CSJ - STC21352-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC21352-2026 Radicación n.º 15001-22-13-000-2026-00254-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D. T. y C., treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia de 30 de septiembre de 2026 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro de la acción de tutela promovida por Dagoberto Lozano Rodríguez contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad y Hernando Sierra Bustos, trámite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ejecutivo con radicado n.° 2021-00100.

ANTECEDENTES

1. El accionante, en nombre propio , reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, propiedad privada, vivienda digna y acceso efectivo a laRadicación n.º 15001-22-13-000-2026-00254-01

2 administración de justicia, presuntamente vulnerados por el juzgado convocado y el secuestre Hernando Sierra Bustos.

2. En síntesis, señaló que ostenta el 50% del derecho real de dominio sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria no. 070-7524, ubicado en Tunja, el otro 50% le pertenece a Mary Isabel Murillo Torralba. En contra de esta última, se promovió proceso ejecutivo, trámite que

inmobiliaria no. 070-7524, ubicado en Tunja, el otro 50% le pertenece a Mary Isabel Murillo Torralba. En contra de esta última, se promovió proceso ejecutivo, trámite que correspondió por reparto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja , el cu al decretó el embargo y secuestro sobre el porcentaje del bien que le pertenece a Mary.

3. Tras advertir que el inmueble se encuentra secuestrado, el 10 de marzo de 2026 acudió ante el estrado judicial convocado para solicitar que garantice su derecho de acceso y uso del inmueble en proporción al porcentaje que detenta, le entregara una copia de las llaves del bien y que ratificara que el remate del inmueble comprendía exclusivamente a la cuota del 50% que pertenece a la ejecutada.

4. Mediante auto del 9 de abril siguiente, el juzgado resolvió no dar trámite a su solicitud por falta de legitimación en la causa, así como, señaló que la medida cautelar de embargo, el secuestro y el consecuente remate recaen exclusivamente sobre el 50% perteneciente a Mar y Isabel Murillo.Radicación n.º 15001-22-13-000-2026-00254-01

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5. El pasado 6 julio se llevó a cabo el remate de la cuota perteneciente a la ejecutada, la cual fue declarada desierta ante la ausencia de postores, por lo que no se ha realizado la adjudicación a un tercero.

6. El actor advierte que, pese a que el trámite recae sobre el 50% del bien inmueble, no tiene acceso al porcentaje

ante la ausencia de postores, por lo que no se ha realizado la adjudicación a un tercero.

6. El actor advierte que, pese a que el trámite recae sobre el 50% del bien inmueble, no tiene acceso al porcentaje restante respecto del cual es propietario , generándose con ello una contradicción entre el alcance formal de la medida cautelar y sus efectos materiales.

7. Conforme lo expuesto, acude al presente amparo pretendiendo que se deje sin efectos el auto del 9 de abril de 2026 y se ordene al despacho accionado y al secuestre que, en el término de 48 horas, garantice n su acceso y ejercicio material de los derechos correspondientes a su cuota del 50% del bien raíz.

RESPUESTA DEL ACCIONADO

El Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja relacionó las actuaciones a su cargo y defendió la legalidad de aquellas, destacó que el 24 de mayo de 2023 designó como secuestre a Hernando Sierra Bustos, diligencia en la que no se presentó oposición alguna.

Relievó que, respecto a la petición elevada por el tutelante, a través de auto del 9 de abril de 2026 estableció que todas las medidas adoptadas durante el procesoRadicación n.º 15001-22-13-000-2026-00254-01

4 ejecutivo recaen única y exclusivamente sobre el 50% bien inmueble con matrícula inmobiliaria n o. 070 -7524 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, cuya propiedad corresponde a la demandada Mary Isabel Murillo de Torralba , por lo que no había lugar a realizar las

inmueble con matrícula inmobiliaria n o. 070 -7524 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, cuya propiedad corresponde a la demandada Mary Isabel Murillo de Torralba , por lo que no había lugar a realizar las declaraciones solicitadas por el accionante, quien, en todo caso, carece de legitimación en el asunto.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja declaró improcedente el resguardo conforme el accionante no presentó en oportunidad el recurso de reposición contra la decisión del 9 de abril de 2026, por lo que no es admisible que el tutelante, pese a que contó con las oportunidades y los mecanismos legales para procurar la protección de sus derechos dentro del trámite ordinario y no hizo uso de ellos, ahora acuda al amparo a exponer sus inconformidades.

