CSJ - STC21286-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC21286-2026 Radicación nº 11001-02-03-000-2026-05441-00 (Aprobado en sesión de veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D. T. y C ., treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Diana Marcela Durán Álvarez contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil , trámite al cual fueron vinculados el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de esta capital y los intervinientes en el juicio verbal de nulidad de contrato radicado nº 2024-00517.

ANTECEDENTES

1. La solicitante, a través de apoderad a, reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción, acceso efectivo a la administración de justicia y doble instancia, presuntamente vulnerados por la corporación judicial convocada.Rad. n°. 11001-02-03-000-2026-05441-00

2

2. Del escrito inicial y los anexos, se extracta el

siguiente compendio fáctico:

2.1. Pedro Uribe Rico presentó demanda de nulidad de contrato contra Diana Marcela Durán Álvarez (aquí accionante), cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá (rad. 2024-00517).

El 2 de diciembre de 2025 dicha autoridad judicial dictó sentencia estimatoria de las pretensiones, decisión contra la

Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá (rad. 2024-00517).

El 2 de diciembre de 2025 dicha autoridad judicial dictó sentencia estimatoria de las pretensiones, decisión contra la cual la demandante, por intermedio de su apoderad a, en la misma audiencia en que se profirió, interpuso recurso de apelación el cual sustentó de forma oral. Adicionalmente, el 5 de diciembre allegó escrito complementando la sustentación ya expuesta ante el a-quo.

El 19 de diciembre de 2026 el Tribunal Superior de Bogotá, admitió la alzada y dispuso correr el traslado de que trata el inciso 3º del artículo 12 de la ley 2213 de 2021.

No obstante, mediante proveído del 3 de febrero de esta anualidad, la colegiatura en mención declaró desierto el recurso de apelación toda vez que la recurrente no presentó la sustentación dentro del término concedido. Contra esta decisión la abogada de la actora formuló recurso de reposición y en subsidio el de queja.

El 16 de marzo pasado, la magistratura accionada mantuvo lo resuelto, es decir, la deserción del recurso de apelación pues recalcó que la sustentación ante el ad-quem esRad. n°. 11001-02-03-000-2026-05441-00 3 una exigencia legal que no constituye un exceso ritual manifiesto como ampliamente lo ratificó la jurisprudencia constitucional y ordinaria.

2.2. Acude la accionante a la presente salvaguarda para cuestionar principalmente que fuere declarado desierto el recurso de apelación que formuló contra el fallo del juez de

constitucional y ordinaria.

2.2. Acude la accionante a la presente salvaguarda para cuestionar principalmente que fuere declarado desierto el recurso de apelación que formuló contra el fallo del juez de primera instancia.

Sostiene que la determinación critica constituye un exceso ritual manifiesto puesto que, la apelación ya contaba con una exposición sustancial de inconformidad, sustentada oralmente en la audiencia en que se profirió el fallo de primera grado y desarrollada mediante escrito incorporado al expediente digital previo a su remisión al superior. Por tanto, la exigencia de presentar nuevamente el escrito tras el auto admisorio constituyó una traba formal que sacrificó el examen de fondo sobre una sustentación real y disponible.

Asimismo, aduce que se presenta un defecto sustantivo fundado en la aplicación desproporcionada del artículo 12 de la Ley 2213 de 2022. Argumenta que el tribunal equiparó injustificadamente la situación de quien abandona el recurso por guardar absoluto silencio con la de quien expresó sus motivos de inconformidad oportunamente en primera instancia. De esta manera, aplicó la consecuencia procesal más severa a un in cumplimiento puramente formal de reiteración, desconociendo que la finalidad práctica del acto procesal se encontraba cumplida.Rad. n°. 11001-02-03-000-2026-05441-00 4 Finalmente, recrimina que, al resolver el recurso de reposición, el juzgador se limitó al cómputo del plazo legal sin valorar la suficiencia ni el contenido de los argumentos que ya obraban en las diligencias. En lugar de evaluar si la falta de reproducción afectaba la posición de la contraparte o el

reposición, el juzgador se limitó al cómputo del plazo legal sin valorar la suficiencia ni el contenido de los argumentos que ya obraban en las diligencias. En lugar de evaluar si la falta de reproducción afectaba la posición de la contraparte o el desarrollo de la segunda instancia, el accionado priorizó la norma ritual sobre la resolución material del litigio, clausurando definitivamente la oportunidad de revisar la decisión recurrida.

