CSJ - STC21292-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado ponente

STC21292-2026 Radicación nº 11001-02-03-000-2026-06331-00 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D. T. y C. , treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Isaac Elías Olivella Peñate, contra el Juzgado Quince Penal del Circuito de Barranquilla y la Fiscalía 58 Seccional de la Unidad de Patrimonio Económico de esa ciudad , extensiva a la Sala de Casación Penal de esta Corporación; la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Trece Penal del Circuito de ese mismo distrito , trámite al cual fueron vinculados los Juzgados Dieciséis Penal del Circuito y Décimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías, ambos de Barranquilla; y, las partes e intervinientes en el proceso penal radicado nº 2025-00135; la acción de tutela 2026-00313 y el habeas corpus nº 202600126.Rad. n° 11001-02-03-000-2026-06331-00 2

ANTECEDENTES

1. El solicitante, obrando en su propio nombre , invoca la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, libertad personal, dignidad humana y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas.

2. Del escrito inicial y los anexos se extrae en síntesis

que:

acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas.

2. Del escrito inicial y los anexos se extrae en síntesis

que:

2.1. Isaac Elías Olivella Peñate viene siendo procesado penalmente por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y secuestro simple , trámite que se adelanta ante el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Barranquilla (rad. 2025-00135).

El procesado, que cumple medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario, por intermedio de su apoderado defensor, solicitó ante los jueces de control de garantías la libertad provisional por vencimiento de términos.

El Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías el 27 de enero de 2026 accedió a la petición y le concedió la libertad tras estimar superado el plazo legal para el inicio del juicio oral en dicho caso. Sin embargo, el 25 de febrero de 2026 Juzgado Quince Penal del Circuito de esa ciudad, al resolver el recurso de apelación formulado por la Fiscalía y la representación de víctimas, revocó dicha determinación y dispuso nuevamente la capturaRad. n° 11001-02-03-000-2026-06331-00 3 del procesado, luego de considerar que debían descontarse los aplazamientos atribuibles a la defensa.

Frente a esa revocatoria de la libertad, Olivella Peñate acudió inicialmente a la acción de tutela (rad. 2026-00313). La primera instancia fue resuelta el 17 de junio de 2026 por

Frente a esa revocatoria de la libertad, Olivella Peñate acudió inicialmente a la acción de tutela (rad. 2026-00313). La primera instancia fue resuelta el 17 de junio de 2026 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla , autoridad que negó el amparo al considerar razonable la decisión atacada . Al desatar la impugnación el 3 de septiembre de 2026 mediante la sentencia STP176822026, la Sala de Casación Penal de esta Corte, modificó el fallo y declaró improcedente el resguardo, señalando que el mecanismo constitucional idóneo para debatir la legalidad de la privación de la libertad era la acción de hábeas corpus.

En acatamiento a lo indicado por la Corte Suprema de Justicia, el accionante promovió una solicitud hábeas corpus (rad. 2026-00126). En esa actuación el 17 de septiembre de 2026, el Juzgado Trece Penal del Circuito de Barranquilla denegó la solicitud al considerar que la figura del habeas corpus no procedía para revisar el cómputo de plazos. Y, el 22 de septiembre de 2026 el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Penal (magistrado Luigui José Reyes Núñez) confirmó la negativa, sosteniendo que el hábeas corpus no podía desplazar al juez del proceso ni reabrir debates procesales, precisando que, si se alegaba una vía de hecho en el auto de revocatoria, la vía adecuada correspondía a la acción de tutela.Rad. n° 11001-02-03-000-2026-06331-00 4 2.2. Acude el actor a esta nueva tutela para cuestionar,

hecho en el auto de revocatoria, la vía adecuada correspondía a la acción de tutela.Rad. n° 11001-02-03-000-2026-06331-00 4 2.2. Acude el actor a esta nueva tutela para cuestionar, otra vez, las decisiones que en sede de control de garantías le negaron (o revocaron) la libertad por vencimiento de términos, así como aquellas que declararon improcedentes las acciones constitucionales de tutela y habeas corpus que promovió con el fin de derruir aquella decisión que le impidió continuar en libertad en el asunto penal que se sigue en su contra.

