CSJ - STC21345-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC21345-2026 Radicación n.° 11001-22-03-000-2026-04114-01 (Aprobado en sesión de veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D. T. y C. , treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Resuelve la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 23 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por Sergio Andrés Pacheco Boude como «apoderado judicial » de Pash S.A.S. , contra el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de la misma ciudad , trámite al cual fue ron vinculad as las partes y los intervinientes en el trámite concursal con n° 1984-09039-00.

ANTECEDENTES

1. La parte actor a en la referida calidad acude al presente mecanismo en busca de la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, defensa y petición que considera quebrantados por la autoridad jurisdiccional convocada.Rad. n.° 11001-22-03-000-2026-04114-01

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2. Expone, en síntesis, que comoquiera que en el litigio que se sigue respecto de Alfonso Saavedra Cárdenas la sociedad Pash S.A.S. constituyó 82 títulos judiciales por valor de $2.682.124.654 y realizó una consignación judicial por

que se sigue respecto de Alfonso Saavedra Cárdenas la sociedad Pash S.A.S. constituyó 82 títulos judiciales por valor de $2.682.124.654 y realizó una consignación judicial por $563.587.159 respecto de las cuales no se tiene trazabilidad, el 21 de julio de 2026 solicitó la certificación individualizada, completa y verificable sobre el destino, pues existen algunos títulos ya cobrados, sin embargo, el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogotá no ha resuelto lo pertinente.

Señala que dicha información resulta indispensable para ejercer la defensa de la citada persona jurídica en el proceso ejecutivo que el agente liquidador promovió ante el homólogo Décimo Civil del Circuito de esta capital en el que se persiguen pretensiones por un valor de $1.823.945.633; y en el que muy posiblemente se ordenen medidas cautelares que causen un perjuicio irremediable.

3. Por lo anterior, pretende que se ordene al Juez aludido «profiera respuesta de fondo, clara, precisa, completa y congruente a cada uno de los puntos solicitados en el escrito del 21 de julio de 2026, en particular sobre la individualización, destino y forma de terminación de los ochenta y dos (82) títulos judici ales y de la consignación de $563.587.159 », remitiendo copia de la misma a la autoridad que conoce del asunto ejecutivo.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS

1. El titular del Juzgado convocado precisó de un

consignación de $563.587.159 », remitiendo copia de la misma a la autoridad que conoce del asunto ejecutivo.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS

1. El titular del Juzgado convocado precisó de un lado, que la tardanza en emitir la respuesta obedece a lasRad. n.° 11001-22-03-000-2026-04114-01 3 «elevadas cargas laborales que soporta (…) que actualmente tiene a su cargo más de 600 procesos », y del otro, que el 4 de septiembre pasado procedió a pronunciarse sobre lo requerido, pues dispuso «oficiar al Banco Agrario de Colombia y al Juzgado 21 Civil del Circuito para que informen, y de ser el caso, remitan la relación de títulos judiciales consignados por dicha sociedad a este proceso. Así mismo, se ordenó que por secretaría se verifique la ex istencia de títulos judiciales consignados por la referida entidad».

2. La Juez Veintiuno Civil del Circuito de esta capital advirtió que conoció del asunto concursal, pero que en virtud de las medidas de descongestión perdió la competencia.

3. El homólogo Décimo Civil del Circuito de la referida urbe puntualizó que conoce del proceso ejecutivo, seguido después del de restitución de inmueble arrendado, trámite en el cual el 21 de septiembre último libró mandamiento de pago y decretó medidas cautelares.

4. El Procurador 6 Judicial II indicó que «procedente el amparo constitucional en los términos solicitados para ordenar al juzgado que haga el pronunciamiento que corresponda, salvo que durante el presente tramite se dé por superada tal situación».

amparo constitucional en los términos solicitados para ordenar al juzgado que haga el pronunciamiento que corresponda, salvo que durante el presente tramite se dé por superada tal situación».

5. El agente liquidador de la persona natural concursada advirtió sobre la falta de legitimación en la causa por activa del actor.

6. El Banco Agrario de Colombia, la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de la mencionadaRad. n.° 11001-22-03-000-2026-04114-01 4 ciudad, aunque en escritos separados, coincidieron en alegar su falta de legitimación en la causa por pasiva.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

El Tribunal constitucional de primera instancia concedió el amparo solicitado, tras considerar que la autoridad convocada incurrió en una mora judicial injustificada pues no emitió la respuesta requerida dentro del término procesal correspondiente ni tampoco allegó informe para justificar su desidia.

Por lo anterior ordenó al Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogotá que «dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, (…) se pronuncie en el ámbito de sus competencias sobre la solicitud (…) del pasado 21 de julio de 2026, de tal manera que emita una decisión expresa, motivada y congruente sobre cada uno de los requerimientos formulados, decisión que deberá ser comunicada efectivamente».

