CSJ - STC21351-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC21351-2026 Radicación n.º 73001-22-13-000-2026-00520-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D. T., treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia de 30 de septiembre de 2026 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro de la acción de tutela promovida por Germán Alveiro Ángel Martínez contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad , asunto al cual se vincularon los partícipes en el reivindicatorio n.° 202400272.

ANTECEDENTES

1. El accionante reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia , que estimó vulnerados por la autoridad judicial accionada.Radicación n.º 73001-22-13-000-2026-00520-01

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2. En síntesis, adujo que en el reivindicatorio promovido por la Agencia Nacional de Infraestructura —ANI— en su contra y de otras personas, que se adelanta ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué, ese despacho ordenó fijar en lista las excepciones de mérito el 8 de mayo de 2026. La entidad demandante se pronunció al respecto el 22 de mayo y el juzgado en auto de 1° de junio las tuvo por contestadas y convocó a audiencia inicial.

de 2026. La entidad demandante se pronunció al respecto el 22 de mayo y el juzgado en auto de 1° de junio las tuvo por contestadas y convocó a audiencia inicial.

Relató que interpuso reposición y, en subsidio, apelación, solicitando control de legalidad, al considerar que el traslado era de tres días, dada la naturaleza declarativa del juicio, y no de diez , como en un ejecutivo , por lo que el término había vencido el 14 de mayo, siendo entonces extemporáneo el escrito de la ANI. Indicó que, en auto de 14 de agosto de 2026, el despacho mantuvo su decisión con fundamento en que la fijación en lista , si bien se había ordenado, no se materializó y, por tanto, el término no había comenzado a correr ; a demás, declaró improcedente la apelación.

Reprochó que esa explicación introdujo una premisa nueva, contradictoria con la orden de traslado, con la que se convalidó una actuación tardía y se desconoció la preclusión de los términos.

3. Por lo anterior, solicitó dejar sin efectos el auto del 14 de agosto de 2026 y ordenar al juzgado resolver nuevamente la reposición, acogiendo sus planteamientos.Radicación n.º 73001-22-13-000-2026-00520-01

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué manifestó que el actor «no contestó la demanda, por tanto, carece de legitimación para reclamar por la contestación de las excepciones que propusieron» otros demandados. Explicó que, aunque ordenó

1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué manifestó que el actor «no contestó la demanda, por tanto, carece de legitimación para reclamar por la contestación de las excepciones que propusieron» otros demandados. Explicó que, aunque ordenó fijarlas en lista, esa actuación no se realizó, de modo que el término no comenzó a correr y no podía predicarse extemporaneidad. Agregó que «la omisión fue saneada, por la intervención de la demandante, quien contestó a las excepciones », por lo que se cumplió la finalidad del traslado en virtud de los principios de celeridad, economía procesal y prevalencia del derecho sustancia l. Con esos argumentos, se opuso a la protección y calificó la solicitud como dilatoria.

2. La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI sostuvo que la fijación en lista de las excepciones no se materializó y, por tanto, no comenzó a correr el término para pronunciarse sobre ellas. Precisó que esas defensas fueron formuladas por otros demandados y no por el accionante, quien no contestó la demanda, y adujo que este omitió interponer queja contra la negativa de la apelación. Se opuso al amparo por incumplimiento de la subsidiariedad y ausencia de vulneración de derechos fundamentales.

3. El curador ad litem de Ernesto Cabezas Mosquera, vinculado cuyo correo electrónico no funcionó, manifestó atenerse a las actuaciones y al material probatorio del expediente.Radicación n.º 73001-22-13-000-2026-00520-01

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ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagué

atenerse a las actuaciones y al material probatorio del expediente.Radicación n.º 73001-22-13-000-2026-00520-01 4

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagué declaró improcedente la salvaguarda por falta de legitimación en la causa por activa del profesional en derecho que adujo representar al accionante. Consideró que, tras requerirle poder especial y específico, el mandato allegado «no permite identificar la situación fáctica concreta que origina la presente acción constitucional, exigencia que constituye un elemento esencial del acto de apoderamiento en materia de tutela », a pesar de reconocer que «identifica al poderdante, al abogado autorizado para actuar en su representación, la autoridad judicial accionada, los derechos fundamentales cuya protección se pretende, el proceso reivindicatorio del cual surge la controversia e incluso hace referencia a l auto de 14 de agosto de 2026 proferido dentro de dicha actuación judicial ». Una magistrada salvó voto indicando que el requisito de la especificidad se encontraba cumplido.

IMPUGNACIÓN

La interpuso el promotor del amparo señalando que el mandato allegado permitía identificar «la providencia sobre la cual se basa el litigio constitucional; dentro de qué proceso, que origina la presunta vulneración».

