CSJ - STC21338-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC21338-2026 Radicación n.° 73001-22-13-000-2026-00419-02 (Aprobado en sesión de veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D. T. y C. , treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Resuelve la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de l Distrito Judicial de Ibagué el 23 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por AGJV en nombre propio y en representación de los menores S y LAJM contra el Juzgado Cuarto de Familia de la misma ciudad , trámite al cual fueron vinculad os las partes y los intervinientes en la regulación de visitas con n.° 2024-00299-00.

ANOTACIÓN PRELIMINAR

En aras de garantizar la protección a la intimidad de los menores de edad involucrad os en el presente asunto, se suprimirá de toda futura publicación de esta providencia la información de cualquier dato que permita su identificación, para lo cual se elaborará otro texto, de igual tenor, que seráRad. n.° 73001-22-13-000-2026-00419-02 2 el publicable para todos los efectos, de conformidad con el artículo 1° del Acuerdo nº 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1. El actor acude al presente mecanismo en busca de la protección de los derechos fundamentales debido proceso,

de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1. El actor acude al presente mecanismo en busca de la protección de los derechos fundamentales debido proceso, acceso a la administración de justicia y «PREVALENCIA DE LOS NIÑOS A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADOS DE ELLA », que considera quebrantados por la autoridad convocada.

2. En síntesis, expuso que promovió el litigio referido en líneas anteriores contra YPM, con el fin de regular el régimen de visitas de los hijos en común S y LAJM, trámite en el cual pese a que se aprobó el acuerdo de conciliación que «fijó un régimen de visitas provisionales progresivo con [sus] hijos» con el apoyo de una «psicóloga forense externa (…) [p]ara coordinar y evaluar la viabilidad del acercamiento gradual », el Juzgado Cuarto de Familia de Ibagué, ante el informe de la citada profesional y sin insistir en la «aclaración, adición y complementación técnica sobre los vacíos metodológicos y omisiones graves en la evaluación » que le fueron requeridos, resolvió no solo, declarar la imposibilidad «material y emocional para [el] cumplimiento» de lo acordado, sino además «la finalización del seguimiento judicial».

Señala que , aunque interpuso recurso de reposición contra esa decisión, por el «desconocimiento de orden ejecutoriada, violación a la contradicción, insuficiente motivación, trasgresión de la confianza legítima y anulación del acuerdo conciliatorio » el JuezRad. n.° 73001-22-13-000-2026-00419-02 3

violación a la contradicción, insuficiente motivación, trasgresión de la confianza legítima y anulación del acuerdo conciliatorio » el JuezRad. n.° 73001-22-13-000-2026-00419-02 3 convocado mantuvo incólume lo resuelto, pretermitiendo la contradicción de los informes técnicos y materializando un desprendimiento burocrático al trasladar el conflicto de manera inane al ICBF.

Indica que además, en la anterior determinación, la autoridad aludida «tomó la resistencia verbal de [sus] hijos como una verdad insuperable (…). Sin embargo, omitió deliberadamente la causa etiológica del rechazo: (…) que deriva del sesgo, la narrativa hostil y la interferencia/alienación parental inculcada en el hogar materno tras 30 meses de distanciamiento físico y 28 meses de incomunicación virtual».

Asimismo, reprocha que la decisión de archivo se cimentó en insumos probatorios viciados, tales como el informe social del despacho —que ocultó que una suspensión previa de visitas fue anulada en agosto de 2024— y las notas clínicas de la EPS, las cuales c arecen de rigor forense al presentar un patrón de «copy-paste» o texto clonado para ambos menores.

3. Solicita entonces que se deje sin valor ni efectos los autos de fecha 2 de junio y 28 de julio de 2026, y que en consecuencia se ordene al Juzgado accionado reanudar el proceso para que se agote la contradicción probatoria y se «fije un esquema de revinculación gradual y asistido terapéuticamente».

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS

proceso para que se agote la contradicción probatoria y se «fije un esquema de revinculación gradual y asistido terapéuticamente».

