CSJ - STC21191-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21191-2026 Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02127-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

ANOTACIÓN PRELIMINAR

De conformidad con lo señalado en el artículo 1° del Acuerdo n° 034 de 16 de diciembre de 2020 de la Corte Suprema de Justicia con el fin de proteger la intimidad de los niños, niñas y adolescentes involucrados en este asunto, se procederá a emitir providencia paralela a esta en la que se reemplazarán los nombres de las partes por otros ficticios para evitar la divulgación real de sus datos.

Se decide la impugnación de la sentencia del 18 de septiembre de 2026 proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por Andrés contra el Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogotá, trámite extensivo a las partes eRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02127-01 2 intervinientes en el proceso ejecutivo de alimentos radicado 11001-31-11-111-2025-11111-00.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

El accionante solicitó la protección de sus derechos al debido proceso, acceso a la justicia, mínimo vital y vida digna, que consideró vulnerados con la sentencia de 9 de

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

El accionante solicitó la protección de sus derechos al debido proceso, acceso a la justicia, mínimo vital y vida digna, que consideró vulnerados con la sentencia de 9 de julio de 2026, que ordenó seguir adelante la ejecución de alimentos promovida en su contra por María, en representación de su hija menor V.L.S.

El 6 de febrero de 2023, los progenitores suscribieron el acta de conciliación n.º 080 ante el ICBF. Acordaron que la madre tendría la custodia de la niña, el padre pagaría una cuota alimentaria mensual de $940.000 y asumiría el 80 % de los gastos de educación y cuidado, mientras que la progenitora sufragaría el 20 % restante. Según el actor, en julio de 2023 autorizó la salida de su hija del país hasta el 13 de agosto siguiente, pero esta permaneció con su madre en Estados Unidos.

Con fundamento en esa acta, el 24 de abril de 2025 el juzgado libró mandamiento de pago por alimentos, vestuario y cuidado causados entre marzo de 2023 y marzo de 2025, que modificó el 10 de junio siguiente respecto de algunos valores. Para acreditar el cuidado, la ejecutante aportó certificaciones de Andrea, cuidadora en Colombia, y de laRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02127-01 3 abuela materna, Ana, quien afirmó recibir USD 1.000 mensuales por ese servicio en Estados Unidos.

El ejecutado, notificado por conducta concluyente el 10 de junio de 2025, formuló, entre otras, excepciones de pago

3 abuela materna, Ana, quien afirmó recibir USD 1.000 mensuales por ese servicio en Estados Unidos.

El ejecutado, notificado por conducta concluyente el 10 de junio de 2025, formuló, entre otras, excepciones de pago parcial, cobro de lo no debido y objeción de las pruebas del cuidado. Alegó que el acta no fijaba su costo, faltaban contratos y soportes de pago y se cobraban los meses de junio a noviembre de 2024, cuando la niña estuvo bajo su cuidado.

El 9 de julio de 2026, el juzgado declaró probado el pago parcial, desestimó las demás excepciones y ordenó continuar la ejecución con modificaciones. Excluyó las cuotas alimentarias de junio a noviembre de 2024 y el vestuario de junio de ese año, porque la niña estuvo al cuidado de su padre. Sin embargo, mantuvo el cobro del cuidado personal durante todo 2024, al considerar acreditada, mediante declaraciones e interrogatorios, la prestación permanente del servicio y un acuerdo verbal para contratarlo. Convirtió a pesos la remuneración de la abuela materna mediante el promedio anual de la tasa representativa del mercado, con apoyo en la sentencia T-441 de 2002, y aplicó el 80% pactado. Así, por cuidado ordenó ejecutar $63.409.024, correspondientes a marzo a julio y septiembre a diciembre de 2023, todo 2024 y enero y febrero de 2025, de un total de $82.275.984.

El accionante atribuyó a esa decisión defecto fáctico y

correspondientes a marzo a julio y septiembre a diciembre de 2023, todo 2024 y enero y febrero de 2025, de un total de $82.275.984.

