CSJ - STC21342-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC21342-2026 Radicación n.° 11001-02-04-000-2026-02304-01 (Aprobado en sesión de veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D. T. y C ., treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Resuelve la Corte la impugnación al fallo proferido por la Sala de Casación Penal el 13 de agosto de 2026 1 dentro de la acción de tutela promovida por Víctor Alfonso Arcia González contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagen a; tramite al que fueron vinculadas las autoridades, partes e intervinientes en el proceso penal n.° 2019-00607.

ANTECEDENTES

1. El accionante acude buscando la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, «presunción de inocencia » y acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados por la autoridad convocada.

1 El expediente fue repartido a este despacho el pasado 20 de octubre.Rad. n.° 11001-02-04-000-2026-02304-01 2

2. En síntesis, expuso que el 18 de marzo de 2024 el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Cartagena lo condenó a 396 meses de prisión tras encontrarlo responsable de los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado; decisión que el colegiado accionado modifico en el

a 396 meses de prisión tras encontrarlo responsable de los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado; decisión que el colegiado accionado modifico en el sentido de fijar la pena en 300 meses de prisión ( 26 mar. 2026).

Expuso que al interior de la causa no contó con una defensa técnica efectiva en tanto que sus abogados no ejercieron ningún tipo de actividad investigativa ni controvirtieron los elementos materiales probatorios aportados por el ente acusador , los cuales, además, no demostraban su responsabilidad en los hechos, en particular la tentativa de homicidio.

3. En este contexto estima lesionadas sus garantías fundamentales y, en consecuencia, pretende que se deje sin valor ni efectos la sentencia condenatoria y se ordene al colegiado emitir una nueva determinación en la que examine la falta de defensa técnica y los demás reparos presentados.

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Cartagena relató las actuaciones a su cargo e indicó que el accionante estuvo representado por distintos profesionales del derecho y que se accedió a suspender o aplazar algunas diligencias cuando ello fue necesario para preparar laRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02304-01 3 defensa. Asimismo, destacó que, durante el juicio oral, la defensa ejerció activamente su labor mediante contrainterrogatorios, la oposición al ingreso de un elemento documental y su intervención en estipulaciones probatorias.

2. La Sala Penal del Tribunal convocado defendió la

defensa ejerció activamente su labor mediante contrainterrogatorios, la oposición al ingreso de un elemento documental y su intervención en estipulaciones probatorias.

2. La Sala Penal del Tribunal convocado defendió la determinación que adoptó en el trámite de la apelación a la sentencia condenatoria.

3. El abogado Gustavo Adolfo Boada Corcho manifestó que representó al acusado en el trámite de la segunda instancia y que no se promovió el recurso extraordinario de casación contra la sentencia del Tribunal porque el mandato conferido se limitó al trámite de apelación.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La homóloga Sala de Casación penal declaró improcedente la acción al considerar que no cumplió el requisito de subsidiariedad, pues el accionante no interpuso el recurso extraordinario de casación, que era el mecanismo judicial adecuado para controvertir la valoración probatoria, la presunta vulneración de su derecho a la defensa técnica y los demás cuestionamientos contra la sentencia condenatoria; además, no acreditó una razón objetiva que justificara esa omisión ni la existencia de un perjuicio irremediable que permitiera la intervención excepcional del juez constitucional.

IMPUGNACIÓNRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02304-01

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La interpuso el accionante señalando que la tutela sí es procedente porque el recurso extraordinario de casación ya había vencido y su falta de interposición no le era atribuible, pues carecía de recursos para contratar abogado y su defensor privado no presentó el recurso al no recibir el pago

procedente porque el recurso extraordinario de casación ya había vencido y su falta de interposición no le era atribuible, pues carecía de recursos para contratar abogado y su defensor privado no presentó el recurso al no recibir el pago correspondiente. Afirma que ello constituyó una defensa técnica ineficaz y que enfrenta un perjuicio irremediable al permanecer condenado a 300 meses de prisión sin que sus cuestionamientos hayan sido examinados.

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales y el requisito de la subsidiariedad.

En principio, la acción de tutela no procede contra providencias o actuaciones judiciales con el fin de salvaguardar los principios de los artículos 228 y 230 de la Constitución Política. En efecto, no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o ya terminados para modificar las determinaciones emitidas en ellos.

Excepcionalmente se estableció su procedencia para aquellos casos en donde el funcionario judicial ha incurrido en un proceder arbitrario y opuesto a la ley. Evento en el cual deberán concurrir los presupuestos generales de procedibilidad: relevancia constitucional, subsidiariedad, inmediatez y que no se trate de sentencias de tutela; y por loRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02304-01 5 menos alguno de los defectos específicos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, sustantivo, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o violación de la Constitución.

menos alguno de los defectos específicos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, sustantivo, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o violación de la Constitución.