IMPUGNACIÓN

La presentó la parte accionada para lo cual señaló, que el a quo incurrió en una indebida valoración probatoria pues,

congruente sobre cada uno de los requerimientos formulados, decisión que deberá ser comunicada efectivamente».

IMPUGNACIÓN

La presentó la parte accionada para lo cual señaló, que el a quo incurrió en una indebida valoración probatoria pues, no solo rindió en término el informe respectivo mediante Oficio No. 1566 del 22 de septiembre de 2026, sino que, además, mediante providencia del 4 de septiembre de 2026 ya se había pronunciado de fondo sobre la petición de PASH S.A.S.Rad. n.° 11001-22-03-000-2026-04114-01 5

CONSIDERACIONES

1. En relación con la legitimación para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece, que

podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

Sobre el alcance del precepto legal en mención, la jurisprudencia constitucional ha estimado que:

la legitimación por activa en la acción de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran válidas tres vías procesales adicionales para la interposición de la acción de tutela: (i) a través del representante legal del titular de los derechos fundamentales

amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran válidas tres vías procesales adicionales para la interposición de la acción de tutela: (i) a través del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas); (ii) por intermedio de apoderado judicia l (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (C. C. ST -878 de 2007; reiterada entre otras en STC16275 -2021 y STC126312025).

2. En el presente asunto, la Corte observa que lo pretendido por la parte accionante es que se ordene al Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogotá emitir un pronunciamiento de fondo en relación con la certificación y trazabilidad de depósitos judiciales que se elevó el pasado 21 de julio en el proceso liquidatorio con rad. 1984-0903900.Rad. n.° 11001-22-03-000-2026-04114-01

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3. Sin embargo d e la evidencia allegada a este decurso constitucional muy pronto surge la impertinencia del ruego que instó Sergio Andrés Pacheco Boude , ya que resulta innegable que no es el titular de los derechos cuya infracción invoca, ni adosó el poder especial que habilitara su mediación en este particular asunto, como representante judicial de los presuntos afectados, de lo que se deriva su falta de interés en la causa por activa.

En este orden de ideas al margen de la pertinencia que pudieran tener los reclamos del citado abogado frente al

judicial de los presuntos afectados, de lo que se deriva su falta de interés en la causa por activa.

En este orden de ideas al margen de la pertinencia que pudieran tener los reclamos del citado abogado frente al devenir procesal, lo cierto es que si efectivamente se concretaron esas fallas que le enrostra a la autoridad convocada, l a única legitimada para acudir a esta acción excepcional en procura de repelerlas sería Pash S.A.S., quien no lo habilit ó legalmente para interceder por ella en este escenario.

Al respecto, se observa que el instrumento con el cual pretendió acreditarse la representación judicial carece de validez legal al tenor del artículo 74 del Código General del Proceso y del canon 10 del Decreto 2591 de 1991. En el libelo confluyen una deficiencia sustancial comoquiera el pretendido poder carecer de la especificación del proceso por su naturaleza y radicado, así como de la problemática o las decisiones objeto de la queja.

Sobre este puntual aspecto la Sala de vieja data ha dicho, que:Rad. n.° 11001-22-03-000-2026-04114-01 7

la legitimación de los abogados para instaurar la acción de tutela aduciendo representación judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto. Al respecto señaló en la Sentencia T-001 de 1997, que por las características de la acción “todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos

“todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión. De este modo, cuando la acción de tutela se ejerce a título de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposición. La carencia de la citada personería para iniciar la acción de amparo constitucional, no se suple con la presentaci ón del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa (CSJ STC458-2021) (Subraya la Sala).

Y haciendo suyo el pronunciamiento del máximo órgano de cierre constitucional, en punto de los requisitos de tal mandato, en reciente decisión se señaló que:

[p]or su parte, (…), el poder especial conferido debe contener una serie de requisitos, a saber: «(i) los nombres y datos de identificación tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jurídica contra la cual se va a incoar la acción de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar (…) En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la

documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar (…) En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimación en la causa por activa, haciendo improcedente la acción» (T-1025/06 Corte Constitucional) (Subraya la Corte) (CSJ STC22552022; reiterada en STC12631-2025).

4. Corolario de lo expuesto, se revocará lo resuelto en primera instancia, para en su lugar negar el amparo.Rad. n.° 11001-22-03-000-2026-04114-01

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DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil , Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley , resuelve REVOCAR la sentencia objeto de impugnación, para en su lugar NEGAR la protección reclamada.

Comuníquese por el medio más expedito lo aquí resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(en comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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