CSJ - STC21200-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21200-2026 Radicación nº 05000-22-13-000-2026-00449-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación del fallo proferido el 6 de octubre de 2026 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia, en la acción de tutela instaurada por Cristian David Loaiza Jaramillo contra la Comisaría de Familia de Amagá y el Juzgado Promiscuo de Familia de la misma municipalidad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en la medida de protección No. 05030420251192023-0001

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

El actor, por conducto de apoderado judicial, solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la defensa técnica, al debido proceso y al acceso a la administración deRadicación nº 05000-22-13-000-2026-00449-01 2

justicia, que considera vulnerados por la Comisaría de Familia y el Juzgado Promiscuo de Familia de Amagá, con ocasión de las decisiones adoptadas en los dos incidentes por incumplimiento de las medidas de protección por violencia intrafamiliar decretadas en su contra. En particular, cuestionó la resolución del 3 de julio de 2026, mediante la cual se le impusieron 40 días de arresto y el auto del 9 de

incumplimiento de las medidas de protección por violencia intrafamiliar decretadas en su contra. En particular, cuestionó la resolución del 3 de julio de 2026, mediante la cual se le impusieron 40 días de arresto y el auto del 9 de julio siguiente, que confirmó esa sanción en grado de consulta y ordenó su captura.

En consecuencia, pidió: (i) declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto del 25 de agosto de 2025, mediante el cual se abrió el primer incidente por incumplimiento, a fin de rehacer la actuación, previa advertencia de su derecho a contar con asistencia de un abogado y, ante su falta de recursos, con la designación de un defensor público; y (ii) cancelar la orden de captura. De manera subsidiaria, pidió: (i) anular lo actuado desde la Resolución 052 del 3 de julio de 2026; (ii) concederle traslado para aportar pruebas sobre sus condiciones socioeconómicas, personales y familiares, con el propósito de evaluar alternativas como los acuerdos de pago a plazos; y (iii) cancelar la orden de captura.

Del escrito de tutela y sus anexos se extraen los siguientes hechos relevantes:

Mediante resolución del 6 de junio de 2023, la Comisaría de Familia de Amagá decretó medidas de protección definitivas en favor de Carmenza Agudelo Ramírez y en contra del accionante.Radicación nº 05000-22-13-000-2026-00449-01 3

El 25 de agosto de 2025, a partir de una nueva queja presentada por Carmenza Agudelo Ramírez, la comisaría

y en contra del accionante.Radicación nº 05000-22-13-000-2026-00449-01 3

El 25 de agosto de 2025, a partir de una nueva queja presentada por Carmenza Agudelo Ramírez, la comisaría abrió un incidente por incumplimiento de esas medidas y citó al accionante para rendir descargos.

Por resolución del 27 de octubre de 2025, declaró el primer incumplimiento e impuso al accionante una multa equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, pagadera dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de la decisión, so pena de convertirse en arresto. El Juzgado Promiscuo de Familia de Amagá confirmó la sanción en grado de consulta el 31 de octubre de 2025.

El 4 de noviembre de 2025, el accionante solicitó revocar esa determinación. Sin embargo, la comisaría negó su petición, por considerar que la actuación ya había sido objeto de revisión judicial y la decisión se encontraba ejecutoriada.

El 27 de enero de 2026, a partir de la remisión efectuada por la Fiscalía General de la Nación, relacionada con hechos denunciados el 25 de enero de 2026, la comisaría abrió un segundo incidente por incumplimiento de las medidas de protección, del cual fue notificado personalmente el 29 de enero de 2026.

El 30 de enero de 2026, a solicitud de la comisaría, el juzgado accionado convirtió la multa impuesta por el primer incumplimiento en seis días de arresto, tras considerar que

enero de 2026.

El 30 de enero de 2026, a solicitud de la comisaría, el juzgado accionado convirtió la multa impuesta por el primer incumplimiento en seis días de arresto, tras considerar que el sancionado, pese a haber sido citado previamente aRadicación nº 05000-22-13-000-2026-00449-01 4

descargos, no justificó la falta de pago y se limitó a manifestar que se encontraba desempleado.