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS

1. El Juzgado convocado puntualizó que las providencias cuestionadas se profirieron en el marco de sus competencias y orientadas a la protección del interésRad. n.° 73001-22-13-000-2026-00419-02 4 superior de los menores. Precisó que la controversia procesal culminó con el acuerdo conciliatorio del 21 de marzo de 2025 y que las actuaciones posteriores correspondieron a un seguimiento de su viabilidad, razón por la cual al constatar mediante el informe psicológico forense y la visita social una ruptura del vínculo paterno-filial y la resistencia reiterada de los niños al contacto, determinó la imposibilidad de ejecutar el régimen de visitas y dispuso la finalización del seguimiento judicial, remitiendo el caso al I .C.B.F. para la atención psicosocial correspondiente

2. YPM, vinculada al trámite, señaló que el asunto feneció con el acuerdo conciliatorio reseñado y que las decisiones de archivo no presentan defectos, al apoyarse en conceptos técnicos. Agregó que someter a sus hijos a constantes evaluaciones genera su revic timización y que como cuidadora garantiza plenamente sus derechos.

3. El Defensor de Familia adscrito al Juzgado referido solicitó tutelar los derechos fundamentales de los menores e iniciar un trámite incidental para definir las visitas del progenitor, pues advirtió que el juez de conocimiento no debió declarar finalizado el seguimiento judicial ni remitir el

solicitó tutelar los derechos fundamentales de los menores e iniciar un trámite incidental para definir las visitas del progenitor, pues advirtió que el juez de conocimiento no debió declarar finalizado el seguimiento judicial ni remitir el asunto al ICBF, ya que como autoridad que avaló el acuerdo conciliatorio le correspondía velar por su cumplimiento o resolver el conflicto.

4. El Procurador 14 Judicial II de Familia de Ibagué solicitó negar el amparo por improcedente con sustento en que la controversia es de naturaleza eminentemente jurídico-Rad. n.° 73001-22-13-000-2026-00419-02 5 familiar y ya fue tramitada y resuelta por la jurisdicción ordinaria de familia ante su juez natural.

5. ILCT, psicóloga forense designada en el proceso, presentó un recuento de su gestión y acreditó haber actuado con diligencia tras rendir periódicamente reportes de avance y entregar un informe pericial en noviembre de 2025. Aclaró que la ausencia de respuesta a la solicitud de aclaración del dictamen se debió a un error administrativo del juzgado accionado, que envió el requerimiento a una dirección de correo electrónico ajena que no le pertenece, impidiéndole conocer la orden.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

El Tribunal constitucional de primera instancia concedió el amparo solicitado, tras considerar que la autoridad judicial accionada, pese a haber ordenado la aclaración, adición y complementación del informe psicológico para evaluar la viabilidad del régimen de visitas y garantizar el derecho de contradicción, dio por finalizado el seguimiento judicial y dispuso el archivo definitivo de la

aclaración, adición y complementación del informe psicológico para evaluar la viabilidad del régimen de visitas y garantizar el derecho de contradicción, dio por finalizado el seguimiento judicial y dispuso el archivo definitivo de la actuación sin surtir dicho requerimiento; por lo que incurrió en un ostensible defecto procedimental al prescindir silenciosamente de una diligencia previamente decretada y cercenar las garantías procesales del accionante.

Por lo anterior, ordenó al Juzgado Cuarto de Familia de Ibagué lo siguiente:Rad. n.° 73001-22-13-000-2026-00419-02 6 i) (…) deje sin efectos los autos de junio 2 y julio 28 de 2026 proferidos dentro del proceso identificado con radicación 73001-31-10-004-2024-00299-00 y comunique en debida forma a través de la dirección electrónica correspondiente a ILCT el requerimiento dispuesto mediante auto de febrero 17 de 2026 para que se pronuncie respecto de la solicitud de aclaración, adición y complementación del informe psicológico obrante en el expediente, de conformidad a los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia. ii) (…) una vez surtida la actuación indicada (…), adopte la decisión que en derecho corresponda respecto del seguimiento derivado del acuerdo conciliatorio celebrado por las partes, con observancia del debido proceso, el derecho de contradicción y el interés superior de los menores involucrados, sin que la expedición de dicha determinación supere el término de diez (10) días contados a partir del vencimiento del término concedido a la profesional ILCT para emitir el pronunciamiento técnico requerido

