CSJ - STC21209-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21209-2026 Radicación n.º 11001-22-03-000-2026-03822-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación del fallo proferido el 8 de septiembre de 2026 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá D.C., en la acción de tutela que la sociedad Abogados Especializados de Cobranzas S.A.S -AECSApromovió contra el Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá, extensiva al Juzgado Setenta Civil Municipal de la misma ciudad y a las partes e intervinientes dentro del proceso ejecutivo con radicación No. 11001-4003-008-2024-00366-00 (01).

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTESRadicación nº 11001-22-03-000-2026-03822-01

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Para la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, la sociedad accionante solicita dejar sin efectos la sentencia proferida el 25 de agosto de 2026 por el Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso ejecutivo No. 2024-00366-01 y, en su lugar, se ordene proferir una nueva decisión que se ajuste a los parámetros legales y jurisprudenciales, «teniendo en cuenta la naturaleza

No. 2024-00366-01 y, en su lugar, se ordene proferir una nueva decisión que se ajuste a los parámetros legales y jurisprudenciales, «teniendo en cuenta la naturaleza facultativa de la aceleración del pago y la vigencia oportuna de la acción ejecutiva ejercida».

En sustento de su solicitud, señala que promovió proceso ejecutivo de menor cuantía contra Luis Eduardo Peña Correa, con base en el pagaré No. 704518 por la suma de $59.937.747, con fecha de vencimiento del 22 de marzo de 2024. Dicho trámite fue conocido por el Juzgado Setenta Civil Municipal de Bogotá, el cual profirió sentencia el 4 de septiembre de 2025 en la que declaró no probadas las excepciones de mérito formuladas por la parte ejecutada y ordenó seguir adelante con la ejecución.

Contra esa decisión, el ejecutado interpuso recurso de apelación, el cual le correspondió al Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá, quien mediante sentencia del 25 de agosto de 2026 decidió revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró probadas las excepciones de «prescripción del pagaré» e «indebido diligenciamiento por no ajustarse a las instrucciones».Radicación nº 11001-22-03-000-2026-03822-01 3

La sociedad accionante afirma que el juzgado accionado interpretó errónamente que, al haber incurrido el deudor en mora en el año 2016, la cláusula de aceleración contenida en las instrucciones operaba de manera automática o retroactiva, imponiendo de manera forzosa fijar como fecha

interpretó errónamente que, al haber incurrido el deudor en mora en el año 2016, la cláusula de aceleración contenida en las instrucciones operaba de manera automática o retroactiva, imponiendo de manera forzosa fijar como fecha de vencimiento del título el 29 de mayo de 2016, concluyendo que la acción cambiaria prescribió el 29 de mayo de 2019.

Sostiene la actora que el juzgado accionado «incurrió en un yerro hermenéutico al transformar una autonomía y potestad de la entidad acreedora (acelerar o no la deuda) en una prescripción punitiva contra el tenedor del título, obligándolo retroactivamente a fijar como vencimiento una fecha arbitraria en 2016, en abierta contradicción con el artículo 622 y 789 del Código de Comercio».

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

El Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá señaló que la decisión cuestionada se adoptó conforme a la normatividad que regula la materia y con observancia conjunta de los medios de convicción obrantes en el expediente. Por lo tanto, considera que con la actuación surtida no se han vulnerado los derechos fundamentales invocados.

El Juzgado Setenta Civil Municipal de Bogotá manifestó que la providencia que se cuestiona no fue proferida por el despacho, por lo tanto, afirma que carece de falta de legitimación en la causa por pasiva.Radicación nº 11001-22-03-000-2026-03822-01 4

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

El Tribunal negó el amparo al considerar que el

legitimación en la causa por pasiva.Radicación nº 11001-22-03-000-2026-03822-01 4

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

El Tribunal negó el amparo al considerar que el juzgado accionado soportó su determinación refiriendo las normas que estimó adecuadas, junto con la doctrina y jurisprudencia aplicables a la controversia y con fundamento en ello argumentó por qué se había desoído el memorial instructivo, lo cual repercutía en el hito prescriptivo.

La sociedad accionante impugnó la decisión sin ofrecer mayor argumento.

CONSIDERACIONES

De entrada se anuncia que el fallo impugnado será revocado, porque la providencia del 25 de agosto de 2026, mediante la cual se revocó el proveído del 4 de septiembre de 2025 que ordenó seguir adelante con la ejecución, configura una vía de hecho que justifica la intervención excepcional del juez constitucional.

