CSJ - STC21204-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21204-2026 Radicación nº 50001-22-13-000-2026-00358-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación del fallo proferido el 10 de septiembre de 2026 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Villavicencio, en la acción de tutela instaurada por Preuniversitario Experiencia a la U S.A.S contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario No. 500013103004-201600139-00.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

La sociedad accionante, por conducto de apoderado judicial, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administración deRadicación nº 50001-22-13-000-2026-00358-01 2

justicia y a una pronta justicia, que estimó vulnerados por la autoridad convocada debido a la falta de resolución de las solicitudes formuladas dentro del proceso ejecutivo hipotecario, especialmente la relacionada con la fijación de fecha para la diligencia de remate.

En consecuencia, pidió ordenar al juzgado accionado que, en el término de 48 horas, profiriera «la providencia que corresponda para resolver el trámite del Trabajo de Partición e imparta el impulso procesal necesario al expediente de la

En consecuencia, pidió ordenar al juzgado accionado que, en el término de 48 horas, profiriera «la providencia que corresponda para resolver el trámite del Trabajo de Partición e imparta el impulso procesal necesario al expediente de la referencia».

Del expediente se desprenden los siguientes hechos:

Ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio se adelanta el proceso ejecutivo hipotecario promovido por Carolina Andrea Bernate Gutiérrez contra Inelda Velásquez Mosquera, en el que Preuniversitario Experiencia a la U S.A.S. interviene como cesionaria del crédito.

El apoderado de esta última presentó memoriales en los que solicitó fijar fecha para el remate, entregar los títulos judiciales y requerir al secuestre para que informara sobre su gestión. En el expediente obran constancias de su remisión al juzgado los días 26 de julio y 22 de agosto de 2023.

Mediante auto del 17 de septiembre de 2024, el despacho corrió traslado del avalúo aportado por laRadicación nº 50001-22-13-000-2026-00358-01 3

ejecutante, requirió al secuestre saliente para que rindiera cuentas de su gestión y advirtió que, una vez aprobado aquel, resolvería sobre la fecha del remate.

El 2 de septiembre de 2025 aprobó el avalúo, programó la diligencia de remate para el 24 de octubre siguiente y requirió al secuestre para que rindiera informe de su gestión.

El 21 de octubre de 2025, la operadora de insolvencia

la diligencia de remate para el 24 de octubre siguiente y requirió al secuestre para que rindiera informe de su gestión.

El 21 de octubre de 2025, la operadora de insolvencia del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Orinoquía comunicó al juzgado que el día anterior había aceptado la solicitud de negociación de deudas de la demandada, por lo que solicitó suspender el proceso.

La tutelante sostuvo que el despacho incurrió en mora judicial injustificada pues el proceso que debía tramitarse en un año lleva más de nueve sin concluir. En particular, cuestionó que el expediente hubiera permanecido al despacho durante nueve meses, entre el 7 de diciembre de 2023 y el 17 de septiembre de 2024, antes de que se corriera traslado del avalúo y se requiriera al secuestre; que transcurrieran once meses, entre el 9 de octubre de 2024 y el 2 de septiembre de 2025, sin que se fijara fecha para el remate; y que, desde el 18 de noviembre de 2025, hubieran pasado más de nueve meses sin actuación alguna, pese a encontrarse en firme el avalúo, practicada la medida cautelar y publicado el aviso de remate.

Agregó que esas demoras impidieron hacer efectiva oportunamente la garantía real antes de la apertura delRadicación nº 50001-22-13-000-2026-00358-01 4

trámite de insolvencia. También señaló que persiste la incertidumbre sobre la tenencia y administración del inmueble, ante la falta de pronunciamiento del juzgado acerca del secuestro y la rendición de cuentas.

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trámite de insolvencia. También señaló que persiste la incertidumbre sobre la tenencia y administración del inmueble, ante la falta de pronunciamiento del juzgado acerca del secuestro y la rendición de cuentas.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

El juzgado accionado explicó que, mediante auto del 4 de septiembre de 2026, dispuso la suspensión del proceso con fundamento en el artículo 545 del Código General del Proceso, debido a que el 20 de octubre de 2025 se había aceptado la solicitud de negociación de deudas de la demandada. Por ello, sostuvo que cualquier actuación posterior estaría afectada de nulidad y que el tiempo durante el cual el expediente permaneció al despacho carecía de trascendencia. Asimismo, precisó que la pretensión relacionada con el trabajo de partición era ajena al proceso ejecutivo.

Señaló, además, que en auto del 16 de octubre de 2025 había explicado la improcedencia de llevar a cabo el remate programado para el 24 de ese mes, dado que en el certificado de tradición figuraban dos embargos inscritos por el Municipio de Villavicencio dentro de procesos de cobro coactivo de 2022 y 2024, cuya prelación debía esclarecerse previamente.

También descartó que existiera incertidumbre sobre la tenencia del inmueble, pues el secuestre había rendido informe de su gestión y el despacho había efectuadoRadicación nº 50001-22-13-000-2026-00358-01 5

requerimientos mediante autos del 2 de septiembre y 16 de octubre de 2025.

informe de su gestión y el despacho había efectuadoRadicación nº 50001-22-13-000-2026-00358-01 5

requerimientos mediante autos del 2 de septiembre y 16 de octubre de 2025.

