CSJ - STC21267-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado ponente

STC21267-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06071-00 (Aprobado en sesión de veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D. T. y C ., treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Gabriel Peña Cárdenas contra la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia – Caquetá; trámite al cual fueron vinculados el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de los Andaquies – Caquetá, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Martha Cecilia Solano, Yerson Mauricio Coy Arenas y los intervinientes en el juicio de responsabilidad civil extracontractual con radicado n.° 2014-00029.

ANTECEDENTES

1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protección de los derechos fundamentales al debidoRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06071-00

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proceso, defensa y acceso a la administración de justicia , presuntamente vulnerados por l a corporación judicial convocada.

2. Expuso, en síntesis, que el juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia conoció el proceso de responsabilidad civil extracontractual que Martha Cecilia Solano Hospital promovió en su contra (rad. 2014-00029) quien, en audiencia

2. Expuso, en síntesis, que el juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia conoció el proceso de responsabilidad civil extracontractual que Martha Cecilia Solano Hospital promovió en su contra (rad. 2014-00029) quien, en audiencia de instrucción y juzgamiento del 24 de noviembre de 2022, no tuvo en cuenta la prueba pericial de Medicina Legal que previamente fue decretada en el proceso y, formulados recursos de reposición y en subsidio apelación contra esa decisión se mantuvo por el primero y se concedió el segundo; además, continuando con la diligencia profirió sentencia declarando la responsabilidad civil extracontractual en su contra como demandado, a quien condenó al pago de $279’689.228.oo, por perjuicios; determinación que también fue objeto de recurso de alzada.

Sostuvo que el 23 de enero de 2023 se remitió el expediente ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial del Caquetá, para surtir el recurso de apelación del auto y la sentencia de primera instancia, mecanismos que de acuerdo con acta de reparto del día siguiente , se repart ieron a la Magistrada María Claudia Izasa , «quien nunca actúo dentro del proceso y sin ningún sustento se resulta por segunda vez haciendo reparto el día 13 de marzo de 2023, a la Señora Magistrada DIELA H.ORTEGA CASTRO) DESP.1 SALA CIVIL », por lo que, el 31 de octubre de ese año solicitó la prelación de sus recursos; sin embargo, luego de 1 año y 8 meses, es decir, hasta el 20 deRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06071-00

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embargo, luego de 1 año y 8 meses, es decir, hasta el 20 deRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06071-00

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noviembre de 2024, la Magistrada Ponente advirtió irregularidades con el envío del expediente, en cuanto a las grabaciones de las audiencias practicadas en el proceso por juzgado remitente de las actuaciones y, por ende, le ofició para enmendar tales yerros, lo cual, fue atendido por ese despacho hasta el 25 de noviembre de 2024.

Aseguró que subsanados tales errores se admitió el 14 de enero de 2025 el recurso de apelación contra el fallo de primer grado y le corrieron términos para sustentar los reproches de la alzada, lo cual acató y envió a través de mensaje de datos del 22 de enero siguiente; no obstante, su apoderado realizó varias solicitudes de impulso procesa l y solución de recursos pendientes, sin que estos hubieren sido atendidos, lo cual, le perjudica, pues en su criterio «la mora judicial en el trámite de segunda instancia en primera instancia están realizando y practicando medidas cautelares ilegales hasta [su] pensión fue embargada y el banco negó el embargo por ser inembargable ante lo cual se interpusieron recursos».

Señaló que el dictamen de Física Forense solicitado al Instituto Nacional de Medicina Legal no fue incorporado ni valorado antes de la sentencia de primera instancia; por ello, la negativa de tenerlo como prueba fue apelada , pues encontrándose el proceso en segundo grado , el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia remitió actuaciones

valorado antes de la sentencia de primera instancia; por ello, la negativa de tenerlo como prueba fue apelada , pues encontrándose el proceso en segundo grado , el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia remitió actuaciones relacionadas con dicho informe al Tribunal para que formaran parte del trámite de apelación, incluso mediante comunicaciones de 26 de enero de 2024 y 28 de abril de 2025, situación que afirmó haber solicitado el traslado delRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06071-00

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dictamen y cuestionó su incorporación posterior por no haberse practicado ni sometido a contradicción antes del fallo.