IMPUGNACIÓN

supere el término de diez (10) días contados a partir del vencimiento del término concedido a la profesional ILCT para emitir el pronunciamiento técnico requerido

IMPUGNACIÓN

La presentó la parte actora, para lo cual señaló que resulta insuficiente la protección concedida pues el amparo no deb ió limitarse a un remedio puramente formal por el yerro en la notificación a la psicóloga forense, sino que el juez además debía asumir de fondo su rol, valorar el fenómeno de la obstrucción parental del vínculo filial , conforme a la sentencia STC5491-2026 y adoptar medidas directas, eficaces y progresivas de restablecimiento afectivo, absteniéndose de eludir sus competencias o delegar indebidamente su función jurisdiccional en el ICBF.

CONSIDERACIONES

1. En el caso bajo estudio, AGJV, en nombre propio y de sus hijos S y LA, pretende que se dejen sin efectos los autos de 2 de junio y 28 de julio de 2026, mediante los cuales el Juzgado Cuarto de Familia de Ibagué, en el proceso deRad. n.° 73001-22-13-000-2026-00419-02 7 regulación de visitas con rad. 2024 -00299-00, reconoció la imposibilidad de ejecutar el régimen acordado, declaró finalizado el seguimiento judicial, archivó la actuación y remitió el asunto al Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar.

2. De la revisión realizada a la queja constitucional y a las piezas procesales incorporadas al expediente por el despacho judicial que conoce del asunto, la Sala desde ya

remitió el asunto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

2. De la revisión realizada a la queja constitucional y a las piezas procesales incorporadas al expediente por el despacho judicial que conoce del asunto, la Sala desde ya anticipa que confirmará la decisión de primer grado, aunque la adicionará, habida cuenta que, con independencia de la irregularidad en la comunicación del requerimiento a la perito, se advierte un yerro de carácter sustantivo y desconocimiento del precedente, que el amparo concedido no alcanza a conjurar, como pasa a verse. 2.1. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional cuyos derechos prevalecen sobre los de los demás, conforme al artículo 44 de la Constitución Política y en virtud del canon 9º de la Ley 1098 de 2006 «en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos ». Entre ellos se encuentra el derecho a tener una familia y a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores, que se materializa a través del régimen de visitas, el cual

(…) [es] un dispositivo que facilita el acercamiento y la convivencia entre padres e hijos. Se trata entonces de un instrumento que contribuye al desarrollo integral del menor de edad en tanto hace posible que la relación con cada unoRad. n.° 73001-22-13-000-2026-00419-02 8 de sus padres se desarrolle en la mayor medida posible, aún en el contexto de las dificultades suscitadas entre ellos… (CC T-311/17; reiterada por esta Sala en sentencia STC20178 de sus padres se desarrolle en la mayor medida posible, aún en el contexto de las dificultades suscitadas entre ellos… (CC T-311/17; reiterada por esta Sala en sentencia STC20172021).

2.2. Cuando el ejercicio del citado derecho se ve afectado por rupturas prolongadas del vínculo y por el rechazo de los niños hacia uno de sus padres, esta Corporación ha precisado que «la tarea de los jueces no se reduce a la sola recepción de la entrevista al menor », sino que les corresponde «realizar una valoración detenida y razonada de sus manifestaciones» (ibidem).

