CSJ - STC21285-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC21285-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-06339-00 (Aprobado en sesión de veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D. T. y C , treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Alfonso Malpica Beltrán contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas; trámite al que fueron vinculados el Juzgado Segundo de Familia de Fusagasugá y todas las autoridades, partes e intervinientes en el juicio de unión marital de hecho n.° 2022-00279.

ANTECEDENTES

1. El accionante reclama la protección de los derechos fundamentales debido proceso, «seguridad jurídica» y acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06339-00

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2. En lo que interesa al asunto se tiene que, el Juzgado Segundo de Familia de Fusagasugá, en sentencia del 25 de febrero de 2025, declaró que entre Martha Milenea Daza Ballesteros y el accionante existió una unión marital de hecho desde diciembre de 2002 hasta julio de 2015, así como la consecuente sociedad patrimonial. A su vez, declaró probada la prescripción de la acción encaminad a a obtener la disolución y liquidación de esta última.

hecho desde diciembre de 2002 hasta julio de 2015, así como la consecuente sociedad patrimonial. A su vez, declaró probada la prescripción de la acción encaminad a a obtener la disolución y liquidación de esta última.

Daza Ballesteros presentó apelación argumentando que el vínculo se prolongó hasta el año 2021, pues continuaron residiendo en el mismo inmueble y existían declaraciones testimoniales que respaldaban esa fecha.

Mediante sentencia del 17 de abril de 2026, el Tribunal convocado modificó la decisión de primera instancia y declaró que la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial existieron desde diciembre de 2002 hasta septiembre de 2021. En consecuencia, declaró disuelta y en estado de liquidación la sociedad patrimonial.

En este contexto el actor estima lesionadas sus garantías fundamentales en la medi da que, en su sentir, el Tribunal equiparó la permanencia bajo un mismo techo con la existencia de una comunidad de vida permanente y singular, obviando que la relación había terminado desde mayo de 2010 o, a más tardar, en 2015, y que la acción relativa a la disolución y liquidación de la sociedad se encontraba prescrita.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06339-00 3

3. En consecuencia, pretende que se deje sin efectos la sentencia del 17 de abril de 2026 y que se ordene al colegiado proferir una nueva decisión en la que valore integralmente las pruebas y examine la prescripción de las acciones patrimoniales.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El Juzgado Segundo de Familia de Fusagasugá

integralmente las pruebas y examine la prescripción de las acciones patrimoniales.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El Juzgado Segundo de Familia de Fusagasugá relató las actuaciones a su cargo y pidió desestimar el amparo.

2. El Tribunal convocado se remitió a los argumentos de la providencia criticada.

3. Quien dijo ser la apoderada judicial de Martha Milena Daza Ballesteros solicitó denegar la acción.

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales.

La acción de tutela no procede contra providencias o actuaciones judiciales con el fin de salvaguardar los principios de los artículos 228 y 230 de la Constitución Política. En efecto, no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o ya terminados para modificar las determinaciones emitidas en ellos.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06339-00 4

Excepcionalmente se estableció su procedencia para aquellos casos en donde el funcionario judicial ha incurrido en un proceder arbitrario y opuesto a la ley. En este caso deberán concurrir los presupuestos generales de procedibilidad de : inmediatez, subsidiariedad, que no se cuestionen sentencias emitidas en el marco de otra acción de tutela y la relevancia constitucional . Junto a ellos, debe verificarse la ocurrencia de alguno de los defectos específicos: sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del

verificarse la ocurrencia de alguno de los defectos específicos: sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o violación de la Constitución.

2. La relevancia constitucional.

En torno a este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que tiene tres finalidades concretas: «(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional[63] y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad [64]; (ii ) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales[65] y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces[66]» (C.C, SU-128 de 2021).

En esa línea, se ha sostenido que el mismo «(...) protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales[119]» (C.C., SU -215 de 2022). En esa línea, se han adoptado como criterios para examinar la ausencia o no deRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06339-00 5 relevancia constitucional que la controversia «(i) verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal o económico[161]; (ii) involucre

5 relevancia constitucional que la controversia «(i) verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal o económico[161]; (ii) involucre algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental, y (iii) no implique utilizar la acción de tutela como una instancia o un recurso adicional para reabrir debates concluidos en el proceso ordinario» (C.C., SU-016 de 2026).

En esa medida, este presupuesto de procedibilidad exige que entre la actuación cuestionada y la presunta vulneración de los derechos fundamentales exista una relación directa, específica y suficientemente acreditada. No basta con que la parte accionante manifieste su inconformidad frente a la interpretación de la norma hecha por el fallador, con la valoración de una prueba o con el resultado adverso del proceso.

Es necesario, entonces, que la parte interesada explique de qué manera la decisión censurada trasgredió el ámbito de la autonomía judicial y produjo una afectación constitucionalmente relevante. Dicho de otro modo, el debate debe trascender la simple discrepancia interpretativa y poner de manifiesto una actuación que, por su arbitrariedad o manifiesta incompatibilidad con la Constitución comprometa de forma efectiva una garantía fundamental.

En conclusión, la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental ni con la simple invocación del debido proceso o del acceso a la administración de justicia. Además de ello, es indispensable demostrar que la providencia cuestionada produjo unaRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06339-00 6 afectación directa, concreta y desproporcionada de tales

administración de justicia. Además de ello, es indispensable demostrar que la providencia cuestionada produjo unaRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06339-00 6 afectación directa, concreta y desproporcionada de tales garantías. Por tanto, cuando el amparo se limita a reiterar discusiones de índole legal, probatoria y procesal, o pretende reabrir debates ya resueltos, la controversia carece de verdadera trascendencia constitucional y no habilita la intervención excepcional del juez de tutela.

