CSJ - STC21290-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC21290-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06323-00 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D. T. y C. , treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Jorge Enrique Pereira Uribe contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito del Socorro y la Sala Civil -Familia-Laboral del Tribunal Superior de San Gil ; trámite al cual fueron vinculadas las autoridades, partes e intervinientes dentro del juicio divisorio n.° 2022-00049.

ANTECEDENTES

1. El accionante reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, propiedad privada y prevalencia del derecho sustancial.

2. En síntesis, relató que:Radicaciones n.º 11001-02-03-000-2026-06323-00

2.1. Ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito del Socorro cursa el proceso divisorio por venta de cosa común que Carlos Julio y Lina María Durán Fuentes promovieron contra José David Durán Fuentes, respecto del inmueble con matrícula n.° 321-14022. Los demandantes le cedieron sus derechos litigiosos, equivalentes al 75% del bien, y el demandado hizo lo propio en favor de Martha Lucía Rojas Duarte, titular del 25% restante.

2.2. Para efectos del remate, el perito avaluó el predio

derechos litigiosos, equivalentes al 75% del bien, y el demandado hizo lo propio en favor de Martha Lucía Rojas Duarte, titular del 25% restante.

2.2. Para efectos del remate, el perito avaluó el predio en $504.500.000, mediante dictamen del 11 de abril de 2022.

2.3. Por auto del 11 de febrero de 2026, el juzgado señaló fecha para la subasta y fijó como base de licitación el 70% de ese avalúo. El aviso de remate se publicó con el número de radicación incompleto y sin la dirección física del despacho.

2.4. En la diligencia del 26 de marzo de 2026 se declaró inadmisible su oferta por no haber consignado el valor exigido, y el bien se adjudicó a Martha Lucía Rojas Duarte, única postora que satisfizo los requisitos formales. Destacó que la adjudicataria es cóny uge del comunero que ocupa el inmueble y lo explota sin reconocer compensación alguna a los demás condueños.

2.5. El 6 de abril siguiente promovió incidente de nulidad de la diligencia. Alegó que el avalúo tenía casi cuatro años de antigüedad, en contravía del artículo 19 del Decreto 1420 de 1998 y del artículo 448 del Código General delRadicaciones n.º 11001-02-03-000-2026-06323-00

Proceso, y que el aviso de remate era defectuoso. Para acreditar la desactualización aportó un nuevo dictamen del mismo perito, que estimó el inmueble en $669.471.500.

2.6. Por auto del 24 de abril de 2026, el juzgado

acreditar la desactualización aportó un nuevo dictamen del mismo perito, que estimó el inmueble en $669.471.500.

2.6. Por auto del 24 de abril de 2026, el juzgado rechazó por improcedente la nulidad y, en providencia de la misma fecha, aprobó el remate.

2.7. Contra ambas determinaciones interpuso reposición y, en subsidio, apelación, mediante escrito que ingresó al correo del despacho el 30 de abril de 2026, último día del término, a las 4:04 p.m. Por auto del 12 de mayo siguiente, el juzgado rechazó de plano los recursos por extemporáneos, al considerar que la oportunidad venció a las 4:00 p.m., hora de cierre de la atención al público. El 21 de mayo mantuvo esa decisión y concedió la queja.

2.8. En providencia del 28 de septiembre de 2026, el Tribunal Superior de San Gil declaró bien denegada la apelación.

3. Adujo que el juzgado incurrió en defectos fáctico y sustancial al rematar el bien con un avalúo de más de cuatro años de antigüedad, sin ejercer el control de legalidad ni valorar el nuevo dictamen, y al resolver la nulidad con el artículo 133 del Código G eneral del Proceso en lugar del régimen especial de los artículos 452 y 455. Censuró, además, las falencias del aviso de remate y el desconocimiento de la sentencia T -088A de 2014 y de las

régimen especial de los artículos 452 y 455. Censuró, además, las falencias del aviso de remate y el desconocimiento de la sentencia T -088A de 2014 y de las decisiones STC10458 -2023 y STC7467 -2016. Frente aRadicaciones n.º 11001-02-03-000-2026-06323-00

ambas autoridades alegó exceso ritual manifiesto y quebranto de la confianza legítima, al tenerse por extemporáneo, por cuatro minutos, un recurso radicado dentro de la jornada laboral y del horario que publicaba el micrositio del despacho.

