CSJ - STC21269-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC21269-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-06260-00 (Aprobado en sesión de veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D. T. y C. , treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Elizabeth Prada Alba contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Tercero de Familia de la misma ciudad; trámite al que fueron vinculadas las autoridades, partes e intervinientes en los juicios declarativo de unión marital de hecho n.° 2022 -00164 e incidente de recusación n.° 202600549.

ANTECEDENTES

1. La accionante reclama la protección de los derechos fundamentales debido proceso y acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06260-00

2

2. En síntesis, señaló que el Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga dictó sentencia el 22 de enero de 2024, declarando la unión marital de hecho formada entre Edgar Alid Caviedes y su hermano Alberto Prada Alba

(q.e.p.d) desde el 13 de julio de 1994 hasta la fecha de su deceso el 1 de marzo de 2022.

Manifestó que, en el trámite de la apelación propuesta por la parte demandada , la Sala Civil Familia del Tribunal

(q.e.p.d) desde el 13 de julio de 1994 hasta la fecha de su deceso el 1 de marzo de 2022.

Manifestó que, en el trámite de la apelación propuesta por la parte demandada , la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad declaró la nulidad de la actuación a partir de la audiencia inicial por no haber sido emplazados los herederos indeterminados de Alberto Prada . (19. Dic. 2025).

Relató que, una vez devuelto el expediente al juzgado de origen, se presentó recusación en contra del funcionario judicial que dict ó la providencia nulitada por considerar configurada la causal contenida en el numeral 2 del artículo 141 del Código General del Proceso. Sin embargo, en auto de 8 de julio de 2026 el juez no aceptó la recusación y, de igual manera en providencia del 22 de septiembre siguiente, e l superior la declaró infundada.

3. En este contexto, estima n vulneradas sus garantías fundamentales y, en consecuencia, pretende que se deje sin efectos los autos del 8 de julio y 22 de septiembre de 2026, que rechazaron o declararon infundada la recusación; y que el juez sea apartado del proceso para que el asunto se asigne a otro juzgado. Subsidiariamente, solicita que el nuevo funcionario examine y resu elvaRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06260-00 3 prioritariamente, mediante sentencia anticipada, la prescripción de la acción de la liquidación de la sociedad patrimonial.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El Tribunal accionado informó las actuaciones a

3 prioritariamente, mediante sentencia anticipada, la prescripción de la acción de la liquidación de la sociedad patrimonial.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El Tribunal accionado informó las actuaciones a su cargo, defendió la determinación adoptada y pidió que se deniegue el amparo.

2. El Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga solicitó desestimar las pretensiones como quiera « que en ningún momento se actuó contrario a las disposiciones legales que regulan este tipo de procesos».

3. Quien adujo ser el apoderado especial de Edgar Alid Caviedes González requirió que se declare la improcedencia del ruego.

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales.

La acción de tutela no procede contra providencias o actuaciones judiciales con el fin de salvaguardar los principios de los artículos 228 y 230 de la Constitución Política. En efecto, no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o ya terminados para modificar lasRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06260-00 4 determinaciones emitidas en ellos.

Excepcionalmente se estableció su procedencia para aquellos casos en donde el funcionario judicial ha incurrido en un proceder arbitrario y opuesto a la ley. En este caso deberán concurrir los presupuestos generales de procedibilidad de : inmediatez, subsidiariedad, que no se cuestionen sentencias emitidas en el marco de otra acción de tutela y la relevancia constitucional . Junto a ellos, debe

deberán concurrir los presupuestos generales de procedibilidad de : inmediatez, subsidiariedad, que no se cuestionen sentencias emitidas en el marco de otra acción de tutela y la relevancia constitucional . Junto a ellos, debe verificarse la ocurrencia de alguno de los defectos específicos: sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o violación de la Constitución.

2. La relevancia constitucional.

En torno a este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que tiene tres finalidades concretas: «(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional[63] y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad [64]; (ii ) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales[65] y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces[66]» (C.C, SU-128 de 2021).

