CSJ - STC21288-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC21288-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-06249-00 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D. T. y C., treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela que Armando Ariza Quintero promovió contra la Sala de Casación Penal y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, trámite al que fueron vinculad os las partes e intervinientes en el juicio penal identificado con rad. n.° 2016-02270-00/01.

ANTECEDENTES

1. El actor, en nombre propio, reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proces o y «a la dignidad humana, a la libertad personal, a la confianza legítima, a la presunción de inocencia, al non bis in ídem y a la prohibición deRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06249-00 2 responsabilidad objetiva en materia penal », presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas.

2. En síntesis, expuso que, m ediante sentencia del 14 de abril de 2021, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva lo condenó como coautor de los delitos de fraude procesal y estafa agravada a 147 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años y multa de 520 SMLMV. Determinación que el Tribunal de la misma ciudad en sentencia del 18 de

procesal y estafa agravada a 147 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años y multa de 520 SMLMV. Determinación que el Tribunal de la misma ciudad en sentencia del 18 de marzo de 202 2 confirmó parcialmente para modificar la condena a 137 meses de prisión.

3. Relató que presentó recurso extraordinario de casación, n o obstante, en auto AP3266 de 6 de mayo de 2026, la Sala de Casación Penal inadmitió la demanda tras advertir que la formulación de los cargos principales por falso juicio de identidad y falso raciocinio, así como el subsidiario por falta de aplicación del artículo 9 del Código Penal, incumplieron los principios de corrección material y trascendencia.

Indicó que solicitó a la Procuraduría General de la Nación que insistiera en la admisión de la demanda de casación, no obstante, aquella decidió abstenerse de promover el mecanismo especial de insistencia.

Afirma que la s referidas decisiones incurrieron en : i) violación directa a la constitución por « Desconocimiento de laRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06249-00 3 presunción de inocencia, (…) al atribuirme conocimiento, dolo y participación criminal a partir de mi posición directiva y de las actuaciones de mis subordinados, sin respetar el principio de confianza propio de una organización funcionalmente compleja »; ii) defecto fáctico por omitir el análisis de pruebas determinantes para establecer el elemento subjetivo de su responsabilidad , al igual que por construir a partir de cier tos elementos

propio de una organización funcionalmente compleja »; ii) defecto fáctico por omitir el análisis de pruebas determinantes para establecer el elemento subjetivo de su responsabilidad , al igual que por construir a partir de cier tos elementos probatorios inferencias abiertamente irrazonables, iii) defecto procedimental por v ariación de los hechos entre la formulación de la imputación y la acusación ; y iv) defecto sustantivo por la aplicación irrazonable de los artículos 31 y 269 del Código Penal.

4. En este contexto, estima vulneradas sus garantías fundamentales y, en consecuencia, pretende que se deje sin efectos el auto que inadmitió la casación y la sentencia condenatoria proferida por el tribunal convocado y se ordene una proferir una nueva decisión.

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS

1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva alegó que la sentencia por aquella proferida dentro del proceso penal bajo radicado n.° 2016-02270-02 no fue caprichosa o arbitraria, sino, por el contrario, fue el resultado de un concienzudo análisis con estricto cumplimiento de las normas que regulan la materia. En consecuencia, peticionó negar el resguardo ante la ausenciaRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06249-00 4 de configuración de algún defecto específico de procedibilidad de la acción de tutela.

2. Edgar Bello Pascuas en su condición de apoderado de víctimas de la gobernación del departamento del Huila en el asunto criticado, se opuso a la prosperidad del amparo por

procedibilidad de la acción de tutela.

2. Edgar Bello Pascuas en su condición de apoderado de víctimas de la gobernación del departamento del Huila en el asunto criticado, se opuso a la prosperidad del amparo por ausencia de vulneración de los der echos fundamentales del accionante.

CONSIDERACIONES

1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado, en línea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener indemnes los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.

Excepcionalmente se torna imperiosa la intervención del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico, en los supuestos en que el funcionario judicial accionado ha incurrido en un proceder arbitrario y opuesto a la ley, pero ello en tanto haya superado el estudio de los requisitos generales de procedibilidad y se advierta la configuración de un defecto procedimental.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06249-00 5

2. Preliminarmente, se advierte que, si bien el reclamo se dirige contra las providencias de segunda instancia y la inadmisoria de casación , el análisis de la Corte se circunscribirá a la proferida por la Sala de Casación , por cuanto fue la que definió el asunto. Sobre la determinación

se dirige contra las providencias de segunda instancia y la inadmisoria de casación , el análisis de la Corte se circunscribirá a la proferida por la Sala de Casación , por cuanto fue la que definió el asunto. Sobre la determinación que habrá de abordar la Sala, se ha dicho que:

aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisión de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoración sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada . (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834 -00, reiterada en CSJ , STC22422015).