4. Pretende, en consecuencia, que se dejen sin efecto la providencia del Tribunal, la diligencia de remate y el auto que la aprobó; que se ordene actualizar el avalúo, y que, antes de distribuir los dineros, se resuelva el incidente de frutos civiles.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. La Sala Civil -Familia-Laboral del Tribunal Superior de San Gil relató el trámite del recurso de queja.

Fue repartido el 9 de junio de 2026 al magistrado Leonardo Castro Manrique y, ese mismo día, se corrió traslado del escrito. Mediante auto del 28 de sep tiembre de 2026, notificado por estado del día siguiente, se declaró bien denegada la apelación, y el 7 de octubre se devolvió la actuación al despacho de origen. Compartió el enlace del expediente.

2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito del Socorro remitió el enlace del proceso divisorio y los datos de contacto de las partes, sus apoderados y el secuestre, sin

expediente.

2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito del Socorro remitió el enlace del proceso divisorio y los datos de contacto de las partes, sus apoderados y el secuestre, sin pronunciarse sobre los hechos de la demanda.Radicaciones n.º 11001-02-03-000-2026-06323-00

3. Martha Lucía Rojas Duarte, cesionaria del demandado y adjudicataria del inmueble, se opuso al amparo por medio de apoderado. Expuso que la diligencia del 26 de marzo de 2026 se fijó a petición de ambas partes y que la oferta del actor se rechazó por no hab er consignado el 40% exigido para hacer postura. Añadió que la apoderada del tutelante no formuló reparo alguno en la audiencia, que la adjudicación quedó ejecutoriada y que la nulidad y el recurso posteriores eran extemporáneos.

CONSIDERACIONES

1. De entrada, advierte la Sala que se impondrá la negativa del amparo. La decisión que tuvo por extemporáneos los recursos es razonable. Frente a los reproches contra el remate y su aprobación, el promotor desaprovechó los medios ordinarios de defensa, y la reclamación sobre los frutos civiles aún está pendiente ante el juez natural, según pasa a exponerse.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Juzgado Segundo Civil del Circuito del Socorro y la Sala Civil-FamiliaLaboral del Tribunal Superior de San Gil vulneraron los derechos fundamentales del tutelante al rechazar por extemporáneos los recursos contra los autos del 24 de abril

Segundo Civil del Circuito del Socorro y la Sala Civil-FamiliaLaboral del Tribunal Superior de San Gil vulneraron los derechos fundamentales del tutelante al rechazar por extemporáneos los recursos contra los autos del 24 de abril de 2026 y declarar bien denegada la apelación. Debe establecer, además, si procede el examen constitucional de la diligencia de remate y de su aprobación, cuando elRadicaciones n.º 11001-02-03-000-2026-06323-00

interesado no las controvirtió en la oportunidad prevista en el proceso.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado, en línea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener incólumes los principios que contem plan los artículos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.

Por regla de excepción se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protección judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar ían imperiosa la intervención del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico.

Así, sobre la pretensión de exigir al juzgador una determinada interpretación de las normas procesales o una

ponderado estudio tornar ían imperiosa la intervención del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico.

Así, sobre la pretensión de exigir al juzgador una determinada interpretación de las normas procesales o una específica valoración probatoria , la Sala en precedencia ha indicado que «no se puede recurrir a la acción tutelar para imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica valoración probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes ».Radicaciones n.º 11001-02-03-000-2026-06323-00

(CSJ, STC17645-2025, en cita de, entre otros, STC 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01).

