CSJ - STC21291-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC21291-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-06346-00 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D. T. y C. , treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por María Cristina Hernández Fierro contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca y Amazonas; trámite al cual fueron vinculad as las autoridades, partes e intervinientes dentro del juicio de cesación de efectos civiles de matrimonio católico n.° 2023-00153.

ANTECEDENTES

1. La accionante, por medio de apoderado judicial, reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, doble instancia, prevalencia del derecho sustancial y mínimo vital, presuntamente quebrantados por la colegiatura convocada.

2. En síntesis, relató que:Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06346-00

2

2.1. Promovió contra Carlos Alfonso Cifuentes Ruiz, ante el Juzgado Primero de Familia de Soacha, proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico n.° 202300153. En sentencia dictada en audiencia del 22 de abril de 2026, ese despacho decretó la cesación de los efectos civiles del vínculo y declaró disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal. Además, impuso al demandado una

00153. En sentencia dictada en audiencia del 22 de abril de 2026, ese despacho decretó la cesación de los efectos civiles del vínculo y declaró disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal. Además, impuso al demandado una cuota alimentaria mensual de $800.000 a favor de la actora y lo exoneró de costas. En la misma diligencia, su apoderado apeló el fallo y el recurso fue concedido en el efecto suspensivo.

2.2. El 29 de abril siguiente, radicó ante el juzgado un memorial titulado «Sustentación de Reparos Concretos» . En él cuestionó el monto de la cuota alimentaria, la falta de pronunciamiento sobre compensaciones y recompensas y la exoneración en costas. Según su dicho, lo presentó dentro de los cinco días previstos en la Ley 2213 de 2022 y en el Código General del Proceso, y el escrito fue remitido al Tribunal junto con el expediente digital.

2.3. Por auto del 19 de mayo de 2026, el Tribunal admitió la alzada y otorgó a la apelante el término de cinco días para sustentarla. Luego, en auto del 8 de julio de 2026, el magistrado sustanciador declaró desierto el recurso, al considerar que la parte apelante «permaneció silente».

2.4. El 17 de julio de 2026, el Tribunal devolvió el expediente al juzgado de origen. Ese despacho libró los oficiosRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06346-00 3 662 y 663 del 21 de agosto siguiente a las Notarías Tercera y

expediente al juzgado de origen. Ese despacho libró los oficiosRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06346-00 3 662 y 663 del 21 de agosto siguiente a las Notarías Tercera y Cincuenta del Círculo de Bogotá para la inscripción de la sentencia, y expidió la constancia de ejecutoria el 26 de agosto de 2026.

3. A juicio de la gestora, la autoridad cuestionada incurrió en un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto. Sostuvo que pasó por alto que la sustentación ya obraba en el expediente y que le exigió reproducir un escrito idéntico, con lo cua l antepuso las formas al derecho sustancial. Le atribuyó, además, una violación directa de los artículos 13, 42, 228 y 229 de la Constitución, pues la deserción la privó de la segunda instancia y dejó en firme una cuota alimentaria que estima insuficiente frente a sus necesidades básicas y a su condición de salud.

4. Con fundamento en lo expuesto, pidió amparar los derechos invocados, dejar sin efecto el auto del 8 de julio de 2026 y ordenar al Tribunal que tenga por sustentada la apelación con el escrito del 29 de abril de 2026 y la resuelva de fondo. Como medida prov isional, solicitó suspender los efectos de la constancia de ejecutoria y la inscripción ordenada en los oficios 662 y 663.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. La Sala Civil -Familia del Tribunal Superior del

efectos de la constancia de ejecutoria y la inscripción ordenada en los oficios 662 y 663.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. La Sala Civil -Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas explicó queRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06346-00 4 declaró desierta la apelación porque no se sustentó en la oportunidad legal, conforme a las sentencias STC9311-2024 y STC15484-2024. Pidió desestimar el amparo por falta de subsidiariedad, pues la actora no recurrió esa decisión, y alegó la insuficiencia del poder.

2. El Juez Primero de Familia del Circuito de Soacha relató el trámite del proceso y pidió su desvinculación, por no ser la autoridad que profirió la providencia cuestionada.

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de carácter residual y subsidiario, toda vez que solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juez excepcional, con el fin de restablecer el orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial a saber:

«(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia

excepcional, con el fin de restablecer el orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial a saber:

«(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada hayaRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06346-00 5 agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión ius fundamental que alega en sede de tutela ; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv ) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela» (C.C., C-590/05 y SU-813/07) Resalta la Sala.

De igual forma, superadas las anteriores exigencias, es imprescindible que se haya configurado alguno de los defectos específicos, esto es, sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constitución.

