CSJ - STC21333-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC21333-2026 Radicación n.° 05000-22-13-000-2026-00407-01 (Aprobado en sesión de veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D. T. y C. , treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Resuelve la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 16 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por Jairo Antonio Escudero Gómez como «apoderado judicial» de José Luis, Oscar Iván, Víctor Raúl y Jorge Alejandro Londoño Maya, contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetrán, trámite al cual fueron vinculadas las partes y los intervinientes en el reivindicatorio agrario con n° 200700009.

ANTECEDENTES

1. La parte actor a en la referida calidad acude al presente mecanismo en busca de la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraciónRad. n.° 05000-22-13-000-2026-00407-01 2 de justicia y defensa , que considera quebrantados por la autoridad jurisdiccional convocada.

2. En síntesis , expuso que Rosalba Maya de Londoño

(q.e.p.d.) progenitora de José Luis, Oscar Iván, Víctor Raúl y Jorge Alejandro Londoño Amaya promovió el litigio referido contra Jairo López Lopera, para reivindicar los predios

(q.e.p.d.) progenitora de José Luis, Oscar Iván, Víctor Raúl y Jorge Alejandro Londoño Amaya promovió el litigio referido contra Jairo López Lopera, para reivindicar los predios denominados «Potrerito» y la «Porquera», trámite en el cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia revocó en su integridad la decisión de primer grado para en su lugar acoger las pretensiones de la demanda.

Señala que pese a que en la diligencia de entrega el auxiliar de la justicia «r[indió] un informe técnico que omite los requisitos legales esenciales de delimitación topográfica, incorporando materialmente y despojando a los demandados de más de 5 hectáreas que no corresponden al predio objeto del litigio, sino a otra finca ajena a la Litis y entregando el retiro de la Quebrada Venteña como el bien inmueble la PORQUERA » el Juzgado Promiscuo Civil del Circuito de Sopetrán «avaló dicho informe inidóneo y se niega a realizar la correcta cabida y linderos, quebrantando de manera directa la cosa juzgada material consagrada en los fallos del superior».

3. Por lo anterior, pretende i) «[d]ejar sin efecto la actuación procesal y el aval dado al informe defectuoso del auxiliar de la Justicia (…) dentro de la diligencia de entrega del predio del proceso reivindicatorio»; ii) ordenar al Juez convocado que «suspenda los efectos materiales de la entrega irregular y ordene una inspección o aclaración pericial técnica idónea para garantizar que no se despoje a los demandados de las 5 hectáreas ajenas al litigio, acatando en estricto

efectos materiales de la entrega irregular y ordene una inspección o aclaración pericial técnica idónea para garantizar que no se despoje a los demandados de las 5 hectáreas ajenas al litigio, acatando en estricto sentido lo dispuesto por el Tribunal Superior de Antioquia».Rad. n.° 05000-22-13-000-2026-00407-01 3

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS

1. El titular del Juzgado convocado relacion ó las actuaciones que conoció del asunto objeto de análisis.

2. El apoderado de los sucesores de Ofelia Londoño de Lastra, quien, además de controvertir los reproches formulados frente a la entrega del inmueble, señaló que esta sería la tercera tutela promovida por los mismos hechos y pretensiones

3. El curador ad litem designado para varios de los vinculados rogó desestimar las súplicas, tras advertir que quien presentó la salvaguarda no acreditó poder para actuar en nombre de quienes dijo representar.

4. Finalmente Gustavo de Jesús Gutiérrez Maya auxiliar de la justicia designado en el asunto criticado, defendió la objetividad de la experticia que rindió y negó haber vulnerado derecho fundamental alguno.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

El Tribunal constitucional de primera instancia negó el amparo reclamado tras advertir que quien adujo representar a los actores carecía de mandato para ello.

IMPUGNACIÓNRad. n.° 05000-22-13-000-2026-00407-01

4 La presentó la parte accionante para lo cual señaló, en

a los actores carecía de mandato para ello.