La diligencia de descargos se reprogramó dos veces por inasistencias justificadas del accionante y se realizó el 1 de junio de 2026.

Mediante resolución del 3 de julio de 2026, la comisaría declaró el segundo incumplimiento e impuso al accionante 40 días de arresto, con fundamento en el literal b) del artículo 7 de la Ley 294 de 1996. Valoró el video que registra su ingreso al inmueble, las fotografías de las lesiones, las valoraciones de riesgo y psicológica y la propia versión del accionante. El 9 de julio de 2026, el juzgado accionado confirmó la sanción en grado de consulta y ordenó su captura.

Con la solicitud de amparo se allegó un escrito del 24 de agosto de 2026, dirigido a la comisaría, mediante el cual Carmenza Agudelo Ramírez pidió dar por terminadas las medidas de protección, al considerar superada la situación de violencia.

El tutelante atribuyó a las autoridades accionadas un defecto procedimental absoluto, al considerar que adelantaron las actuaciones sin garantizarle defensa técnica,

medidas de protección, al considerar superada la situación de violencia.

El tutelante atribuyó a las autoridades accionadas un defecto procedimental absoluto, al considerar que adelantaron las actuaciones sin garantizarle defensa técnica, pese a que no es abogado y carecía de recursos para contratar uno, por lo que debieron informarle sobre ese derecho y designarle un defensor público. Añadió que las gestiones que realizó por su cuenta fueron desestimadas.Radicación nº 05000-22-13-000-2026-00449-01 5

Además, reprochó que se hubiera convertido la multa en arresto sin examinar sus circunstancias socioeconómicas, personales y familiares, ni contemplar alternativas como acuerdos de pago, en desconocimiento de la Sentencia T-232 de 2025 de la Corte Constitucional.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

La Comisaría accionada señaló que al accionante se le explicó la naturaleza del procedimiento y se le informó sobre la posibilidad de comparecer acompañado de un abogado. Precisó que, a petición suya, la audiencia de descargos fue reprogramada en dos ocasiones y que, además, ya había participado en diligencias similares.

En cuanto a su situación económica, indicó que se le ofreció acudir a la Secretaría de Hacienda Municipal para convenir un mecanismo de pago, alternativa de la que no hizo uso. Aclaró que los 40 días de arresto no correspondían a la conversión de una multa, sino a la sanción establecida en el artículo 7 de la Ley 294 de 1996 para el incumplimiento

uso. Aclaró que los 40 días de arresto no correspondían a la conversión de una multa, sino a la sanción establecida en el artículo 7 de la Ley 294 de 1996 para el incumplimiento reiterado de las medidas dentro de los dos años, supuesto distinto del examinado en la Sentencia T-232 de 2025

Agregó que no encontró radicado el escrito del 24 de agosto de 2026 y que, al comunicarse telefónicamente con Carmenza Agudelo Ramírez, esta manifestó su intención de mantener las medidas de protección. Finalmente, advirtió que la orden de captura había sido emitida por el juzgado,Radicación nº 05000-22-13-000-2026-00449-01 6

por lo que correspondía a esa autoridad decidir sobre su eventual modificación.

El juzgado accionado expuso que, al resolver el grado de consulta mediante auto del 31 de octubre de 2025, efectuó una revisión material de la actuación y constató que el accionante había sido notificado, citado a rendir descargos y escuchado. Afirmó que la normativa especial aplicable a estos procedimientos no exige la designación de un defensor público.

En relación con el auto del 30 de enero de 2026, sostuvo que, antes de convertir la multa en arresto, verificó que el sancionado hubiera sido citado para explicar las razones del impago y valoró la justificación ofrecida, de manera que la conversión no fue automática. Por último, estimó que la sanción impuesta por el segundo incumplimiento era proporcional, a partir de una valoración con perspectiva de género.

impago y valoró la justificación ofrecida, de manera que la conversión no fue automática. Por último, estimó que la sanción impuesta por el segundo incumplimiento era proporcional, a partir de una valoración con perspectiva de género.

