CSJ - STC21186-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21186-2026 Radicación n.º 13001-22-13-000-2026-00689-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación del fallo del 25 de septiembre de 2026 proferido por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Cartagena, en la acción de tutela instaurada por Omar Leonardo Durán Gil contra el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena, extensiva a todas las autoridades, partes e intervinientes en el incidente de desacato radicado n.º 13001400301420260047302.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

El accionante solicitó al juez constitucional dejar sin efecto el auto proferido el 4 de septiembre de 2026 por el cual la autoridad accionada, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, revocó la sanción impuesta en el incidente deRadicación n.º 13001-22-13-000-2026-00689-01 2

desacato y dispuso su archivo. En consecuencia, pidió que se emita una nueva providencia ajustada a la cronología del expediente digital y sin valorar elementos que no hubieran sido incorporados y sometidos a contradicción. Por último, requirió que se compulsen copias ante las autoridades penales y disciplinarias contra el titular y los funcionarios del despacho accionado.

expediente digital y sin valorar elementos que no hubieran sido incorporados y sometidos a contradicción. Por último, requirió que se compulsen copias ante las autoridades penales y disciplinarias contra el titular y los funcionarios del despacho accionado.

Como hechos relevantes destaca que promovió una primera acción de tutela contra la Secretaría de Hacienda Distrital de Cartagena. El asunto correspondió al Juzgado Catorce Civil Municipal de esa ciudad, autoridad que, mediante sentencia del 27 de mayo de 2026, concedió el amparo invocado y ordenó a la entidad «que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, brinde una respuesta directa al accionante frente a la petición fechada de 10 de abril de 2026, esto de manera clara, de fondo y congruente». Dicha decisión fue impugnada por la accionada y posteriormente confirmada por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena.

En dicha petición el actor había solicitado copia de los expedientes de los procesos de cobro coactivo adelantados en su contra.

Por considerar incumplida la orden, el gestor formuló incidente de desacato el 27 de julio de 2026. El fallador municipal le dio apertura por auto del 10 de agosto siguiente y, en determinación del 1º de septiembre de 2026, sancionó al Secretario de Hacienda Distrital y al Alcalde Mayor deRadicación n.º 13001-22-13-000-2026-00689-01 3

Cartagena con tres días de arresto y multa de un salario mínimo legal mensual vigente. Ese mismo día, el

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Cartagena con tres días de arresto y multa de un salario mínimo legal mensual vigente. Ese mismo día, el diligenciamiento fue remitido en grado jurisdiccional de consulta al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena.

Señala el actor que, durante el trámite de la consulta, allegó múltiples memoriales ante la autoridad judicial aquí accionada en los que pidió confirmar la sanción e insistió en la falta de entrega de los expedientes.

El 4 de septiembre de 2026 el despacho convocado revocó la sanción y ordenó el archivo del incidente, al estimar cumplida la orden constitucional con base en la comunicación remitida por la Oficina de Cobro Coactivo al correo del actor el 2 de septiembre de 2026. A esa comunicación se adjuntaron las Resoluciones AMC-RES001000-2022 y AMC-RES-003181-2024, los Oficios AMCOFI-0055027-2022 y AMC-OFI-0115010-2024, y el Oficio AMC-OFI-0038193-2026, entre otros documentos relacionados con la petición primigenia del ahora accionante. Dicha determinación fue notificada al gestor el 11 de septiembre siguiente.

En ese contexto, el gestor cuestiona que la autoridad accionada decidiera revocar la sanción y archivar el incidente con base en un expediente en el que no obraba prueba alguna de que la orden constitucional hubiera sido cumplida. Afirma que el oficio con base en el cual el juzgado entendió acatada la orden constitucional respondía a una petición del

con base en un expediente en el que no obraba prueba alguna de que la orden constitucional hubiera sido cumplida. Afirma que el oficio con base en el cual el juzgado entendió acatada la orden constitucional respondía a una petición del 20 de febrero de 2026 que se debate en otro incidente deRadicación n.º 13001-22-13-000-2026-00689-01 4

desacato ante el Juzgado Veinte Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cartagena, y no a la solicitud de abril que dio origen al amparo. Asimismo, cuestiona que la decisión criticada le haya sido notificada siete días después de la fecha que registra.