2.1. De la revisión realizada a la queja constitucional y a las piezas procesales incorporadas al expediente, desde ya se anticipa que la Sala declarará improcedente la protección reclamada, pues si bien, se superan los requisitos generales de procedibilidad consistentes en la legitimación, inmediatez y subsidiariedad, el resguardo decae en el incumplimiento del criterio de relevancia constitucional del conflicto.

Recuérdese que, la Corte Constitucional ha decantado que una controversia es constitucionalmente relevante cuando: «(i) verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal o económico; (ii) involucre algún debate jurídico que gire en torno alRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06249-00 6

cuando: «(i) verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal o económico; (ii) involucre algún debate jurídico que gire en torno alRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06249-00 6 contenido, alcance y goce de un derecho fundamental, y (iii) no implique utilizar la acción de tutela como una instancia o un recurso adicional para reabrir debates concluidos en el proceso ordinario » (SU-016 de 2026), delimitación cuyo propósito es proteger « el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y prev[enir] que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales » (SU-215 de 2022).

Igualmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el cumplimiento de este este requisito exige que el accionante explique de qué manera la decisión censurada trascendió el ámbito de la autonomía judicial y compromete de forma efectiva una garantía fundamental , para lo cual no es suficiente con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental, alegando v.gr. la vulneración del derecho al debido proceso o acceso efectivo a la administración de justica, en cambio se requiere de la acreditación de una relación directa, específica y suficiente entre la actuación judicial cuestionada y la presunta vulneración.

2.2. En el asunto, el quejoso cuestiona el auto AP3266 de 6 de mayo de 2026, mediante el cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación presentada contra la sentencia que emitió

de 6 de mayo de 2026, mediante el cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación presentada contra la sentencia que emitió condena en su contra . En concreto, le atribuye violación directa a la constitución , defectos fáctico, sustantivo y procedimental.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06249-00 7

En sustento expone que, en las decisiones de instancia se desconoc ió el principio de confianza , la presunción de inocencia y de non bis in idem, vulneraciones que derivaron en la declaración inconstitucional de una responsabilidad objetiva en su contra, pues a partir de su posición jerárquica le atribuyeron el resultado institucional de los recobros de un fármaco que no era el realmente dispensado.

Señala que el auto inadmisorio al examinar el cargo referido, convalidó la posición vulneradora emitida por el Tribunal, trasladándole la responsabilidad de las actuaciones de las distintas dependencias de Comfamiliar, le impusieron la carga de explicar por qué desconocía lo ejecutado por s us subordinados y utilizaron su posición directiva como sustituto de la prueba del conocimiento, del acuerdo común y del aporte consciente al delito.

Respecto a la configuración del defecto fáctico, indica que el Tribunal y la Sala valoraron de manera fragmentaria las declaraciones de los funcionarios que conocían directamente el procedimiento del recobro del medicamento Fanhdi, respecto del cual, insiste, no tenía conocimiento. Destaca que, de manera irrazonable, las autoridades judiciales valoraron que, a través de los poderes otorgados a

directamente el procedimiento del recobro del medicamento Fanhdi, respecto del cual, insiste, no tenía conocimiento. Destaca que, de manera irrazonable, las autoridades judiciales valoraron que, a través de los poderes otorgados a sus subordinados, que autorizó dicho recobro.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06249-00 8 Relieva que se configuró defecto procedimental ya que la sala convocada «se limitó a exponer como hechos del caso la versión acogida por el Tribunal, afirmó que yo “present[é] a las entidades territoriales solicitudes de recobro del medicamento Fanhdi”, que “radi[qué]” facturas y documentos espurios, así como que presenté “documentos engañosos” ante la Secretaría del Huila. Luego resaltó que la Fiscalía había “modific[ado] la imputación jurídica” para sustituir el peculado por la estafa, sin examinar si la atribuc ión fáctica individual también había cambiado y, por tanto, se había violado mi derecho al debido proceso».