1. Anotación preliminar.

Del expediente se desprende que Luis Eduardo Peña Correa autorizó al Banco Davivienda S.A. a diligenciar el pagaré en blanco conforme a la siguiente carta de instrucciones:Radicación nº 11001-22-03-000-2026-03822-01 5

El Banco Davivienda S.A., mediante escritura pública No. 14.783 del 16 de noviembre de 2023, confirió poder a Diana Patricia Roa Pulido para efectuar los endosos derivados de la venta de cartera realizada a AECSA S.A. En ejercicio de esa facultad, ella endosó en propiedad y sin responsabilidad el pagaré en blanco objeto de ejecución a la

Diana Patricia Roa Pulido para efectuar los endosos derivados de la venta de cartera realizada a AECSA S.A. En ejercicio de esa facultad, ella endosó en propiedad y sin responsabilidad el pagaré en blanco objeto de ejecución a la sociedad accionante, cuya entrega material tuvo lugar el 27 de marzo de 2023.

El pagaré fue diligenciado por AECSA S.A, de la siguiente manera:Radicación nº 11001-22-03-000-2026-03822-01 6

Con fundamento en dicho pagaré, AECSA S.A promovió demanda ejecutiva contra Luis Eduardo Peña Correa. Una vez librado el mandamiento de pago, el ejecutado formuló las excepciones de mérito que denominó: «prescripción del pagaré», «diligenciamiento del título no se encontraba conforme a las instrucciones dadas por el deudor» e «inominada o genérica». Como sustento de sus defensas, adujo que, el 8 de septiembre de 2025, la obligación No. 6137, incorporada en el pagaré objeto de ejecución registraba un saldo de $12.206.890. Asimismo, señaló que el 26 de abril de 2016 reconoció dicha obligación, cuyo monto ascendía para entonces a 14.322.163, y que esta ya se encontraba en mora y «castigada». Por consiguiente, sostuvo que el pagaré debió diligenciarse a partir de esa fecha, de conformidad con lo establecido en la respectiva carta de instrucciones.

Al descorrer traslado de las excepciones, la parte ejecutante manifestó que las obligaciones objeto de ejecución

diligenciarse a partir de esa fecha, de conformidad con lo establecido en la respectiva carta de instrucciones.

Al descorrer traslado de las excepciones, la parte ejecutante manifestó que las obligaciones objeto de ejecución eran las identificadas con Nos. 5028 y 5036 y mantuvoRadicación nº 11001-22-03-000-2026-03822-01 7

su posición en que el pagaré fue diligenciado conforme a la literalidad de la carta de instrucciones.

El Juzgado Setenta Civil Municipal mediante sentencia del 4 de septiembre de 2025 declaró no probadas las excepciones de mérito y ordenó seguir adelante con la ejecución, al considerar que el demandado no aportó prueba alguna que demostrara que el título fue llenado contrariando las instrucciones impartidas o que la suma cobrada no correspondiera a las obligaciones realmente aportadas. Por el contrario, estimó que la carta de instrucciones autorizaba al acreedor a diligenciar los espacios en blanco cuando existiera mora, y que la información remitida por el Banco Davivienda confirmó que las obligaciones ejecutadas eran distintas de la señalada por el demandado.

2. Decisión del juzgado del circuito accionado.

Al resolver la apelación, el juzgado accionado revocó la providencia del 4 de septiembre de 2025 que ordenó seguir adelante con la ejecución y, en su lugar, declaró probadas las excepciones del ejecutado relativas a la «prescripción del pagaré» y al «indebido diligenciamiento por no ajustarse a las instrucciones».

Para sustentar esa determinación, señaló que, aunque de la literalidad del título valor podría inferirse que la

pagaré» y al «indebido diligenciamiento por no ajustarse a las instrucciones».

Para sustentar esa determinación, señaló que, aunque de la literalidad del título valor podría inferirse que la excepción de prescripción no estaba llamada a prosperar pues la fecha de vencimiento diligenciada en el pagaré fue el 22 de marzo de 2024, las circunstancias acreditadas en elRadicación nº 11001-22-03-000-2026-03822-01 8

expediente impedían aplicar la literalidad de manera automática y absoluta.