De manera que esta particular justicia sólo intervendría cuando eventualmente la decisión cuestionada sea producto de un proceder notorio, flagrante y manifiestamente apartado del ordenamiento jurídico, con incidencia directa en las garantías fundamentales del promotor.

3.1. En el caso concreto , el juzgado tuvo por extemporáneos los recursos porque el escrito llegó a su correo el 30 de abril de 2026, último día del término, a las 4:04 p.m., cuando ya había concluido la atención al público. Para ese momento, la Resolución CSJSAR25-1172 del 18 de diciembre de 2025 del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander había fijado para los despachos del Socorro una jornada continua de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., con atención al usuario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Santander había fijado para los despachos del Socorro una jornada continua de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., con atención al usuario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El Tribunal compartió esa conclusión al resolver la queja. Explicó que el cierre del despacho al que alude el artículo 109 del Código General del Proceso es el momento en que termina la atención al público, pues es entonces cuando el juzgado deja de estar dispuesto para recibir y hacer constar la presentación de memoriales, y que el propio acto que fija el horario distingue ambos momentos, de modo que «el usuario de la administración de justicia conoce de antemano la hora hasta la cual puede presentar válidamente sus escritos» . Apoyó su postura en la línea reciente de esta Sala (STC11896 -2023, STC5512-2024 y STC13954 -2026) y, sobre la STC13728 -Radicaciones n.º 11001-02-03-000-2026-06323-00

2021 que invocó el recurrente, precisó que no reflejaba el estado actual de la jurisprudencia. Para descartar el exceso ritual recordó que el artículo 228 de la Constitución, a la vez que consagra la prevalencia del derecho sustancial, exige que los términos procesales se observen con diligencia.

3.2. Al margen de que se compartan o no dichas conclusiones, lo cierto es que las decisiones fueron motivadas de manera suficiente. La regla del artículo 109 remite al cierre del despacho, y su hora la determina el Consejo Seccional para cada distrito. El 30 de abril de 2026 regía en el Socorro la Resolución CSJSAR25 -1172, que

remite al cierre del despacho, y su hora la determina el Consejo Seccional para cada distrito. El 30 de abril de 2026 regía en el Socorro la Resolución CSJSAR25 -1172, que limitaba la atención al público a las 4:00 p.m.; el horar io unificado del Acuerdo CSJSAA26-66 del 22 de abril de 2026 solo empezó a aplicarse el 4 de mayo siguiente. Por consiguiente, un memorial recibido cuatro minutos después de ese límite, en el último día del plazo, no podía tenerse por oportuno, solución que además se acompasa con la postura que esta Corporación ha v enido sosteniendo de manera reciente.

3.3. Tampoco se advierte el exceso ritual que denuncia el promotor. Hacer cumplir un término perentorio no es privilegiar una forma vacía sobre el derecho sustancial , es aplicar una regla que vale por igual para todos los usuarios y que da certeza al trámite. El tutelante dispuso del plazo completo para recurrir, decidió radicar el escrito al final de la última jornada y no alegó ningún obstáculo ajeno a su voluntad que se lo impidiera. Que la diferencia haya sido de pocos minutos no torna arbitraria la decisión, pues el límiteRadicaciones n.º 11001-02-03-000-2026-06323-00

no admite graduaciones, y las consecuencias de agotar el término hasta su último momento son de quien así lo decide.

3.4. Los demás reproches contra el Tribunal no prosperan. El de la confianza legítima, basado en que el micrositio del juzgado anunciaba atención hasta las 5:00 p.m., no se planteó en la queja , donde la apoderada solo

prosperan. El de la confianza legítima, basado en que el micrositio del juzgado anunciaba atención hasta las 5:00 p.m., no se planteó en la queja , donde la apoderada solo sostuvo que el cierre coincidía con el fin de la jornada laboral a las 4:30 p.m. Además, el actor se limitó a transcribir un resultado de búsqueda en internet, que no desvirtúa el horario fijado por la Resolución CSJSAR25 -1172, ac to público y vigente para la fecha. Y en cuanto a no haber revocado la actuación afectada por el avalúo, la queja solo le permitía establecer si la apelación fue bien o mal denegada, de modo que, al concluir que fue bien denegada, no le correspondía pronunciarse sobre el fondo de los autos del 24 de abril.

