CSJ - STC21278-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC21278-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06304-00 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D. T. y C. , treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por K.J.R.F., en nombre propio y en representación del menor M.E.O.R., y por B.C., G.A., F.P., H.S. y D.Y.O.C. contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, trámite al cual fueron vinculadas las autoridades, partes e intervinientes reconocidos en el juicio de responsabilidad civil extracontractual rad. n.° 2023-00000.

ANOTACIÓN PRELIMINAR

En aras de preservar la intimidad del  menor de edad involucrado, en esta versión del presente fallo, que será la publicable para lo de rigor, los nombres de las partes se reemplazarán por otros ficticios a fin de evitar la divulgación de sus datos, de conformidad con el artículo 1° delRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06304-00 2 Acuerdo n.° 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Sala de Casación.

ANTECEDENTES

1. Los accionantes, a través de apoderado judicial, reclaman la protección de su derecho fundamental al debido proceso, que estiman vulnerado por la autoridad convocada.

2. Expusieron en síntesis que:

ANTECEDENTES

1. Los accionantes, a través de apoderado judicial, reclaman la protección de su derecho fundamental al debido proceso, que estiman vulnerado por la autoridad convocada.

2. Expusieron en síntesis que:

2.1. El 27 de mayo de 2021 falleció D .O.C., tras ser impactado por un vehículo, conducido por su propietario, J.P.C.D. Por ese hecho, la compañera permanente, el hijo, la madre y los hermanos de la víctima promovieron proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual contra el conductor y Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., cuyo conocimiento correspondió a l Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali. En la pretensión cuarta de la demanda solicitaron los perjuicios inmateriales, «sin que sea óbice para que se condene por un mayor valor» , con arreglo a la reparación integral, a la equidad y a los «criterios técnicos actuariales» para su determinación.

2.2. Mediante sentencia de 17 de julio de 2025, el juzgado declaró civil y extracontractualmente responsable al conductor y lo condenó a pagar $281.785.428 por lucro cesante; 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicios morales a la compañera, al hijo y a la madre, y 50 a cada hermano; y 100 salarios mínimos por daño a laRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06304-00 3 vida de relación al menor. Extendió la condena a la aseguradora, hasta el valor asegurado.

2.3. Al desatar la apelación de los demandados, la Sala

3 vida de relación al menor. Extendió la condena a la aseguradora, hasta el valor asegurado.

2.3. Al desatar la apelación de los demandados, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, en fallo de 30 de julio de 2026, modificó el numeral tercero de esa decisión. Negó el lucro cesante y redujo los perjuicios morales a $72.000.000 para la compañera, el hijo y la madre, y a $36.000.000 para cada hermano, así como el daño a la vida de relación del menor a $40.000.000.

3. Adujeron que la colegiatura accionada incurrió en:

(i) un defecto sustantivo, al desconocer el arbitrio judicial con el que el a quo tasó el daño y el principio de reparación integral del artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (ii) desconocimiento del precedente contenido en la sentencia SC-072 de 2025, que fija los baremos actuales para los perjuicios inmateriales; y (iii ) una indebida valoración de la pretensión cuarta, pues se limitó a señalar que en la demanda se pidieron sumas menores, sin advertir que allí se autorizó una condena superior y que los montos reclamados en 2023 correspondían a los parámetros jurisprudenci ales de esa época. Agregaron que, por su cuantía, la decisión no es susceptible del recurso de casación.

4. En consecuencia, pretenden que se deje sin efecto el numeral primero de la sentencia de 30 de julio de 2026, para que quede en firme la condena por perjuicios inmateriales impuesta en primera instancia, y que se ordene

4. En consecuencia, pretenden que se deje sin efecto el numeral primero de la sentencia de 30 de julio de 2026, para que quede en firme la condena por perjuicios inmateriales impuesta en primera instancia, y que se ordene liquidarla en salarios mínimos legales mensuales vigentes alRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06304-00 4 momento en que quede en firme la decisión que resuelva el amparo.

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Cali defendió la legalidad de su decisión. Explicó que modificó la sentencia de primer grado porque no se probó la afectación patrimonial alegada por lucro cesante y porque, en cuanto a los perjuicios inmateriales, de bía ajustar las sumas reconocidas a los montos reclamados en la demanda. Consideró que su fallo respetó el debido proceso y pidió negar el amparo.

2. Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. pidió declarar improcedente la protección. Sostuvo que los actores buscan reabrir el debate sobre la cuantía de los perjuicios extrapatrimoniales, que el Tribunal valoró las circunstancias de los demandantes y se ajustó al principio de congruencia, y que los baremos de la sentencia SC072 -2025 son orientadores, no obligatorios. Añadió que no se cumple la subsidiariedad, porque no se pidió la adición de la sentencia.

3. El Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali remitió el enlace del expediente y los datos de contacto de las partes.

CONSIDERACIONES

subsidiariedad, porque no se pidió la adición de la sentencia.