Como fundamento para apartarse del principio de literalidad expuso que (i) cuando el título con espacios en blanco circula por endoso, las instrucciones dadas por el suscriptor para su diligenciamiento obligan a quien lo recibe, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 622 del Código de Comercio; (ii) el endosatario debe indagar sobre la forma en que el título debía ser completado, (iii) como el pagaré se transfirió con espacios en blanco, el traspaso constituye un acto extra cambiario, es decir, se produce mediante la cesión de derechos, y (iv) el título ejecutivo adquiere carácter complejo, pues debe complementarse con los documentos que regulan, entre otros aspectos, la fecha de la exigibilidad. Con fundamento en lo anterior, estimó «indispensable acudir a la carta de instrucciones y al negocio causal para establecer la fecha real de exigibilidad de la obligación».

Al respecto, indicó que la instrucción cuarta para diligenciar el pagaré contenía una cláusula aceleratoria y que obraba en el expediente la «solicitud de acuerdo de pago de

de exigibilidad de la obligación».

Al respecto, indicó que la instrucción cuarta para diligenciar el pagaré contenía una cláusula aceleratoria y que obraba en el expediente la «solicitud de acuerdo de pago de cartera castigada», en la que consta que el demandado solicitó el 26 de abril de 2016 un acuerdo de pago por $17.190.000, suma que debía ser cancelada en 84 cuotas mensuales de $215.000 cada una, pagaderas los 29 de cada mes. Dicho documento fue incorporado por la parte ejecutante con la demanda, así:Radicación nº 11001-22-03-000-2026-03822-01 9

Adicionalmente, el Juzgado accionado señaló que el demandado al contestar la demanda realizó una negación indefinida al afirmar que no efectuó abonos posteriores a abril de 2016, por lo que conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, le correspondía al ejecutante acreditar el hecho contrario. También determinó que no obraba evidencia de pagos posteriores a dicha fecha.

Refirió que mediante comunicación del 1° de julio de 2025 Davivienda le informó al juzgado de primera instancia que el 30 de agosto de 2023 vendió la cartera a AECSA S.A. y que el ejecutado había adquirido los siguientes productos crediticios el 29 de abril de 2016:Radicación nº 11001-22-03-000-2026-03822-01 10

La entidad financiera también manifestó que no le era posible aportar los planes de pago de dichos productos porque «no se registra en nuestra base de datos a la fecha y dado que los mismos se encontraban en mora».

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La entidad financiera también manifestó que no le era posible aportar los planes de pago de dichos productos porque «no se registra en nuestra base de datos a la fecha y dado que los mismos se encontraban en mora».

Expuso que «se allegó el histórico del crédito No. 5900009500295028, otorgado el 29 de abril de 2016 por $14.322.163,70, registrándose un saldo adeudado al 29 de agosto de 2023 de “19.983.155.14” (derivado 30, c01. Pág. 5). A su vez, respecto del crédito No. 5900009500295036, otorgado el 29 de abril de 2016 por la suma de $45.091.500,92, se indicó que al 29 de agosto de 2023 existía una deuda por valor de “$70.476.558.41” (derivado 30, c01. Pág. 6)».

Lo anterior, se puede constatar en el expediente del proceso así:

Con fundamento en ello, el Juzgado concluyó que «la parte demandante no logró desvirtuar la negación indefinida formulada por el demandado en el sentido de que dejó deRadicación nº 11001-22-03-000-2026-03822-01 11

efectuar pagos desde abril de 2016». Estimó que, teniendo en cuenta la instrucción cuarta que autorizaba al Banco Davivienda a acelerar el vencimiento de las obligaciones desde el momento mismo en que se presentara el incumplimiento, el pagaré debía diligenciarse con una fecha de exigibilidad del 29 de mayo de 2016 (mes siguiente a la fecha del acuerdo de pago de la cartera castigada y de la

desde el momento mismo en que se presentara el incumplimiento, el pagaré debía diligenciarse con una fecha de exigibilidad del 29 de mayo de 2016 (mes siguiente a la fecha del acuerdo de pago de la cartera castigada y de la apertura de los créditos cedidos a AECSA) y no con la fecha de vencimiento incorporada posteriormente, esto es, el 22 de marzo de 2024.

En consecuencia, estimó que:

«la fecha de exigibilidad que debe tomarse en consideración no es aquella que fue consignada unilateralmente al momento de diligenciar el documento, sino la que se deriva de la carta de instrucciones y del negocio causal, esto es, el 29 de mayo de 2016 (mes siguiente a la fecha del acuerdo de pago de la cartera castigada y la apertura de los créditos cedidos a AECSA). Bajo esa premisa la acción cambiaria directa prescribió el 29 de mayo de

2019. Sin embargo, la demanda fue presentada el 3 de abril de 2024 (derivado 1, c. 1), cuando ya habían transcurrido aproximadamente siete años, diez meses y cuatro días desde la exigibilidad de la obligación. En consecuencia, para el momento en que se promovió la ejecución, la acción cambiaria directa se encontraba prescrita».