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS

El despacho accionado precisó que la decisión del 4 de septiembre de 2026 se sustentó en el correo que la incidentada envió al gestor el 2 de septiembre, el cual fue allegado al juzgado en la fecha del proveído cuestionado. Explicó que, por error involuntario, esa comunicación fue cargada en la plataforma TYBA bajo el radicado 13001400301420260047301 y no en el 13001400301420260047302, correspondiente al trámite de la consulta.

Indicó que el yerro fue advertido y corregido, y que la trazabilidad del sistema permite constatar tanto el cargue inicial como su posterior incorporación al expediente correcto, por lo que no hubo una actuación encaminada a sustraer documentos del trámite. Finalmente, alegó que el amparo no satisface el requisito de subsidiariedad, pues el gestor nunca pidió ante ese despacho la nulidad de la providencia.

sustraer documentos del trámite. Finalmente, alegó que el amparo no satisface el requisito de subsidiariedad, pues el gestor nunca pidió ante ese despacho la nulidad de la providencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓNRadicación n.º 13001-22-13-000-2026-00689-01

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El Tribunal declaró improcedente el amparo. Para ello recordó que en los escenarios de tutela frente a la providencia que en grado de consulta revoca una sanción y declara cumplido un fallo de igual naturaleza, el juez constitucional debe limitarse a verificar si se respetó el debido proceso en el incidente.

En ese sentido, consideró que el actor cuestiona la valoración probatoria que el juez otorgó al informe de la entidad, sin evidenciar afectación alguna a sus derechos fundamentales. Descartó la lesión denunciada respecto de la irregularidad en el cargue del documento en TYBA, pues, por error, el informe se incluyó en el expediente de segunda instancia del amparo que había cursado en ese mismo despacho, y luego se corrigió su incorporación al expediente del incidente. Precisó, además, que el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 no contempla traslado alguno en la consulta, sino solo el término de tres días para resolverla.

El gestor impugnó y reiteró sus argumentos iniciales. Agregó que los descargos de las incidentadas fueron incorporados once (11) días después de proferida la providencia que revocó la sanción. Argumentó que las resoluciones y oficios de embargo aportados por la entidad son formatos sin datos de individualización que aparecen

incorporados once (11) días después de proferida la providencia que revocó la sanción. Argumentó que las resoluciones y oficios de embargo aportados por la entidad son formatos sin datos de individualización que aparecen incompletos.

CONSIDERACIONESRadicación n.º 13001-22-13-000-2026-00689-01 6

Circunscrita la Corte a la impugnación formulada, se anuncia la confirmación de la decisión de primer grado, porque el auto del 4 de septiembre de 2026 contiene fundamentos suficientes que excluyen la intervención del juez constitucional.

En principio, la acción de tutela no procede para controvertir las decisiones adoptadas en el trámite de un incidente de desacato. Sin embargo, excepcionalmente resulta viable cuando la actuación cuestionada desconoce de manera flagrante el debido proceso, siempre que se satisfagan los presupuestos generales de procedencia del amparo contra providencias judiciales, conforme lo ha señalado esta Sala, entre otras, en STC528-2026 y STC8502026, siguiendo los lineamientos de la sentencia SU-627 de 2015 de la Corte Constitucional.

En este asunto no se configuran esos supuestos excepcionales, pues el auto objeto de censura, que revocó la sanción impuesta al Secretario de Hacienda Distrital y al Alcalde Mayor de Cartagena, expuso las razones por las cuales la orden impartida en el fallo de tutela del 27 de mayo de 2026 fue debidamente cumplida.

En efecto, al analizar el asunto el despacho recordó que las sanciones del incidente de desacato no constituyen «un

cuales la orden impartida en el fallo de tutela del 27 de mayo de 2026 fue debidamente cumplida.

En efecto, al analizar el asunto el despacho recordó que las sanciones del incidente de desacato no constituyen «un fin en sí mismo», sino un mecanismo que pretende lograr el acatamiento de una decisión judicial. Por ello, su imposición exige al juez constitucional examinar el cumplimientoRadicación n.º 13001-22-13-000-2026-00689-01 7

objetivo de la orden constitucional, así como establecer la responsabilidad subjetiva del incidentado.

Bajo esa premisa, señaló que la sentencia de tutela del 27 de mayo de 2026 ordenó a la entidad accionada brindar una respuesta clara y de fondo a la petición formulada por el accionante el 10 de abril del mismo año.