En esa línea, se ha sostenido que el mismo «(...) protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales[119]» (C.C., SU -215 de 2022). En esa línea, se hanRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06260-00 5

una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales[119]» (C.C., SU -215 de 2022). En esa línea, se hanRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06260-00 5 adoptado como criterios para examinar la ausencia o no de relevancia constitucional que la controversia «(i) verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal o económico[161]; (ii) involucre algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental, y (iii) no implique utilizar la acción de tutela como una instancia o un recurso adicional para reabrir debates concluidos en el proceso ordinario» (C.C. SU-016 de 2026).

En esa medida, este presupuesto de procedibilidad exige que entre la actuación cuestionada y la presunta vulneración de los derechos fundamentales exista una relación directa, específica y suficientemente acreditada. No basta con que la parte accionante manifieste su inconformidad frente a la interpretación de la norma hecha por el fallador, con la valoración de una prueba o con el resultado adverso del proceso.

Es necesario, entonces, que la parte interesada explique de qué manera la decisión censurada trasgredió el ámbito de la autonomía judicial y produjo una afectación constitucionalmente relevante. Dicho de otro modo, el debate debe trascender la simple discrepancia interpretativa y poner de manifiesto una actuación que, por su arbitrariedad, irrazonabilidad o manifiesta incompatibilidad con la Constitución comprometa de forma efectiva una garantía fundamental.

En conclusión, la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental ni

irrazonabilidad o manifiesta incompatibilidad con la Constitución comprometa de forma efectiva una garantía fundamental.

En conclusión, la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental ni con la simple invocación del debido proceso o del acceso a laRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06260-00 6 administración de justicia. Además de ello, es indispensable demostrar que la providencia cuestionada produjo una afectación directa, concreta y desproporcionada de tales garantías. Por tanto, cuando el amparo se limita a reiterar discusiones de índole legal, probatoria y procesal, o pretende reabrir debates ya resueltos, la controversia carece de verdadera trascendencia constitucional y no habilita la intervención excepcional del juez de tutela.

3. La queja de la accionante.

En el caso concreto, la accionante cuestiona el auto del 8 de julio de 2026, mediante el cual el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Bucaramanga no aceptó la recusación formulada en su contra, y el auto del 22 de septiembre de 2026, por medio del cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga declaró infundada dicha recusación. Sostiene que el funcionario que profirió la sentencia de fondo del 22 de enero de 2024 no puede renovar la actuación después de que esta fuera anulada, pues ya valoró las pruebas y fijó su posición sobre el litigio.

En su sentir, dichas providencias configuraron en primer lugar, un defecto sustantivo, por interpretar de manera restrictiva y formalista la causal de recusación

valoró las pruebas y fijó su posición sobre el litigio.

En su sentir, dichas providencias configuraron en primer lugar, un defecto sustantivo, por interpretar de manera restrictiva y formalista la causal de recusación prevista en el numeral 2° del artículo 141 del Código General del Proceso y, en segundo lugar, uno procedimental absoluto, debido a que el juez omitió resolver la solicitud de sentencia anticipada basada en la prescripción de la acción de liquidación de la sociedad patrimonial, pese a que esta seRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06260-00 7 encontraba acreditada con la confesión del demandante sobre la fecha de terminación de la convivencia.

4. Solución al caso concreto.

Teniendo en cuenta lo anterior, lo primero que advierte la Sala es el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de inmediatez, por cuanto el amparo se presentó en un término razonable respecto de la situación que aparentemente genero la vulneración, y de subsidiariedad en tanto que contra la determinación criticada no procedía recurso alguno.