En desarrollo de esa línea, la Sala definió la obstrucción parental del vínculo filial como el fenómeno que se presenta cuando «de manera sostenida y sistemática, uno de los progenitores – directa o indirectamente– impide, dificulta o erosiona la relación afectiva del hijo con el otro progenitor », el cual, sin presuponer un diagnóstico clínico, se identifica a partir de indicadores objetivos como

(i) la reiteración de expresiones, juicios de valor o narrativas en el discurso del niño que no corresponden a su nivel de desarrollo o que el menor no puede explicar con sus propias palabras; (ii) la prolongación injustificada de la ausencia de contacto c on el progenitor no custodio; (iii) el uso de mecanismos institucionales –administrativos o judiciales – para perpetuar la separación; (iv ) la resistencia sistemática a medidas de acercamiento, aun cuando estas cuenten con acompañamiento profesional; y (v) la construcción de una imagen exclusivamente negativa del progenitor ausente (…)

(CSJ STC5491-2026).

a medidas de acercamiento, aun cuando estas cuenten con acompañamiento profesional; y (v) la construcción de una imagen exclusivamente negativa del progenitor ausente (…)

(CSJ STC5491-2026).

Por ello, en tales eventos el análisis judicial no puede agotarse «en la recepción pasiva de la voluntad del menor, sino queRad. n.° 73001-22-13-000-2026-00419-02 9 indague sobre el origen, la autenticidad y el contexto de dicha voluntad, con el apoyo de herramientas técnicas e interdisciplinarias» (Cit).

Como lo reiteró la Sala, al juez que advierte tales indicadores «no le es dado permanecer pasivo ni resolver con fórmulas abstractas»; debe «disponer las medidas activas que restablezcan el vínculo comprometido, en condiciones seguras para el menor », entre ellas «un plan progresivo de restablecimiento vincular con terapias familiares, acompañamiento psicosocial y encuentros graduales y supervisados», pues «la respuesta tardía o meramente declarativa equivale, en la práctica, a validar la ruptura», esto claro está, sin que esa categoría pueda emplearse «para restar valor al testimonio de quien, de buena fe, invoca el maltrato como razón del rechazo al contacto»

(CSJ STC13455-2026).

De otra parte, es al juez de familia que fijó o aprobó el régimen de visitas a quien corresponde velar por su efectividad, pues, según criterio reiterado por esta Corporación «lo pertinente es dar apertura a un incidente donde se escuche a las partes, y de ser necesario, se decreten las pruebas que se requieran para poder adoptar las medidas que sean conducentes para

efectividad, pues, según criterio reiterado por esta Corporación «lo pertinente es dar apertura a un incidente donde se escuche a las partes, y de ser necesario, se decreten las pruebas que se requieran para poder adoptar las medidas que sean conducentes para su cumplimiento, según el sensato juicio del juez » (entre otras ver CSJ STC8212-2018). A ello se suman las facultades oficiosas del parágrafo 1º del artículo 281 del Código General del Proceso y el carácter mutable de lo decidido en materia de visitas, que impone su ajuste cuando varían las circunstancias.

2.3. Establecido el anterior marco normativo y jurisprudencial en lo que, en lo que refiere al régimen de visita y el seguimiento , se tiene que el Juzgado convocado, profirió las siguientes decisiones:Rad. n.° 73001-22-13-000-2026-00419-02 10

1. En audiencia de 21 de marzo de 2025 el Juzgado referido aprobó el acuerdo conciliatorio de las partes, que, con el fin de fortalecer el vínculo de los niños con su padre, designó a la psicóloga ILCT para facilitar un acercamiento y estableció que el progenitor «podrá visitar a sus hijos (…) cada 15 días en la ciudad de Ibagué», sujeto a los informes de valoración, con prevalencia de «la comunicación vía telefónica », valoraciones individuales a los padres y un seguimiento con informes mensuales al despacho.

1. Allegados el informe psicológico y el de visita social, en auto de fecha 17 de febrero de 2026 el Juez aludido requirió a la profesional para que aclarara y complementara

mensuales al despacho.

