CSJ - STC21189-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21189-2026 Radicación n.º 11001-22-03-000-2026-02181-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

ANOTACIÓN PRELIMINAR

De conformidad con lo señalado en el artículo 1° del Acuerdo n° 034 de 16 de diciembre de 2020 de la Corte Suprema de Justicia con el fin de proteger la intimidad de los niños, niñas y adolescentes involucrados en este asunto, se procederá a emitir providencia paralela a esta en la que se reemplazarán los nombres de las partes por otros ficticios para evitar la divulgación real de sus datos.

Resuelve la Corte la impugnación del fallo del 24 de septiembre del 2026 emitido por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá en la acción de tutela promovida por Andrea, en representación de la menor M.J.V.C. contraRadicación no 11001-22-03-000-2026-02181-01 2 el Juzgado Segundo de Familia de Ejecución de Sentencias de la misma ciudad; extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de alimentos con radicado n° 11001-31-11-111-2023-11111-00.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

La accionante solicita que se ordene al juzgado convocado emitir, dentro del término de cuarenta y ocho (48)

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

La accionante solicita que se ordene al juzgado convocado emitir, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, un pronunciamiento sobre: i) la revocatoria del poder conferido a su anterior apoderado y el reconocimiento de personería para actuar en causa propia y en representación de su hija; ii) la liquidación del crédito por valor de $29.070.850; iii) la «orden de prosecución del trámite de avalúo del inmueble cautelado»; y iv) la fijación de fecha para la diligencia de remate.

De la demanda constitucional y el expediente cuestionado se desprenden los siguientes hechos:

La tutelante presentó demanda ejecutiva en favor de su hija menor y en contra de Felipe, el asunto correspondió al Juzgado Treinta y Seis de Familia de Bogotá, el cual libró mandamiento de pago el 8 de noviembre de 2023. En el trámite, el 15 de enero de 2026 se ordenó seguir adelante la ejecución ante el silencio del ejecutado, conforme al artículo 440 del Código General del Proceso y remitió el expediente a la Oficina de Ejecución en Asuntos de Familia.Radicación no 11001-22-03-000-2026-02181-01 3 En virtud de esto, el 15 de abril de 2026, el Juzgado Segundo de Familia de Ejecución de Sentencias de Bogotá avocó conocimiento del proceso y requirió a la interesada para que aportara la liquidación de crédito actualizada . Luego, el 5 de mayo de 2026, la accionante presentó la

Segundo de Familia de Ejecución de Sentencias de Bogotá avocó conocimiento del proceso y requirió a la interesada para que aportara la liquidación de crédito actualizada . Luego, el 5 de mayo de 2026, la accionante presentó la liquidación del crédito por valor de $29.070.850, frente a la cual el ejecutado no se pronunció dentro del término procesal. El 11 de mayo de 2026, solicitó la revocatoria del poder conferido a su anterior apoderado y el reconocimiento de personería para actuar «en causa propia y en representación de su hija». A su vez, solicitó tener como única liquidación valida la aportada.

Ante la falta de pronunciamiento del juzgado accionado, el 7 de julio de 2026 presentó un impulso procesal en el que solicitó la aprobación de la liquidación del crédito y la continuación del trámite de avalúo del inmueble cautelado, sin recibir respuesta por el despacho reprochado.

La accionante cuestiona que desde el momento de la interposición de la acción de tutela «han transcurrido más de cuatro (4) meses desde la radicación de la revocatoria y la liquidación de crédito sin objeciones, y más de dos (2) meses desde la reiteración formal del 7 de julio de 2026, sin que el juzgado accionado haya resuelto la personería jurídica para actuar en causa propia ni resuelto la aprobación del crédito».

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOSRadicación no 11001-22-03-000-2026-02181-01

4 El juzgado accionado sostuvo que en proveído del 14 de

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOSRadicación no 11001-22-03-000-2026-02181-01

4 El juzgado accionado sostuvo que en proveído del 14 de septiembre de 2026 resolvió lo solicitado por la accionante en los memoriales allegados dentro del proceso cuestionado. De ahí que solicitó se declare la carencia actual de objeto por hecho superad, además de resaltar la congestión judicial que pasa el despacho. Finalmente, remitió el enlace del expediente digital.

Mario, en calidad de vinculado a la acción de tutela, se pronunció sobre los hechos expuestos en el escrito tutelar y señaló que no incurrió en negligencia durante el ejercicio del mandato conferido por la accionante dentro del proceso cuestionado.

El Juzgado Promiscuo Municipal de La Palma (Cundinamarca) señaló que la acción de tutela no lo vinculó expresamente ni hizo referencia a ese despacho, por lo que consideró que sus actuaciones no tenían incidencia en el asunto objeto de estudio. Por su parte, el Juzgado Treinta y Seis de Familia de Bogotá hizo un breve recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso cuestionado y solicitó su desvinculación del trámite constitucional.