3. El Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali remitió el enlace del expediente y los datos de contacto de las partes.

CONSIDERACIONES

1. Relevancia constitucional – Procedencia de la acción de tutela contra providencias judicialesRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06304-00

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Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado que la acción de tutela no procede, por regla general, contra providencias judiciales. Así lo impone el respeto por la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía e independencia de quien administra justicia, principios que impedirían convertir el amparo en un recurso adicional para reabrir controversias ya definidas por el juez natural. Únicamente de manera excepcional, cuando la decisión judicial lesiona derechos fundamentales, resulta admisible el amparo, bajo la condición de que se acrediten los requisitos de carácter general, que habilitan el estudio de la solicitud, y otros específicos o materiales, que autorizan la prosperidad de la protección (CC C-590 de 2005).

Dentro de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales se encuentra la relevancia constitucional , presupuesto que, una vez verificadas la inmediatez y la subsidiariedad, condiciona el acceso al examen de fondo del amparo . Su razón de ser es delimitar el ámbito propio del juez constitucional frente al del juez ordinario, pues al primero le corresponde la guarda de la Constitución y de los derechos fundamentales, no la

acceso al examen de fondo del amparo . Su razón de ser es delimitar el ámbito propio del juez constitucional frente al del juez ordinario, pues al primero le corresponde la guarda de la Constitución y de los derechos fundamentales, no la revisión del acierto legal de las decisiones. Por ello la Corte Constitucional le ha atribuido tres finalidades concretas, al precisar que se trata de un requisito que persigue "(i) asegurar que la tutela no sea utilizada para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela a cuestiones que afecten directamente los derechos fundamentales; y (iii ) evitar que la tutela se convierta en una tercera instancia o recurso adicional para controvertirRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06304-00 6 las decisiones de los jueces" (CC SU -573 de 2019, SU -128 de 2021).

La Corte Constitucional explica que la relevancia constitucional "protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales" , de suerte que, para verificarla, el juez debe analizar "(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales" (CC SU-215 de 2022, SU-134 de 2022).

con connotaciones particulares o privadas; y (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales" (CC SU-215 de 2022, SU-134 de 2022).

De la jurisprudencia expuesta deriva una regla que gobierna este asunto: la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental. La Corte ha sido enfática en que la mención de un derecho no confiere, por sí sola, trascendencia constitucional a una controversia que continúa siendo de estirpe legal y/o probatorio . En consecuencia, la sola invocación de derechos fundamentales como el debido proceso no habilita, per se, la intervención del juez constitucional.

Finalmente, verificada la inmediatez, el análisis se concentra en la relevancia constitucional y en la subsidiariedad, cuya ausencia, según pasa a exponerse, sella la improcedencia del amparo.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06304-00 7

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo satisface los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en particular, los de relevancia constitucional y subsidiariedad. Solo de superarse ese examen habría lug ar a estudiar el fondo, esto es, si la autoridad accionada incurrió en los defectos endilgados al reducir los perjuicios inmateriales reconocidos en primera instancia, con la consiguiente lesión del derecho fundamental invocado.

3. Caso concreto

Se anticipa que la Sala declarará improcedente el

reducir los perjuicios inmateriales reconocidos en primera instancia, con la consiguiente lesión del derecho fundamental invocado.

3. Caso concreto

Se anticipa que la Sala declarará improcedente el amparo, pues en la providencia cuestionada no se advierte irregularidad alguna que imponga la injerencia del juez constitucional, comoquiera que el asunto sometido a su consideración no reviste relevancia c onstitucional y, en lo que atañe a la actualización de las sumas reconocidas, los interesados no agotaron el mecanismo ordinario a su alcance, según se pasa a exponer:

3.1. Los promotores, demandantes en el proceso de responsabilidad civil extracontractual, dirigen el amparo contra la sentencia que, al resolver la apelación de los demandados, redujo los perjuicios morales y el daño a la vida de relación que el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali había fijado en salarios mínimos legales mensuales vigentes.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06304-00 8 El Tribunal Superior de Cali sustentó esa determinación en que «los montos concedidos, efectivamente superan lo reclamado por los actores en el libelo genitor» , por lo que dispuso «la respectiva reducción» y concedió «solamente las sumas pedidas en la demanda», que estimó «proporcionales a la magnitud del daño padecido por los demandantes». En igual sentido, frente al daño a la vida de relación, precisó que «en el escrito introductorio, a favor de M.E.O.R. se solicitaron apenas $40’000.000, por lo que a dicha suma se debe limitar el reconocimiento indemnizatorio». Son esas conclusiones las

relación, precisó que «en el escrito introductorio, a favor de M.E.O.R. se solicitaron apenas $40’000.000, por lo que a dicha suma se debe limitar el reconocimiento indemnizatorio». Son esas conclusiones las que el grupo actor pretende revertir por vía de tutela.