Reprochó que, revisando el expediente en uno de sus cuadernos anexos, se evidencia que « el esposo de la hoy magistrada ponente actúo como abogado de la contraparte y obra el poder que le otorgaron y lo present ó dentro del proceso pues con mayor razón la magistrada ponente debe pronunciarse sobre ese aspecto».

3. Por lo anterior, pide que se ordene al tribunal accionado que «dentro del término de cinco (5) días posteriores al fallo de tutela resuelva de fondo las solicitudes presentadas por la parte demandada».

RESPUESTA DEL ACCIONADO

1. La Magistrada sustanciadora, relató que el asunto en discusión inicialmente correspondió a otro despacho, pero distribuido a ella, el 20 de noviembre de 2024 requirió al Juzgado accionado para que suministrara los enlaces de las respectivas audiencias, lo cual, una vez cumplido, admitió el

discusión inicialmente correspondió a otro despacho, pero distribuido a ella, el 20 de noviembre de 2024 requirió al Juzgado accionado para que suministrara los enlaces de las respectivas audiencias, lo cual, una vez cumplido, admitió el recurso de apelación en proveído de 14 de enero de 2025 y otorgó el término de cinco días para que la parte recurrente sustentara la alzada; además «concedió el mismo término a la parte no recurrente, a efectos de que emitiera el respectivo pronunciamiento».

Indicó que respecto de la mora judicial sin perjuicio del trámite preferente de las acciones constitucionales, la redistribución de los procesos civiles, laborales y de familiaRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06071-00

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exigió examinar, clasificar y organizar los expedientes recibidos para evacuar las actuaciones según la naturaleza, complejidad, prelación del asunto y tipo de decisión requerida; por lo que, « a pesar de la alta asignación de procesos (295) ocurrida con ocasión de la especialización de salas en el año 2023, a lo que se ha ido sumando lo asignado por reparto desde entonces, que se puede discriminar para el 2023 un total de ingresos de 435 procesos; para el 2024 un total de 259; para el 2025 un total de 246, más los ingresos del 2026, se han evacuado más de 825 procesos tanto ordinarios como constitucionales, sin que dicho esfuerzo sea suficiente para evacuar la totalidad de los asuntos pendientes de las diferentes especialidades, máxime teniendo en cuenta que en el despacho solo

ordinarios como constitucionales, sin que dicho esfuerzo sea suficiente para evacuar la totalidad de los asuntos pendientes de las diferentes especialidades, máxime teniendo en cuenta que en el despacho solo tengo la colaboración de una auxiliar judicial». Para demostrar ello, aportó capturas de pantalla de la información que reporta en la página de estadística del Consejo Superior de la Judicatura.

2. El Juzgado Promiscuo del Circuito Belén de los Andaquíes – Caquetá dijo que no era competente para seguir conociendo del proceso cuestionado, motivo por el cual mediante oficio número 2572, del 24 de octubre de 2019, el expediente se remitió para su reparto correspondiéndo le al Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad; sin que hasta el momento haya sido devuelto o hubiere conocido el estado del mismo.

3. Yeisón Maurício Coy Arenas, que aseguró representar los intereses de Martha Solano precisó en suma que «no le asiste razón al aquí tutelante en sostener que las medidas cautelares son ilegales, pues dicha aseveración desconoce de manera directa y diana las disposiciones del Código General del Proceso y normasRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06071-00

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aledañas, por lo que, no pueden ser las medidas cautelares la razón de una medida cautelar, pues si le molestase la mora juncial perse a la parte accionante (...), la presente tutela se hubiera presentado con antelación».

4. La Juez Segunda Civil del Circuito de Florencia relacionó las actuaciones que conoció del proceso judicial cuestionado.

parte accionante (...), la presente tutela se hubiera presentado con antelación».