El accionante atribuyó a esa decisión defecto fáctico y falta de motivación. Cuestionó que se cobrara el cuidadoRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02127-01 4 durante los meses en que la niña estuvo con él, que el numeral sexto del acta no fijara suma, moneda ni mecanismo de cuantificación, y que el juzgado reconociera un contrato verbal y tasara su valor mediante testimonios, sin contratos ni soportes de desembolso. Sostuvo que se desconocieron los artículos 211 y 422 del Código General del Proceso y se aplicó indebidamente la sentencia T-441 de 2002. En ampliación de la tutela, alegó que se requería integrar un título ejecutivo complejo con los comprobantes de pago a terceros, que se omitieron el control oficioso del título y el examen de la subrogación, y que se desconoció la sentencia STC54852025.

Pidió dejar sin efecto la sentencia del 9 de julio de 2026 respecto del cuidado personal y ordenar una nueva decisión que excluyera los meses de junio a noviembre de 2024, examinara la exigibilidad del título y valorara los soportes de pago y la oponibilidad de los gastos contratados en el exterior. Subsidiariamente, solicitó excluir ese periodo de la liquidación y limitar el cobro a los desembolsos acreditados.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

pago y la oponibilidad de los gastos contratados en el exterior. Subsidiariamente, solicitó excluir ese periodo de la liquidación y limitar el cobro a los desembolsos acreditados.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

El Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogotá pidió negar el amparo. Defendió la valoración probatoria que permitió establecer la prestación del servicio de cuidado y su remuneración, incluida la conversión de los valores en dólares conforme a la sentencia T-441 de 2002. Consideró que la tutela expresaba un desacuerdo con lo decidido.Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02127-01 5

El ICBF, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Banco Agrario solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

El Ministerio precisó que la referencia al trámite de restitución internacional de la menor no lo vinculaba con la controversia judicial. La Superintendencia Financiera, Migración Colombia y el Banco Davivienda formularon igual solicitud.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

El Tribunal concedió el amparo y dejó sin efecto la sentencia de 9 de julio de 2026 en lo relativo a la excepción de pago parcial y ordenó resolverla nuevamente en cinco días. Encontró un defecto fáctico porque, pese a reconocer que la niña estuvo al cuidado de su padre entre junio y noviembre de 2024, el juzgado mantuvo el cobro de ese servicio durante esos meses, sin justificación.

Desestimó los demás reparos al considerar que la

que la niña estuvo al cuidado de su padre entre junio y noviembre de 2024, el juzgado mantuvo el cobro de ese servicio durante esos meses, sin justificación.

Desestimó los demás reparos al considerar que la sentencia estaba suficientemente motivada y sustentada en las pruebas practicadas. Advirtió, además, que el ejecutado no había cuestionado durante el proceso la necesidad de integrar un título complejo, asunto que planteó únicamente en la tutela.

Solo el accionante impugnó parcialmente. Solicitó mantener el amparo concedido y adicionar o revocar laRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02127-01 6 negativa frente a los demás reparos. Afirmó que, contrario a lo señalado por el Tribunal, desde la contestación cuestionó que el acta no fijara el valor del cuidado ni existieran documentos que acreditaran la prestación y el pago del servicio, por lo que la obligación no era clara, expresa y exigible, conforme al artículo 422 del Código General del Proceso. Agregó que verificar el título era un deber oficioso del juez.

Insistió en que el juzgado resolvió el asunto como una controversia probatoria, sin determinar si el cobro exigía un título simple o complejo, en desconocimiento de la STC54852025. Señaló que, aun descontados los meses reconocidos en el amparo, subsistía una ejecución por $43.866.880 sin título suficiente. Pidió extender la protección a ese aspecto y ordenar al juzgado examinar la naturaleza y debida integración del título ejecutivo. Subsidiariamente, solicitó

el amparo, subsistía una ejecución por $43.866.880 sin título suficiente. Pidió extender la protección a ese aspecto y ordenar al juzgado examinar la naturaleza y debida integración del título ejecutivo. Subsidiariamente, solicitó que se dispusiera un pronunciamiento expreso y motivado sobre ese punto.

