CSJ - STC21348-2026
Detalles
- Título
- CSJ - STC21348-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- 2026
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Magistrado Ponente
STC21348-2026 Radicación n° 68001-22-13-000-2026-00773-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)
Cartagena de Indias, D.T. y C. , treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).
Decide la Corte la impugnación formulada por A, frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de B el 5 de octubre de 2026, dentro de la acción de tutela promovi da contra los Juzgados Cuarto de Familia y Cuarto Civil Municipal de esa ciudad , trámite al que se vincularon las partes e intervinientes en el ejecutivo de alimentos, bajo radicado No. 2022-00460-00.
ANOTACIÓN PRELIMINAR
En aras de garantizar la protección a la intimidad del menor de edad involucrado en el presente asunto, se suprimirá de toda futura publicación de esta providencia la información de cualquier dato que permita su identificación,Rad. n° 68001-22-13-000-2026-00773-01 2 para lo cual se elaborará otro texto, de igual tenor, que será el publicable para todos los efectos, de conformidad con el artículo 1° del Acuerdo nº 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.
ANTECEDENTES
1.- El libelista busca la protección de su derecho fundamental al debido proceso.
2.- En síntesis, manifestó que el Juzgado Cuarto de
de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.
ANTECEDENTES
1.- El libelista busca la protección de su derecho fundamental al debido proceso.
2.- En síntesis, manifestó que el Juzgado Cuarto de Familia de B conoce del proceso ejecutivo de alimentos promovido en su contra por J, en representación de su hijo menor de edad, R, en el que se reclama el pago de una cuota mensual cercana a $3.000.000, suma que considera excesiva, y se ordenó seguir adelante con la ejecución.
Precisó, sin embargo, que su inconformidad no se dirige principalmente a cuestionar la cuantía de la obligación alimentaria, sino a la falta de reconocimiento de un pago por $9.512.019, efectuado el 6 de mayo de 2026, cuyo depósito quedó constituido erróneamente a órdenes del Juzgado Cuarto Civil Municipal de esa ciudad.
Sostuvo que, pese a conocer la existencia de dichos recursos y haber transcurrido cuatro meses desde su consignación, el juzgado de familia resolvió, el 8 de septiembre de 2026, aspectos relacionados con la liquidación y actualización del crédito, sin verificar el estado del depósitoRad. n° 68001-22-13-000-2026-00773-01 3 ni adelantar las gestiones necesarias para incorporarlo al proceso. Agregó que la titular del despacho manifestó que no tendría en cuenta esa suma mientras no se efectuara su conversión, con lo cual le trasladó las consecuencias de la demora administrativa y de las dificultades presentadas en la plataforma del Banco Agrario.
Asimismo, señaló que el Juzgado Cuarto Civil
conversión, con lo cual le trasladó las consecuencias de la demora administrativa y de las dificultades presentadas en la plataforma del Banco Agrario.
Asimismo, señaló que el Juzgado Cuarto Civil Municipal, pese a tener a su disposición el depósito judicial y conocer la solicitud de conversión, tampoco ha adelantado oportunamente las actuaciones necesarias para trasladar los recursos al Juzgado de Familia.
Adujo que la conversión del depósito constituye un trámite meramente administrativo y que la inactividad de ambos despachos ha impedido que el dinero produzca efectos dentro del ejecutivo de alimentos. En su criterio, dicha omisión configura una mora judic ial injustificada que vulnera su s derechos fundamentales , al impedir el reconocimiento oportuno de un pago ya efectuado y mantener atrapado los recursos a disposición de un despacho distinto de aquel que conoce de la ejecución, sin que se haya definido eficazmente su destinación.
3.- Con fundamento en lo anterior, pretende que se ordene: «a las señoras N en calidad de Jueza 4ª de familia del circuito de B, Q en su calidad de Jueza 4° civil municipal de B y al Banco Agrario de Colombia S.A. que tomen las medidas del caso con el fin de disponer el título de depósito judicial por la suma de $9.512.019 depositado desde el 6 de mayo de 2026, para que este depósito se tenga en cuenta porRad. n° 68001-22-13-000-2026-00773-01 4 parte del Jueza 4ª de familia del circuito de B desde la fecha en que se constituyó el depósito, no de acuerdo al arbitrio o gana de la señora N».
4 parte del Jueza 4ª de familia del circuito de B desde la fecha en que se constituyó el depósito, no de acuerdo al arbitrio o gana de la señora N».
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS
1.- El Juzgado Cuarto de Familia de B informó que la consignación de $9.512.019, alegada por el accionante, no fue tenida en cuenta en la liquidación del crédito, debido a que, por error, se efectuó en la cuenta judicial de otro despacho y no en la correspondiente al proceso ejecutivo de alimentos.