3.5. Lo que subyace, en definitiva, es una diferencia de criterio sobre el momento del cierre del despacho para efectos del cómputo de los términos, y no un yerro protuberante que autorice la injerencia del juez constitucional.

Por tanto, los descritos pronunciamientos no puede n ser desaprobados de plano o tildados de caprichosos, «máxime si (…) no resulta contrario a la razón, es decir si no está demostrado [el] defecto apuntado…, ya que (...) desconocería(...) normas de orden público (...) y entraría a la relación procesal a usurpar las funciones asignadas válidamente (…) para definir el conflicto…» (CSJ, STC, 11 en. 2005,

rad. 01451, reiterada en STC7135-2016).Radicaciones n.º 11001-02-03-000-2026-06323-00

3.6. La tutela no es una instancia adicional a las establecidas en las causas judiciales. Esto es, «no es (…) para desquiciar providencias (…) con apoyo en la diferencia de opinión de (…) a quienes fueron adversas[;] obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de admini strar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico…» (CSJ, STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterada en STC4705-2016).

4. Subsidiariedad por incuria

La acción de tutela se rige por el presupuesto de subsidiariedad y, en consecuencia, resulta improcedente cuando el reclamante omite el uso de los medios ordinarios de defensa o cuando dispone de otra vía idónea para la protección de sus derechos.

La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposición del interesado, dado el carácter eminentemente residual de esta acción, pues de otra manera se convertiría en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminaría cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental.

En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido:

(…) [S]i [se] incurrió en pigricia y [se] desperdici[aron] las

que gobiernan esta herramienta iusfundamental.

En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido:

(…) [S]i [se] incurrió en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensión de recurrir tal actuación por esta vía extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido diseñado para rescatar términos derrochado s, - pues losRadicaciones n.º 11001-02-03-000-2026-06323-00

mismos son perentorios e improrrogables, (…) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervención del Juez constitucional en tanto no está dentro de la órbita de su competencia suplir la incuria , los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituyó la tutela (…) (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 0024101; ratificada en STC de 2 mar. 2011, rad. 2010000380-01.)

Igualmente ha referido que:

[N]o basta, entonces, que la determinación adoptada por el operador jurídico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que también es necesario establecer si la presunta afectación puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si éstos no se utilizaron por

los derechos fundamentales del accionante, sino que también es necesario establecer si la presunta afectación puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si éstos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente . La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jurídico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del artículo 86 de la Const itución Política, en concordancia con el numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 (ver entre otras STC5331 -2014; STC5341 -2014; STC6001 -2014) Resalta la Sala.

En el sub lite, el actor reprochó que el remate se hubiera adelantado y aprobado con base en un avalúo de 2022 , sin embargo, una revisión integral del trámite pone de manifiesto que tuvo a su alcance los mecanismos idóneos para plantear ese debate en el proceso y, no obstante, injustificadamente los desaprovechó.

4.1. En efecto, el auto del 11 de febrero de 2026, que señaló fecha para la subasta y fijó la base de licitación sobre el avalúo existente, se notificó por estado sin que ninguna de las partes lo controvirtiera ni pidiera la actualización delRadicaciones n.º 11001-02-03-000-2026-06323-00

dictamen. La apoderada del gestor asistió a la diligencia del 26 de marzo siguiente, su poderdante hizo postura y ninguno

dictamen. La apoderada del gestor asistió a la diligencia del 26 de marzo siguiente, su poderdante hizo postura y ninguno formuló reparo alguno sobre el avalúo o la publicidad del remate. La adjudicación, notificada en la misma audiencia, no fue recurrida y quedó ejecutoriada.