No obstante, al contrastar los argumentos del tutelante con el expediente digital allegado por las autoridades judiciales cuestionadas, se advierte la ausencia de relevancia constitucional, por cuanto se evidencia que el actor pretende utilizar la acción de tutela como una instancia o un recurso adicional para reabrir un debate ya zanjado por el juez natural.

En efecto, los cuestionamientos formulados por el accionante se concentra n, en la forma como la Sala de Casación Penal valoró la incidencia de los poderes por él otorgados a sus subordinados dentro de la sentencia condenatoria, así como en la suficiencia de los demás

accionante se concentra n, en la forma como la Sala de Casación Penal valoró la incidencia de los poderes por él otorgados a sus subordinados dentro de la sentencia condenatoria, así como en la suficiencia de los demás elementos de convicción a partir de los cuales se declaró su responsabilidad penal.

Es que, a unque la demanda presenta la s inconformidades bajo la óptica de la configuración deRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06249-00 9 defectos específicos y de una presunta violación directa de la Constitución, lo cierto es que lo pretendido por el solicitante se orienta a anteponer su propio criterio frente a la valoración probatoria efectuada dentro del proceso penal. En particular, cuestiona el alcance y valor otorgados a los poderes que aportó a sus subordinados y solicita una nueva apreciación de las pruebas que, en su criterio, permitían concluir que no tuvo responsabilidad penal. No obstante, t ales cuestionamientos son eminentemente probatorios y fueron objeto de análisis por parte juez natural tanto en las instancias ordinarias como en sede extraordinaria. En consecuencia, no resulta procedente reabrir dicho debate a través de la acción de tutela.

Téngase en cuenta además que, la sala accionada para inadmitir el recurso extraordinario de casación se apoyó en que la demanda tenía deficiencias formales y sustanciales en la formulación de los cargos, así como, señaló que no fue demostrada la trascendencia de los supuestos errores endilgados al Tribunal, y con la tutela se busca controvertir la corrección de esas conclusiones y obtener un nuevo examen de la demanda de casación , con lo cual pretende

demostrada la trascendencia de los supuestos errores endilgados al Tribunal, y con la tutela se busca controvertir la corrección de esas conclusiones y obtener un nuevo examen de la demanda de casación , con lo cual pretende convertir el amparo en una instancia adicional.

Así las cosas, se concluye que entre la actuación cuestionada y la presunta afectación de los derechos fundamentales invocados no se acreditó una relación directa y específica, pues el actor no demostr ó que la providenciaRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06249-00 10 hubiera desconocido el contenido esencial del debido proceso o del acceso a la administración de justicia, sino que expresó su desacuerdo con la interpretación que realizó la sala tutelada de la demanda de casación, la determinación de la trascendencia de los cargos y el alcance conferido a los elementos probatorios obrantes en el expediente.

2.3. En suma, la acción carece de relevancia constitucional porque, bajo la denominación de defectos fáctico, sustanciales y procedimentales, se pretende reabrir una discusión probatoria concluida y obtener un nuevo examen sobre la trascendencia y la suficiencia de las pruebas que llevaron a condenar al convocante . Maxime cuando l a providencia cuestionada expuso razones formales y sustanciales para inadmitir la demanda de casación.

Admitir la relevancia constitucional en estas condiciones supondría habilitar la tutela para revisar toda controversia en la que una parte atribuya a la interpretación legal o a la valoración probatoria consecuencias adversas para sus intereses. Ello desna turalizaría el carácter

condiciones supondría habilitar la tutela para revisar toda controversia en la que una parte atribuya a la interpretación legal o a la valoración probatoria consecuencias adversas para sus intereses. Ello desna turalizaría el carácter subsidiario y excepcional del amparo y permitiría emplearlo como una instancia adicional para replantear debates ya sometidos al juez natural.

Sobre el particular, la postura de la Sala ha sido enfática en señalar que la tutela no es una instancia adicional a la causa judicial, resáltese que este mecanismo:Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06249-00 11

[N]o está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico a través del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo . (CSJ, STC, 15 feb. 2011, rad. 01404 -01, reiterada en CSJ, STC16695-2023, STC842-2024, entre otras).

Además, se ha sostenido que «no se puede recurrir a la acción tutelar para imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica valoración probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida

tutelar para imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica valoración probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes». (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012 -000901; reiterada en STC1204-2024, entre otras).

3. En conclusión, como la decisión recriminada carece relevancia constitucional, se declarará la improcedencia el amparo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06249-00 12

Comuníquese lo resuelto por el medio más expedito a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado este fallo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(en comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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