4. La Juez Segunda Civil del Circuito de Florencia relacionó las actuaciones que conoció del proceso judicial cuestionado.

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia – Caquetá, vulneró las prerrogativas invocadas por el gestor al incurrir, supuestamente, en mora judicial por no haber resuelto los recursos de apelación contra el auto que determinó no tener en cuenta la prueba pericial de Medicina Legal y la sentencia que accedió a las pretensiones en primera instancia, concedidos por el a quo en audiencia del 24 de noviembre de 2022, dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual con radicado n.° 2014 -00029, promovido por Martha Cecilia Solano Hospital contra el aquí accionante.

2. De la mora judicial.

2.1. Frente a este tema solo resulta procedente la injerencia del juez constitucional cuando sea manifiesta y notoria la desidia o abandono de la autoridad vinculada, másRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06071-00

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no cuando ésta obedezca a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas.

Dicha postura fue desarrollada de vieja data por la jurisprudencia constitucional, que precisó,

«(…) se infiere que a fin de que proceda la acción de tutela, es indispensable que determinada dilación o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los términos

jurisprudencia constitucional, que precisó,

«(…) se infiere que a fin de que proceda la acción de tutela, es indispensable que determinada dilación o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los términos dentro de un proceso, no constituye per se una violación al debido proceso [Ver sentencia T-604 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz], salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. Así entonces, la mora judicial sólo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones ‘imprevisibles e ineludibles’, tal como, el exceso de trabajo, que no le permitan cumplir con los términos señalados por la ley» (CC T-357/07).

Entre tanto, esta Corporación, al estudiar acciones de tutela que cuestionaron la dilación en la definición de los procesos, indicó:

«Ahora bien, cuando se presenta un incumplimiento de los términos procesales, la prosperidad del amparo se somete a que el funcionario haya incurrido en mora judicial injustificada y que se esté ante la posibilidad de materializar un daño, generando un perjuicio que no pueda ser subsanado. Corresponde al juez de tutela examinar, en cada caso concreto, las condiciones específicas del asunto sometido a decisión judicial y evaluar si existe o no una justificación que explique la mora » (CSJ STP16417 -2016, 9 nov. 2016, rad. 88998)

Y en otra ocasión, esta Sala precisó que el examen de la presunta actitud omisiva, debía evaluarse a partir de la

nov. 2016, rad. 88998)

Y en otra ocasión, esta Sala precisó que el examen de la presunta actitud omisiva, debía evaluarse a partir de la situación individual del despacho accionado, considerandoRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06071-00

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además el sistema de turnos de resolución de los casos al que se encuentra sujeto, al respecto se dijo:

«(…) la tutela no tiene vocación de prosperidad, porque la accionada le dio el trámite legal correspondiente al recurso y no es dable ordenarle a la Sala tutelada que desate el conflicto antes del turno que le corresponde, porque tal como lo precisó el juez constitucional de primer grado, se desconocería el deber que le imponen los artículos 37, numeral 6° del Código de Procedimiento Civil y 18 de la Ley 446 de 1998 y se vulneraría derechos fundamentales de las partes e intervinientes en los otros procesos a su cargo, que por orden de ingreso al despacho deberían ser primeramente resueltos» (CSJ STC 5 ag. 2011, rad. 135901; reiterada en STC10755-2015, 12 ag.).

2.2. Teniendo en cuenta lo anterior, una vez revisado este asunto, la inobservancia de los términos procesales para la resolución de la apelación formulada contra el fallo de primer grado no es resultado de un probado abandono o arbitrariedad del accionado, sino consecuencia de la alta carga laboral.

En este evento, se aprecia oportuno considerar no solo las explicaciones que ofreció la magistrado recriminada en

arbitrariedad del accionado, sino consecuencia de la alta carga laboral.