2. Problema jurídico

procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constitución.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la tutela procede para cuestionar el auto del 8 de julio de 2026, a través del cual el magistrado sustanciador de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca y Amazonas declaró desierta la apelación que la actora formuló contra la sentencia del 22 de abril de 2026, o si su examen se frustra por el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, al no haberse recurrido esa decisión.

3. La subsidiariedad por incuria

La acción de tutela se rige por el presupuesto de subsidiariedad y, en consecuencia, resulta improcedenteRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06346-00 6 cuando el actor omite el uso oportuno de los medios de defensa dispuestos a su alcance, pues de otra manera se convertiría en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminaría cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental.

En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido:

«(…) [S]i [se] incurrió en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensión de recurrir tal actuación por esta vía extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido diseñado para rescatar términos derrochado s, - pues los

de recurrir tal actuación por esta vía extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido diseñado para rescatar términos derrochado s, - pues los mismos son perentorios e improrrogables, (…) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervención del Juez constitucional en tanto no está dentro de la órbita de su competencia suplir la incuria , los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituyó la tutela (…)» (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 0024101; ratificada en STC de 2 mar. 2011, rad. 2010000380-01.)

Igualmente ha referido que:

«[N]o basta, entonces, que la determinación adoptada por el operador jurídico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que también es necesario establecer si la presunta afectación puede ser superada por los medi os ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si éstos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente . La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jurídico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del artículo 86 de la Const itución Política, en concordancia con el

agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jurídico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del artículo 86 de la Const itución Política, en concordancia con el numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 » (ver entreRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06346-00 7 otras STC5331 -2014; STC5341 -2014; STC6001 -2014) Resalta la Sala.

4. Caso concreto

Anticipa la Sala que se impone declarar la improcedencia del amparo, por cuanto la actora no recurrió la decisión que ahora cuestiona.

La promotora pretende que se deje sin efecto el auto del 8 de julio de 2026, que declaró desierta su apelación, y que se ordene al Tribunal tener por sustentado el recurso con el escrito que radicó ante el juzgado de primer grado el 29 de abril de 2026.

Sin embargo, contra ese proveído procedía el recurso de reposición, conforme al artículo 318 del Código General del Proceso. Ese era el medio idóneo para plantear ante la autoridad de conocimiento los reproches que ahora trae a la tutela. La apelante, en cambio, no interpuso recurso alguno y dejó que la decisión cobrara firmeza.

Esa omisión no puede trasladarse al juez constitucional ni habilitar el examen de fondo del amparo, pues la acción de tutela no suple la incuria de la parte ni reabre las oportunidades que se dejaron precluir.

No altera esa conclusión lo que alega la reclamante sobre

ni habilitar el examen de fondo del amparo, pues la acción de tutela no suple la incuria de la parte ni reabre las oportunidades que se dejaron precluir.

No altera esa conclusión lo que alega la reclamante sobre la prevalencia del derecho sustancial y la garantía de la doble instancia. Esos principios no relevan a las partes de la cargaRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06346-00 8 de controvertir las decisiones que estiman equivocadas, y el debate sobre si el escrito presentado ante el a quo podía suplir la sustentación debió surtirse ante el superior, que es quien define la suerte del recurso.

A lo anterior se añade que no se advierte un perjuicio irremediable que torne imperiosa la intervención inmediata del juez de tutela, comoquiera que no se acreditó circunstancia concreta que revista «las características de gravedad, inminencia y apremio de la intervención del Juez Constitucional» (CSJ STC793-2021; reiterado en STC3196-2022), entendidas como «la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmed iata de los derechos constitucionales fundamentales» (CSJ STC723 -2021; reiterado en STC31962022). La afectación al mínimo vital y a la salud que invoca la actora se planteó en términos generales, sin prueba de sus ingresos ni de sus gastos de subsistencia. Los documentos

2022). La afectación al mínimo vital y a la salud que invoca la actora se planteó en términos generales, sin prueba de sus ingresos ni de sus gastos de subsistencia. Los documentos médicos aportados datan de los años 2014 a 2019 y no dan cuenta de una situación a ctual que demande una intervención urgente. Además, la sentencia de primer grado le reconoció una cuota alimentaria, cuyo monto debía discutirse en la apelación que dejó desierta.

Sobre el punto, cabe reiterar: «si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jurídico, - como aquí ocurrió -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (…)» (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en STC4781-2018, STC7002-Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06346-00 9 2015, 4 jun. rad 00076 -01, STC11348 -2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01).

5. En consecuencia, de conformidad con lo expuesto, se declarará improcedente el amparo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo rogado.

Comuníquese lo resuelto a las partes por un medio expedito y, de no impugnarse esta decisión, en oportunidad

autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo rogado.

Comuníquese lo resuelto a las partes por un medio expedito y, de no impugnarse esta decisión, en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(en comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMARad. n.° 11001-02-03-000-2026-06346-00

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ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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