En primer lugar, reitera sus cuestionamientos frente a la determinación que le negó acceder a la libertad por vencimiento de términos, S ostiene que el Juzgado Quince Penal del Circuito realizó un cálculo indebido de los términos procesales y le imputó erróneamente a la bancada defensiva dilaciones e interrupciones que no le correspondían.

Aunado a lo anterior, reprueba la disparidad de criterio aplicada en el marco del mismo expediente penal, pues otros coprocesados obtuvieron el beneficio de libertad por vencimiento de términos decretado por el juez de garantías y posteriormente confirmado en segunda instancia por el Juzgado Trece Penal del Circuito de Barranquilla el 19 de junio de 2026. Bajo esa premisa, reprocha que, ante presupuestos fácticos y procesales idénticos dentro de la misma causa, al accionante se le hubiera revocado el beneficio y ordenado su recaptura.

Finalmente, critica la situación de desamparo institucional producida por la divergencia entre los

misma causa, al accionante se le hubiera revocado el beneficio y ordenado su recaptura.

Finalmente, critica la situación de desamparo institucional producida por la divergencia entre los pronunciamientos constitucionales, puesto que, la directrizRad. n° 11001-02-03-000-2026-06331-00 5 fijada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al declarar improcedente su tutela la cumplió, esto es, que acudiera al habeas corpus ; no obstante, las autoridades que conocieron y resolvieron este último, igualmente lo declararon inviable argumentando que la vía idónea continuaba siendo la tutela, lo cual impidió un juzgamiento de fondo sobre la legalidad de la orden de aprehensión vigente.

3. Por lo anterior, pretende que, se deje n sin efecto las decisiones cuestionadas, y principalmente, la providencia proferida el 25 de febrero de 2026 por el Juzgado 15 Penal del Circuito de Barranquilla mediante la cual revocó la libertad por vencimiento de términos y ordenó nuevamente su captura.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El magistrado de la Sala de Casación Penal, ponente de la sentencia de tutela que también se cuestiona, expuso que esa Sala declaró improcedente una tutela previa promovida por el mismo accionante al considerar que no satisfacía el principio de subsidiariedad, indicando que la controversia sobre la privación de la libertad debía canalizarse mediante la acción de hábeas co rpus. Defendió la legalidad de la actuación surtida y sostuvo que no se

satisfacía el principio de subsidiariedad, indicando que la controversia sobre la privación de la libertad debía canalizarse mediante la acción de hábeas co rpus. Defendió la legalidad de la actuación surtida y sostuvo que no se comprometió ningún derecho fundamental del actor.

2. La Juez Trece Penal del Circuito informó que el 16 de septiembre de 2026 le fue repartida la solicitud de hábeasRad. n° 11001-02-03-000-2026-06331-00 6 corpus preventivo instaurada por el accionante, la cual admitió y resolvió al día siguiente denegándola por considerar que la orden de captura derivaba de una providencia judicial dictada por autoridad competente dentro de un proceso penal en curso.

3. El Juez Quince Penal del Circuito de esa ciudad indicó que mediante providencia del 25 de febrero de 2026 resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y la representación de víctimas, revocando la libertad por vencimiento de términos otorgada al accionante y ordenando su reclusión en cumplimie nto de la medida de aseguramiento. Explicó que dicha determinación se profirió tras una revisión de las actuaciones y del cómputo de plazos procesales, sosteniendo que no vulneró garantía alguna, por lo que solicitó declarar improcedente el amparo, y precisó que posteriormente se declaró impedido para seguir con el trámite penal.

4. El Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de la capital del Atlántico precisó que asumió el conocimiento del expediente penal el 3 de marzo de 2026 tras aceptar el

trámite penal.