CONSIDERACIONES

1. De manera preliminar, se advierte que el abogado sí está legitimado para representar los intereses del accionante, toda vez que el poder allegado es especial yRadicación n.º 73001-22-13-000-2026-00520-01 5 específico en los términos reiterados por esta Sala1. En punto

accionante, toda vez que el poder allegado es especial yRadicación n.º 73001-22-13-000-2026-00520-01 5 específico en los términos reiterados por esta Sala1. En punto de la supuesta falta de identificación de « la situación fáctica concreta que origina la presente acción », fíjese que el poder expresamente señaló que se otorgaba la representación para promover la tutela contra el juzgado accionado «por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, derivada del auto de fecha 14 de agosto de 2026, proferido dentro del proceso de la referencia», lo cual cumple tal exigencia.

2. A pesar de ello, la Corte ratificará la desestimación de la salvaguarda, pero en el sentido de negarla por ausencia de vulneración, pues no se acredita la vulneración de los derechos fundamentales invocados comoquiera que el accionante funda la salvaguarda en un supuesto de hecho que no corresponde con la realidad procesal y, en todo caso, el expediente revela que la actuación del juzgado accionado no es vulneradora de derechos fundamentales.

3. Sobre la especial carga del actor de acreditar la vulneración de sus prerrogativas fundamentales, esta Corte ha sostenido que para la prosperidad del amparo «no basta con que el accionante señale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o están amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos previstos en la ley » ( CSJ, STC3764-2021, reiterada en

se pretenden proteger han sido vulnerados o están amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos previstos en la ley » ( CSJ, STC3764-2021, reiterada en STC1035-2023). En similar sentido, se ha dicho que la prosperidad del resguardo se condiciona a:

1 Cfr. CSJ, STC10721-2023.Radicación n.º 73001-22-13-000-2026-00520-01 6

el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quizás el primero y más elemental, la existencia cierta del agravio, lesión o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervención del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un mínimo de demostración en cuanto a la vulneración que afecta los derechos que se quieren proteger , pues si no son objeto de ataque o coacción, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda (CSJ, STC8053-2019, reiterada en STC2038-2023).

4. El accionante se queja del auto de 14 de agosto de 2026, mediante el cual el juzgado mantuvo la decisión de tener por contestadas las excepciones de mérito. Sostiene que el escrito de la ANI fue extemporáneo, porque el traslado debía surtirse durante tres días y no por diez, por lo que había vencido antes de su presentación. Pretende, por tanto, que se deje sin efectos aquella providencia y se emita una nueva que excluya el pronunciamiento de la entidad por extemporáneo.

Sin embargo, dicho planteamiento parte de un supuesto

que se deje sin efectos aquella providencia y se emita una nueva que excluya el pronunciamiento de la entidad por extemporáneo.

Sin embargo, dicho planteamiento parte de un supuesto que no se ajusta a la realidad procesal, a saber, los días en que corrió el término de traslado , puesto que dicho término nunca inició. En efecto, a pesar de que el juzgado en auto de 8 de mayo de 2026 ordenó fijar en lista las excepciones de algunos demandados2, lo cierto es que ello nunca se ejecutó, según consta en el expediente y lo manifestó el juzgado en el informe allegado. Sin perjuicio de ello, la demandante allegó pronunciamiento respecto de las excepciones el 22 de mayo

2 Cfr. Archivo « 042_042AutoFijarLista20260508», en carpeta de primera instancia del expediente digital.Radicación n.º 73001-22-13-000-2026-00520-01 7 siguiente3 y, posteriormente, el juzgado emitió el auto de 1° de junio en el que tuvo por contestadas las excepciones.

Ciertamente, el despacho reconoció la irregularidad al no fijar en lista las excepciones para iniciar el traslado ; sin embargo, la consideró saneada al recibir el pronunciamiento de la demandante, que era en últimas la finalidad del traslado, l o que tornaba inocuo rehacer la actuación en virtud de los principios de celeridad, economía procesal y prevalencia del derecho sustancia l. Dicho raciocinio, amparado en el principio de independencia y autonomía judicial, luce armónico con el deber del juez de « [d]irigir el

virtud de los principios de celeridad, economía procesal y prevalencia del derecho sustancia l. Dicho raciocinio, amparado en el principio de independencia y autonomía judicial, luce armónico con el deber del juez de « [d]irigir el proceso, velar por su rápida solución, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y dilación del proceso y procurar la mayor economía procesal », consagrado en el numeral 1° del artículo 42 del Código General del Proceso.

Por demás, vale la pena mencionar que la contestación de la demandante es a las excepciones de mérito presentadas por otros demandados y no por el aquí accionante, quien no contestó la demanda, lo cual tampoco permite concretar cómo la recepción de dicho escrito afecta sus garantías fundamentales.

5. En definitiva, no es posible atribuir un desconocimiento de garantía supralegal alguna ni la configuración de una vía de hecho en los términos expuestos por el accionante, por lo que se impone confirmar la desestimación del amparo.

3 Cfr. Archivo «044_044PronunciamientoExepcionesPrevias», Id.Radicación n.º 73001-22-13-000-2026-00520-01 8

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por la razón señalada.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las

justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por la razón señalada.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(en comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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