En este evento, se aprecia oportuno considerar no solo las explicaciones que ofreció la magistrado recriminada en torno a la congestión laboral que padece la Sala de decisión que integra, la cual conoce de las cuatro especialidades como Sala Única (civil, familia, laboral y penal) , sino también que no podría señalársele de negligente pues, según el historial de la actuación, le ha dado curso a la instancia, admitió el recurso, dio traslado para la sustentación del mismo y al no recurrente y, a la fecha, sólo cuenta con un colaborador auxiliar judicial y, en lo que lleva del año ha evacuado « más de 825 procesos tanto ordinarios como constitucionales, sin que dichoRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06071-00

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esfuerzo sea suficiente para evacuar la totalidad de los asuntos pendientes de las diferentes especialidades».

De modo que, luego de ponderar el escenario puesto de presente por el convocado, advierte la Sala que la mora endilgada no luce puntualmente injustificada, ya que, no se trata de un comportamiento omisivo por parte de aquel, sino que tiene que ver con factores objetivos, ajenos a su proceder. En otra ocasión, frente a reclamaciones de igual tenor se dijo,

«(…) la protección del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificación objetiva de su calificación entre justificada e injustificada, pues cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podrá predicarse la

mora judicial, se circunscribe a la verificación objetiva de su calificación entre justificada e injustificada, pues cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podrá predicarse la violación del derecho al debido proceso. Se insiste, la protección efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada» (CSJ STC, 19 sep. 2008, rad. 01138 -00; reiterada en STC11785-2017, 9 ag. 2017, rad. 0104001) Negrillas fuera de texto.

Debe recordarse, que este instrumento excepcional se viabiliza ante una queja de esta naturaleza siempre y cuando se demuestre que la falta de definición denunciada ha tenido su origen en la apatía de la autoridad enjuiciada, pues, como se plasmó en los precedentes jurisprudenciales precitados, el paso del tiempo analizado en forma aislada, no se erige como motivo suficiente para que se estructure la morosidad criticada.

Por lo tanto, se reitera, no todo « retraso» dentro de un proceso judicial es vulnerador de derechos fundamentales, por lo que la tutela no puede proceder automáticamente anteRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06071-00

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el incumplimiento de los plazos legales, máxime si, como se dijo, aquello no ocurrió por dejadez del operador jurídico.

2.3. Adicionalmente, la Corte ha indicado que el juez constitucional carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros

dijo, aquello no ocurrió por dejadez del operador jurídico.

2.3. Adicionalmente, la Corte ha indicado que el juez constitucional carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales, esto es, que no le es posible invadir el ámbito que la propia Constitución Política les ha reservado, so pena de violar los principios de autonomía e independencia judicial, contemplados en los artículos 228 y 230 de la Carta Política.

Lo anterior, por cuanto el operador judicial a cuyo cargo está la dirección del proceso, es el encargado de organizar sus labores, que entre otras está la de dictar las providencias, de tal suerte que resultaría extraño a su trámite que el juez de tutela d ispusiera la expedición de una determinada decisión o realización de alguna diligencia, sin advertir previamente la cantidad de expedientes o su orden de llegada.

3. Con todo, en cuanto al reparo del accionante respecto de la presunta configuración de causales de recusación que debían ser advertidas por la Magistrada del Tribunal convocado, será directamente en el proceso objeto de queja que el promotor deberá poner en conocimie nto tal circunstancia a voces del artículo 142 del Código General del Proceso; de ahí que, le está vedado el juzgador constitucional invadir aptitudes en ese aspecto que le corresponden al sentenciador natural.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06071-00

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4. En definitiva, se colige de lo expuesto, que no hay lugar a otorgar salvaguarda bajo el supuesto de una tardanza

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4. En definitiva, se colige de lo expuesto, que no hay lugar a otorgar salvaguarda bajo el supuesto de una tardanza injustificada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia - Caquetá, teniendo en cuenta que no se acreditaron los componentes que fueron previamente indicados y que, en forma excepcional, permitirían al juez constitucional interferir en la órbita de competencia de los ordinarios cuando éstos dilatan sin razón alguna la resolución.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil , Agraria y Rural , administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo impetrado a través de la acción de tutela referenciada.

Comuníquese lo aquí resuelto a las partes por el medio más expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, remítanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTARadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06071-00

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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(en comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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