Ese era el momento para alegar las irregularidades que ahora se denuncian, pues el artículo 455 del Código General del Proceso establece que «[l]as irregularidades que puedan afectar la validez del remate se considerarán saneadas si no son alegadas antes de la adjudicación», y que «[l]as solicitudes de nulidad que se formulen después de esta no serán oídas» . El incidente de nulidad se presentó el 6 de abril de 2026, cuando esa oportunidad ya había precluido. Y aun los recursos contra los autos del 24 de abril se presentaron por fuera de término, como quedó visto.

4.2. Bajo esa perspectiva, los defectos que el promotor atribuye al juzgado escapan al examen del juez constitucional. La falta de control de legalidad y de actualización del avalúo, la inaplicación de las normas sobre su vigencia, la omisión de valorar el nuev o dictamen, el uso del avalúo como instrumento de defraudación, las falencias del aviso de remate, el régimen de nulidades aplicado y el desconocimiento de la sentencia T -088A de 2014 y de las STC10458-2023 y STC7467 -2016 son, todos ellos, reparos que debieron plantearse antes de la adjudicación o mediante los recursos oportunos contra las decisiones que los resolvieron. Al no haberlo hecho, el actor no puede trasladar

STC10458-2023 y STC7467 -2016 son, todos ellos, reparos que debieron plantearse antes de la adjudicación o mediante los recursos oportunos contra las decisiones que los resolvieron. Al no haberlo hecho, el actor no puede trasladar a esta sede un debate que dejó clausurar dentro del proceso.Radicaciones n.º 11001-02-03-000-2026-06323-00

4.3. No cambia esa conclusión la afirmación del tutelante de que advirtió «la gravedad de la caducidad del avalúo» después del remate. Actuó durante todo el trámite asistido por apoderada judicial, el avalúo y la base de licitación constaban en el expediente desde el auto del 11 de febrero, y el deber del juez de ejercer el control de legalidad no releva a las partes de la carga de alegar las irregularidades del remate en la oportunidad que la ley señala.

4.4. Bajo tales precisiones, no puede abrirse paso el resguardo, pues cuando le es atribuible al interesado la omisión, queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones adversas, en tanto el resultado sería el fruto de su propia incuria.

5. Igual suerte corre la pretensión relacionada con los frutos civiles. Según el auto del 24 de abril de 2026, contra la providencia que rechazó la reclamación de mejoras, frutos e impuestos se interpusieron reposición y, en subsidio, apelación, que aún se en cuentran en trámite. Corresponde entonces al juez natural decidir ese asunto, y el promotor podrá exponer allí sus argumentos sobre la compensación que reclama. Mientras ese mecanismo no se haya agotado, la

apelación, que aún se en cuentran en trámite. Corresponde entonces al juez natural decidir ese asunto, y el promotor podrá exponer allí sus argumentos sobre la compensación que reclama. Mientras ese mecanismo no se haya agotado, la tutela resulta prematura, pues no le es dable al juez constitucional anticipar una decisión que la ley asignó a otra autoridad (numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991).

6. ConclusiónRadicaciones n.º 11001-02-03-000-2026-06323-00

En definitiva, se negará el amparo. La decisión que tuvo por extemporáneos los recursos y declaró bien denegada la apelación es razonable, pues aplicó el horario vigente para el circuito y la postura reciente de esta Corporación. Los reproches contra el re mate y su aprobación no se propusieron en la oportunidad legal, de modo que su desatención es fruto de la incuria del interesado. Y la controversia sobre los frutos civiles aún está pendiente ante el juez natural. Por ello, no hay lugar a la intervención del juez constitucional.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo rogado.

Comuníquese lo resuelto a las partes por un medio expedito y, de no impugnarse esta decisión, en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

expedito y, de no impugnarse esta decisión, en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTARadicaciones n.º 11001-02-03-000-2026-06323-00

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(en comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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