3. Vulneración advertida.

El artículo 619 del Código de Comercio define los títulos valores como documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. De esta definición se desprenden los principios de literalidad y autonomía que delimitan el alcance de las obligaciones exigibles al suscriptor del instrumento.Radicación nº 11001-22-03-000-2026-03822-01 12

incorpora. De esta definición se desprenden los principios de literalidad y autonomía que delimitan el alcance de las obligaciones exigibles al suscriptor del instrumento.Radicación nº 11001-22-03-000-2026-03822-01 12

En particular, el principio de literalidad comporta que el alcance de la obligación incorporada en un título valor está determinado por lo expresamente consignado en su texto. Así lo establece el artículo 626 del Código de Comercio, al disponer: «El suscriptor de un título quedará obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia».

Ahora bien, el ordenamiento mercantil admite que los títulos valores sean suscritos con espacios en blanco para su posterior diligenciamiento. En tal supuesto, el artículo 622 del estatuto mercantil autoriza al tenedor legítimo a completarlos conforme a las instrucciones impartidas por el suscriptor, antes de presentar el instrumento para el ejercicio del derecho incorporado. Así lo dispone: «Si en el título se dejan espacios en blanco cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora. Una firma puesta sobre un papel en blanco, entregado por el firmante para convertirlo en un título-valor, dará al tenedor el derecho de llenarlo. Para que el título, una vez completado, pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse, deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello. Si un título de esta clase es negociado, después de llenado, a favor

hacerse valer contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse, deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello. Si un título de esta clase es negociado, después de llenado, a favor de un tenedor de buena fe exenta de culpa, será válido y efectivo para dicho tenedor y éste podrá hacerlo valer como si se hubiera llenado de acuerdo con las autorizaciones dadas». De ahí que la posibilidad de suscribir un título valor en blanco no desconozca el principio de literalidad, sino que difiere la determinación definitiva de su contenido hasta el momento en que sea completado conforme a las instrucciones que fueron impartidas. Una vez diligenciadoRadicación nº 11001-22-03-000-2026-03822-01 13

conforme a dichas pautas, el instrumento contiene los elementos que delimitan el derecho cambiario y permite establecer, a partir de su tenor, la obligación exigible y las consecuencias derivadas de ella.

En el asunto examinado, no se discute que Luis Eduardo Peña Correa suscribió en blanco el pagaré objeto de ejecución ni que este circuló en esas condiciones a la sociedad Abogados Especializados de Cobranzas S.A.S, a quien le fue transferido por endoso en propiedad y sin responsabilidad.

Ahora, según se desprende del expediente, la carta de instrucciones autorizaba el diligenciamiento del pagaré y establecía que la fecha de emisión sería aquella en que se diligenciara el título valor, mientras que su fecha de vencimiento correspondería al día siguiente a este. En cumplimiento de esas directrices, la ejecutante incorporó como fecha de emisión el 21 de marzo de 2024 y como fecha

diligenciara el título valor, mientras que su fecha de vencimiento correspondería al día siguiente a este. En cumplimiento de esas directrices, la ejecutante incorporó como fecha de emisión el 21 de marzo de 2024 y como fecha de vencimiento el 22 de marzo de ese mismo año. Bajo esas condiciones, se advierte que efectivamente el pagaré fue diligenciado conforme a la carta de instrucciones.

No obstante, al resolver la apelación, el juzgado accionado se apartó de ese entendimiento, pues, aunque reconoció que la excepción de prescripción no estaba llamada a prosperar si se ceñía a la literalidad del título valor, consideró que las circunstancias acreditadas en el proceso imponían acudir a la carta de instrucciones y al negocio causal para establecer una fecha de exigibilidad distinta deRadicación nº 11001-22-03-000-2026-03822-01 14

la incorporada en el título. Al apreciar los elementos de juicio, el juzgado accionado dedujo que el incumplimiento ocurrido en 2016 determinaba el vencimiento del pagaré en ese mismo contexto temporal, dada la cláusula aceleratoria pactada en la carta de instrucciones.

