CSJ - STC21312-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC21312-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-05846-00 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D. T. y C. , treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela que María promovió contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; tramite al que fueron vinculados las autoridades, partes e intervinientes en el amparo n.° 202X-0XXXX.

ANOTACIÓN PRELIMINAR

La accionante solicitó que en la presente actuación se disponga la protección de sus datos personales, debido a que el expediente y sus anexos contienen información sensible relacionada con su salud y esfera íntima. En concreto, pidió que dicha información se utilice únicamente cuando resulte indispensable para resolver el asunto, que los anexos médicos permanezcan bajo acceso restringido y que, en toda versión pública de las providencias, su nombre seaRad. n° 11001-02-03-000-2026-05846-00 2 sustituido por el seudónimo «María», suprimiendo su cualquier otro dato que permita individualizarla.

Así las cosas, l a solicitud será acogida, por cuanto el expediente contiene información relativa a la salud y a la esfera íntima de la accionante, la cual tiene el carácter de dato personal sensible. Además, en la sentencia objeto del amparo referenciado ya se había dispuesto sustituir su

expediente contiene información relativa a la salud y a la esfera íntima de la accionante, la cual tiene el carácter de dato personal sensible. Además, en la sentencia objeto del amparo referenciado ya se había dispuesto sustituir su identidad para todo efecto publicable, medida que resulta pertinente mantener para proteger sus derechos a la intimidad y al hábeas data.

En consecuencia, en aras de garantizar la protección a la intimidad de la accionante en el presente asunto, se suprimirá de toda futura publicación de esta providencia la información de cualquier dato que permita su identificación, para lo cual se elaborará otro texto, de igual tenor, que será el publicable para todos los efectos.

ANTECEDENTES

1. La accionante reclaman la protección a su derecho fundamental de petición presuntamente vulnerado por la autoridad convocada.

2. En síntesis, señaló que el 6 de febrero de 20XX, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió la sentencia STPXXXX-XXXX en la cual, entre otros, ordenó preservar su identidad mediante la sustitución de su nombre por «María» en toda versión publicable. No obstante,Rad. n° 11001-02-03-000-2026-05846-00 3 posteriormente, advirtió que en una plataforma digital se había publicado una versión identificable de la providencia que asociaba su nombre real con información sensible sobre su salud y situación laboral.

Relató que, p or ello, el 18 de septiembre de 20XX presentó derecho de petición ante la Presidencia de la Sala de Casación Penal, con copia a la secretaría y relatoría en la que

su salud y situación laboral.

Relató que, p or ello, el 18 de septiembre de 20XX presentó derecho de petición ante la Presidencia de la Sala de Casación Penal, con copia a la secretaría y relatoría en la que les formuló cuarenta y dos solicitudes dirigidas a establecer la trazabilidad de las versiones de la sentencia, el cumplimiento de la anonimización, su publicación y circulación, los registros técnicos existentes y las medidas de gestión documental. Asimismo, pidió la preservación urgente de la evidencia digital relacionada.

Manifestó que el 25 de septiembre de 20XX, la accionada remitió una comunicación que calificó expresamente como respuesta al derecho de petición. Sin embargo, se limitó a notificar nuevamente la sentencia y a reiterar información general sobre la orden de anonimización, sin resolver de manera individual, clara, precisa, congruente y de fondo las solicitudes formuladas.

3. En consecuencia, pretende que se ordene a la corporación convocada responder de manera clara, completa, congruente, documentada e individualizada cada una de las 42 solicitudes formuladas, mediante la entrega de la información, la justificación de su inexistencia, imposibilidad o reserva, o su remisión a la autoridad competente. Asimismo, solicita preservar la evidencia digitalRad. n° 11001-02-03-000-2026-05846-00 4 relevante y garantizar la protección reforzada, anonimización y acceso restringido de sus datos personales y de salud.