CONSIDERACIONES

La Corte confirmará el fallo impugnado, por las razones que a continuación se exponen.

Como únicamente el accionante impugnó la desestimación de los demás reparos, no se examinará el amparo concedido respecto del cobro del cuidado personal de junio a noviembre de 2024, orden que el juzgado cumplió mediante sentencia de 22 de septiembre de 2026.Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02127-01 7 La controversia se limita a establecer si también debía concederse la protección respecto de los $43.866.880 que subsisten por ese concepto, porque, según el impugnante, el juzgado omitió determinar si el numeral sexto del acta de conciliación n.º 080 constituía un título simple o complejo y exigir los documentos necesarios para integrarlo.

En primer lugar, le asiste razón al actor al cuestionar la afirmación del Tribunal según la cual no había discutido la suficiencia del título durante el proceso. En efecto, al contestar la demanda, dentro de la excepción de «temeridad, mala fe, cobro de lo no debido y carencia de valor probatorio», sostuvo que el acta solo fijaba un porcentaje para el cuidado, sin determinar su valor, y que las certificaciones aportadas,

mala fe, cobro de lo no debido y carencia de valor probatorio», sostuvo que el acta solo fijaba un porcentaje para el cuidado, sin determinar su valor, y que las certificaciones aportadas, sin contratos ni soportes de desembolso, no acreditaban una obligación clara, expresa y exigible conforme al artículo 422 del Código General del Proceso.

Sin embargo, esa circunstancia no conduce al amparo. El inciso segundo del artículo 430 del mismo estatuto dispone:

«Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso».

Sobre el alcance de dicha disposición, la Sala rectificó recientemente su criterio en torno a la facultad – deber de revisión oficiosa del título ejecutivo. Precisó que, emitido elRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02127-01 8 mandamiento de pago, esa potestad subsiste únicamente respecto de los requisitos sustanciales, pues la discusión sobre los formales se agota con la ejecutoria de esa providencia, en los siguientes términos:

«(…) una nueva perspectiva de la temática en cuestión con fundamento en las anteriores consideraciones, permiten rectificar ese criterio y, en su reemplazo, se precisa que el juez cuenta con todas las facultades para el estudio que realiza al momento

«(…) una nueva perspectiva de la temática en cuestión con fundamento en las anteriores consideraciones, permiten rectificar ese criterio y, en su reemplazo, se precisa que el juez cuenta con todas las facultades para el estudio que realiza al momento preliminar cuando decide sobre el mandamiento ejecutivo, pero superada esa fase y emitida la orden de apremio, dicha potestad subsiste únicamente respecto de los requisitos sustanciales del título, pero no se extiende a los requisitos formales, pues respecto de estos la discusión se agota en la ejecutoria del mandamiento de pago, conforme al inciso segundo del artículo 430 del Código General del Proceso» (CSJ STC18586-2026).

Así las cosas, si el accionante consideraba que el acta no bastaba para cobrar el cuidado y debía integrarse con documentos que acreditaran su causación y cuantía, debió controvertir el mandamiento de pago de 24 de abril de 2025, en el que el juzgado calificó ese documento como contentivo de una obligación clara, expresa y exigible y libró la orden de pago por dicho concepto.