4. El Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de la capital del Atlántico precisó que asumió el conocimiento del expediente penal el 3 de marzo de 2026 tras aceptar el impedimento presentado por su homólogo Quince Penal del Circuito, encontrándose la causa en etapa de juicio oral con distintas reprogramaciones de audiencia. Aclaró que los hechos que motivan el reclamo se originaron en la decisión de apelación que revocó la libertad dictada previamente por el Juzgado Quince Penal del Circuito, autoridad que ya no custodia el expediente por haberse remitido a su despacho.Rad. n° 11001-02-03-000-2026-06331-00

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5. La apoderada judicial de la Compañía Colombiana de Seguridad Transbank Ltda., solicitó declarar temeraria e improcedente la acción o negar el amparo, argumentando que el accionante promovió de forma reiterada la misma pretensión en sede de tutela y de hábeas corpus contra el auto del 25 de febrero de 2026.

6. El procurador 47 Judicial II Penal de Barranquilla aclaró que el Ministerio Público no intervino en las audiencias preliminares ni en la diligencia del 25 de febrero de 2026 en la cual el Juzgado Quince Penal del Circuito revocó la libertad del accionante. Argumentó que la tutela resultaba improcedente po r incumplir el requisito de subsidiariedad, toda vez que el procesado dispon e de mecanismos ordinarios en el proceso penal (como una nueva solicitud de libertad por vencimiento de términos o la revocatoria de la medida de aseguramiento ) sin que se

subsidiariedad, toda vez que el procesado dispon e de mecanismos ordinarios en el proceso penal (como una nueva solicitud de libertad por vencimiento de términos o la revocatoria de la medida de aseguramiento ) sin que se hubiere acreditado un perjuicio irremediable.

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas por el actor al revocarle la libertad obtenida inicialmente por vencimiento de términos en el proceso penal que se le adelanta (rad. 2025-00135) – Juzgado Quince Penal del Circuito de Barranquilla –; y aquellas que negaron los amparos constitucionales (acción de tutela yRad. n° 11001-02-03-000-2026-06331-00 8 habeas corpus) que a su turno promovió contra esa primera determinación.

2. Improcedencia de la tutela utilizada como instancia adicional

2.1. Preliminarmente, la Sala precisa que habrá de descartarse el ejercicio temerario de la acción o duplicidad de solicitudes. Si bien el accionante promovió previamente un ruego tutelar contra la providencia del 25 de febrero de 2026 emitida por el Juzgado Quince Penal del Circuito de Barranquilla, la Sala de Casación Penal de esta Corporación al resolver la impugnación mediante providencia STP176822026, declaró improcedente el trámite sin efectuar un análisis de fondo sobre la legalidad del proveído atacado, al considerar que la vía judicial idónea para debatir la afectación de la

al resolver la impugnación mediante providencia STP176822026, declaró improcedente el trámite sin efectuar un análisis de fondo sobre la legalidad del proveído atacado, al considerar que la vía judicial idónea para debatir la afectación de la libertad era la acción de hábeas corpus. En ese orden, al no haber existido un pronunciamiento sobre la pretensión sustancial en el anterior juzgamiento constitucional, se descarta la configuración de una actuación repetitiva que impida el examen de lo planteado.

Aunado a lo anterior, la procedencia del estudio se respalda en el surgimiento de elementos fácticos y jurídicos adicionales con posterioridad a la primera acción de tutela. En efecto, el accionante acudió al trámite de hábeas corpus dispuesto por la jurisdicción, el cual fue denegado en ambas instancias por cuanto las autoridades que lo resolvieron consideraron que la controversia propuesta debía ventilarse a través de la acción de tutela. De este modo, la formulación deRad. n° 11001-02-03-000-2026-06331-00 9 censuras frente a las decisiones constitucionales que le negaron la protección, sumada a la secuencia procesal sobreviniente, constituye el advenimiento de circunstancias novedosas que desvirtúan la temeridad.

2.2. Ahora bien, descendiendo al sublite, el actor planteó un abierto disenso frente a la valoración probatoria y al cálculo de términos procesales realizado por la autoridad accionada al resolver el recurso de apelación (dentro del trámite de libertad por vencimiento de términos).