2. La queja del accionante.

En el asunto bajo estudio, el promotor del amparo cuestiona la sentencia del 17 de abril de 2026, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas modificó el fallo de primera instancia y declaró que la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial entre las partes existieron desde diciembre de 2002 hasta septiembre de 2021 y tuvo por disuelta y en estado de liquidación la referida sociedad.

En su sentir, dicha providencia configuró defectos fáctico y sustantivo, así como desconocimiento del precedente judicial pues valoró indebidamente las pruebas al equiparar la permanencia de las partes bajo un mismo techo con una comunidad de vida permanente y singular, aplicó de manera errónea la Ley 54 de 1990 y desconoció la jurisprudencia sobre los elementos constitutivos de la unión marital de hecho y la prescripción de la acción dirigida a disolver y liquidar la sociedad patrimonial.

3. Solución al caso concreto.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06339-00

marital de hecho y la prescripción de la acción dirigida a disolver y liquidar la sociedad patrimonial.

3. Solución al caso concreto.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06339-00

7 Teniendo en cuenta lo anterior, el asunto sometido a consideración carece de relevancia constitucional , pues el desacuerdo del accionante se relaciona con la valoración probatoria efectuada por el Tribunal para establecer el hito final de la unión marital de hecho y, a partir de este, determinar la oportunidad de la acción encaminada a disolver y liquidar la sociedad patrimonial.

En efecto, el actor sostiene que la autoridad judicial accionada equiparó la permanencia de las partes bajo un mismo techo con la existencia de una comunidad de vida permanente y singular. Sin embargo, ese planteamiento no evidencia, una actuación arbitrar ia pues l a decisión cuestionada no se sustentó exclusivamente en la residencia compartida, sino también en la apreciación conjunta de los testimonios rendidos por los integrantes del núcleo familiar, la afiliación de la demandante al sistema de salud como beneficiaria suya, las relaciones del gestor con terceras personas y las distintas versiones ofrecidas sobre el momento en que ocurrió la ruptura definitiva.

Aunado a ello, aunque e l promotor también cuestiona el valor otorgado a las declaraciones que situaron el fin del vínculo en 2021 y considera que debió prevalecer la inferencia que efectuó el juez de primer grado derivada del proceso de alimentos iniciado en 2015, la separación de habitaciones y la ausencia de intimidad entre las partes , lo cierto es que tales reparos se limitan a proponer una lectura

inferencia que efectuó el juez de primer grado derivada del proceso de alimentos iniciado en 2015, la separación de habitaciones y la ausencia de intimidad entre las partes , lo cierto es que tales reparos se limitan a proponer una lectura alternativa del acervo probatorio y la circunstancia de que esos elementos admitieran una conclusión distinta, como laRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06339-00 8 acogida en primera instancia, no demuestra que la apreciación del colegiado haya sido caprichosa, contraevidente o desprovista de motivación.

De igual manera, el proceso de alimentos promovido en 2015 no fue desconocido por el Tribunal, por el contrario, a partir de su apreciación no le atribuyó el alcance demostrativo pretendido, pues no consideró que su sola existencia acreditara la terminación definitiva de la comunidad de vida.

Por otro lado, los cuestionamientos relativos a la credibilidad, espontaneidad y coincidencia de los testimonios respecto de la fecha de terminación de la relación no demuestran que el Tribunal hubiera tergiversado objetivamente sus manifestaciones o sustentado el fallo en hechos ajenos al expediente. Esa censura busca que el juez de tutela examine nuevamente la fuerza persuasiva de los relatos y determine cuáles merecían mayor credibilidad, labor que no corresponde realizar en este escenario excepcional.

La misma conclusión se impone frente al reproche relacionado con la separación de habitaciones pues ese no imponía necesariamente la conclusión de que la unión marital hubiera terminado en 2010 o 2015, máxime cuando el colegiado examinó dicho elemento dentro del conjunto

relacionado con la separación de habitaciones pues ese no imponía necesariamente la conclusión de que la unión marital hubiera terminado en 2010 o 2015, máxime cuando el colegiado examinó dicho elemento dentro del conjunto probatorio y le asignó un alcance distinto al defendido por el actor, siendo aún más evidente que la inconformidad recae sobre el mérito concedido a la prueba.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06339-00 9

Aunado a lo anterior, e l actor tampoco sustentó adecuadamente el supuesto desconocimiento del precedente en la medida que no individualizó una providencia vinculante con supuestos fácticos análogos, ni identificó la regla decisoria presuntamente desatendida y menos aún explicó de qué manera el fallador se apartó de ella.

En suma, la solicitud de amparo no busca verificar la validez constitucional de la sentencia censurada, sino revisar su corrección y obtener una nueva ponderación de las pruebas, por lo que lo realmente pretendido es que el juez de tutela acoja la conclusión del juzgado de primera instancia, fije en julio de 2015 el extremo final de la unión marital y, como consecuencia, declare prescrita la acción patrimonial.

Ese propósito convertiría el mecanismo constitucional en una instancia adicional para dirimir una controversia legal, probatoria y económica ya examinada por los jueces ordinarios. Admitir la relevancia constitucional en estas condiciones supondría habilitar la tutela para revisar toda controversia en la que una parte atribuya a la interpretación legal consecuencias adversas para sus intereses.

4. Conclusión.

ordinarios. Admitir la relevancia constitucional en estas condiciones supondría habilitar la tutela para revisar toda controversia en la que una parte atribuya a la interpretación legal consecuencias adversas para sus intereses.

4. Conclusión.

Por tanto , al carecer el asunto de relevancia constitucional, se declarará la improcedencia del amparo.

DECISIÓNRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06339-00

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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve : DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela de la referencia.

Comuníquese lo resuelto por el medio más expedito a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado este fallo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(En comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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