1. Allegados el informe psicológico y el de visita social, en auto de fecha 17 de febrero de 2026 el Juez aludido requirió a la profesional para que aclarara y complementara su informe, oficio que, según lo informó aquella y lo constató el Tribunal, se envió a una dirección electrónica que no le pertenece.

1. Sin surtir la actuación anterior, en proveído proferido el 2 de junio del citado año, la mencionada autoridad resolvió terminar con el seguimiento, archivó el proceso y ofició al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF para que evaluara la situación de los menores y adoptara las medidas que estimara pertinentes.

Lo anterior tras advertir que el acompañamiento era «posterior a un proceso ya terminado por conciliación »; encontró «una ruptura significativa del vínculo paterno -filial, caracterizada por la ausencia prolongada de contacto », que los niños «manifestaron de manera espontánea y consistente su negativa a restablecer contacto conRad. n.° 73001-22-13-000-2026-00419-02 11 su progenitor» y que S mostraba «expresiones de temor»; por lo que concluyó que «la función del Juez no consiste en garantizar a toda costa el restablecimiento del vínculo paterno-filial».

1. Finalmente el demandante interpuso reposición y propuso visitas supervisadas, encuentros terapéuticos o mecanismos restaurativos, pero en auto de 28 de julio de 2026 el juzgado mantuvo su decisión, al estimar que continuar con «una labor de seguimiento familiar o de intervención terapéutica desnaturalizaría la función jurisdiccional».

mecanismos restaurativos, pero en auto de 28 de julio de 2026 el juzgado mantuvo su decisión, al estimar que continuar con «una labor de seguimiento familiar o de intervención terapéutica desnaturalizaría la función jurisdiccional».

3. Visto lo anterior, con independencia de la falta de comunicación del requerimiento a la perito –irregularidad ya corregida por el a quo–, se estructuran yerros ostensibles en el proceder del juzgado, que subsistirían aun cuando la profesional atienda la solicitud de aclaración.

3.1. Nótese que el argumento de que el seguimiento era ajeno a la función jurisdiccional por tratarse de un proceso «ya terminado » desconoce que fue el propio despacho quien sugirió y aprobó un régimen de visitas cuya ejecución quedó sujeta a su dirección , luego la memorada conciliación de manera alguna daba lugar a poner fin a la competencia, pues por la s normas mencionadas delanteramente y en los términos que se pactó, se prorrogó dicho factor en cabeza del director del proceso.

En tal orden le correspondía al titular del Juzgado convocado verificar si las partes honraron lo acordado –en particular, la comunicación telefónica que debía prevalecer,Rad. n.° 73001-22-13-000-2026-00419-02 12 las valoraciones de los progenitores y los informes mensuales– y explicar por qué, transcurrido más de un año, no se produjo acercamiento alguno ; y si el esquema inicial no era viable, la respuesta acorde con el interés superior de los menores no era la terminación de la controversia , sino regular de oficio un nuevo régimen, progresivo y con

no se produjo acercamiento alguno ; y si el esquema inicial no era viable, la respuesta acorde con el interés superior de los menores no era la terminación de la controversia , sino regular de oficio un nuevo régimen, progresivo y con acompañamiento técnico, y hacerle seguimiento , previniendo precisamente la indefinición de la relación paterno-filial.

3.2. De otro lado, el Juzgado accionado estableció la negativa de los niños en criterio definitorio para clausurar el seguimiento, sin indagar su origen, autenticidad y contexto, pese a que el expediente ofrecía indicadores que imponían ese examen: i) el progenitor ha sostenido que el rechazo «deriva del sesgo, la narrativa hostil y la interferencia/alienación parental inculcada en el hogar materno tras 30 meses de distanciamiento físico y 28 meses de incomunicación virtual », y propuso alternativas de acercamiento asistido que no merecieron análisis; ii) los informes técnicos dan cuenta de una «ausencia prolongada de contacto», de «antecedentes de conflicto intrafamiliar» con la «sobreexposición de los menores a escenarios judiciales y administrativos »; y iii) las manifestaciones de los niños reflejan un rechazo uniforme y persistente, que se consolidó pese a que el acercamiento estaba previsto con acompañamiento profesional.