3.2. En primer lugar, lo que en realidad pretenden los tutelantes es que el juez constitucional resuelva una controversia sobre la interpretación de la demanda y la tasación de los perjuicios. En efecto, sus reproches, presentados como un defecto sustantivo, un desconocimiento del precedente y una indebida valoración de la pretensión cuarta, recaen sobre el alcance del principio de congruencia previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso, sobre la lectura de la expresión «sin que sea óbice para que se condene por un mayor valor» frente a las sumas que los propios demandantes cuantificaron en el libelo, y sobre el ejercicio del arbitrio judicial en la fijación del daño moral y del daño a la vida de relación conforme al artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y a los referentes jurisprud enciales que invocan. Se trata, en su integridad, de cuestiones de estricta legalidad, debatidas y resueltas de manera motivada por el fallador natural.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06304-00 9 No se debate aquí una cuestión que comprometa la interpretación o el alcance de la Constitución, sino la forma como la autoridad convocada entendió los límites de la condena frente a lo pedido. Que la solicitud se limite a oponerse a esa lectura la que defienden los gestores del amparo confirma que se emplea como una tercera instancia

como la autoridad convocada entendió los límites de la condena frente a lo pedido. Que la solicitud se limite a oponerse a esa lectura la que defienden los gestores del amparo confirma que se emplea como una tercera instancia para reabrir un debate agotado, cometido ajeno a la naturaleza de este instrumento iusfundamental.

3.3. En segundo lugar, la consecuencia jurídica que se desprende del ajuste que el Tribunal hizo a la condena es la que establece el estatuto procesal conforme a las reglas de congruencia de las sentencias (artículo 281 del Código General del Proceso). Esa determinación, contrastada con la Carta, no resulta por sí misma lesiva de derecho fundamental alguno.

Además, el interés que subyace al reclamo es de contenido estrictamente económico. La declaración de responsabilidad quedó en firme y los tutelantes obtuvieron el reconocimiento de los perjuicios inmateriales en los montos que ellos mismos señalaron, de suerte que lo que en el fondo persiguen es la diferencia entre esas sumas y las fijadas en primera instancia, propósito que no trasciende la esfera privada de la controversia.

3.4. Y en tercer lugar, no se acredita una afectación desproporcionada de derechos fundamentales que confiera trascendencia constitucional al asunto. Si bien entre los demandantes se encuentra un menor de edad, los perjuiciosRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06304-00 10 en su favor fueron reconocidos en las cuantías solicitadas en su nombre, sin que esa condición, de suyo , despoje a la controversia de su carácter patrimonial. Tampoco las

10 en su favor fueron reconocidos en las cuantías solicitadas en su nombre, sin que esa condición, de suyo , despoje a la controversia de su carácter patrimonial. Tampoco las alusiones a la reparación integral cuentan con un desarrollo concreto que las desligue del efecto ordinario de cualquier modificación de una condena en segunda instancia.

Lo que subyace es una simple diferencia de criterio frente a la interpretación motivada de la autoridad accionada, a la cual los actores se limitan a oponer la propia. Insiste la Sala en que la mera invocación del debido proceso, sin demostración de una af ectación desproporcionada, no confiere por sí sola relevancia constitucional a una controversia que sigue siendo legal. De este modo, lo perseguido no es la guarda de un derecho fundamental, sino la apertura de una tercera instancia, cometido ajeno a la acción de tutela.

3.5. Por último, en lo que concierne a la actualización de las sumas reconocidas, el amparo tampoco supera el requisito de subsidiariedad. La acción de tutela es residual y, como lo ha señalado la Sala, «no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador» (CSJ STC 16 jul. 2012, rad. 2012 -00997-01). Además, cuando la reclamación supone un pronunciamiento previo de la autoridad, el interesado debe acreditar que acudió antes ante ella y no obtuvo respuesta, o que la recibió de manera arbitraria (CSJ STC 9813-2016).Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06304-00 11 En el sub examine, si los promotores consideraban que

de manera arbitraria (CSJ STC 9813-2016).Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06304-00 11 En el sub examine, si los promotores consideraban que el Tribunal omitió pronunciarse sobre la indexación de las sumas reconocidas, contaban con la solicitud de adición del artículo 287 del Código General del Proceso, a la que no acudieron. No le correspon de, entonces, al juez constitucional suplir una gestión que debía surtirse ante el juez natural.

4. Conclusión

En definitiva, como la decisión cuestionada no constituye una actuación arbitraria susceptible de corrección por esta vía excepcional —pues lo que en el fondo pretenden los actores es anteponer su criterio al del juez natural —, al carecer el asunto de relevancia constitucional y al no haberse agotado el mecanismo ordinario frente a la actualización de las sumas reconocidas, se declarará improcedente el amparo solicitado, por las razones aquí expuestas.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo rogado.

Comuníquese lo resuelto a las partes por un medio expedito y, de no impugnarse esta decisión, en oportunidadRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06304-00 12 remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

12 remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(en comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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