CSJ - STC21346-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC21346-2026 Radicación n.º 19001-22-13-000-2026-00141-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, D. T. y C., treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida el 2 de octubre de 20261 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayan, dentro de la tutela promovida por C.A.A.J. contra el Juzgado Tercero de Familia , trámite al cual fueron vinculados las autoridades, partes e intervinientes de l ejecutivo de alimentos rad. n.° 2026-00XX8.

ANOTACIÓN PRELIMINAR

En aras de garantizar la protección a la intimidad de los menores de edad involucrados en el presente asunto, se suprimirá de toda futura publicación de esta providencia la información de cualquier dato que permita su identificación, para lo cual se elaborará otro texto, de igual tenor, que será

1 La cual ingresó a este despacho el 16 de octubre de 2026.Radicación n.º 19001-22-13-000-2026-00141-01

el publicable para todos los efectos, de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo n.º 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1. El accionante, actuando en nombre propio , reclamó la protección de sus derechos fundamentales al

esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1. El accionante, actuando en nombre propio , reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, salud, vida digna y mínimo vital , presuntamente vulnerados por la autoridad convocada.

2. En sustento, adujo haber sido ejecutado en la causa objeto de revisión. Expuso que la autoridad accionada decretó la medida cautelar de prohibición de salida del país en su contra (20 mar. 2026). Relató distintas dinámicas personales, laborales y de salud que lo obligaban a permanecer en Estados Unidos de manera intermitente.

Señaló que, en consecuencia, solicitó al operador judicial el levantamiento de la cautela junto a «una propuesta de acuerdo de pago», sin éxito (11 jun. 20 26). Indicó que, a su turno, pidió al despacho « la sustitución o levantamiento provisional del impedimento de salida mediante la propuesta y cotización formal de

PÓLIZA DE CAUCIÓN JUDICIAL NRO. 104703XX de SEGUROS MUNDIAL

S.A.».

De ese panorama derivó la lesión a sus derechos fundamentales, toda vez que, en su concepto, «retener a un ciudadano dentro del territorio nacional negándole o dilatándole la sustitución cautelar por una póliza idónea respaldada por una aseguradora vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, equivale a instrumentalizar la justicia civi l-familiar para convertir unaRadicación n.º 19001-22-13-000-2026-00141-01

restricción migratoria en una sanción de confinamiento geográfico de facto».

equivale a instrumentalizar la justicia civi l-familiar para convertir unaRadicación n.º 19001-22-13-000-2026-00141-01

restricción migratoria en una sanción de confinamiento geográfico de facto».

3. Por lo anterior, pidió que se levante la restricción migratoria por el lapso de un (1) mes « previa presentación de la caución o póliza judicial que garantice las mesadas alimentarias del menor por dicho periodo».

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS

1. El Juzgado Tercero de Familia remitió el link del expediente cuestionado, hizo un recuento de las actuaciones a su cargo y refirió que la solicitud de caución se encontraba surtiendo el traslado correspondiente.

2. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar alegó el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad y descartó la irrazonabilidad del actuar del juzgado.

3. C.C.F.R. -madre del menorse opuso a la prosperidad de las pretensiones.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayan declaró improcedente la salvaguarda tras constatar que no se recurrió la providencia que negó el levantamiento de la medida y aún se encontraba pendiente de resolución su solicitud de sustitución.Radicación n.º 19001-22-13-000-2026-00141-01

IMPUGNACIÓN

La interpuso el gestor en reiteración de sus argumentos iniciales.

CONSIDERACIONES

1. De entrada, se apunta que la decisión impugnada ha de ser confirmada, por cuanto el accionante desperdició

La interpuso el gestor en reiteración de sus argumentos iniciales.

CONSIDERACIONES

1. De entrada, se apunta que la decisión impugnada ha de ser confirmada, por cuanto el accionante desperdició los medios ordinarios de defensa judicial que tenía a su alcance para controvertir lo que hoy censura en sede de tutela, tal como pasa a exponerse.

2. Tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de carácter residual y subsidiario, toda vez que sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial, a saber:Radicación n.º 19001-22-13-000-2026-00141-01

(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una ca rga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y

una ca rga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión ius fundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela.

(CC, C-590/05 y SU-813/07).

De igual forma, superadas las anteriores exigencias, es imprescindible que se haya configurado alguno de los defectos específicos, esto es, sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constitución.

3. Caso concreto

En efecto, el accionante reprochó que el Juzgado Tercero de Familia no haya acogido sus solicitudes de levantamiento de la medida cautelar consistente en la restricción migratori a, por lo que pidió que se ordene al operador judicial despachar favorablemente sus pedimentos.

No obstante, recuérdese que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del presupuesto de subsidiariedad y su inobservancia ocurre no solo cuando aún existen otras vías tendientes a solucionar la afectación a los

No obstante, recuérdese que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del presupuesto de subsidiariedad y su inobservancia ocurre no solo cuando aún existen otras vías tendientes a solucionar la afectación a los derechos o las mismas están siguiendo su curso, sinoRadicación n.º 19001-22-13-000-2026-00141-01

también porque se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria.

En el caso que se revisa, se configura la segunda modalidad puesto que, si bien el gestor tuvo a su alcance los medios de defensa judicial idóneos para plantear el debate que expone por esta vía excepcional, injustificadamente lo desaprovechó.

Lo anterior, habida consideración que, al ser enterado en debida forma de los autos que negaron su solicitud de levantamiento cautelar , bien pudo haber hecho uso de l recurso de reposición, el cual estaba a su alcance, en virtud de lo dispuesto en el artículo 318 del Código General del Proceso; sin embargo, ninguna manifestación se realizó, con lo que mostró su aquiescencia frente a lo resuelto.

Conforme con ello, no puede abrirse paso el resguardo pues la tutela no es remedio de último momento para rescatar posibilidades precluidas o términos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisión, queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado sería el fruto de su propia incuria.

Cabe anotar que la Sala ha sido enfática en precisar que «si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por

decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado sería el fruto de su propia incuria.

Cabe anotar que la Sala ha sido enfática en precisar que «si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur ídico, - como aqu í ocurrió -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (...)» (CSJ, STC4781-2018, STC3154 -2020, STC11135 -2024, entreRadicación n.º 19001-22-13-000-2026-00141-01

otras).

4. En definitiva, habida cuenta que se inobservó el presupuesto de subsidiariedad, se impone sin más confirmar el veredicto opugnado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(en comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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