3. Por lo anterior, pretende que, se deje sin efectos providencia del 16 de marzo de 2026 proferido por la Sala Civil

(unitaria) del Tribunal Superior de Bogotá, «mediante la cual se mantuvo incólume el auto que declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (…) dejar sin efectos, como consecuencia necesaria del amparo constitucional, el auto del 3 de febrero de 2026 mediante el cual se declaró desierto el recurso de apelación formulado […] contra la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2025 por el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá (…) ordenar al Tribunal Superior de Bogotá […] profiera una nueva decisión respecto del trámite del recurso de apelación, efectuando una valoración integral de las circunstancias particulares acreditadas en el expediente y aplicando las normas procesales correspondientes […] en particular, se solicita que la nueva decisión valore la existencia material de la sustentación del recurso de apelación realizada verbalmente en audiencia y desarrollada mediante escrito presentado el 5 decisión de 2025».

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. La magistrada ponente de la decisión recriminada,

de apelación realizada verbalmente en audiencia y desarrollada mediante escrito presentado el 5 decisión de 2025».

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. La magistrada ponente de la decisión recriminada, de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá sinRad. n°. 11001-02-03-000-2026-05441-00 5 pronunciarse sobre las alegaciones de la accionante, indicó que las razones de hecho y derecho para declarar la deserción de la alzada se encuentran plasmadas en la providencia.

2. El apoderado de Pedro Antonio Uribe Rico, vinculado, solicitó negar el amparo constitucional al sostener que el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, actuó conforme a la ley al declarar desierto el recurso de apelación presentado por la accionante, pues esta no lo sustentó oportunamente ante el superior dentro del término previsto en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022. Señaló que la sustentación realizada ante el juez de primera instancia no sustituía la carga procesal de sustentar la apelación ante el tribunal, y que dicha interpretación ha sido ratificada por la jurisprudencia, especialmente por la Sentencia T -350 de 2024 de la Corte Constitucional.

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde a la Corte establecer si la corporación judicial convocada vulneró las prerrogativas fundamentales invocadas por la accionante dentro del proceso de nulidad de contrato que promovió en su contra Pedro Uribe Rico – rad. 2024-00517 –, al declarar desierto el recurso de apelación que formuló contra el fallo de primera instancia (estimatorio

invocadas por la accionante dentro del proceso de nulidad de contrato que promovió en su contra Pedro Uribe Rico – rad. 2024-00517 –, al declarar desierto el recurso de apelación que formuló contra el fallo de primera instancia (estimatorio de las pretensiones), incurriendo con ello, supuestamente, en un exceso ritual manifiesto por ignorar la sustentaciónRad. n°. 11001-02-03-000-2026-05441-00 6 presentada oralmente ante el juzgado a-quo y complementada de forma escrita posteriormente.

2. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado, en línea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener incólumes los principios que contem plan los artículos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.

Por regla de excepción se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protección judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar ían imperiosa la intervención del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico.

Así mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoración probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre

juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico.

Así mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoración probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cuál sería la más adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio.

3. Caso concreto - La providencia cuestionadaRad. n°. 11001-02-03-000-2026-05441-00

7

De conformidad con el problema jurídico planteado, l a Sala centrará su análisis en lo decidido por el tribunal tutelado el 17 de marzo de 2026, donde resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el auto de 3 de febrero de 2026, que declaró desierto el de apelación formulado por la apoderada de la aquí querellante respecto de la sentencia de primera instancia dictada en el juicio de nulidad de contrato en discusión, por cuanto fue el pronunciamiento que en últimas definió la situación allí expuesta.