Del análisis de la decisión cuestionada se desprende que el juzgado accionado incurrió en un primer yerro al examinar el negocio jurídico subyacente, puesto que el endoso del título valor rompió la posibilidad de formular la excepción prevista en el numeral 12 del artículo 784 del Código de Comercio, que establece: «Contra la acción cambiaria sólo podrán oponerse las siguientes excepciones: (…) 12. las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título,

Código de Comercio, que establece: «Contra la acción cambiaria sólo podrán oponerse las siguientes excepciones: (…) 12. las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa». Lo anterior, por cuanto no se acreditó que la demandante careciera de la condición de tenedora de buena fe exenta de culpa.

Adicionalmente, porque el juzgado accionado analizó el negocio jurídico causal bajo el argumento de que la transferencia del pagaré con espacios en blanco producía los efectos propios de una cesión de derechos. Sin embargo, tal razonamiento resulta desacertado, pues, de conformidad con el inciso final del artículo 660 del Código de Comercio, el endoso solo produce los efectos de una cesión ordinaria cuando se realiza con posterioridad al vencimiento del título.

En este caso, el pagaré no fue endosado posterior a su vencimiento. Por el contrario, el pagaré circuló en blanco, deRadicación nº 11001-22-03-000-2026-03822-01 15

modo que la determinación de su fecha de vencimiento quedó supeditada al diligenciamiento del título por parte de su tenedor, de acuerdo con la carta de instrucciones.

Ahora, una vez inmiscuido en el negocio causal, el juzgado accionado incurrió en un segundo yerro, en tanto la posibilidad de acelerar el cobro de las obligaciones, era una potestad de la ejecutante, y no una obligación. Luego, no resulta acertado señalar que, como el deudor entró en mora

posibilidad de acelerar el cobro de las obligaciones, era una potestad de la ejecutante, y no una obligación. Luego, no resulta acertado señalar que, como el deudor entró en mora en 2016, entonces desde esa fecha debía iniciar a contarse el término de prescripción, por cuanto no era imperante que el Banco hubiera ejercido dicha facultad en esa época.

Al respecto, el artículo 69 de la Ley 45 de 1990 señala:

«Cuando en las obligaciones mercantiles se estipule el pago mediante cuotas periódicas, la simple mora del deudor en la cancelación de las mismas no dará derecho al acreedor a exigir la devolución del crédito en su integridad, salvo pacto en contrario. En todo caso, cuando en desarrollo de lo previsto en este artículo el acreedor exija la devolución del total de la suma debida, no podrá restituir nuevamente el plazo, salvo que los intereses de mora los cobre únicamente sobre las cuotas periódicas vencidas, aun cuando comprendan sólo intereses».

Al analizar la constitucionalidad de dicha norma, la Corte Constitucional en sentencia C-332/01 precisó que:

«Las cláusulas aceleratorias de pago otorgan al acreedor el derecho de declarar vencida anticipadamente la totalidad de una obligación periódica. En este caso se extingue el plazo convenido, debido a la mora del deudor, y se hacen exigibles de inmediato los instalamentos pendientes.

Las cláusulas mencionadas se utilizan frecuentemente en operaciones mercantiles como las ventas a plazos y en créditosRadicación nº 11001-22-03-000-2026-03822-01 16

instalamentos pendientes.

Las cláusulas mencionadas se utilizan frecuentemente en operaciones mercantiles como las ventas a plazos y en créditosRadicación nº 11001-22-03-000-2026-03822-01 16

amortizables por cuotas. Su funcionamiento depende de la condición consistente en el incumplimiento del deudor, así como en la decisión del acreedor de declarar vencido el plazo de la obligación».

En ese contexto, la cláusula no acelera la deuda automáticamente, sino que le da al acreedor una facultad que puede o no ejercer. No obstante, el juzgado convirtió una facultad de aceleración en un deber de ejercicio inmediato y derivó de esa premisa una fecha de vencimiento contraria a la consignada en el título.

Con todo, aun si se admitiera, para efectos argumentativos, que la obligación subyacente era exigible desde 2016, el juzgado incurrió en un tercer yerro al haberle aplicado las normas de prescripción de la acción cambiaria al negocio causal. En este punto, conviene necesario distinguir entre la acción cambiaria derivada del pagaré y las acciones que pudiera surgir del negocio causal. Se trata de acciones distintas, con presupuestos y términos de prescripción propios.