Precisó que dicha circunstancia fue examinada en el auto del 8 de septiembre de 2026, en el que se dejó a salvo el derecho del actor a hacer valer el pago una vez se efectuara la corrección o el traslado del depósito. Contra esa determinación se interpusieron recursos de reposición y, en subsidio, apelación, aún pendientes de resolver.
Agregó que la demora en la regularización del título no le es atribuible, pues la solicitud de corrección se presentó el 11 de septiembre de 2026, varios meses después de la consignación. Asimismo, aclaró que la cuota alimentaria cuestionada fue fijada por acuerdo de las partes en la escritura pública de divorcio y no por decisión del despacho. Por último, negó haber incurrido en mora judicial o vulnerado derecho fundamental alguno.
2.- El Juzgado Cuarto Civil Municipal de esa ciudad manifestó que solo tuvo conocimiento de la existencia delRad. n° 68001-22-13-000-2026-00773-01 5 depósito judicial y de su presunta destinación errónea el 11
2.- El Juzgado Cuarto Civil Municipal de esa ciudad manifestó que solo tuvo conocimiento de la existencia delRad. n° 68001-22-13-000-2026-00773-01 5 depósito judicial y de su presunta destinación errónea el 11 de septiembre de 2026, cuando recibió la solicitud presentada por la apoderada del tutelante.
Explicó que, tras verificar en el portal del Banco Agrario de Colombia S.A. que el título se encontraba constituido a órdenes de ese despacho, advirtió inconsistencias que requerían aclaración. Por ello, mediante requerimiento del 21 de septiembre de 2026, solicitó la documentación necesaria para continuar con el trámite de conversión.
En consecuencia, rechazó haber permanecido inactivo durante varios meses, pues no existía solicitud anterior a la recibida el 11 de septiembre. Por tanto, negó haber incurrido en alguna acción u omisión vulneradora de derechos esenciales y solicitó desestimar el resguardo respecto de su despacho.
3.- El Banco Agrario de Colombia S.A. informó que identificó 44 depósitos judiciales asociados a las partes y aclaró que su función se limita a administrarlos y cumplir las órdenes judiciales, sin facultad para decidir sobre su destinación.
4.- La Procuradora 6 Judicial II para la Defensa de la Infancia, Adolescencia, Familia y Mujer manifestó que el amparo sería procedente si se acreditaba una demora injustificada de los despachos accionados en resolver la situación del depósito judicial.Rad. n° 68001-22-13-000-2026-00773-01 6 5.- La apoderada del accionante explicó que los
injustificada de los despachos accionados en resolver la situación del depósito judicial.Rad. n° 68001-22-13-000-2026-00773-01 6 5.- La apoderada del accionante explicó que los $9.512.019 fueron consignados por error a órdenes del juzgado civil municipal, pese a estar destinados al cumplimiento de la obligación alimentaria. Solicitó verificar el depósito y disponer su traslado al despa cho competente. Aportó declaración juramentada de su representado, quien reconoció la equivocación y reiteró la finalidad del pago.
ACTUACIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de B concluyó que las autoridades accionadas no vulneraron el derecho fundamental al debido proceso. Consideró que el Juzgado Cuarto Civil Municipal no incurrió en mora injustificada, pues la solicitud de conversión del depósi to judicial se presentó el 11 de septiembre de 2026, pocos días antes de promoverse la tutela. Además, el despacho requirió la documentación necesaria para adelantar dicho trámite, el cual se encuentra pendiente de ser atendido.
Asimismo, descartó la responsabilidad del Juzgado Cuarto de Familia, al estimar que la conversión del título dependía tanto del despacho a cuyas órdenes se encontraba constituido como de las gestiones del propio accionante, cuya negligencia permitió que tr anscurrieran varios meses sin informar el error. También consideró improcedente cuestionar, por vía de tutela, el auto que aprobó la liquidación del crédito, dado que los recursos ordinarios
negligencia permitió que tr anscurrieran varios meses sin informar el error. También consideró improcedente cuestionar, por vía de tutela, el auto que aprobó la liquidación del crédito, dado que los recursos ordinarios interpuestos contra esa determinación estaban pendientesRad. n° 68001-22-13-000-2026-00773-01 7 de resolución y el pago podía reconocerse posteriormente mediante la actualización del crédito.
Finalmente, estableció que el Banco Agrario de Colombia S.A. no era responsable del error en la consignación. En consecuencia, negó la salvaguarda solicitada y ordenó compulsar copias a la autoridad disciplinaria competente para que investigara las expresiones utilizadas por el gestor contra la jueza de familia.