3.1. Examinada la queja constitucional y la determinación recriminada por la tutelante, se observa que el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil (unitaria), en primer lugar , recalcó que el acto de sustentación de la apelación ante la segunda instancia es una obligación legal prevista expresamente en el artículo 12 de la ley 2213 de 2022 que ratificó la interpretación que debía dársele a los artículos 322 y 327 de la codificación procedimental, lo cual fue avalado plenamente por la Sala Civil de esta Corporación en diferentes pronunciamientos. Y frente al caso particular, indicó:

artículos 322 y 327 de la codificación procedimental, lo cual fue avalado plenamente por la Sala Civil de esta Corporación en diferentes pronunciamientos. Y frente al caso particular, indicó:

«En el presente asunto se tiene que, mediante auto adiado 19 de diciembre de 20253, notificado en estado del día 13 de enero de 2026, se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia descrita en precedencia. El termino de 5 días posteriores, contados a partir de la ejecutoria de ese auto, conforme lo establece la norma en mención transcurrió en los días 17, 20, 21, 22 y 23 de enero cursante, hasta las 5:00 p.m. de este último día, interregno en el cual el extremo apelante se mantuvo en sile ncio. Luego, lo propio era proceder con la deserción del remedio vertical planteado como prevé la Ley, lo que en efectoRad. n°. 11001-02-03-000-2026-05441-00 8 acaeció mediante la providencia fustigada. De ahí que la decisión atacada se ajuste a derecho, por ende, se mantendrá incólume».

Añadió que, dicha exigencia no constituye un exceso de ritualismo, tal como la Corte Constitucional lo ha señalado (citó la sentencia T -350 de 2024) en varios de sus recientes pronunciamientos, y complementó:

«Para ahondar en razones, debe enfatizarse que el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022 en su inciso 3°, es suficientemente claro al señalar que, “ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que

«Para ahondar en razones, debe enfatizarse que el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022 en su inciso 3°, es suficientemente claro al señalar que, “ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar e l recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes” (se resalta), lo que significa que dicho término comienza a correr al día siguiente de la fecha en que causa firmeza la providencia que admitió la apelación, excluyendo así el propio legislado r la posibilidad de que el cómputo del plazo dependa de un auto queen ese sentidoemita el Magistrado. Con otras palabras, el término para sustentar el recurso despunta por mandato legal, no por disposición judicial.

Por consiguiente, al admitir el recurso el Tribunal no tenía que referirle al apelante cuándo debía sustentar su apelación, máxime si esa norma precisa, sin lugar a duda, el día a partir del cual corría el plazo respectivo. Desde luego que el juez no tiene que decirles a los apoderados lo que ellos deben saber, pues la ley se presume conocida y la aplicabilidad de sus mandatos no está condicionada -ni puede estarlo - a que el juzgador, en una providencia, diga qué se debe hacer lo que el legislador ha mandado realizar. Y como la ley procesal es de orden público y de obligatorio cumplimiento (art. 13 del C.G.P.), no es dable hacer interpretaciones para favorecer a una de las partes, porque se afectarían derechos de la contraparte que surgen como consecuencia de la deserción, entre ellos la ejecutoria del fallo y la cosa juzgada».

interpretaciones para favorecer a una de las partes, porque se afectarían derechos de la contraparte que surgen como consecuencia de la deserción, entre ellos la ejecutoria del fallo y la cosa juzgada».

Finalmente, denegó la concesión del recurso de queja debido a que este procede únicamente cuando se niega la apelación, pero no precisamente cuando se declara laRad. n°. 11001-02-03-000-2026-05441-00 9 deserción de la misma, de conformidad con el artículo 352 del Código General del Proceso.

3.3. En vista de lo anterior, se observa que la magistratura accionada actuó de conformidad con la normativa procedimental, contrario a lo que sucedió con la apoderada judicial de la accionante, que dejó de sustentar el recurso de apelación dentro del término previsto para el efecto.

Además, resultó inadmisible el planteamiento realizado por la abogada de la tutelante en cuanto a que, debió ser considerado, no solo la sustentación oral que presentó ante el a-quo, sino el memorial que radicó el 5 de diciembre de 2025 como complemento o extensión de la misma, pues para ese momento el ad-quem no había habilitado la oportunidad para ello, lo que solo ocurrió hasta el 19 de diciembre – notificado el 13 de enero de 2026 –, concediendo el plazo de 5 días hábiles (tras su ejecutoria el 16 de enero de 2026) que fenecieron el 23 de ese mismo mes, fecha en la cual la recurrente no allegó escrito alguno.

Por todo, se puede concluir que, ante la desatención de la defensa de la actora, al tribunal aquí accionado no le

fenecieron el 23 de ese mismo mes, fecha en la cual la recurrente no allegó escrito alguno.