La Procuraduría 145 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer de Medellín manifestó que el accionante había incumplido las medidas de protección pese a conocer las consecuencias de su conducta y que reincidió después de la primera sanción. Destacó que ambos incidentes fueron sometidos a revisión en grado de consulta por el juzgado, lo que, a su juicio, garantizó el debido proceso. Asimismo, pidió que, desde una perspectiva de género, se hiciera un llamado de atención al tutelante para que cesara la violencia contra la mujer.Radicación nº 05000-22-13-000-2026-00449-01 7

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

El Tribunal negó el amparo al estimar que no se configuró el defecto procedimental alegado. Señaló que el accionante fue notificado del segundo incidente, rindió descargos y tuvo la oportunidad de aportar pruebas. Explicó que la ausencia de abogado no constituye, por sí sola, una vulneración del derecho de defensa, dado que el trámite permite actuar directamente. Además, advirtió que el tutelante no identificó qué oportunidad de defensa le fue desconocida ni explicó cómo esa circunstancia incidió en la decisión.

Asimismo, precisó que los 40 días de arresto no fueron

tutelante no identificó qué oportunidad de defensa le fue desconocida ni explicó cómo esa circunstancia incidió en la decisión.

Asimismo, precisó que los 40 días de arresto no fueron consecuencia del impago de la multa, sino de un segundo incumplimiento de las medidas de protección, sancionado conforme al literal b del artículo 7 de la Ley 294 de 1996. Por ello, consideró que el asunto difería del analizado en la Sentencia T-232 de 2025, en la que se examinó la conversión de una multa en arresto.

El accionante impugnó sin exponer las razones de su inconformidad.

CONSIDERACIONES

La Corte confirmará el fallo debatido por dos razones.Radicación nº 05000-22-13-000-2026-00449-01 8

La Primera, porque el recurrente no expuso ninguna razón concreta de inconformidad frente a la sentencia de primera instancia.

La segunda, porque las determinaciones controvertidas, son razonables, de modo que no se evidencia un ejercicio arbitrario o irrazonable de la función judicial que habilite la intervención del juez constitucional, circunstancia que excluye la prosperidad del ruego.

1. Ausencia de argumentos en la impugnación.

En el asunto particular, el impugnante se limitó a manifestar su desacuerdo con la decisión que negó el amparo, sin identificar los errores fácticos, jurídicos o probatorios en los que, a su juicio, habría incurrido el Tribunal. En dichas condiciones, esta Sala no encuentra reparos específicos que permitan desvirtuar las razones

amparo, sin identificar los errores fácticos, jurídicos o probatorios en los que, a su juicio, habría incurrido el Tribunal. En dichas condiciones, esta Sala no encuentra reparos específicos que permitan desvirtuar las razones expuestas por el juez de primera instancia ni evidencien la necesidad de modificar el sentido de la decisión adoptada.

Lo anterior no significa que la impugnación de un fallo de tutela deba estar sometida a las exigencias técnicas propias de los recursos ordinarios. Por el contrario, el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 consagran un trámite preferente, sumario e informal para la protección de los derechos fundamentales, de manera que el ejercicio del derecho a impugnar no está condicionado a la presentación de una sustentación formal.Radicación nº 05000-22-13-000-2026-00449-01 9

La Corte Constitucional, en providencias como la T-501 de 1992, ha puntualizado que ninguna disposición constitucional o legal exige que la impugnación sea sustentada y, por ello, el juez de segunda instancia no puede rechazarla ni declararla desierta por esa circunstancia.