De conformidad con el mandato constitucional, esta acción «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial ». Es decir, dado su carácter residual su procedencia está supeditada al previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa puestos a disposición del interesado, de suerte que dicho p resupuesto se incumple cuando la parte interesada no los usa.

2. La queja constitucional.

En el caso particular el accionante cuestiona la sentencia del 26 de marzo de 2026, mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena modificó la condena impuesta por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Cartagena y redujo la pena de 396 a 300 meses de prisión.

En su criterio, el colegiado se limitó a modificar la sanción sin examinar adecuadamente sus reparos sobre la falta de una defensa técnica efectiva, pues, según afirma, sus abogados no investigaron los hechos, no solicitaron pruebas favorables ni controvirtieron debidamente los elemen tos presentados por la Fiscalía, a partir de los cuales, se efectuó una valoración probatoria errónea en tanto que no se demostró suficientemente su responsabilidad ni la intenciónRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02304-01 6 de causar la muerte de la víctima, necesaria para configurar el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

6 de causar la muerte de la víctima, necesaria para configurar el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

3. Solución al caso concreto.

Conforme a lo anterior, advierte la Sala que la solicitud de amparo no satisface el presupuesto general de subsidiariedad toda vez que Víctor Alfonso Arcia González no interpuso el recurso extraordinario de casación , conforme a los artículos 180 y 181 de la Ley 906 de 2004 , contra la sentencia dictada el 26 de marzo de 2026 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena.

Dicho recurso constituía el medio de defensa judicial idóneo para cuestionar la valoración probatoria, la configuración del delito de homicidio agravado en grado de tentativa, la alegada falta de respuesta a los argumentos de la apelación y la presunta vul neración del derecho a la defensa técnica, de manera que la tutela no puede emplearse como un mecanismo para reabrir oportunidades procesales vencidas por la falta de diligencia del interesado o de su defensor.

Y es que, si bien el accionante atribuye la omisión de la casación a su falta de recursos económicos y a la inactividad de su abogado particular, esas afirmaciones no demuestran una circunstancia objetiva, irresistible y ajena a su voluntad que le hubiera impedido solicitar asistencia jurídica o acudir a la defensa pública a través del Sistema Nacional de Defensoría Pública . Tampoco se acreditó que hubieraRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02304-01 7 impartido instrucciones concretas para formular la casación y que estas hubieran sido injustificadamente desatendidas.

7 impartido instrucciones concretas para formular la casación y que estas hubieran sido injustificadamente desatendidas.

Además, los elementos disponibles no permiten advertir una ausencia absoluta de defensa técnica pues, durante el proceso, el acusado estuvo asistido por diferentes profesionales, se concedieron aplazamientos para preparar la estrategia defensiva y, en el juicio, sus abogados realizaron contrainterrogatorios, se opusieron a la incorporación de un elemento doc umental y participaron en estipulaciones probatorias. Así, l a inconformidad con la estrategia desarrollada o con el resultado obtenido no basta para configurar una vulneración constitucional, especialmente cuando la defensa tuvo una participación material en la actuación.

En definitiva, tal omisión impide tener por satisfecho el requisito de subsidiariedad, pues la tutela no puede convertirse en un mecanismo alternativo o paralelo para suplir la inactividad procesal de quien contaba con un medio ordinario de contradicción y no lo utilizó. Ciertamente, si contó con un mecanismo de defensa idóneo y eficaz para argumentar los reparos que manifiesta n por esta vía en relación con la actuación procesal y por descuido, incuria o ligereza no hizo uso de ellos, la demanda de amparo no puede salir avante. De otra manera esta se convertiría en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales fenecidas, a voces del numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991.Rad. n.° 11001-02-04-000-2026-02304-01 8

4. Sobre el perjuicio irremediable alegado

del Decreto 2591 de 1991.Rad. n.° 11001-02-04-000-2026-02304-01 8

4. Sobre el perjuicio irremediable alegado

Finalmente, el gestor n o acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que permita superar excepcionalmente el requisito de subsidiariedad pues para ello, el daño alegado debe ser cierto e inminente, grave, requerir medidas urgentes y hacer impostergable la intervención del juez constitucional.

En este sentido, la privación de la libertad alega como perjuicio irremediable tiene fundamento en una sentencia condenatoria dictada dentro de un proceso penal y, aunque implica una restricción significativa de sus derechos, no demuestra un daño adicional que reúna las condiciones señaladas y t ampoco aportó elementos concretos que evidencien una amenaza distinta, inmediata y extraordinaria que exija adoptar una medida transitoria de protección.

5. Conclusión.

En conclusión , la Sala confirmará la declaratoria de improcedencia, pues el accionante no interpuso el recurso que procedía contra la sentencia condenatoria emitida en su contra.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil , Agraria y Rural, administrandoRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02304-01 9 justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la

autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(En comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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