Por todo, se puede concluir que, ante la desatención de la defensa de la actora, al tribunal aquí accionado no le quedaba otra opción que declarar desierto el recurso de apelación por extemporáneo.

Así las cosas, en este caso se aviene inviable la intervención excepcional del juez de tutela, más cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta vía para imponerRad. n°. 11001-02-03-000-2026-05441-00 10 al fallador ordinario una específica interpretación o enfoque de la normativa que coincida plenamente con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia.

A ese respecto, se ha señalado:

«al juez de tutela le está vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicción (…) máxime cuando la determinación sobre la cual gravita la censura está soportada en un admisible examen de los hechos, así como de la prudente interpretación de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme así emerge de las razones expuestas en los proveídos acusados» (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016).

Lo anterior, porque está claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una valoración autónoma del escenario procesal puesto a consideración y aplicar al asunto sus raciocinios de orde n jurídico, sin incurrir, desde luego, en desviación del ordenamiento legal al interpretar las normas

libertad para realizar una valoración autónoma del escenario procesal puesto a consideración y aplicar al asunto sus raciocinios de orde n jurídico, sin incurrir, desde luego, en desviación del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la temática de la discusión, supuesto que aquí no se configura.

Ahora bien, la Sala, en los asuntos en los que se invoca la supuesta incursión en un exceso ritual manifiesto por no tener en cuenta la radicación anticipada de la alzada, se ha dicho:

«Sobre lo expresado, como lo reiteró esta Sala recientemente –CSJ, STC13860-2025-, el recurso de apelación contra providencias judiciales, conforme a lo previsto en los artículos 322 y 327 del Código General del Proceso, en lo que concierne a las cargasRad. n°. 11001-02-03-000-2026-05441-00 11 procesales del recurrente, comprende dos momentos específicos, el primero de ellos es la interposición del recurso y la formulación de los reparos el cual se desarrolla ante el juez de primera instancia y, el segundo, esto es, la admisión, la sustentación de la impugnación y la decisión, que se adelanta ante el juzgador de segunda instancia»

Y en el mismo pronunciamiento, tras citar y analizar el artículo 12 de la ley 2213 de 2022 que modificó el 14 del decreto 806 de 2020 y estableció de forma definitiva que la sustentación del recurso ante la segunda instancia será de forma escrita, de confo rmidad con los reparos expresados ante el a-quo, la Sala puntualizó:

decreto 806 de 2020 y estableció de forma definitiva que la sustentación del recurso ante la segunda instancia será de forma escrita, de confo rmidad con los reparos expresados ante el a-quo, la Sala puntualizó:

«La norma aludida no reformó la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y las consecuencias de su desatención, únicamente, se itera, como excepción al principio de oralidad en la administración de justicia se admitió que, para dicho propósito, el apelante pueda hacerlo por escrito sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario.

Ahora bien, no pueden equipararse los reparos que se expresan ante el a quo, con los argumentos que soportan la sustentación que se presenta ante el ad quem de manera escrita (art. 14, Decreto 806 de 2020, hoy art. 12, Ley 2213 de 2022), tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la carga impuesta por el legislador quien previó, la oportunidad, el juez competente para verificar su cumplimiento y el efecto de su desatención» (STC17784-2025, 5 nov., rad. 05323-00).

Por consiguiente, no fue por desconocimiento de la ley sustancial o del precedente jurisprudencial, por vicios en el procedimiento o por defecto fáctico que el tribunal accionado tomó su decisión, por lo que no se avizora la configuración de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acciónRad. n°. 11001-02-03-000-2026-05441-00 12 de tutela contra decisiones judiciales y, por tanto, se itera,

de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acciónRad. n°. 11001-02-03-000-2026-05441-00 12 de tutela contra decisiones judiciales y, por tanto, se itera, no se advierte violación a las garantías de la quejosa.

4. En definitiva, como la decisión puntualmente atacada no constituye arbitrariedad susceptible de corrección por esta excepcional vía, se desestimará la salvaguarda.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural , administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia.

Comuníquese por el medio más expedito lo aquí resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(en comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMARad. n°. 11001-02-03-000-2026-05441-00

13

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: A7C519876E95C0BC93D955A33D4B40DF09788F71DAAE90E3BC8A51C69F046592

Documento generado en 2026-10-30