posesión hasta la actualidad, que es lo exigido por la ley y la jurisprudencia para la prosperidad de la oposición y en el asunto de marras, la posesión que tutela el artículo 309 del C.G.P. es la posesión actual al momento de la diligencia de entrega, más no una posesión histórica.» (Subrayas ajenas al texto).

Conclusión.

Así las cosas, se concluye que los autos censurados son razonables, pues se sustentaron en argumentos que no constituyen una transgresión abrupta enmendable por esta vía, toda vez que el juzgado civil del circuito desestimó la nulidad por indebida integración del contradictorio porque la acción reivindicatoria se dirigió contra quien ejercía la posesión material del inmueble.

Así mismo, confirmó la negativa de decretar las pruebas al considerar que estaban dirigidas a controvertir la identidad y delimitación técnica del inmueble, aspectosRadicación n.º 86001-22-08-002-2026-00155-01

12 definidos en el proceso reivindicatorio y amparados por la

identidad y delimitación técnica del inmueble, aspectosRadicación n.º 86001-22-08-002-2026-00155-01

12 definidos en el proceso reivindicatorio y amparados por la cosa juzgada, y no a acreditar la posesión material actual del opositor.

Además, avaló la decisión que negó la oposición a la entrega por cuanto la manifestación del apoderado del opositor constituía confesión judicial respecto de la falta de correspondencia entre el predio que su representado afirmaba poseer y aquel cuya entrega se había ordenado, sin que las pruebas documentales y testimoniales aportadas permitieran acreditar la posesión actual, autónoma e independiente exigida para la prosperidad de la oposición.

Por lo tanto, se estima que en realidad existió una disparidad de criterios en torno a la apreciación de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermenéutica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede « imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica valoración probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes» (CSJ STC11097-2026, STC15258-2026 y STC18079-2026, entre otras).

En consecuencia, se confirmará el fallo constitucional ante la razonabilidad de las providencias cuestionadas.

DECISIÓNRadicación n.º 86001-22-08-002-2026-00155-01

13 En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

ante la razonabilidad de las providencias cuestionadas.

DECISIÓNRadicación n.º 86001-22-08-002-2026-00155-01

13 En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia dictada por la Sala Única del Tribunal Superior de Mocoa el 25 de septiembre de 2026, por las razones expuestas.

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a los participantes por el medio más expedito y remítase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto

Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: C6FC81EF4CDEB34008DA14F97C581A0D43A7815B7CAFBE8EFBED5F9F91A00C9C Documento generado en 2026-10-30