IMPUGNACIÓNRad. n.° 05000-22-13-000-2026-00407-01

4 La presentó la parte accionante para lo cual señaló, en esencia, similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela y allegó el presunto documento que se echó de menos.

CONSIDERACIONES

1. En relación con la legitimación para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece, que

podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

Sobre el alcance del precepto legal en mención, la jurisprudencia constitucional ha estimado que:

la legitimación por activa en la acción de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran válidas tres vías procesales adicionales para la interposición de la acción de tutela: (i) a través del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas); (ii ) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato

del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas); (ii ) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (C. C. ST -878 de 2007; reiterada entre otras en STC16275 -2021 y STC126312025).

2. En el presente asunto, la Corte observa que lo pretendido por la parte accionante es que se deje sin valor niRad. n.° 05000-22-13-000-2026-00407-01 5 efecto lo actuado en la diligencia de entrega practicada el 22 de noviembre de 2022 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetrán en el reivindicatorio con rad. 2007-00009.

3. Sin embargo d e la evidencia allegada a este decurso constitucional muy pronto surge la impertinencia del ruego que instó Jairo Antonio Escudero Gómez , ya que resulta innegable que no es el titular de los derechos cuya infracción invoca, ni adosó el poder especial que habilitara su mediación en este particular asunto, como representante judicial de los presuntos afectados, de lo que se deriva su falta de interés en la causa por activa.

En este orden de ideas al margen de la pertinencia que pudieran tener los reclamos del citado abogado frente al devenir procesal, lo cierto es que si efectivamente se concretaron esas fallas que le enrostra a la autoridad convocada, los únicos legitimados para acudir a esta acción excepcional en procura de repelerlas serían José Luis, Oscar

devenir procesal, lo cierto es que si efectivamente se concretaron esas fallas que le enrostra a la autoridad convocada, los únicos legitimados para acudir a esta acción excepcional en procura de repelerlas serían José Luis, Oscar Iván, Víctor Raúl y Jorge Alejandro Londoño Amaya, quienes no lo habilitaron legalmente para interceder por ellos en este escenario.

Al respecto, se observa que el instrumento con el cual pretendió acreditarse la representación judicial carece de validez legal al tenor del artículo 74 del Código General del Proceso y del canon 10 del Decreto 2591 de 1991. En el libelo confluyen una deficiencia sustancial comoquiera el pretendido poder carecer de la especificación del proceso por su naturaleza y radicado, así como la determinación de laRad. n.° 05000-22-13-000-2026-00407-01 6 fecha de las decisiones particulares que se cuestionan por esta senda.

Sobre este puntual aspecto la Sala de vieja data ha dicho, que:

la legitimación de los abogados para instaurar la acción de tutela aduciendo representación judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto. Al respecto señaló en la Sentencia T-001 de 1997, que por las características de la acción “todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión. De este modo, cuando la acción de tutela se ejerce a título de otro, es necesario

intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión. De este modo, cuando la acción de tutela se ejerce a título de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposición. La carencia de la citada personería para iniciar la acción de amparo constitucional, no se suple con la presentaci ón del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa (CSJ STC458-2021) (Subraya la Sala).

Y haciendo suyo el pronunciamiento del máximo órgano de cierre constitucional, en punto de los requisitos de tal mandato, en reciente decisión se señaló que:

[p]or su parte, (…), el poder especial conferido debe contener una serie de requisitos, a saber: «(i) los nombres y datos de identificación tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jurídica contra la cual se va a incoar la acción de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, ( iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar (…) En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimación en la causa por activa, haciendo improcedente la acción»Rad. n.° 05000-22-13-000-2026-00407-01

alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimación en la causa por activa, haciendo improcedente la acción»Rad. n.° 05000-22-13-000-2026-00407-01 7 (T-1025/06 Corte Constitucional) (Subraya la Corte) (CSJ STC22552022; reiterada en STC12631-2025).

4. Corolario de lo expuesto, s e ratificará lo resuelto en primera instancia.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil , Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR la sentencia objeto de impugnación.

Comuníquese por el medio más expedito lo aquí resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(en comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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