CSJ - STC21331-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC21331-2026 Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02224-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D. T. y C. , treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Sala la impugnación formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Familia del Tribunal Superior de Bogotá el pasado 2 5 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por Carlos Andrey Rico Flórez y José Abraham Flórez Santiago contra los Juzgados Treinta y Cuatro de Familia de Bogotá y Promiscuo Municipal de La Calera; trámite al cual fueron vinculadas las autoridades, partes e intervinientes dentro de la sucesión n.° 2019-00233-00.

ANTECEDENTES

1. Los accionantes reclaman la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción y acceso a la administración de justicia, que estiman vulnerados por las autoridades convocadas.Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02224-01

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2. Expusieron en síntesis que:

2.1. El Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera, en el proceso de sucesión de Augusto Flórez Sastoque, aprobó el trabajo de partición mediante sentencia de 15 de febrero de 2024 y ordenó el secuestro simbólico del derecho de cuota del causante sobre el predio «Casa Vieja», diligencia para la

el trabajo de partición mediante sentencia de 15 de febrero de 2024 y ordenó el secuestro simbólico del derecho de cuota del causante sobre el predio «Casa Vieja», diligencia para la cual comisionó a la Alcaldía de ese municipio.

2.2. En diligencia de 22 de mayo de 2024, los aquí tutelantes se opusieron al secuestro con fundamento en los artículos 309 y 596 del Código General del Proceso, por ejercer posesión material exclusiva sobre el inmueble desde

1990. Para acreditarla invocaron el fallo policivo de 25 de septiembre de 2017, que amparó su posesión y ordenó el desalojo de los herederos, los testimonios del arrendatario y de los vecinos, y la declaración de Manuel Ignacio Flórez Alayón, hijo del causante, según la cual su padre había negociado sus derechos sobre el fundo.

2.3. El juzgado negó la oposición en audiencia de 3 de marzo de 2025, por considerar que la ocupación correspondía a una tenencia de comuneros. El Juzgado Treinta y Cuatro de Familia de Bogotá confirmó esa decisión el 28 de mayo de 2026 y, en cumplimiento de lo resuelto, el juzgado de origen libró el Despacho Comisorio n.° 046 de 2026 para continuar la diligencia.Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02224-01 3

3. Alegaron que las autoridades accionadas incurrieron en: (i) falta de motivación, al no resolver los reparos concretos de la apelación; (ii) defecto fáctico, al omitir el fallo policivo y la declaración del hijo del causante,

incurrieron en: (i) falta de motivación, al no resolver los reparos concretos de la apelación; (ii) defecto fáctico, al omitir el fallo policivo y la declaración del hijo del causante, fraccionar el testimonio del arrendatario, tener como actos posesorios las visitas ocasionales de los herederos y suponer que los procesos de pertenencia anteriores no p rosperaron, cuando terminaron por rechazo de la demanda; y (iii) defecto sustantivo, al condicionar el éxito de la oposición a que se hubiera adelantado el juicio de sucesión del causante.

4. En consecuencia, pretenden que se dejen sin efecto los autos de 3 de marzo de 2025 y 28 de mayo de 2026 y que se ordene al juzgado de segunda instancia resolver de fondo los reparos de la alzada. Como medida provisional, pidieron suspender la ejecución del Despacho Comisorio n.° 046 de 2026.

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. El Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera se opuso al amparo. Precisó que decretó y practicó todas las pruebas pedidas por los opositores, incluidos el fallo policivo y el testimonio de Manuel Ignacio Flórez Alayón, y que estas fueron valoradas en conjunto, de modo que la inconformidad recae sobre las conclusiones probatorias.

2. El Juzgado Treinta y Cuatro de Familia de Bogotá señaló que confirmó la providencia apelada porque no halló acreditada una posesión exclusiva frente a los demásRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02224-01

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señaló que confirmó la providencia apelada porque no halló acreditada una posesión exclusiva frente a los demásRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02224-01 4 coherederos, sino actos de administración derivados de los derechos de cuota de los opositores . P idió negar la protección.

3. La Alcaldía Municipal de La Calera solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues actúa como comisionada sin competencia para decidir sobre la posesión.

4. El apoderado de los herederos reconocidos en la sucesión pidió declarar improcedente el amparo, por carecer de relevancia constitucional, y declarar la temeridad.

FALLO IMPUGNADO

La Sala Familia del Tribunal Superior de Bogotá negó el amparo. Consideró que, frente a la falta de motivación, no se cumplía la subsidiariedad, pues los tutelantes pudieron pedir la adición del auto conforme al artículo 287 del Código General del Proceso. Añadió que el juez de segunda instancia relacionó y valoró en conjunto los testimonios de ambos extremos, el certificado de tradición y los antecedentes judiciales y policivos, por lo que la discrepancia recae sobre el mérito otorgado a las pruebas.