Seguidamente, indicó que, si bien el juez de primer grado consideró que la respuesta brindada inicialmente no cumplía integralmente lo ordenado, lo cierto es que en el transcurso del trámite incidental la Secretaría de Hacienda Distrital «desplegó actuaciones encaminadas a completar la información requerida» y, mediante Oficio AMC-OFI0119278-2026 del 14 de agosto de 2026, informó que entre los años 2012 y 2015 no registraba procesos administrativos de cobro coactivo vigentes. Además, después de decretada la sanción, el 2 de septiembre de 2026 remitió al correo electrónico del accionante la documentación que reclamó durante el trámite incidental.

En ese orden de ideas, advirtió que

«[l]a jurisprudencia de la Corte Constitucional establece que el

electrónico del accionante la documentación que reclamó durante el trámite incidental.

En ese orden de ideas, advirtió que

«[l]a jurisprudencia de la Corte Constitucional establece que el incidente de desacato posee una naturaleza estrictamente coercitiva y persuasiva, mas no punitiva o sancionatoria autónoma. Al acreditarse la satisfacción material y efectiva del derecho amparado antes de resolverse la alzada, desaparece el nexo de causalidad subjetiva y la contumacia del obligado. En consecuencia, el cumplimiento tardío pero total de la orden judicial impone al juez de consulta la obligación ineludible de revocar las medidas correccionales de arresto y multa impuestas en primera instancia, declarando el inmediato archivo de las diligencias».Radicación n.º 13001-22-13-000-2026-00689-01 8

En ese contexto, la decisión cuestionada no luce arbitraria, pues el juzgado examinó precisamente la documentación remitida por la Secretaría de Hacienda Distrital, aun después de proferido el auto de primer grado que impuso las sanciones que fueron revocadas. Lo anterior en consonancia con la naturaleza persuasiva del incidente de desacato, el cual no es una herramienta de carácter eminentemente punitivo.

Ahora, esta Sala encuentra infundado el reproche que ventila el tutelante según el cual la documentación por la cual el juzgado accionado dio por acatada la orden constitucional correspondía a la respuesta dada a una petición distinta de la que motivó el presente amparo. Ello por cuanto, si bien entre los anexos remitidos al accionante

cual el juzgado accionado dio por acatada la orden constitucional correspondía a la respuesta dada a una petición distinta de la que motivó el presente amparo. Ello por cuanto, si bien entre los anexos remitidos al accionante obra el oficio AMC-OFI-0038193-2026 por el cual la Secretaría de Hacienda Distrital de Cartagena respondió una solicitud del 20 de febrero de 2026, lo cierto es que no fue la única información que se le envió.

Por el contrario, en el expediente obran diversos anexos entre los cuales figuran múltiples resoluciones, oficios de embargo y comunicaciones en las que aparece su nombre y está consignada la información relacionada con los procesos de cobro coactivo por los que preguntó en la solicitud del 10 de abril del año en curso.

En el mismo sentido, no se advierte que el error de incorporación al expediente de la comunicación allegada el 2 de septiembre de 2026 por la Secretaría de Hacienda DistritalRadicación n.º 13001-22-13-000-2026-00689-01 9

comporte una vulneración de los derechos fundamentales del accionante, si se tiene en cuenta que el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 no contempla que deba correrse traslado de los descargos de los incidentados.

En el caso, se tiene que la decisión fue adoptada conforme a la información de la que tenía conocimiento el despacho accionado, sin que los errores involuntarios que entorpecieron el cargue de la comunicación de la Secretaría de Hacienda Distrital representen una vulneración de los derechos del tutelante.

Por último, si el accionante considera pertinente

entorpecieron el cargue de la comunicación de la Secretaría de Hacienda Distrital representen una vulneración de los derechos del tutelante.

Por último, si el accionante considera pertinente promover alguna investigación de naturaleza sancionatoria o penal contra los funcionarios del despacho accionado se le indica que la tutela no es el medio idóneo para ello, pues debe acercarse directamente ante las autoridades competentes para denunciar los hechos que considera sancionables.

En definitiva, se confirmará el fallo impugnado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2026 por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.Radicación n.º 13001-22-13-000-2026-00689-01 10

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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