No obstante, el asunto sometido a consideración carece de relevancia constitucional , pues se limita a cuestionar la interpretación que el Tribunal hizo del numeral 2.º del artículo 141 del Código General del Proceso. Ello, en tanto que l a accionante considera que el juez que profirió la sentencia anulada debe apartarse del asunto; sin embargo, el Tribunal entendió que la renovación de la actuación continúa dentro de la misma primera instancia. Se trata, entonces, de una diferencia sobre e l alcance de una norma procesal, no de una actuación arbitraria que justifique la

el Tribunal entendió que la renovación de la actuación continúa dentro de la misma primera instancia. Se trata, entonces, de una diferencia sobre e l alcance de una norma procesal, no de una actuación arbitraria que justifique la intervención excepcional del juez de tutela.

Además, l a providencia cuestionada ofreció razones comprensibles para declarar infundada la recusación . En concreto, estimó que la causal invocada exige que el funcionario haya conocido del proceso en una instancia anterior, supuesto que no se presenta cuando el mismo juezRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06260-00 8 continúa conociendo la primera instancia después de una nulidad. Que la accionante prefiera una interpretación distinta no convierte la decisión en un defecto sustantivo, pues la tutela no está prevista para escoger entre dos lecturas jurídicas posibles ni para imponer la postura de una de las partes.

Tampoco se acreditó una afectación concreta en torno a la imparcialidad del funcionario judicial pues l a accionante presume que este volverá a decidir en el mismo sentido porque anteriormente valoró las pruebas y profirió una sentencia de fondo, pero no señala actuaciones posteriores, intereses personales o circunstancias objetivas que permitan dudar de su imparcialidad. La sola existencia de una decisión anterior, luego anulada, no demuestra por sí misma que el juez haya perdido la capacidad de examinar nuevamente el asunto con sujeción a las órdenes del superior.

Por otra parte, los reproches relacionados con la valoración de los testimonios, la prescripción y la falta de sentencia anticipada son ajenos al auto que resolvió la

asunto con sujeción a las órdenes del superior.

Por otra parte, los reproches relacionados con la valoración de los testimonios, la prescripción y la falta de sentencia anticipada son ajenos al auto que resolvió la recusación. Esas cuestiones pertenecen al proceso de unión marital de hecho y deben ser d iscutidas mediante los instrumentos propios de ese trámite. Utilizarlas para controvertir la decisión sobre la recusación supondría ampliar artificialmente el objeto de la tutela y convertirla en una instancia adicional para revisar asuntos que todavía deben ser definidos por el juez natural.

En esa medida, la solicitud de amparo pretendeRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06260-00 9 trasladar al juez constitucional discusiones que deben plantearse y resolverse dentro del proceso ordinario , en el cual l a accionante podrá controvertir la valoración probatoria, insistir en la prescripción y cuestionar las decisiones que se adopten mediante los mecanismos procesales correspondientes. Recuérdese que l a tutela no puede anticipar el sentido de una sentencia todavía no proferida, ni revisar preventivamente la manera en que el juez valorará las pruebas al renovar la actuación anulada.

En esa medida, a unque la accionante invoca el debido proceso y la imparcialidad judicial, no demuestra una afectación directa y cierta de tales garantías, sino su desacuerdo con una interpretación legal debidamente motivada. Admitir la relevancia constitucional en estas condiciones supondría habilitar la tutela para revisar toda controversia en la que una parte atribuya a la interpretación

desacuerdo con una interpretación legal debidamente motivada. Admitir la relevancia constitucional en estas condiciones supondría habilitar la tutela para revisar toda controversia en la que una parte atribuya a la interpretación legal o a la valoración probatoria consecuencias adversas para sus intereses. Ello desna turalizaría el carácter subsidiario y excepcional del amparo y permitiría emplearlo como una instancia adicional para replantear debates ya sometidos al juez natural.

5. Conclusión.

En conclusión, al carecer el asunto de relevancia constitucional se declarará la improcedencia del amparo.

DECISIÓNRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06260-00

10 En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela de la referencia.

Comuníquese lo resuelto por el medio más expedito a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado este fallo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(En comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

(En comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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