No obstante, «la ausencia de una carga formal de sustentación no releva al impugnante de las consecuencias procesales derivadas de omitir la exposición de las razones que justifican su inconformidad. Si quien recurre no identifica los aspectos de la providencia que considera equivocados ni ofrece argumentos dirigidos a demostrar el desacierto de la decisión, el juez de segunda instancia conserva el deber de efectuar el examen integral del asunto, pero no dispone de

los aspectos de la providencia que considera equivocados ni ofrece argumentos dirigidos a demostrar el desacierto de la decisión, el juez de segunda instancia conserva el deber de efectuar el examen integral del asunto, pero no dispone de elementos aportados por el recurrente que conduzcan a desvirtuar los fundamentos del fallo impugnado. En ese escenario, si de la revisión oficiosa del expediente tampoco emerge una vulneración que imponga su modificación, la decisión debe ser confirmada.» (CSJ STC12922-2026).

En el asunto bajo examen ocurre precisamente esa situación, pues el escrito de impugnación no contiene cuestionamientos concretos frente a las consideraciones del Tribunal. Aunado a esto, las razones expuestas por esa Corporación para negar la tutela encuentran respaldo en las circunstancias procesales acreditadas en el expediente, conforme se señala a continuación.

2. Razonabilidad de las decisiones censuradas.Radicación nº 05000-22-13-000-2026-00449-01

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El reproche del tutelante se dirige contra las decisiones adoptadas en los incidentes por incumplimiento de las medidas de protección decretadas en su contra, pues considera que se adelantaron sin contar con defensa técnica, lo que afectó su derecho de defensa. Asimismo, cuestiona que se le hubiera impuesto una sanción de arresto sin examinar sus circunstancias socioeconómicas, personales y familiares.

Revisado el expediente, esta Sala comparte la conclusión del Tribunal, toda vez que las determinaciones de las autoridades accionadas se sustentaron en el procedimiento previsto en la ley y en las pruebas recaudadas,

Revisado el expediente, esta Sala comparte la conclusión del Tribunal, toda vez que las determinaciones de las autoridades accionadas se sustentaron en el procedimiento previsto en la ley y en las pruebas recaudadas, sin que se advierta arbitrariedad en su proceder.

En efecto, el accionante fue notificado personalmente de la apertura del segundo incidente el 29 de enero de 2026. La diligencia de descargos, reprogramada en dos oportunidades debido a sus inasistencias justificadas, se realizó el 1 de junio de 2026, en donde expuso su versión de los hechos.

Con fundamento en el material recaudado, la comisaría declaró el segundo incumplimiento (3. jul. 2026), al valorar el video que registraba el ingreso del accionante al inmueble, las fotografías de las lesiones, las valoraciones de riesgo y psicológica, así como la versión del propio sancionado, quien reconoció haber entrado a la vivienda.

Esta determinación fue confirmada en grado de consulta por el juzgado accionado el 9 de julio de 2026, luegoRadicación nº 05000-22-13-000-2026-00449-01 11

de verificar que el trámite se había ajustado a la ley y adelantado con observancia del debido proceso.

Ahora, en cuanto a su reproche acerca de la defensa técnica, como lo indicó el Tribunal:

«la ausencia de un abogado durante la actuación en esta clase de trámites no configura, por sí sola, el defecto procedimental absoluto alegado. El inciso final del artículo 18 de la Ley 294 de 1996 remite a las normas procesales del Decreto 2591 de 1991,

trámites no configura, por sí sola, el defecto procedimental absoluto alegado. El inciso final del artículo 18 de la Ley 294 de 1996 remite a las normas procesales del Decreto 2591 de 1991, en cuanto la naturaleza del procedimiento lo permita. Esta remisión debe interpretarse en consonancia con los principios de eficacia, celeridad, sumariedad y oralidad que rigen el trámite de protección, y con la posibilidad de actuar directamente prevista en el artículo 10 de aquel decreto. De ello se desprende que la asistencia de un profesional del derecho constituye una facultad del interesado y no una exigencia general para su comparecencia, sin que la naturaleza jurisdiccional de la actuación desvirtúe las reglas especiales que la gobiernan. (...) El accionante sustenta su reproche en la falta de asistencia profesional y en su desconocimiento del derecho. Sin embargo, no basta invocar esas circunstancias para invalidar la actuación: es necesario identificar la oportunidad de defensa que fue suprimida y explicar su incidencia en la decisión. En particular, el escrito de tutela no concreta qué prueba dejó de solicitar o controvertir por una restricción atribuible a las autoridades, ni qué argumento de defensa le fue impedido formular. La afirmación de que su intervención fue precaria no demuestra, por sí misma, que se hubieran omitido etapas sustanciales del procedimiento o que la sanción fuera consecuencia de una situación de indefensión.»