El promotor del amparo sostiene explícitamente que la

al cálculo de términos procesales realizado por la autoridad accionada al resolver el recurso de apelación (dentro del trámite de libertad por vencimiento de términos).

El promotor del amparo sostiene explícitamente que la referida providencia judicial «incurre en una vía de hecho por defecto fáctico y sustantivo, toda vez que efectuó una indebida contabilización de los términos procesales y atribuyó a la defensa dilaciones que no le son imputables». Con base en dicha premisa, pretende sustituir el criterio del juez ordinario de segunda instancia, solicitando directamente al juez constitucional «dejar sin efectos la providencia proferida el 25 de febrero de 2026 por el Juzgado 15 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla mediante la cual revocó la libertad por vencimiento de términos y ordenó nuevamente mi aprehensión».

Asimismo, recrimina de la decisión de alzada un presunto quebrantamiento del principio de igualdad derivado de la confrontación con otras determinaciones adoptadas dentro de la misma causa penal. Al respecto, censura que «dentro del mismo proceso penal otros procesados, entre ellos ROYMAN ALVARADO PÉREZ y JUAN ANTONIO PUGLIESE GUEVARA, obtuvieron libertad por vencimiento de términos, decisión que fue confirmada por El Juez 13 Penal Circuito de Barranquilla en segunda instancia, situación queRad. n° 11001-02-03-000-2026-06331-00 10 evidencia un trato desigual frente a circunstancias sustancialmente similares».

A través de esta alegación, el demandante busca que la

10 evidencia un trato desigual frente a circunstancias sustancialmente similares».

A través de esta alegación, el demandante busca que la jurisdicción constitucional efectúe una equiparación automática de actuaciones procesales y revalúe si los aplazamientos de las audiencias debían o no imputarse a la bancada defensiva de manera unificada.

Finalmente, solicita del juez de tutela que ordene al despacho accionado «emitir una nueva decisión respetando los derechos fundamentales invocados y efectuando una valoración adecuada del cómputo de términos procesales».

En suma, los argumentos expuestos gravitan en torno a la mera inconformidad con el conteo de días calendario y la asignación de maniobras dilatorias, pretendiendo que el juez constitucional asuma la función supletoria del juez natural de control de garantías y de conocimiento para invalidar una providencia judicial ordinaria motivada.

En efecto , nótese , alegatos así formulados son incompatibles con este auxilio, pues son clara evidencia que el gestor del resguardo pretende anteponer su propia comprensión a la del juez accionado y atacar, por esta senda, la decisión que le fue desfavorable, finalidad que resulta ajena a la acción de tutela, mecanismo que, dada su naturaleza excepcional no fue establecido para erigirse como una instancia más o paralela del juicio ordinario.Rad. n° 11001-02-03-000-2026-06331-00 11 Además, incumbe a quien ejercite la acción de amparo contra una resolución jurisdiccional no sólo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la

11 Además, incumbe a quien ejercite la acción de amparo contra una resolución jurisdiccional no sólo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la valoración probatoria o aplicación de una normativa específica, sino también, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresión arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando el laborío del fallador, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicación de los vicios que le atribuye, que fuera de la órbita de la autonomía e independencia que caracteriza la función judicial, configuran vía de hecho.

Entonces, observa la Corte que en realidad lo que hace el tutelante es insistir en puntos agotados y resueltos de fondo en el escenario de control de garantías por el juez de esa especialidad en virtud de sus específicas competencias, es decir, lo que contienen sus argumentos es un recurso, pretensión que contraría el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela.

En este evento, la intención de l querellante es que se otorgue validez a su personal apreciación sobre el conteo de los cómputos procesales para el inicio del juicio oral y a su desacuerdo con la atribución de culpas a su defensa respecto de algunos aplazamientos de audiencias y dilaciones en el trámite; en todo caso, un examen que implicaría, como ya se indicó, una nueva revisión de instancia en la que el juez deRad. n° 11001-02-03-000-2026-06331-00 12 amparo se alejaría de su rol constitucional para entrar a

indicó, una nueva revisión de instancia en la que el juez deRad. n° 11001-02-03-000-2026-06331-00 12 amparo se alejaría de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicción ordinaria.