Téngase en cuenta que las mencionadas circunstancias coinciden con indicadores descritos por la Sala, como la prolongación de la ausencia de contacto y la resistencia aRad. n.° 73001-22-13-000-2026-00419-02 13 medidas de acercamiento asistidas. Incluso, el propio

prolongación de la ausencia de contacto y la resistencia aRad. n.° 73001-22-13-000-2026-00419-02 13 medidas de acercamiento asistidas. Incluso, el propio juzgado reconoció que el progenitor «ha manifestado su interés en restablecer el vínculo con sus hijos », sin extraer de ello consecuencia alguna.

No se trata de que esta Corporación declare la existencia de una obstrucción parental ni de que desconozca el temor expresado particularmente por el menor Santiago, que debe valorarse con rigor; se trata de que el juez natural, con apoyo interdisciplinario, establezca si el rechazo obedece a experiencias propias de los niños o a una dinámica de obstrucción, y adopte con base en ello las medidas idóneas , puesto que a l omitir dicho examen, trasladó a los menores una carga decisional impropia de su edad y validó, de hecho, la ruptura del vínculo.

3.3. Finalmente, el despacho no podía desprenderse de su competencia remitiendo al Instituto Colombi ano de Bienestar Familiar la evaluación integral de los menores y la adopción de las medidas pertinentes ; n ada impide que requiera el apoyo de las autoridades administrativas, pero ello no lo autoriza a trasladarles la definición del régimen de relacionamiento que aprobó, pues, como lo precisó la Sala en un asunto de similares contornos , contaba «con suficientes elementos probatorios y con conocimiento directo de la problemática familiar, todo lo cual le permitía (…) dictar un pronunciamiento de fondo, sin trasladar a otro Despacho sus competencias» (CSJ STC13455-2026).

elementos probatorios y con conocimiento directo de la problemática familiar, todo lo cual le permitía (…) dictar un pronunciamiento de fondo, sin trasladar a otro Despacho sus competencias» (CSJ STC13455-2026).

4. Así las cosas, la orden del Tribunal, limitada a la comunicación del requerimiento a la perito y a que luego seRad. n.° 73001-22-13-000-2026-00419-02 14 adopte «la decisión que en derecho corresponda respecto del seguimiento», resulta insuficiente, pues deja abierta la posibilidad de que se reitere la postura aquí reprochada. Por ello, atendiendo lo pedido por el actor y el deber reforzado de protección que impone el interés superior de los niños, se adicionará el fallo para precisar el alcance de la decisión que debe adoptar el Juzgado, sin que esta Corporación anticipe su sentido.

5. Corolario de lo expuesto, se confirmará lo resuelto en primera instancia, con la adición señalada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha 23 de septiembre de 2026 proferida por la Sala Civil Familia del

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué.

SEGUNDO: ADICIONAR el numeral tercero de dicho fallo, en el sentido de ORDENAR al Juzgado Cuarto de Familia de Ibagué que, al adoptar la decisión allí dispuesta deberá verificar el cumplimiento del régimen de visitas

SEGUNDO: ADICIONAR el numeral tercero de dicho fallo, en el sentido de ORDENAR al Juzgado Cuarto de Familia de Ibagué que, al adoptar la decisión allí dispuesta deberá verificar el cumplimiento del régimen de visitas acordado, establecer con apoyo interdisciplinario si existe obstrucción parental del vínculo filial y, de ser el caso,Rad. n.° 73001-22-13-000-2026-00419-02 15 regular un nuevo régimen progresivo con su respectivo seguimiento.

TERCERO: COMUNIQUESE por el medio más expedito lo aquí resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(en comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto

Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: 95B511CC8A76F96622EA5A74B4E5A37E1EF2A74E108E4A167F96C0202380BCED Documento generado en 2026-10-30