Sin embargo, no lo hizo, en efecto, mediante auto de 10 de junio de 2025, notificado por estado del día siguiente, se le tuvo por notificado por conducta concluyente del mandamiento y de las demás actuaciones. El 26 de junio siguiente se compartió el expediente con su apoderado, fecha que el juzgado tomó como referencia para admitir la contradicción, según auto de 25 de noviembre posterior. Pese a ello, el ejecutado solicitó la reducción del embargo y la nulidad por indebida notificación, y formuló excepciones de

que el juzgado tomó como referencia para admitir la contradicción, según auto de 25 de noviembre posterior. Pese a ello, el ejecutado solicitó la reducción del embargo y la nulidad por indebida notificación, y formuló excepciones de mérito, pero no interpuso reposición contra el mandamiento.Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02127-01 9 La única reposición fue de la ejecutante y se limitó a los valores del vestuario y la cuota alimentaria de 2025.

Por tanto, el reproche sobre la conformación y suficiencia del título no supera la subsidiariedad, pues el actor dejó vencer la oportunidad procesal para discutirlo, sin que la tutela pueda suplir esa omisión. memórese que no se puede acudir al amparo constitucional:

«(…) en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposición oportuna de los medios de resguardo diseñados para las correspondientes actuaciones constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acción de tutela (…)» (CSJ STС, 14 ene. 2003, rad. 2002-23023, reiterada en STC9485-2014, STC4007-2018, STC45342019, STC1664-2020, STC12420-2024, entre otras).

Tampoco prospera el argumento de que, aun sin reposición, el juzgado omitió revisar el título al dictar sentencia. La providencia cuestionada se refirió a los requisitos del artículo 422 del Código General del Proceso, advirtió que su incumplimiento impedía continuar la ejecución e identificó el acta n.º 080 como título base del cobro.

requisitos del artículo 422 del Código General del Proceso, advirtió que su incumplimiento impedía continuar la ejecución e identificó el acta n.º 080 como título base del cobro.

Además, examinó la causación y cuantía del cuidado, con fundamento en las certificaciones y declaraciones de Andrea y Ana, así como en los interrogatorios de las partes, tuvo por acreditada la prestación permanente de ese servicio y un acuerdo verbal para contratarlo. Consideró, además, que esa dinámica existía desde que la niña residía en Colombia, donde ambos progenitores remuneraban a la abuela materna, incluso con prestaciones sociales, lo queRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02127-01 10 permitía inferir su continuidad tras el traslado a Estados Unidos.

Para determinar el valor, tomó la remuneración certificada y ratificada por la abuela, la convirtió a pesos con el promedio anual de la tasa representativa del mercado y aplicó el 80 % pactado en el acta. Así, estableció obligaciones mensuales de $3.460.040 para 2023, $3.257.024 para 2024 y $3.242.288 para 2025.

En consecuencia, el juzgado sí examinó la causación y el valor del gasto, aunque mediante pruebas que el actor considera insuficientes, pues estima indispensable los contratos y comprobantes de desembolso. Esa discrepancia recae sobre la valoración probatoria, ámbito en el que el propio impugnante descarta la intervención constitucional al precisar que no pretende que la Corte «escoja entre dos interpretaciones posibles del Acta 080 ni que valore de nuevo la prueba».

propio impugnante descarta la intervención constitucional al precisar que no pretende que la Corte «escoja entre dos interpretaciones posibles del Acta 080 ni que valore de nuevo la prueba».

En definitiva, la discusión sobre la integración del título no satisface la subsidiariedad y el desacuerdo con las pruebas utilizadas para establecer el costo del cuidado no desvirtúa, por sí solo, la razonabilidad de la decisión judicial, pues como esta Sala ha reiterado:

«independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, la reseñada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque éste pueda ser susceptible de otra exégesis; (...)» (CSJ STC, 18 mar. 2010, exp. 00367-00,Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02127-01 11 reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974 -01,

STC18355-2025, STC19258-2025, STC1375-2026 y

STC863-2026).

En consecuencia, por las razones expuestas se confirmará el fallo impugnado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve CONFIRMAR la sentencia impugnada por las razones expuestas.

en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve CONFIRMAR la sentencia impugnada por las razones expuestas.

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02127-01 12

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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