Por último, descartó el defecto sustantivo, pues el juzgado no exigió que se hubiera tramitado la sucesión para resolver la oposición, sino que la negó por no estar probada la posesión exclusiva.Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02224-01 5

IMPUGNACIÓN

Los tutelantes insistieron en que exigir la adición del

resolver la oposición, sino que la negó por no estar probada la posesión exclusiva.Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02224-01 5

IMPUGNACIÓN

Los tutelantes insistieron en que exigir la adición del auto constituye un exceso ritual, en la omisión del fallo policivo y de la declaración del hijo del causante, en el alcance dado a los procesos de pertenencia rechazados y en el requisito, ajeno a la ley, de haberse adelantado la sucesión. Pidieron revocar el fallo y conceder el amparo, y en escrito separado reiteraron la solicitud de medida provisional.

CONSIDERACIONES

1. Relevancia constitucional – Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado que la acción de tutela no procede, por regla general, contra providencias judiciales. Así lo impone el respeto por la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía e independencia de quien administra justicia, principios que impedirían convertir el amparo en un recurso adicional para reabrir controversias ya definidas por el juez natural. Únicamente de manera excepcional, cuando la decisión judicial lesiona derechos fundamentales, resulta admisible el amparo, bajo la condición de que se acrediten los requisitos de carácter general, que habilitan el estudio de la solicitud, y otros específicos o materiales, que autorizan la prosperidad de la protección (CC C-590 de 2005).Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02224-01 6

la solicitud, y otros específicos o materiales, que autorizan la prosperidad de la protección (CC C-590 de 2005).Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02224-01 6 Dentro de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales se encuentra la relevancia constitucional , presupuesto que, una vez verificadas la inmediatez y la subsidiariedad, condiciona el acceso al examen de fondo del amparo . Su razón de ser es delimitar el ámbito propio del juez constitucional frente al del juez ordinario, pues al primero le corresponde la guarda de la Constitución y de los derechos fundamentales, no la revisión del acierto legal de las decisiones. Por ello la Corte Constitucional le ha atribuido tres finalidades concretas, al precisar que se trata de un requisito que persigue "(i) asegurar que la tutela no sea utilizada para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela a cuestiones que afecten directamente los derechos fundamentales; y (iii ) evitar que la tutela se convierta en una tercera instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces" (CC SU -573 de 2019, SU -128 de 2021).

La Corte Constitucional explica que la relevancia constitucional "protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales" , de suerte que, para verificarla, el juez debe analizar "(i) que el asunto tenga la entidad

que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales" , de suerte que, para verificarla, el juez debe analizar "(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales" (CC SU-215 de 2022, SU-134 de 2022).Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02224-01 7 De la jurisprudencia expuesta deriva una regla que gobierna este asunto: la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental. La Corte ha sido enfática en que la mención de un derecho no confiere, por sí sola, trascendencia constitucional a una controversia que continúa siendo de estirpe legal y/o probatori a. En consecuencia, la sola invocación de derechos fundamentales como el debido proceso , la defensa o el acceso a la administración de justicia no habilita, per se, la intervención del juez constitucional.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo satisface los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en particular, el de relevancia constitucional. Solo de superarse ese examen habría lugar a estudiar el f ondo, esto es, si las autoridades accionadas incurrieron en los defectos endilgados al negar la

tutela contra providencias judiciales y, en particular, el de relevancia constitucional. Solo de superarse ese examen habría lugar a estudiar el f ondo, esto es, si las autoridades accionadas incurrieron en los defectos endilgados al negar la oposición al secuestro formulada por los promotores, con la consiguiente lesión de los derechos fundamentales invocados.

3. Caso concreto

Se anticipa que la Sala confirmará la decisión impugnada, aunque por las razones aquí expuestas, pues en las providencias cuestionadas no se advierte irregularidad alguna que imponga la injerencia del juez constitucional,Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02224-01 8 comoquiera que el asunto sometido a su consideración no reviste relevancia constitucional, según se pasa a exponer:

3.1. Los promotores, opositores al secuestro de la cuota del causante sobre el predio «Casa Vieja», dirigen el amparo contra los autos que negaron esa oposición. El Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera la desestimó al considerar que «la valoración integral de los medios de prueba no acredita los presupuestos para acoger la oposición al secuestro simbólico de la cuota parte del inmueble que le correspondería al causante» . El Juzgado Treinta y Cuatro de Familia de Bogotá, al confirmar esa decisión, precisó que los actos acreditados correspondían «al ejercicio de actos de administración y aprovechamiento derivados de los derechos de cuota parte que les pudieren asistir (…) mas no a una posesión exclusiva sobre la totalidad del bien» . Son esas

decisión, precisó que los actos acreditados correspondían «al ejercicio de actos de administración y aprovechamiento derivados de los derechos de cuota parte que les pudieren asistir (…) mas no a una posesión exclusiva sobre la totalidad del bien» . Son esas conclusiones las que los actores pretenden revertir por vía de tutela.