IMPUGNACIÓN

La interpuso el pretensor alegando que el Tribunal aplicó el criterio de subsidiariedad sin examinar con suficiencia si dicho mecanismo era idóneo y eficaz para proteger sus derechos fundamentales. Alega que el a quo constitucional no verificó que es un sujeto de especial protección por ser un adulto mayor de 75 años y el perjuicio irremediable que se causa a partir de la imposibilidadRadicación n.º 15001-22-13-000-2026-00254-01

5 material de acceder al inmueble respecto del cual es propietario en el 50%.

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela no procede contra providencias o actuaciones judiciales con el fin de salvaguardar los

5 material de acceder al inmueble respecto del cual es propietario en el 50%.

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela no procede contra providencias o actuaciones judiciales con el fin de salvaguardar los principios de los artículos 228 y 230 de la Constitución Política. En efecto, no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o ya terminados para modificar las determinaciones emitidas en ellos.

Excepcionalmente se estableció su procedencia para aquellos casos en donde el funcionario judicial ha incurrido en un proceder arbitrario y opuesto a la ley. En este caso deberán concurrir los presupuestos generales de procedibilidad de relevancia constitu cional, subsidiariedad, inmediatez y que no se trate de sentencias de tutela, y por lo menos alguno de los defectos específicos: sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o violación de la Constitución.

2. Anuncia la Sala que ratificará la improcedencia del amparo por incuria del tutelante, tal como lo concluyó el fallo de primer grado , por los motivos que a continuación se exponen.Radicación n.º 15001-22-13-000-2026-00254-01

6 2.1. Recuérdese que, l a procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposición del interesado, dado el carácter eminentemente residual de esta acción, pues de otra manera se convertiría en un mecanismo

encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposición del interesado, dado el carácter eminentemente residual de esta acción, pues de otra manera se convertiría en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual termina ría cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental.

En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido:

[S]i [se] incurrió en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensión de recurrir tal actuación por esta vía extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido diseñado para rescatar términos derrochado s, - pues los mismos son perentorios e improrrogables, (…) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervención del Juez constitucional en tanto no está dentro de la órbita de su competencia suplir la incuria , los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituyó la tutela (…) (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 0024101; ratificada en STC de 2 mar. 2011, rad. 2010000380-01.)

Igualmente ha referido que:

[N]o basta, entonces, que la determinación adoptada por el operador jurídico sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que

000380-01.)

Igualmente ha referido que:

[N]o basta, entonces, que la determinación adoptada por el operador jurídico sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que también es necesario establecer si la presunta afectación puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si éstos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutelaRadicación n.º 15001-22-13-000-2026-00254-01

7 deviene improcedente . La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jurídico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del artículo 86 de la Const itución Política, en concordancia con el numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 (ver entre otras STC5331 -2014; STC5341 -2014; STC6001 -2014) Resalta la Sala.

2.2. En el presente asunto, verificado el expediente digital, se advierte que, mediante auto del 9 de abril de 2026, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja resolvió la solicitud presentada por el tutelante a través de escrito del 10 de marzo. En dicha providencia le precisó que la medida cautelar de embargo y posterior secuestro fue decretada exclusivamente respecto del 50% del bien inmueble con M.I. No. 070 -7524, de propiedad de la ejecutada Mary Isabe l Murillo de Torralba, sin que se hubie ra adoptado decisión

exclusivamente respecto del 50% del bien inmueble con M.I. No. 070 -7524, de propiedad de la ejecutada Mary Isabe l Murillo de Torralba, sin que se hubie ra adoptado decisión alguna frente a la cuota parte restante.

