CSJ - STC21256-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC21256-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-06264-00 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D. T. y C., treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela que la sociedad Hermanos Mendoza Ochoa S.A.S. promovió contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado Civil del Circuito con conocimiento en asuntos laborales de Andes, trámite al que fueron vinculados las partes e intervinientes en el juicio declarativo identificado con rad. n.° 2024-00257-00.

ANTECEDENTES

1. La sociedad accionante, en nombre propio , reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y «defensa», presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06264-00

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2. En lo relevante para la resolución del asunto se tiene que, Financia Ya S.A.S. promovió en contra de Juan Diego Mendoza Ochoa y Hermanos Mendoza Ochoa S.A.S., proceso declarativo de nulidad absoluta de escritura Pública, asunto que correspondió por reparto al Juzgado Civil del Circuito con conocimiento en asuntos laborales de Andes.

3. La sociedad aquí tutelante, elevó solicitud de nulidad por indebida notificación, la cual fue declarada infundada por el estrado de conocimiento mediante auto del

Circuito con conocimiento en asuntos laborales de Andes.

3. La sociedad aquí tutelante, elevó solicitud de nulidad por indebida notificación, la cual fue declarada infundada por el estrado de conocimiento mediante auto del 10 de abril de 2026, determinación que fue confirmada por el Tribunal Superior de Antioquia a través de providencia del 30 de junio siguiente.

4. La pretensora sostiene que aquellas decisiones vulneran sus derechos fundamentales, pues insiste en que la notificación del auto admisorio de la demanda no se realizó en cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley 2213 de

2022.

5. Con base en lo anterior , solicitó dejar sin efectos «el auto que tuvo como notificado a la sociedad demandada » y, en consecuencia, se suspenda cualquier actuación hasta que «se surta la notificación real».

RESPUESTA DE LAS ACCIONADASRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06264-00

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1. El Juzgado Civil del Circuito con Competencia en Asuntos Laborales de Andes reseñó las actuaciones a su cargo y pidió que se niegue el resguardo por ausencia de vulneración. Destacó que la notificación personal del auto admisorio se realizó al correo electrónico registrado en el certificado de existencia y representación legal de la empresa demandada cuya constancia de entregado se aportó por el demandante, motivo por el cual no procedía la solicitud de nulidad elevada por el tutelante.

2. Financia Ya S.A.S. vinculada en el asunto, peticionó que se declare improcedente el amparo por ausencia de relevancia constitucional.

CONSIDERACIONES

nulidad elevada por el tutelante.

2. Financia Ya S.A.S. vinculada en el asunto, peticionó que se declare improcedente el amparo por ausencia de relevancia constitucional.

CONSIDERACIONES

1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado, en línea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener indemnes los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.

Excepcionalmente se torna imperiosa la intervención del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico,Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06264-00 4 en los supuestos en que el funcionario judicial accionado ha incurrido en un proceder arbitrario y opuesto a la ley, pero ello en tanto haya superado el estudio de los requisitos generales de procedibilidad y se advierta la configuración de un defecto procedimental.

2. En el presente asunto, observa la Sala que la promotora cuestiona la decisión que declaró infundada la solicitud de nulidad que formuló dentro del proceso declarativo en el que actúa en calidad de demandada , así como la providencia que, al resolver el recurso de apelación, confirmó dicha determinación.

2.1. Preliminarmente, se advierte que, s i bien el

declarativo en el que actúa en calidad de demandada , así como la providencia que, al resolver el recurso de apelación, confirmó dicha determinación.

2.1. Preliminarmente, se advierte que, s i bien el reclamo se dirige contra las providencias de primera y segunda instancia, el análisis de la Corte se circunscribirá a la proferida por el Tribunal, por cuanto fue la que definió el asunto. Sobre la determinación que habrá de abordar la Sala, se ha dicho que:

aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisión de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoración sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada . (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834 -00, reiterada en CSJ , STC22422015).Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06264-00 5 2.2. De la revisión realizada a la queja constitucional y a las piezas procesales incorporadas al expediente, desde ya se anticipa que la Sala declarará improcedente la protección reclamada, pues si bien, se superan los requisitos generales de procedibilidad consistentes en la legitimación, inmediatez y subsidiariedad, el resguardo decae en el incumplimiento del criterio de relevancia constitucional del conflicto.

Recuérdese que l a Corte Constitucional ha decantado

de procedibilidad consistentes en la legitimación, inmediatez y subsidiariedad, el resguardo decae en el incumplimiento del criterio de relevancia constitucional del conflicto.

Recuérdese que l a Corte Constitucional ha decantado que, una controversia es constitucionalmente relevante cuando: «(i) verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal o económico; (ii) involucre algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental, y (iii) no implique utilizar la acción de tutela como una instancia o un recurso adicional para reabrir debates concluidos en el proceso ordinario » (SU-016 de 2026), delimitación cuyo propósito es proteger « el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y prev[enir] que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales » (SU-215 de 2022).

Igualmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el cumplimiento de este este requisito exige que el accionante explique de qué manera la decisión censurada trascendió el ámbito de la autonomía judicial y compromete de forma efectiva una garantía fundamental , para lo cual no es suficiente con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental, alegando v.gr. la vulneración del derecho al debido proceso o acceso efectivo a laRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06264-00 6 administración de justica, en cambio se requiere de la acreditación de una relación directa, específica y suficiente entre la actuación judicial cuestionada y la presunta vulneración.

6 administración de justica, en cambio se requiere de la acreditación de una relación directa, específica y suficiente entre la actuación judicial cuestionada y la presunta vulneración.

2.3. En el asunto, la accionante indicó que debe decretarse la nulidad del proceso referenciado a partir de l auto admisorio de la demanda, ya que, en su concepto, la notificación de dicha providencia no se realizó conforme a la ley 2213 de 2022.

En sustento expuso que , el juzgado de conocimiento tuvo por válido su enteramiento del inicio de la demanda a partir de la constancia aportada por la demandante, pese a que aquella provino del correo postmaster@outlook.com, dirección electrónica que « envía mensajes automáticos cuando un correo electrónico no puede ser entregado al destinatario ». A sí las cosas, «no puede tenerse por surtida una notificación que técnicamente no fue recibida por la destinataria».

No obstante, al contrastar el argumento de la tutelante con el expediente digital allegado por las autoridades judiciales cuestionadas, se advierte la ausencia de relevancia constitucional, por cuanto se evidencia que la actora pretende utilizar la acción de tutela como una instancia o un recurso adicional para reabrir un debate ya zanjado por el juez natural.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06264-00 7 En efecto, nótese que la pretensora promovió incidente de nulidad dentro del proceso declarativo criticado bajo similares a los planteados en esta sede constitucional, los cuales fueron analizados y desestimados individualmente por el Tribunal Superior de Antioquia mediante providencia

de nulidad dentro del proceso declarativo criticado bajo similares a los planteados en esta sede constitucional, los cuales fueron analizados y desestimados individualmente por el Tribunal Superior de Antioquia mediante providencia del 30 de junio de 2026, para concluir que:

[S]e encuentra acreditado que la notificación del auto admisorio fue remitida a la dirección electrónica registrada por la sociedad demandada en el certificado de existencia y representación legal, circunstancia que, en principio, satisface el presupuesto de utilización del canal válido de comunicación procesal. Este aspecto no es controvertido eficazmente por la recurrente.

Ahora bien, en cuanto a la constancia proveniente de la dirección “postmaster@outlook.com”, debe precisarse que este tipo de mensajes corresponde a sistemas automatizados de los servidores de correo, destinados a informar sobre el estado de entrega de los envíos electrónicos. En tal medida, su sola existencia no permite inferir irregularidad al guna en la comunicación, pues su valor probatorio depende del contenido específico del reporte. (…).

Examinado el material allegado, no se advierte que la constancia emitida por dicho sistema de cuenta de una falla en la entrega o rechazo del mensaje, ni que evidencie la imposibilidad de su recepción en el buzón del destinatario. Por el contrario, la valoración integral de la prueba permite concluir que el correo fue efectivamente encaminado al canal autorizado sin acreditarse un evento técnico impeditivo de su recepción. (Resaltado propio)

Conforme lo expuesto, se concluye sin asomo de duda que las presuntas lesiones endilgadas a la autoridad judicial convocada corresponden es una diferencia de criterio d e la

impeditivo de su recepción. (Resaltado propio)

Conforme lo expuesto, se concluye sin asomo de duda que las presuntas lesiones endilgadas a la autoridad judicial convocada corresponden es una diferencia de criterio d e la solicitante frente a los razonamientos expuestos por l aRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06264-00 8 accionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonomía e independencia judicial -, para declarar infundada su solicitud de nulidad, situación que per se, no abre camino a la prosperidad de la protección constitucional.

Sobre el particular, la postura de la Sala ha sido enfática en señalar que la tutela no es una instancia adicional a la causa judicial, resáltese que este mecanismo:

[N]o está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico a través del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo . (CSJ, STC, 15 feb. 2011, rad. 01404 -01, reiterada en CSJ, STC16695-2023, STC842-2024, entre otras).

Además, se ha sostenido que «no se puede recurrir a la acción tutelar para imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una

Además, se ha sostenido que «no se puede recurrir a la acción tutelar para imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica valoración probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes». (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012 -000901; reiterada en STC1204-2024, entre otras).Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06264-00 9

3. En conclusión, como la decisión recriminada carece relevancia constitucional , se declarará improcedente el amparo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada.

Comuníquese lo resuelto por el medio más expedito a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado este fallo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(en comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06264-00

10Firmado electrónicamente por:

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06264-00

10Firmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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