CSJ - STC21184-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21184-2026 Radicación n.º 13001-22-13-000-2026-00670-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Se decide la impugnación de la sentencia del 18 de septiembre de 2026, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, dentro de la acción de tutela promovida por Nueva EPS S.A. contra el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena, trámite extensivo a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo radicado 13001-3103-007-2025-00372-00.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

La Nueva EPS S.A. solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia que estimó vulnerados por la mora del juzgado accionado en resolver la solicitud conjunta deRadicación n.º 13001-22-13-000-2026-00670-01 2 retiro de varias demandas acumuladas al ejecutivo promovido en su contra por Inversiones Médicas Barú S.A.S., pese a sus reiteraciones.

En ese proceso, al que se acumularon múltiples demandas ejecutivas, el juzgado unificó las medidas cautelares mediante auto de 5 de marzo de 2026. Decretó el embargo y secuestro de los dineros depositados en productos financieros de la ejecutada, así como el embargo y retención

demandas ejecutivas, el juzgado unificó las medidas cautelares mediante auto de 5 de marzo de 2026. Decretó el embargo y secuestro de los dineros depositados en productos financieros de la ejecutada, así como el embargo y retención de la comisión de administración incluida en la Unidad de Pago por Capitación que debía girarle la ADRES, ambas medidas limitadas a $677.219.950.059. Las órdenes se comunicaron mediante los oficios 195 y 196 de 17 de marzo siguiente.

El 19 de marzo de 2026, los apoderados de algunas acreedoras y de Nueva EPS S.A. solicitaron conjuntamente el retiro de las respectivas demandas acumuladas. El 27 siguiente, la ejecutada pidió resolver esas solicitudes, levantar los embargos que las garantizaban y reducir el límite global de las cautelas, conforme al artículo 92 del Código General del Proceso. Reiteró su petición el 9 y 15 de abril y el 7 de mayo de 2026.

En consecuencia, interpuso este amparo porque alegó que habían transcurrido más de 170 días sin decisión, pese a que el juzgado continuó librando mandamientos de pago, acumulando demandas y expidiendo oficios de embargo. Sostuvo que esa omisión generaba incertidumbre sobre la permanencia de los acumulados y prolongaba la retención deRadicación n.º 13001-22-13-000-2026-00670-01 3 recursos destinados al servicio de salud. También cuestionó la falta de pronunciamiento sobre la Resolución 2026100000003814-6 de 10 de abril de 2026, mediante la cual la Superintendencia Nacional de Salud ordenó una

3 recursos destinados al servicio de salud. También cuestionó la falta de pronunciamiento sobre la Resolución 2026100000003814-6 de 10 de abril de 2026, mediante la cual la Superintendencia Nacional de Salud ordenó una nueva toma de posesión de la entidad. No obstante, precisó que el objeto de la tutela era «exclusivo y excluyente: la mora en decidir la solicitud conjunta de retiro de demanda y sus reiteraciones».

Por tanto, pretendió «ORDENAR al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, estudie y resuelva de fondo, mediante providencia motivada y congruente, la solicitud conjunta de retiro de demanda radicada en marzo de 2026 respecto de los acumulados 1 a 5 y sus reiteraciones posteriores».

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena solicitó declarar el hecho superado. Informó que mediante auto del 14 de septiembre de 2026 aceptó el retiro de las demandas acumuladas 1, 2, 3 y 5, solicitado conjuntamente por los apoderados de las partes. Aclaró que no existía solicitud respecto de la acumulada 4 y que el proceso comprendía 47 demandas acumuladas, con actuaciones independientes, circunstancia que justificaba el tiempo empleado.Radicación n.º 13001-22-13-000-2026-00670-01 4 La ADRES alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, al no corresponderle satisfacer las pretensiones de la accionante.

empleado.Radicación n.º 13001-22-13-000-2026-00670-01 4 La ADRES alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, al no corresponderle satisfacer las pretensiones de la accionante.

Carlos Humberto Arce García, representante legal de Clínica Médicos S.A., Clínica de Alta Complejidad de Aguachica, Clínica Valledupar S.A. y Clínica de Alta Complejidad San Juan Bautista S.A.S., coadyuvó la tutela únicamente para que se resolviera el retiro de los acumulados 1, 2, 3 y 5, dada la voluntad coincidente de las partes. Señaló que correspondía al juez natural definir sus efectos procesales y cautelares.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

El Tribunal negó el amparo por carencia actual de objeto por hecho superado, porque el juzgado resolvió la solicitud de retiro mediante auto de 14 de septiembre de

2026. Precisó que la tutela no reclamó un pronunciamiento sobre el levantamiento de las cautelas ni sobre la resolución de intervención forzosa y que, si la accionante estimaba incompleta aquella providencia, debía acudir a los mecanismos procesales correspondientes.