Finalmente, negó la existencia de mora judicial injustificada, para lo cual invocó la elevada carga laboral del juzgado, la reducción sostenida de su inventario, el nivel de egresos y las medidas de gestión implementadas desde enero de 2026.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

El Tribunal declaró improcedente el amparo por falta de legitimación en la causa por activa. Consideró que el poder allegado no identificaba el acto, la omisión o la providencia que habría ocasionado la vulneración alegada, con lo cual incumplía el requisito de especificidad exigido para el apoderamiento en materia de tutela. En consecuencia, concluyó que el abogado Harly Andrés Rincón Báez no estaba facultado para actuar en representación de la sociedad accionante.

El apoderado de la tutelante impugnó y sostuvo que el Tribunal incurrió en exceso ritual manifiesto al privilegiar una exigencia formal sobre la protección de los derechos fundamentales invocados, aportando un nuevo poder. Además, reiteró los argumentos relacionados con la duración del proceso ejecutivo y los periodos de inactividad del despacho. CONSIDERACIONESRadicación nº 50001-22-13-000-2026-00358-01 6

Circunscrita la Corte al estudio de la impugnación, y dado que con ella se aportó el poder especial cuya ausencia

CONSIDERACIONESRadicación nº 50001-22-13-000-2026-00358-01 6

Circunscrita la Corte al estudio de la impugnación, y dado que con ella se aportó el poder especial cuya ausencia advirtió el Tribunal, corresponde examinar el reparo central de la accionante, relacionado con la mora judicial injustificada que atribuye al juzgado convocado por no fijar fecha para el remate del inmueble embargado, secuestrado y avaluado, y mantener el expediente al despacho durante más de nueve meses sin resolver sus solicitudes.

Desde ahora se anticipa que la sentencia de primera instancia será confirmada, por las razones que se exponen a continuación.

Las actuaciones acreditadas en el expediente desvirtúan la vulneración alegada. En efecto, mediante auto del 2 de septiembre de 2025, el juzgado aprobó el avalúo y programó la diligencia de remate para el 24 de octubre siguiente. Sin embargo, el 21 de octubre de 2025, la operadora de insolvencia del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Orinoquía comunicó al despacho que el día anterior había aceptado la solicitud de negociación de deudas presentada por la demandada y, en consecuencia, solicitó la suspensión del proceso.

Tal circunstancia impedía continuar con la ejecución, pues como lo dispone el numeral 1º del artículo 545 del Código General del Proceso, a partir de la aceptación de la solicitud de negociación de deudas:Radicación nº 50001-22-13-000-2026-00358-01 7

«(...) no podrán iniciarse contra el deudor nuevos procesos o

Código General del Proceso, a partir de la aceptación de la solicitud de negociación de deudas:Radicación nº 50001-22-13-000-2026-00358-01 7

«(...) no podrán iniciarse contra el deudor nuevos procesos o trámites públicos o privados de ejecución, de jurisdicción coactiva, de cobro de obligaciones dineradas, de ejecución especial, ni de restitución de bienes por mora en el pago de los cánones, y se suspenderán los que estuvieren en curso al momento de la aceptación. (...)

El deudor podrá alegar la nulidad del proceso ante el juez o funcionario competente, o ante el particular o mandatario encargado del cobro o ejecución, para lo cual bastará presentar copia de la certificación que expida el conciliador sobre la aceptación al procedimiento de negociación de deudas. (...)»

Además, la misma disposición faculta al deudor para solicitar la nulidad de las actuaciones adelantadas con posterioridad.

Así, el juzgado accionado no podía fijar una nueva fecha para el remate ni continuar con el impulso de la ejecución, pues cualquier actuación en ese sentido estaría expuesta a nulidad.

Por esa razón, mediante auto del 4 de septiembre de 2026, dispuso suspender el proceso hasta que se verifique el cumplimiento o incumplimiento del acuerdo de pago que eventualmente se celebre, o el fracaso de la negociación, y se abstuvo de adoptar otras determinaciones.

Ahora bien, no desconoce la Sala que, entre el 21 de octubre de 2025, cuando el juzgado fue informado de la aceptación de la negociación de deudas, y el auto del 4 de

abstuvo de adoptar otras determinaciones.

Ahora bien, no desconoce la Sala que, entre el 21 de octubre de 2025, cuando el juzgado fue informado de la aceptación de la negociación de deudas, y el auto del 4 de septiembre de 2026, el despacho no se pronunció sobre la suspensión del proceso. Sin embargo, lo cierto es que, a la fecha, el proceso se encuentra suspendido.Radicación nº 50001-22-13-000-2026-00358-01 8

De este modo, las situaciones que cuestiona la impugnante obedecen a los efectos del trámite de insolvencia promovido por la demandada, y la determinación del juzgado encuentra respaldo en la disposición que regula las consecuencias de la aceptación de la solicitud de negociación de deudas. En esas condiciones, no se advierte una actuación arbitraria ni la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Por lo expuesto, se confirma el fallo impugnado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2026 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Villavicencio.

Se ordena a las autoridades vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASERadicación nº 50001-22-13-000-2026-00358-01 9

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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