3.2. En primer lugar, lo que en realidad pretenden los tutelantes es que el juez constitucional resuelva una controversia de valoración probatoria y de interpretación de normas procesales. En efecto, sus reproches, presentados como falta de motivación y defecto s fáctico y sustantivo, recaen sobre la valoración que el juez natural dio a l fallo policivo de 2017, al testimonio del arrendatario y a la declaración del hijo del causante, sobre la calificación de las visitas de los herederos al predio, sobre el alcance de la terminación de los procesos de pertenencia y sobre la incidencia de que no se hubiera adelantado la sucesión del causante, todo el lo para determinar si se acreditó o no laRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02224-01 9 posesión exclusiva que exigen los artículos 309 y 596 del Código General del Proceso. Se trata, en su integridad, de cuestiones de estricta legalidad, debatidas y resueltas de manera motivada por el fallador natural en dos instancias.

No se debate aquí una cuestión que comprometa la interpretación o el alcance de la Constitución, sino la forma como los despachos convocados apreciaron las pruebas y entendieron las reglas que gobiernan la oposición al

No se debate aquí una cuestión que comprometa la interpretación o el alcance de la Constitución, sino la forma como los despachos convocados apreciaron las pruebas y entendieron las reglas que gobiernan la oposición al secuestro. Que la solicitud y la impu gnación reproduzcan ante esta Corporación los argumentos expuestos en la apelación confirma que el amparo se emplea como una tercera instancia para reabrir un debate agotado, cometido ajeno a la naturaleza de este instrumento iusfundamental.

3.3. En segundo lugar, la consecuencia jurídica que se desprende de las providencias cuestionadas, esto es, la continuación del secuestro simbólico de la cuota del causante una vez negada la oposición, es la que el ordenamiento prevé para esta clase de trámites (artículos 309 y 596 del Código General del Proceso). Esa determinación, contrastada con la Carta, no resulta por sí misma lesiva de derecho fundamental alguno.

Además, el interés que subyace al reclamo es de contenido estrictamente económico. Los opositores son, a su vez, titulares de derechos de cuota sobre el mismo inmueble y, como lo advirtió el juzgado accionado, no lograron demostrar que ejercieran una posesión exclusiva respecto de los demás coherederos. Lo que en el fondo persiguen esRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02224-01 10 impedir que la medida cautelar recaiga sobre la cuota del causante en un predio que reclaman como propio, propósito que no trasciende la esfera privada de la controversia.

3.4. Y en tercer lugar, no se acredita una afectación

causante en un predio que reclaman como propio, propósito que no trasciende la esfera privada de la controversia.

3.4. Y en tercer lugar, no se acredita una afectación desproporcionada de derechos fundamentales que confiera trascendencia constitucional al asunto. Los quejosos no invocan ni demuestran una condición de especial protección, y la alusión a que el predio constituye su sustento carece de un desarrollo concreto que la desligue del efecto ordinario de cualquier medida cautelar.

Lo que subyace es una simple diferencia de criterio frente a la interpretación motivada de las autoridades accionadas, a la cual los gestores se limitan a oponer la propia. Insiste la Sala en que la mera invocación del debido proceso, la defensa o el acceso a la administración de justicia, sin demostración de una afectación desproporcionada, no confiere por sí sola relevancia constitucional a una controversia que sigue siendo legal. De este modo, lo perseguido no es la guarda de un derecho fundamental, sino la apertura de una nueva instancia, finalidad ajena a la acción de tutela.

4. Conclusión

En definitiva, como la s decisiones cuestionadas no constituyen una actuación arbitraria susceptible de corrección por esta vía excepcional —pues lo que en el fondo pretenden los actores es anteponer su criterio al de los juecesRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02224-01 11 naturales—, y al carecer el asunto de relevancia constitucional, se confirmará el fallo impugnado, por las razones aquí expuestas.

DECISIÓN

11 naturales—, y al carecer el asunto de relevancia constitucional, se confirmará el fallo impugnado, por las razones aquí expuestas.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(en comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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