Experian Colombia S.A. señaló su disposición para atender cualquier requerimiento. CIFIN S.A.S. y el Banco Agrario solicitaron declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva. A su vez, el Juzgado Catorce Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá sostuvo que no se hizo referencia sobre dicho despacho en la acción de tutela.Radicación no 11001-22-03-000-2026-02181-01

Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá sostuvo que no se hizo referencia sobre dicho despacho en la acción de tutela.Radicación no 11001-22-03-000-2026-02181-01 5

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

El Tribunal desestimó el resguardo constitucional por cuanto se configuró un hecho superado, pues mediante proveídos «del 14 de septiembre de 2026, el despacho hizo pronunciamiento sobre la liquidación de crédito, la revocatoria de poder y, sobre la petición de continuar con la actuación para el remate del inmueble cautelado». Del mismo modo, señaló que no era procedente examinar en sede de tutela la corrección de la liquidación de crédito aprobada en auto del 14 de septiembre de 2026, en tanto la accionante interpuso recurso de reposición contra esa providencia, por lo que la acción de tutela resulta prematura.

La tutelante impugnó el fallo en tanto considera que la liquidación de crédito que el juzgado modificó y aprobó en auto del 14 de septiembre de 2026 contiene errores que reducen injustificadamente el crédito alimentario de su hija. Además, señaló que la Defensora de Familia aún no ha asumido la representación de la menor.

CONSIDERACIONES

Circunscrita la Corte a los motivos de impugnación, se anuncia que se confirmará la sentencia cuestionada, comoquiera que se configuró un hecho superado frente a la mora judicial alegada, como pasa a exponerse.Radicación no 11001-22-03-000-2026-02181-01 6 Del escrito de impugnación se observa que las

comoquiera que se configuró un hecho superado frente a la mora judicial alegada, como pasa a exponerse.Radicación no 11001-22-03-000-2026-02181-01 6 Del escrito de impugnación se observa que las inconformidades que ahora plantea la accionante se dirigen: i) contra la liquidación del crédito modificada y aprobada mediante auto del 14 de septiembre de 2026, por considerar que los ajustes efectuados por el juzgado fueron arbitrarios e inexactos; y ii) la falta de representación técnica, pues, aunque en la misma providencia se supeditaron las actuaciones futuras a la intervención de la defensora de familia adscrita, a la fecha no se ha concretado su asignación ni su participación formal.

Al respecto, se advierte que dichos reproches constituyen planteamientos nuevos en tanto no formaron parte del escrito inicial, cuyo objeto se circunscribió a la mora del juzgado accionado en resolver las solicitudes radicadas el 5 y 11 de mayo de 2026. Cuya omisión cesó durante el trámite constitucional, cuando el juzgado, mediante proveídos del 14 de septiembre de 2026, se pronunció sobre las solicitudes que motivaron la queja por presunta mora judicial.

Así las cosas, se colige que el accionado adoptó las medidas necesarias para superar la inactividad procesal denunciada, en tanto impartió impulso al trámite actuación que se enmarca en el criterio jurisprudencial decantado por esta Corporación para efectos de establecer la superación de la mora judicial.

En ese contexto, esta Corporación ha señalado que,

que se enmarca en el criterio jurisprudencial decantado por esta Corporación para efectos de establecer la superación de la mora judicial.

En ese contexto, esta Corporación ha señalado que, tratándose de la mora en la atención de solicitudesRadicación no 11001-22-03-000-2026-02181-01 7 presentadas ante la administración de justicia, «habrá lugar a predicar la existencia de un hecho superado cuando la autoridad judicial reconvenida ejecute la actuación reclamada por el censor, o, en su lugar, según sea el caso, adopte las medidas necesarias para superar la inactividad procesal y dirimir en un plazo razonable la contienda» (STC3417-2023).

Bajo esa premisa, se advierte que la actuación desplegada por la autoridad judicial durante el trámite constitucional satisfizo el objeto de la solicitud de amparo. Con todo, revisado el expediente, se observa que la promotora interpuso recurso de reposición contra el proveído del 14 de septiembre de 2026 en lo referente a la modificación de la liquidación del crédito, recurso que se encuentra pendiente de resolución.

Del mismo modo, la accionante solicitó ante el despacho convocado la designación urgente de la defensora de familia en el proceso, y el juzgado accionado, en atención al exhorto que le hizo el Tribunal, en su calidad de juez constitucional de primera instancia, para que informara a la Defensoría de Familia con el fin de que prestara su colaboración en el proceso cuestionado, profirió auto del 28 de septiembre de 2026, mediante el cual notificó a dicha entidad y le remitió el expediente para lo pertinente.

Familia con el fin de que prestara su colaboración en el proceso cuestionado, profirió auto del 28 de septiembre de 2026, mediante el cual notificó a dicha entidad y le remitió el expediente para lo pertinente.

En tal sentido, se observa que las inconformidades planteadas se encuentran en curso ante la autoridad judicial accionada, dentro del proceso cuestionado. De modo que, es allí donde deben resolverse, en tanto la acción de tutela noRadicación no 11001-22-03-000-2026-02181-01 8 constituye una vía alterna ni paralela a los mecanismos ordinarios de defensa, ni un medio para anticipar las decisiones que corresponde adoptar al juez natural.

En ese contexto, se confirmará la decisión impugnada por lo anteriormente expuesto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, resuelve CONFIRMAR la sentencia del 24 de septiembre del 2026 emitido por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá.

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTARadicación no 11001-22-03-000-2026-02181-01 9

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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