La sociedad accionante impugnó porque estimó que la pretensión frente a resolver la solicitud de retiro «y sus reiteraciones posteriores» comprendía el levantamiento de los embargos y la reducción del límite global, sobre lo cual el juzgado convocado no se pronunció. Igualmente, expuso que

pretensión frente a resolver la solicitud de retiro «y sus reiteraciones posteriores» comprendía el levantamiento de los embargos y la reducción del límite global, sobre lo cual el juzgado convocado no se pronunció. Igualmente, expuso que la sentencia de primera instancia omitió examinar los erroresRadicación n.º 13001-22-13-000-2026-00670-01 5 en la identificación de las demandantes y la situación de la acumulación sobre la demanda número 4. En consecuencia, solicitó ordenar al convocado que, dentro de las 48 horas siguientes, resuelva sobre el levantamiento de las cautelas, la reducción del límite global embargado y las inconsistencias en la identificación de las demandantes.

CONSIDERACIONES

Se confirmará el fallo impugnado, porque el juzgado ya resolvió la solicitud de retiro cuya mora motivó la tutela, ajustó posteriormente el límite global de las medidas cautelares y los asuntos que la sociedad accionante considera pendientes están sometidos a los recursos que interpuso ante el juez natural.

En efecto, la carencia actual del objeto por hecho superado está acreditada respecto del retiro de las demandas toda vez que, mediante proveído del 14 de septiembre de 2026, el juzgado aceptó el retiro de las acumuladas 1, 2, 3, y 5, conforme a las solicitudes conjuntas de los apoderados de las partes. Así, cesó la omisión que dio lugar al amparo, al respecto esta Corporació ha reiterado:

«El hecho superado o la carencia de objeto (…) se presenta si la omisión por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido

las partes. Así, cesó la omisión que dio lugar al amparo, al respecto esta Corporació ha reiterado:

«El hecho superado o la carencia de objeto (…) se presenta si la omisión por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y razón de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecería de sentido (…)» (CSJ. STC de 13 de marzo de 2009, exp. T00147-01, complementada en STC de 12 de septiembre de 2011, exp. T-00081-01, y reiterada en STC95642018 STC19338-2025 y STC145-2026).Radicación n.º 13001-22-13-000-2026-00670-01 6 En cuanto a las medidas cautelares, las actuaciones posteriores muestran que el juzgado atendió la solicitud de reducir el límite global. Mediante auto del 9 de octubre de 2026, amplió la cuantía de las medidas a petición de otras acreedoras y actualizó su límite con una tabla que excluyó las acumuladas 1, 2, 3 y 4. El 14 de octubre siguiente corrigió esa providencia, conforme al artículo 286 del Código General del Proceso, para excluir también la acumulada 5.

De ese modo, el límite global dejó de computar las demandas retiradas como lo había solicitado la accionante. Que el monto total haya aumentado obedeció a las solicitudes de otras acreedoras, asunto distinto a la mora denunciada.

De ese modo, el límite global dejó de computar las demandas retiradas como lo había solicitado la accionante. Que el monto total haya aumentado obedeció a las solicitudes de otras acreedoras, asunto distinto a la mora denunciada.

Sin perjuicio de lo anterior, el pronunciamiento del juez constitucional frente a las cautelas resulta prematuro. En efecto, obra en el expediente que la tutelante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto del 9 de octubre, en el que solicitó, entre otras cosas, «ORDENAR el levantamiento de las medidas cautelares de los acumulados retirados, conforme a los artículos 92 y 597 del C.G.P.». Así mismo, también recurrió el auto del 14 de octubre de 2026. No consta en el expediente que dichos recursos se hayan resuelto, por lo que no corresponde al juez constitucional anticiparse a lo que allí se decida. Recuérdese que, al respecto, esta Corporación ha precisado:

«resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso está haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinación, en atención a que no es admisible que el Juez deRadicación n.º 13001-22-13-000-2026-00670-01 7 tutela se anticipe a una decisión que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas válidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocería el

el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas válidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocería el carácter residual de esta senda y las normas de orden público, que son de obligatoria aplicación, con la consiguiente alteración de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa» (CJS STC, 18 mar. 2011, rad. 0017100, reiterada en STC83122020, STC462-2021, STC11691-2025, STC5909-2021, STC2808-2022, STC21357-2025, entre otras).

En consecuencia, por las razones expuestas, se confirmará la sentencia impugnada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve CONFIRMAR la sentencia impugnada por las razones expuestas.

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO Presidente de SalaRadicación n.º 13001-22-13-000-2026-00670-01 8

revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO Presidente de SalaRadicación n.º 13001-22-13-000-2026-00670-01 8

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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