IMPUGNACIÓN
El sostuvo que el tribunal le atribuyó, sin suficiente respaldo probatorio, la responsabilidad exclusiva por el error en la consignación, pese a que este pudo obedecer a deficiencias estructurales de la plataforma de depósitos judiciales del Banco Agrario, que, según afirmó, presenta fallas capaces de ocasionar que los recursos sean asignados a despachos o procesos distintos de los seleccionados por el usuario.
Asimismo, adujo que los juzgados accionados incumplieron sus deberes de conciliación y control de las cuentas judiciales, al no advertir oportunamente que el depósito se encontraba constituido a órdenes de un despacho diferente, ni informar dicha irregular idad antes de resolver sobre la liquidación del crédito. Agregó que el requerimiento documental efectuado por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de B fue atendido antes de proferirse la sentencia y reprochó
diferente, ni informar dicha irregular idad antes de resolver sobre la liquidación del crédito. Agregó que el requerimiento documental efectuado por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de B fue atendido antes de proferirse la sentencia y reprochó que no se hubieran examinado de fondo las presuntas fallasRad. n° 68001-22-13-000-2026-00773-01 8 de la plataforma ni las circunstancias administrativas que dieron origen a la controversia.
Finalmente, cuestionó el tratamiento que la magistrada ponente dio a sus argumentos y solicitó revocar la decisión, al considerar que carecía de motivación suficiente y omitía analizar adecuadamente las irregularidades denunciadas.
CONSIDERACIONES
1.- De entrada, se advierte que el amparo solicitado está llamado al fracaso y, por tanto, habrá de confirmarse la decisión de primera instancia.
Lo anterior, por cuanto la pretensión principal de A consiste en que se ordene a los juzgados accionados adoptar las medidas necesarias para que el depósito judicial por $9.512.019, constituido el 6 de mayo de 2026, sea trasladado a la cuenta del Juzgado Cuarto de Familia de B y reconocido desde la fecha de su consignación, sin que ello quede, según sus palabras, « al arbitrio » de dicha funcionaria, como lo expresó al cuestionar el auto del 8 de septiembre de 2026, mediante el cual se aprobó la liquidación del crédito dentro del proceso ejecutivo de alimentos con radicado 2022-0046000.
No obstante, la solicitud de amparo resulta prematura, toda vez que contra la providencia del 8 de septiembre de
del proceso ejecutivo de alimentos con radicado 2022-0046000.
No obstante, la solicitud de amparo resulta prematura, toda vez que contra la providencia del 8 de septiembre de 2026 se interpusieron recursos, los cuales se encuentran pendientes de pronunciamiento. En consecuencia,Rad. n° 68001-22-13-000-2026-00773-01 9 corresponde a la autoridad judicial competente pronunciarse sobre los reparos formulados y determinar si le asiste razón al actor.
La misma conclusión se impone respecto del Juzgado Cuarto Civil Municipal de B, pues se observa que la solicitud de conversión del referido título judicial fue radicada ante ese despacho el 11 de septiembre de 2026 . En respuesta, mediante auto del 21 de septiembre siguiente, se requirió a la apoderada del gestor para que aportara la documentación necesaria para continuar con el trámite, de conformidad con lo previsto en la Resolución n.º 4179 del 22 de mayo de 2019, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatu ra. Frente a dicho requerimiento, el tutelante guardó silencio, por lo que aún se encuentra pendiente un pronunciamiento definitivo de la funcionaria judicial.
Así las cosas, corresponde a las autoridades judiciales accionadas resolver, en el ámbito de sus respectivas competencias, las cuestiones sometidas a su conocimiento, sin que la acción de tutela pueda utilizarse para anticipar o sustituir las decisiones que les compete adoptar.
Al respecto, esta Corte ha sostenido que:
(…) no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una
sin que la acción de tutela pueda utilizarse para anticipar o sustituir las decisiones que les compete adoptar.
Al respecto, esta Corte ha sostenido que:
(…) no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisión que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadasRad. n° 68001-22-13-000-2026-00773-01 10 válidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocería el carácter residual de esta senda y las normas de orden público, que son de obligatoria aplicación, con la consiguiente alteración de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa» STC36502024.
2.- De acuerdo con lo reflexionado, se convalidará el veredicto confutado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.
Comuníquese lo resuelto a las partes y al a quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Presidente de Sala
JUAN PABLO GIRALDO PUERTARad. n° 68001-22-13-000-2026-00773-01
11
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Presidente de Sala
JUAN PABLO GIRALDO PUERTARad. n° 68001-22-13-000-2026-00773-01
11
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
(En comisión de servicios)
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ
FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:
Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala
Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado
Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios
Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado
Adriana Consuelo López Martínez Magistrada
Francisco Ternera Barrios Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: 793895E27B710315627CFAE871D4B4CB7CF1132DD36FD4B8C0FCB3776CC3728D Documento generado en 2026-10-30