Ahora bien, e l actor acude al presente amparo exponiendo su inconformidad respecto de aquella decisión, sin embargo, se evidencia que dentro del trámite procesal no promovió ningún mecanismo de defensa contra la providencia cuestionada . En ese orden , resulta pertinente destacar que , si el convocante considerada desacertada la decisión adoptada el 9 de abril, debió interponer el recurso de reposición previsto en el artículo 318 del Código General del Proceso. No obstante, se abstuvo de hacerlo y, por ende, dejó de acudir al mecanismo ordinario e idóneo previsto para controvertir la decisión ante el mismo funcionario judicial.Radicación n.º 15001-22-13-000-2026-00254-01

8 En consecuencia, al prescindir de tal oportunidad, renunció al mecanismo apto con que contaba para alegar ante el juez natural « todas las irregularidades y violaciones » que aquí trae, por ende, no puede ahora, vía acción de tutela pretender enmendar esa falta de gestión.

Esta Sala tiene decantado, que:

[E]l descuido en el empleo de los medios de protección que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los trámites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de último momento para rescatar oportunidades precluidas o términos fenecidos, lo que significa que

tutela interferir los trámites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de último momento para rescatar oportunidades precluidas o términos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protección previstos en el orden jurídico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado sería el fruto de su propia incuria . CSJ, STC9196-2016, reiterada entre otras, STC2845-2025 y STC4469-2026.

En suma, cabe reiterar que la Sala ha sido enfática en precisar que «si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jurídico, - como aquí ocurrió -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (…)» (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027 -01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015 y STC11856-2015).

3. De otra parte, n o es posible soslayar el incumplimiento del requisito de subsidiariedad para, en su lugar, abordar el fondo de la controversia propuesta por el accionante. Sin desconocerse la eventual condición de sujeto de especia l protección de Dagobert Lozano Rodríguez , al tratarse de un adulto mayor de 75 años, para la Sala no están demostrados los presupuestos establecidos por la doctrinaRadicación n.º 15001-22-13-000-2026-00254-01

9 constitucional para la configuración de un detrimento de esa categoría, ya que no se encuentra comprobado el perjuicio irremediable en este asunto.

9 constitucional para la configuración de un detrimento de esa categoría, ya que no se encuentra comprobado el perjuicio irremediable en este asunto.

Lo anterior porque en el expediente no se advierten elementos objetivos que permitan tener por acreditados los presupuestos que la doctrina constitucional exige para predicar la configuración de un detrimento de esa entidad, siendo insuficiente la sola invocación de su exist encia, «por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las características de gravedad, inminencia y apremio de la intervención del Juez Constitucional» (CSJ, STC793-2021; reiterado

en CSJ, STC3196-2022).

Sobre las características del perjuicio irremediable, esta Corporación ha aplicado varios criterios para determinar su existencia, a saber: «la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados » (CSJ STC723 -2021; reiterado en STC3196-2022).

Así, en el asunto bajo examen no se evidencia que las

protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados » (CSJ STC723 -2021; reiterado en STC3196-2022).

Así, en el asunto bajo examen no se evidencia que las decisiones adoptadas por el Juzgado hayan dejado alRadicación n.º 15001-22-13-000-2026-00254-01

10 accionante, por sí mismas, en una situación de tal intensidad que haga inevitable la intervención inmediata del juez de tutela.

4. En este orden, se hace inviable examinar el fondo de la cuestión sometida a escrutinio de la Sala, en la medida que, la omisión de ese requisito general de viabilidad frena cualquier intento de inmiscuirse en el asunto cuestionado; de ahí que, tal argumento no decae, por el hecho de las manifestaciones esgrimidas en el escrito de impugnación, que están dirigidas a refutar la legalidad de las decisiones del juzgado, pues ante el incumplimiento del requisito de la «subsidiariedad» que gobierna esta acción, le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en el análisis del asunto que no fue puesto idóneamente a escrutinio de la autoridad censurada.

5. En consecuencia, de conformidad con lo expuesto, se confirmará la sentencia impugnada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación, pero por el motivo señalado.Radicación n.º 15001-22-13-000-2026-00254-01

11 Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(en comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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