Por un lado, la acción cambiaria directa se rige por el tenor literal del título valor y prescribe en el término de tres años, contados a partir de su vencimiento, de conformidad con el artículo 789 del Código de Comercio. Por otro lado, la prescripción de las acciones derivadas del negocio causal depende de la naturaleza de la obligación que de este emana. Así, si la obligación reúne los requisitos para prestar mérito

con el artículo 789 del Código de Comercio. Por otro lado, la prescripción de las acciones derivadas del negocio causal depende de la naturaleza de la obligación que de este emana. Así, si la obligación reúne los requisitos para prestar mérito ejecutivo, la acción ejecutiva prescribe en cinco años; en caso contrario, podrá ejercerse la acción ordinaria, cuyo términoRadicación nº 11001-22-03-000-2026-03822-01 17

de prescripción es de diez años, conforme a lo dispuesto en el artículo 2536 del Código Civil.

En el caso sub examine, no se advierte que la obligación derivada del negocio causal reuniera los requisitos necesarios para prestar mérito ejecutivo, pues no obra en el expediente un soporte que permita establecer, de forma clara y expresa, desde cuándo era exigible. En consecuencia, al no estar acreditados los presupuestos para el ejercicio de la acción ejecutiva, tampoco resultaba procedente aplicar el término prescriptivo de cinco años previsto para esta.

Bajo ese panorama, la decisión cuestionada evidencia una contradicción en su razonamiento, pues, el juzgado accionado tras superar la literalidad del título valor y optar por examinar la relación subyacente, no podía trasladar automáticamente a esta las reglas de prescripción propias de la acción cambiaria.

Si el propósito del juzgado era determinar la exigibilidad de la obligación derivada del negocio causal, debía establecer, en primer lugar, la naturaleza de esa relación jurídica y, a partir de ella, identificar el régimen de prescripción aplicable. Por consiguiente, no resultaba jurídicamente admisible acudir al negocio causal para modificar la fecha de

en primer lugar, la naturaleza de esa relación jurídica y, a partir de ella, identificar el régimen de prescripción aplicable. Por consiguiente, no resultaba jurídicamente admisible acudir al negocio causal para modificar la fecha de vencimiento del título y, al mismo tiempo, conservar las reglas de prescripción para la acción cambiaria.Radicación nº 11001-22-03-000-2026-03822-01 18

Así las cosas, el juzgado accionado incurrió en un defecto sustantivo, al construir su decisión a partir de una interpretación que desatendió las consecuencias jurídicas de la distinción entre el titulo valor y el negocio que le dio origen.

4. Conclusión.

De todo lo anterior, se desprende que no resultó acertado que el juzgado haya examinado el negocio causal cuando el título fue diligenciado conforme a la carta de instrucciones. Menos aún que, pese a haberlo hecho, fijara como fecha de vencimiento del pagaré aquella en la que el deudor presuntamente incurrió en mora, bajo el entendido de que desde ese momento el acreedor debía hacer efectiva la cláusula aceleratoria. A ello se suma que contabilizó el término de prescripción a partir de esa misma fecha, con fundamento en el plazo previsto en la acción cambiaria, en lugar de atender a las reglas propias de la acción derivada del negocio causal, pese a que se trata de acciones distintas y autónomas.

Por tales razones, se revocará el fallo impugnado, se concederá el amparo invocado y se dejará sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida el 25 de agosto de 2026, para que el juzgado accionado emita una nueva

Por tales razones, se revocará el fallo impugnado, se concederá el amparo invocado y se dejará sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida el 25 de agosto de 2026, para que el juzgado accionado emita una nueva decisión en la que resuelva la alzada interpuesta contra el proveído del 4 de septiembre de 2025, atendiendo las consideraciones expuestas en esta providencia.Radicación nº 11001-22-03-000-2026-03822-01 19

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia del 8 de septiembre de 2026 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá D.C. y se concede el amparo implorado por la sociedad Abogados Especializados de Cobranzas

S.A.S -AECSA-.

En consecuencia, se deja sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida el 25 de agosto de 2026 por el Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá, y se ordena al juzgado accionado que, en el término de 10 días siguientes a la notificación de la presente providencia, emita una nueva decisión en la que resuelva la alzada interpuesta contra el proveído del 4 de septiembre de 2025, atendiendo las consideraciones expuestas en esta providencia.

Se ordena a las autoridades vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las

las consideraciones expuestas en esta providencia.

Se ordena a las autoridades vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASERadicación nº 11001-22-03-000-2026-03822-01 20

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el ar