RESPUESTA DEL ACCIONADO

1. La Sala de Casación Penal advirtió que atendió oportunamente la petición de la accionante mediante «oficio

y acceso restringido de sus datos personales y de salud.

RESPUESTA DEL ACCIONADO

1. La Sala de Casación Penal advirtió que atendió oportunamente la petición de la accionante mediante «oficio 95396» del 25 de septiembre de 20XX en el que le señaló que la sentencia referenciada fue notificada, remitida automáticamente a la relatoría y que se sustituyó su nombre en cumplimiento de la orden de anonimización. Con fundamento en ello solicitó su desvinculación del trámite o, subsidiariamente, que se declarara la existencia de un hecho superado.

2. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil advirtieron su falta de legitimación en la causa por pasiva.

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela.

El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o ame nazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medioRad. n° 11001-02-03-000-2026-05846-00 5 de defensa judicial o si existe, cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.

2. Del derecho de petición.

Conforme al artículo 23 de la Constitución Política los ciudadanos pueden presentar peticiones respetuosas ante las autoridades o los particulares en los términos señalados en la ley, y obtener de ellos una pronta resolución. Esta

Conforme al artículo 23 de la Constitución Política los ciudadanos pueden presentar peticiones respetuosas ante las autoridades o los particulares en los términos señalados en la ley, y obtener de ellos una pronta resolución. Esta garantía fundamental impl ica no solo la emisión de una respuesta, sino, además, que la misma se resuelva de manera, i) oportuna, dentro del lapso previsto en el ordenamiento jurídico; ii) de fondo, es decir, clara, precisa y congruente con lo peticionado, y debe; iii) ponerse en conocimiento del solicitante. En otras palabras, la respuesta debe satisfacer el núcleo esencial de este derecho fundamental.

3. Caso concreto.

3.1. En el presente asunto, se encuentra acreditado que la accionante solicitó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante derecho de petición presentado el 18 de septiembre de 20XX, información, documentos y certificaciones relacionados con la sentencia

STPXXXX-XXXX.

En particular, formuló cuarenta y dos requerimientos orientados a establecer la existencia y características de lasRad. n° 11001-02-03-000-2026-05846-00 6 distintas versiones electrónicas de la providencia, la trazabilidad de su anonimización, las condiciones de su publicación en internet, los registros técnicos de acceso y descarga, los mecanismos mediante los cuales algunos proveedores jurídicos pudieron acceder a ella, su indexación en motores de búsqueda, las medidas posteriores de corrección y los procedimientos de gestión documental y seguridad de la información. Asimismo, solicitó la preservación de los registros y evidencias digitales relevantes

proveedores jurídicos pudieron acceder a ella, su indexación en motores de búsqueda, las medidas posteriores de corrección y los procedimientos de gestión documental y seguridad de la información. Asimismo, solicitó la preservación de los registros y evidencias digitales relevantes y precisó la forma en que debía responderse ante la inexistencia, eliminación, reserva o falta de competencia respecto de la información requerida1.

Mediante comunicación del 25 de septiembre de 20XX, la autoridad convocada afirmó haber dado respuesta a su solicitud. Sin embargo, en criterio de la interesada, esa contestación se limitó a remitir nuevamente la sentencia y a reiterar información general acerca de la orden de anonimización, sin resolver de manera clara, precisa, congruente e individualizada los cuarenta y dos requerimientos planteados.

