CSJ - STC21274-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado ponente

STC21274-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-06174-00 (Aprobado en sesión de veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, D. T. y C., treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Marcela Patricia Cianci Jaime contra la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, trámite al cual fueron vinculad os las autoridades, partes e intervinientes reconocid os en el juicio de esa especialidad rad. n.° 2015-00007.

ANTECEDENTES

1. La accionante, actuando en nombre propio , reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , petición y propiedad, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06174-00

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2. En sustento, adujo que el juzgador accionado dictó sentencia en favor suyo y de su familia (26 oct. 2017). Narró que, además, « decidió adoptar una medida de protección sobre el predio rural (...) consistente en la prohibición de enajenar de los predios cuya restitución se ordena en esta sentencia , dentro de los dos años siguientes». Asimismo, señaló que, a pesar de lo anterior, el bien aún se encuentra en el registro de tierras despojadas.

cuya restitución se ordena en esta sentencia , dentro de los dos años siguientes». Asimismo, señaló que, a pesar de lo anterior, el bien aún se encuentra en el registro de tierras despojadas. Expuso que, en virtud de una oferta de compra efectuada para el desarrollo del proyecto nacional de mejoramiento de vías nacionales , ha solicitado en reiteradas ocasiones el levantamiento de las inscripciones, sin que a la fecha haya obtenido respuesta.

De ese panorama derivó la lesión a sus derechos fundamentales, toda vez que, en su concepto, se ha incurrido en una mora injustificada en atender sus solicitudes.

3. Por lo anterior, pidió ordenar al juzgador «levantar las medidas cautelares que limitan la propiedad del predio».

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS

1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena remitió el link del expediente acusado y sostuvo haber atendido la solicitud.

2. La Procuraduría 16 Judicial II en Restitución de Tierras sugirió la carencia actual de objeto.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06174-00

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3. Ivan Javier Rodríguez Bolaño respaldó los argumentos del escrito inicial.

CONSIDERACIONES

1. Corresponde a la Corte establecer si las autoridades enjuiciadas incurrieron en los presuntos yerros censurados en la restitución de tierras adelantada (rad n.º 2015-00007), por haber omitido desplegar las actuaciones necesarias para desatar sus pedimentos, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas.

2. Conforme a la decantada jurisprudencia de esta

2015-00007), por haber omitido desplegar las actuaciones necesarias para desatar sus pedimentos, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas.

2. Conforme a la decantada jurisprudencia de esta Corte, en línea de principio la salvaguarda no procede contra decisiones judiciales, toda vez que en aras a mantener incólumes los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Carta Política, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.

No obstante, cuando se haya configurado alguno de los defectos específicos de procedibilidad del amparo frente a una providencia, que la Corte Constitucional clasificó en sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente m otivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o violación directa de la Constitución, el amparo se abre paso, siempre y cuando este respete las exigencias generales de la inmediatez y la subsidiariedad.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06174-00 4

3. En efecto, Marcela Cianci Jaime acudió al mecanismo supra legal medularmente por la tardanza de la

Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en resolver su solicitud de levantamiento de medidas cautelares.

No obstante, de la revisión realizada a la queja constitucional y a las piezas procesales del precitado juicio incorporadas al expediente constitucional, de entrada, se

resolver su solicitud de levantamiento de medidas cautelares.

No obstante, de la revisión realizada a la queja constitucional y a las piezas procesales del precitado juicio incorporadas al expediente constitucional, de entrada, se anuncia que se negará el amparo, porque se advierte que, con el fin de ventilar dicho p edimento, elevó varios memoriales y, en atención a sus solicitudes, el pasado 16 de octubre el operador judicial emitió pronunciamiento en el resolvió, en lo que aquí interesa: « ORDENAR a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chimichagua, Cesar, que proceda a cancelar las anotaciones 23 y 26 del folio de matrícula inmobiliaria 192-819, correspondientes, respectivamente, a la inscripción de la medida de protección relacionada con el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente y a la prohibición temporal de enajenar».

Lo anterior evidencia que la colegiatura accionada procedió a cumplir lo pretendido por la aquí interesad a, actuación desplegada en el curso de la presente controversia de amparo, por lo que la situación fáctica de lo puntualmente reclamado fue superada, y en esa medida no tiene objeto proferir algún mandato en ese sentido. Al punto, la Sala de tiempo atrás ha precisado:

Si bien se tiene que el propósito de la tutela, es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el casoRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06174-00 5 concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han

5 concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de los mismos, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción. (C.C., T-308/03).

4. En definitiva, habida cuenta que la situación que causaba la supuesta amenaza a las prerrogativas fundamentales se encuentra superada, se impone sin más la negativa del resguardo implorado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo rogado.

Comuníquese lo resuelto a las partes por un medio expedito y, de no impugnarse esta decisión, en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTARad. n.° 11001-02-03-000-2026-06174-00

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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(en comisión de servicios)

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTARad. n.° 11001-02-03-000-2026-06174-00

6

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(en comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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