En relación con lo anterior, la Corte ha sostenido que,

«El Juez de tutela, a pretexto de examinar si existió vulneración de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisión de los jueces ordinarios que conocieron del trámite y los recursos, como si esta acción hubiere sido concedida como un medio de impugnación -paraleloque se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (...) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorgárselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De allí que toda consideración en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del ampa ro, quien en la esfera que ocupa la atención de la Sala, tiene una competencia limitada y también residual. Tanto, que en concepto configuración de una de las apellidadas vías de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria » (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01).

También se ha precisado que:

«(…) el mecanismo de amparo constitucional no está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de

3 feb. rad. 02126-01).

También se ha precisado que:

«(…) el mecanismo de amparo constitucional no está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico a través del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo » (CSJ STC, 15 feb. 2011, r ad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC47052016, 13 ab. rad. 00077-01).Rad. n° 11001-02-03-000-2026-06331-00 13 Finalmente, cabe señalar que con suficiencia la Corte ha dicho que «independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, la reseñada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque éste pueda ser susceptible de otra exégesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia » (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp.

discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia » (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974 -01 y el 18 de enero de 2012).

3. Improcedencia de la acción de tutela contra decisiones de la misma naturaleza y de habeas corpus

3.1. En relación con los reproches dirigidos contra sentencias de tutela, esta Sala ha reiterado de manera constante la impertinencia de la acción de amparo para controvertir determinaciones proferidas dentro de otro trámite de la misma naturaleza constitucional, en atención a que el ordenamiento jurídico estatuyó como únicos mecanismos legítimos de contradicción la impugnación y la eventual revisión ante la Corte Constitucional (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619 -00; CSJ STC4241 -2016 y CC SU1219/01).

Permitir un nuevo juzgamiento sobre lo resuelto por los jueces de tutela vulneraría las causales genéricas de procedibilidad de la acción contra providencias judiciales yRad. n° 11001-02-03-000-2026-06331-00 14 desataría una cadena indefinida de amparos sobre el mismo debate iusfundamental (CSJ STC 20 may. 2011, rad. 0065901 y CSJ STC1894-2016).

En tal virtud, la procedencia excepcional del amparo en estos eventos se restringe de forma estricta a la verificación de anomalías procesales por indebida integración del

01 y CSJ STC1894-2016).

En tal virtud, la procedencia excepcional del amparo en estos eventos se restringe de forma estricta a la verificación de anomalías procesales por indebida integración del contradictorio o falta de notificación a terceros interesados (CSJ STC 16 nov. 2011, rad. 01315-01), o bien cuando se compruebe de manera clara y suficiente que el fallo de tutela anterior fue producto de un esquema de fraude a la ley – fraus omnia corrumpit –, siempre que no exista identidad procesal ni otro mecanismo de defensa judicial disponible

(CC T-951/13 y CC SU-627/15).

Por su parte, en lo atinente a las censuras enfiladas contra decisiones adoptadas dentro del trámite de hábeas corpus, la jurisprudencia de esta Corporación ha consolidado la regla de procedibilidad que veda la utilización de la acción de tutela para revisar dichas providencias. Ello responde a que las determinaciones que resuelven la solicitud de libertad encarnan en sí mismas una acción constitucional preferente y autónoma dispuesta por la Carta Política para la salvaguarda inmediata de ese derecho fundamental (CSJ STC 10 mar. 2011, rad. 00383 -00; CSJ STC17508 -2015; CSJ STC12261-2016; CSJ STC168 -2017; CSJ STC 19 jun. 2007, rad. 01194-01 y CSJ STC19498-2017).