Ahora, de los elementos incorporados a la actuación se advierte que, con posterioridad a la presentación de la acción de tutela, la autoridad accionada amplió la contestación inicialmente suministrada. En efecto, mediante comunicación del 5 de octubre de 20XX, informó las circunstancias relacionadas con el ingreso y la asignación de

1 Cfr. Expediente ESAV archivo «003Anexos.zip» - documento «ANEXOS_28_9, 16_41_19.pdf» folios 4 – 10.Rad. n° 11001-02-03-000-2026-05846-00 7 la actuación, identificó la providencia objeto de consulta y explicó el alcance de la orden de anonimización impartida en ella. Asimismo, describió el procedimiento mediante el cual la secretaría remite las decisiones a la relatoría, relacionó las comunicaciones y los oficios expedidos para notificar el fallo

explicó el alcance de la orden de anonimización impartida en ella. Asimismo, describió el procedimiento mediante el cual la secretaría remite las decisiones a la relatoría, relacionó las comunicaciones y los oficios expedidos para notificar el fallo y cumplir las determinaciones adoptadas, y precisó que la sustitución del nombre de la accionante por el seudónimo «María» fue efectuada desde el 28 de febrero de 20XX.

En esa misma comunicación, la convocada informó que la actuación fue devuelta al tribunal, por cuanto no fue seleccionada para revisión constitucional, le facilitó el acceso al expediente digital y remitió veinticinco documentos vinculados con el trámite, entre ellos la sentencia, los soportes de envío, las constancias de notificación, los oficios expedidos, los memoriales y sus anexos.

3.2. Examinadas en conjunto las comunicaciones remitidas y los documentos puestos a disposición de la accionante, la Sala encuentra que la respuesta complementaria modificó sustancialmente la situación que dio origen a la acción constitucional.

En efecto, la autoridad convocada no se limitó a remitir nuevamente la sentencia ni a reproducir de manera abstracta la orden de anonimización, sino que suministró datos concretos sobre el trámite de la providencia, la dependencia encargada de ejecutar aquella medida, la fecha en que se produjo la sustitución del nombre, los oficios mediante los cuales se comunicaron las órdenesRad. n° 11001-02-03-000-2026-05846-00 8 correspondientes, el destino posterior del expediente y los documentos que integran la actuación.

En este caso, el propósito central de la solicitud

8 correspondientes, el destino posterior del expediente y los documentos que integran la actuación.

En este caso, el propósito central de la solicitud consistía en conocer la trazabilidad de la sentencia STPXXXX-XXXX, verificar el cumplimiento de la orden de anonimización, identificar las actuaciones adelantadas por las dependencias involucradas y obtener los soportes documentales disponibles. Tales asuntos fueron abordados en la respuesta complementaria remitida por la homóloga Sala de Casación Penal , pues explicó el flujo institucional seguido por la providencia, precisó la fecha en que se efectuó la anonimización, identificó las comunicaciones expedidas para materializarla y permitió el acceso a los documentos existentes en el expediente.

En tales condiciones, si bien la gestora estima que la comunicación inicial del 25 de septiembre de 20XX resultó insuficiente para satisfacer integralmente el derecho fundamental invocado, durante el trámite de esta acción la autoridad accionada emitió una respuesta complementaria, suministró información concreta, permitió el acceso al expediente digital y remitió los documentos disponibles relacionados con el objeto de la solicitud. De este modo, desapareció la situ ación fáctica que motivó la interposición del mecanismo de amparo.

En este sentido, el amparo invocado -en la forma inicialmente elevadose muestra improcedente, al constituir una carencia actual de objeto por hecho superado, figuraRad. n° 11001-02-03-000-2026-05846-00 9 sobre la cual esta Corporación ha precisado que «si la omisión por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está

9 sobre la cual esta Corporación ha precisado que «si la omisión por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y razón de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecería de sentido » (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01 reiterada entre otras en STC2909-2024).

4. Conclusión.

En conclusión, la autoridad convocada resolvió materialmente el núcleo de lo solicitado, suministró la información y los documentos disponibles y comunicó efectivamente su determinación; por tanto, cesó la vulneración alegada y se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, razón por la cual se declarará improcedente el amparo solicitado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela de la referencia.

Comuníquese lo resuelto por el medio más expedito a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado este fallo.Rad. n° 11001-02-03-000-2026-05846-00 10

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

impugnado este fallo.Rad. n° 11001-02-03-000-2026-05846-00 10

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(En comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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