De lo anterior se desprende que el accionante tuvo conocimiento de las actuaciones, fue escuchado y contó con la oportunidad de aportar y solicitar pruebas. Tampoco se observa que se le hubiera impedido comparecer asistido por

De lo anterior se desprende que el accionante tuvo conocimiento de las actuaciones, fue escuchado y contó con la oportunidad de aportar y solicitar pruebas. Tampoco se observa que se le hubiera impedido comparecer asistido por un abogado o que hubiera solicitado esa asistencia durante el trámite.

De igual forma, de la revisión del expediente se evidencia que el 7 de octubre de 2025, la comisaría accionadaRadicación nº 05000-22-13-000-2026-00449-01 12

dejó constancia de que le explicó al tutelante la naturaleza de la diligencia y su derecho a estar acompañado por un apoderado de su elección, como se evidencia a continuación:

En cuanto al segundo cuestionamiento, debe precisarse que los 40 días de arresto no fueron resultado de la conversión de la multa impuesta por el primer incumplimiento, sino de la sanción prevista en el literal b) del artículo 7 de la Ley 294 de 1996, la cual indica que «[s]i el incumplimiento de las medidas de protección se repitiere en el plazo de dos (2) años, la sanción será de arresto entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) días» (énfasis añadido).

En este asunto, el segundo incumplimiento ocurrió el 25 de enero de 2026, es decir, antes de que transcurrieranRadicación nº 05000-22-13-000-2026-00449-01 13

dos años desde el primero (19. ago. 2025). Por consiguiente, se trató de la consecuencia establecida por el legislador para ese supuesto.

Por la misma razón, no resulta aplicable la Sentencia T13

dos años desde el primero (19. ago. 2025). Por consiguiente, se trató de la consecuencia establecida por el legislador para ese supuesto.

Por la misma razón, no resulta aplicable la Sentencia T232 de 2025 que menciona el tutelante, pues allí el supuesto analizado difiere del ahora estudiado, toda vez que lo que se examinó fue la conversión de plano de una multa de arresto prevista en el literal a) del artículo 7 de la Ley 294 de 1996.

En cuanto a la conversión de la multa del primer incumplimiento, la comisaría remitió la sanción a la Secretaría de Hacienda Municipal para que se acordara el pago con el sancionado y le informó que debía acudir a esa dependencia a realizarlo. Además, antes de solicitar la conversión, lo citó a descargos para que explicara el impago, oportunidad en la que manifestó que acudió a esa Secretaría, pero que no consideró viable el acuerdo, como se evidencia a continuación:Radicación nº 05000-22-13-000-2026-00449-01 14

3. Conclusión

En suma, las decisiones cuestionadas se fundaron en el procedimiento previsto para estos asuntos, en las normas aplicables y en las pruebas recaudadas. El accionante conoció las actuaciones, fue escuchado y contó con las oportunidades para ejercer su defensa. Por tanto, no se advierte una actuación arbitraria o caprichosa de las autoridades accionadas que habilite la intervención del juez constitucional.

En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado.

DECISIÓN

advierte una actuación arbitraria o caprichosa de las autoridades accionadas que habilite la intervención del juez constitucional.

En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y porRadicación nº 05000-22-13-000-2026-00449-01 15

autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia proferida el 6 de octubre de 2026 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia.

Se ordena a las autoridades vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: 92EDBD389C287B8B7A932BEE83F0D492F01797871A68DF9FE188B2C8DC80F02E Documento generado en 2026-10-30