De ahí que la intervención del juez de tutela frente a actuaciones surtidas en el trámite de hábeas corpus resulteRad. n° 11001-02-03-000-2026-06331-00 15

De ahí que la intervención del juez de tutela frente a actuaciones surtidas en el trámite de hábeas corpus resulteRad. n° 11001-02-03-000-2026-06331-00 15 excepcionada y restringida únicamente a verificar la legalidad del procedimiento cuando se invoque y demuestre una grave y manifiesta vulneración al debido proceso o a la defensa acaecida durante la sustanciación de dicha actuación sumaria (CSJ Civil 30 ma y. 2013, rad. 201301116-00 y CSJ STC16661 -2014); por lo que, cuando la demanda persigue reproducir la pretensión de libertad o expresar la simple inconformidad con la valoración probatoria o el criterio jurídico expresado por los falladores del hábeas cor pus, la solicitud deviene francamente improcedente (CSJ STC15888-2016).

3.2. Teniendo en cuenta lo anterior, y al contrastar los fundamentos de la demanda con la jurisprudencia en mención, se concluye que las objeciones planteadas por el accionante contra la providencia emitida en el primer trámite de tutela , mediante la cual la Sala de Casación Penal, en sentencia STP17682-2026, declaró improcedente el amparo, encajan en la causal genérica de improcedencia reseñada.

El promotor de la acción orienta su reproche a manifestar la inconformidad con la tesis sustentada por el juzgador extraordinario respecto del carácter subsidiario del amparo frente a la libertad, sin estructurar una tacha procedimental válida. En efecto, el libelista no alegó ni demostró que dicha decisión constitucional hubiere sido el resultado de una situación de fraude o de una maniobra

amparo frente a la libertad, sin estructurar una tacha procedimental válida. En efecto, el libelista no alegó ni demostró que dicha decisión constitucional hubiere sido el resultado de una situación de fraude o de una maniobra engañosa bajo la tesis del fraus omnia corrumpit, razón por la cual no es factible jurídicamente reabrir la discusión ni revisar el fallo constitucional dictado precedentemente.Rad. n° 11001-02-03-000-2026-06331-00 16

3.3. En idéntico sentido, los cuestionamientos dirigidos contra los fallos de hábeas corpus preventivo dictados el 17 de septiembre de 2026 por el Juzgado Trece Penal del Circuito de Barranquilla y el 22 de septiembre de 2026 por la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad se encuentran cobijados por la referida regla de improcedencia.

La inconformidad formulada por el interesado constituye una reiteración de las razones expuestas en la solicitud de libertad por vencimiento de términos y un disenso directo frente a la interpretación sustentada por las autoridades judiciales en torno a la inviabilidad del hábeas corpus para valorar el cómputo de plazos procesales.

No obstante, el actor omitió acreditar la existencia de una irregularidad procesal determinante, un defecto manifiesto o una flagrante vía de hecho surgida en la tramitación del procedimiento constitucional que hubiere afectado sus garantías de defensa.

Por consiguiente, al verificar que los reclamos contra las providencias expedidas tanto en la tutela anterior (rad.

tramitación del procedimiento constitucional que hubiere afectado sus garantías de defensa.

Por consiguiente, al verificar que los reclamos contra las providencias expedidas tanto en la tutela anterior (rad. 2026-00313) como en la actuación de hábeas corpus (rad. 2026-00126) obedecen al simple desacuerdo con la motivación jurídica de los falladores constitucionales, sin la concurrencia de las circunstancias excepcionales de fraude o vía de hecho procesal, tales pretensiones resultan improcedentes.Rad. n° 11001-02-03-000-2026-06331-00 17

Esta circunstancia inhibe a la Sala para efectuar el examen de fondo sobre el contenido de dichos pronunciamientos constitucionales, motivo por el cual, frente a este punto específico, la presente súplica habrá igualmente de desestimarse, como se anticipó

4. Corolario de lo discurrido, se impone declarar la improcedencia de la actual salvaguarda.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil , Agraria y Rural , administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a través de la acción de tutela referenciada.

Comuníquese lo aquí resuelto a las partes por el medio más expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, remítanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

remítanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(en comisión de servicios)Rad. n° 11001-02-03-000-2026-06331-00 18

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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